Por: Fernando Rodríguez

A Patricia Molina

Como todas las tiranías, la nuestra llevó el cercenamiento de la libertad de expresión hasta su límite, la asfixia y casi el deceso. Ahora que tenemos una especie de extraña dictadura bicéfala, un mandón y una mandada, la cosa se ha abierto un tanto, un tantillo. Pero el asunto no es que se siga abriendo en el mismo sentido, otro poco y otro, porque el camino por donde va es errado por naturaleza.

Una vez, hace tanto, a Antonio Pasquali y a mí, nos invitó Víctor Hugo de Paola, senador, a que opináramos en una fracción encargada de evaluar un fragmento del proyecto de Constitución, elaborado por un equipo dirigido por Rafael Caldera y que precedía a su eventual aprobación. Se trataba de ver la parte referida a los medios masivos, en lugar preferente los audiovisuales.

Se comenzó leyendo la definición misma de la libertad de expresión, sacrosanta libertad. Era algo así como el derecho de los venezolanos a expresar libremente su pensamiento, salvo algunos evidentes y razonables límites. Antonio pidió la palabra y dijo que era una estupenda definición… propia del siglo XVIII, que lo único que garantizaba era que uno podía tomarse unas cervezas y pararse en una esquina caraqueña a declamar sus opiniones políticas y que la única forma decente de llevarla al presente era legislar sobre los grandes medios que hoy la procesan y que monopolizan poderosos capitales. El asunto prendió de manera increíble ya que los media, sobre todo la TV, sobre todo RCTV, habían hecho recientemente una demoledora campaña antipolítica, tratando de demostrar que todo político era corrupto por naturaleza y todo empresario puro y diáfano como una rosa. Total que nos pidieron, a nosotros asomados, una nueva redacción del articulado “para mañana”. Nos pareció increíble pero no había otra opción que hacerlo y lo hicimos.

Pasó tiempo antes de la discusión plenaria del proyecto, pero nuestra redacción del articulado había sido cambiada y una cierta prudencia que utilizamos para evitar la guerra a muerte había sido sobrepasada y se removían muchas de las miserias radiotelevisadas, que eran inmensas. En definitiva, los capos, revolver al cinto, enfurecidos, no solo acabaron con los artículos del área, sino con toda la Constitución. Luego la hizo el comandante eterno a su gusto y no tocó lo intocable.

La radiotelevisión chavista es una basura, en realidad siempre lo fue, pero nunca a ese nivel de estupidez y homogeneidad ideológica. Algo tiene que cambiar y cambiará. Me temo que en el sentido que la encaminaron los grandes caciques de antaño, el dúo que se distribuía a puñaladas 80% del rating. No igual, pero en el fondo más de lo mismo, incultura, antipolítica, basura mediática, mercantilismo.

A uno le queda repetir lo que hemos dicho por décadas. La única manera de tratar de tomar el camino debido es la solución “europea”, sobre todo la inglesa, un grande y poderoso emporio audiovisual estatal, cuya gerencia escape a cualquier posición política y dé cabida a todas las que pacten el juego democrático; lo cual no impediría la presencia de alternativas privadas,

Pero proponer esto en un país y un subcontinente, hoy, mayoritariamente derechista, cuando no fascista, bajo la batuta omnipotente de Trump, es una proposición sin destino. Seguiremos devorando incultura masiva, amén.

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Publicado en: La Gran Aldea

Por: Elías Pino Iturrieta

Una de las orientaciones que predomina en las encuestas recientes es la insatisfacción de los encuestados. En las encuestas confiables, por supuesto, no en las tarifadas que el régimen publica con el retoque oportuno. Como la situación del país es lo más parecido a un purgatorio, lugar que, si no existe, pudiera inaugurarse aquí, dadas las calamitosas circunstancias, lo más probable es que la mayoría de los interrogados exprese malestar por la situación que padece. Más todavía, es normal que lo comuniquen con la rabia que les pueda salir de las entrañas cuando sienten el tamaño del horrible y oscuro agujero que ha pergeñado el chavismo desde su llegada al poder, o cuando calculan que la atrocidad puede crecer porque los chavistas continúan en las alturas casi como en el pasado reciente.

Hay que hacer encuestas, desde luego, aunque se sepan de antemano los resultados. En las conversas de funeral, por ejemplo, se supone que predominan los tonos y los colores fúnebres, las hablas apagadas, los murmullos entre pañuelos, pero no es trivial percatarse de su manifestación para estar seguro de lo seguro, para verificar lo verificado desde tiempos remotos o para llover sobre mojado. Pasaría distinto en las verbenas, desde luego. Para eso existen las ciencias sociales y la rama de ellas que averigua el pasajero pensar de la gente, no vaya a ser que los pagadores de los cuestionarios metan la pata sin necesidad. Pero hay un elemento de este mundo de averiguaciones que no se capta cuando se debe meter el dedo en la llaga, es decir, cuando hay que salir de la superficie para trabajar en profundidades: el encuestado siente que no forma parte del teatro, o que solo le corresponde el papel de víctima. Tal vez así lo quiere el encuestador y para eso rebusca su opinión, pese a que la sabe de antemano, para contentarse con reflejar su punto de vista sin buscar la quinta pata del gato porque no le conviene a su patrocinador.

El encuestado no forma parte del problema porque las preguntas del encuestador no quieren ponerlo en aprietos, pero también porque no se siente concernido. Nada es su culpa, los males no le incumben en su origen y, por consiguiente, solo está en el cómodo sitial de juez imperturbable. Por lo menos, el encuestador no lo inquieta con inquisiciones que le compliquen la vida, que lo incriminen. Así las cosas, al encuestado no le pasa por la cabeza que pueda ser responsable de las calamidades de la sociedad, y el encuestador evita por todos los medios sacarlo de su aséptica conducta porque puede quedarse sin el entusiasmo de los respondones. De allí que, por ejemplo, las más recientes compulsas de opinión no solo le achaquen todos los males de Venezuela a un gobierno abominable, sino también a los líderes de la oposición, para que la sociedad quede libre de pecados. No la sociedad, la verdad sea dicha, sino los encuestados que la representan, pero el punto radica en escurrir el bulto del problema sin considerar la gravedad de la omisión, o de la tergiversación, para que una conclusión a vuelo de pájaro presente a Venezuela como un conjunto de espectadores pasivos que no ha tenido relación con las cosas que desfilan en su entorno, pese a que les han cambiado la vida para mal.

Si, de acuerdo con las respuestas de los encuestados, la culpa de los males de la sociedad es solo de un conjunto de apaleadores que habitan las dos costas de la playa, sin pensar en la responsabilidad de los que les dieron el garrote con toda la solicitud y con toda la irresponsabilidad del mundo, ningún diagnóstico de confianza iluminará el porvenir. A menos que consideremos, con más superficialidad que seriedad, que apenas nos toca sacarle el cuerpo a la jeringa.

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Publicado en: El País

Por: Boris Muñoz

Cuando la inteligencia artificial comenzó a ser adoptada de forma masiva, las corporaciones detrás de ella insistieron en que no había habido en la historia una revolución tecnológica comparable. Vendieron sus modelos de lenguaje como la panacea para potenciar el conocimiento, el talento y las capacidades de individuos, grupos, instituciones y compañías. Contrastar centenares de fuentes bibliográficas o escribir y editar un ensayo se convirtió en un paseo. El artilugio de hablarle a la máquina tenía algo de acto de magia: bastaba promptear más o menos lo que uno quería. Los algoritmos se encargaban del resto.

Tan solo tres años después, esa magia se ha roto. Lo que es peor, la IA se ha vuelto una pesadilla: un invento que se rebela contra su creador, como en la escena del aprendiz de brujo en Fantasía de Disney. Algo tarde, los gobiernos empiezan a diseñar regulaciones para ponerle riendas a su poderío y las universidades tratan de establecer códigos estrictos para limitar su uso. Esta reacción tiene otra cara: quienes utilizan la IA en la producción creativa y de ideas de élite son estigmatizados como deshonestos productores de contenido prefabricado y corren el riesgo de ser execrados en los ámbitos académico, literario e intelectual. El AI slop, término peyorativo que designa un producto artificial y barato, sin arte humano, se ha convertido en una de las descalificaciones más rotundas de estos tiempos. Debatir el uso de la inteligencia artificial es indispensable, pero cabe preguntarse cuánto de ese debate es honesto, cuánto es una discusión que necesita madurar y cómo desenmarañarlo de la tendencia a forjar miniescándalos como armas de cancelación.

Un caso reciente es el del artículo Trump está gravando la ‘materia oscura’ que paga las cuentas de Estados Unidos, del profesor de Harvard Ricardo Hausmann, publicado en The Financial Times. Este es el argumento: los aranceles de Trump en sus guerras comerciales tienen un costo oculto para los productos generados por la altamente rentable propiedad intelectual de Estados Unidos en el extranjero, es decir, un impuesto del Gobierno de Trump a las ganancias de las compañías de su propio país. La base analítica es la teoría de la ‘materia oscura’, metáfora económica para los activos intangibles que Estados Unidos genera en el extranjero y que la contabilidad convencional no registra, desarrollada hace veinte años por el propio Hausmann y Federico Sturzenegger. Pero resulta que Brendan Nyhan, profesor de la escuela de gobierno de Dartmouth College y comisario del uso académico de IA, pasó el artículo por Pangram, un detector de uso de IA en la creación de texto, según el cual el 71% del artículo había sido generado por la IA. Esto detonó un breve escrache en las redes del que The New York Post, periódico abiertamente trumpista, se hizo eco. El Financial Times agregó un cintillo al artículo de Hausmann tomando posición: “Hemos sabido que se utilizó inteligencia artificial para resumir un borrador más extenso de esta columna antes de su envío al Financial Times y de nuestra intervención editorial. El código de conducta editorial del FT prohíbe expresamente el uso de IA en la redacción”.

El problema es que ni el post de Nyhan ni la nota editorial del FT ayudan a avanzar el debate, porque ambos miden lo que se puede medir —el porcentaje de texto— y no lo que más importa: quién decidió qué. Pangram detecta si frases y pasajes son artificiales, humanos o híbridos, pero no puede demostrar si la formulación de un problema, el desarrollo de un argumento y la composición de un artículo son parcial o totalmente originales de un autor. El prompteo para editar un texto es, en sí mismo, un acto de escritura que obliga a redefinir conceptos como originalidad, autoría y creación. ¿Qué tal si en el caso de Hausmann, uno de los creadores de la idea de ‘materia oscura’, el proceso conceptual es original y la edición fue asistida por la IA? ¿Cómo saberlo sin hacerle una autopsia al texto —autopsia que no hay forma de ejecutar sin un uso intenso de la IA? El FT tiene todo el derecho de prohibir el uso de IA en la redacción, pero ¿estaba Hausmann al tanto de esa política cuando envió el artículo? No es una pregunta tonta: si un colaborador externo no fue advertido, es injusto castigarlo con la misma vara que a un tramposo confeso por el resultado de un algoritmo.

La Universidad de Maryland, con investigadores de Pangram, publicó hace poco un estudio sobre el uso de IA en la prensa de Estados Unidos. El titular de Maryland Today lo dice todo: El uso de IA en los periódicos está generalizado, es desigual y rara vez se revela. La revisión de 45.000 artículos del Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal detectó además que los autores de opinión son seis veces más proclives a usar IA que los periodistas de planta. Si la cifra es correcta, no se trata de casos aislados, sino de una práctica común en espacios influyentes de la conversación pública.

Es probable que esto obedezca a un vacío normativo entre periodistas de planta y colaboradores externos. Eso no implica que informadores y opinadores no deban seguir reglas éticas comunes, como el rigor argumentativo y el compromiso con los hechos y la verdad. Ese es el estándar del periodismo de calidad. Pero el vacío normativo lleva a otra pregunta obligatoria: ¿no es tarea del medio establecer los mecanismos de control de calidad que garanticen ese estándar?

La exculpación del FT es comprensible, pero endeble, y no responde a un mundo en el que la IA ya forma parte del trabajo cotidiano de miles de millones de personas. Ese es el verdadero problema. Las redes sociales presionan sin cesar para que adoptemos la IA: quien no la use quedará fuera del mercado, repiten, sobre todo en trabajos que exigen usar el intelecto. Si la IA es el presente y el futuro de la sociedad, resulta casi hipócrita exigir a estudiantes y autores que prescindan de ella para hacer sus tareas, preparar un examen o componer un ensayo.

Frente a esa hipocresía, cada actor improvisa su propia respuesta. La UNAM rediseña su prueba de ingreso para esquivar la IA. Anthropic implanta una marca de agua en el contenido generado por Claude, un intento técnico de resolver con una firma digital lo que en el fondo es un problema de responsabilidad humana. Y el economista político de la Universidad de Chicago Chris Blattman pone a disposición de cualquier usuario su sitio Claudeblattman.com para potenciar la búsqueda del conocimiento mediante herramientas de IA. Prohibir, marcar, potenciar: tres respuestas al mismo fenómeno, y ninguna coincide con la otra. El problema no es técnico ni administrativo. Es de quien decide.

Pero, aun así, hay algo que no cuadra: el desarrollo de la tecnología más transformadora y revolucionaria nos tomó con la guardia baja, obligándonos a replantear los parámetros que nos permiten relacionarnos con ella, desde la ética hasta la privacidad, en todos los campos imaginables de nuestras vidas.

Volviendo a nuestro tema, la IA ha hecho saltar por los aires nociones tan antiguas como creación, autoría, escritura y originalidad. Es evidente que involucrar algoritmos en un proceso tan personal como la escritura obliga a revisar muchas cosas. Pero la noción de autor tiene una función poco considerada en el debate sobre qué es ser ético y qué es hacer trampa en la era de la IA.

La escritura es, en esencia, un acto lleno de decisiones. Esto es así en casi cualquier género, salvo quizás las Sagradas Escrituras —que vienen dictadas por un tal Dios— y ciertas vertientes de la poesía, como la mística y la escritura automática en el surrealismo.

En la escritura expositiva y el ensayo hay un largo camino de decisiones que van desde elegir el tema, el ángulo, el tono, las imágenes y los énfasis, elementos que pocas veces son visibles a los ojos de un lector, incluso el más avezado. El autor delega parte de ese proceso cuando pone la edición —que no es sino otro elemento de la escritura— en manos de un editor. Sea humano o artificial, ese editor es un tercero. Pero así como la función de un editor debe ser mejorar la calidad del ensayo, la responsabilidad del autor es que la edición lo ayude a expresar con exactitud lo que quiere expresar. Pongamos por caso que le pido a Claude o ChatGPT que evalúe esta columna, ya larga, y me ayude a condensarla. La IA puede parafrasear, volar párrafos enteros, proponer cambios a la estructura o reescribir el texto completo, bajo otro ángulo y con otro tono. Puede acertar o equivocarse, pero el autor es quien debe decidir cada cambio. No puede delegar la responsabilidad de decidir.

Y olvidar esa responsabilidad es uno de los grandes peligros que entraña la adopción generalizada de la IA (no necesitamos que Bill Gates nos lo diga). No hay que permitir que sus algoritmos tomen por nosotros decisiones críticas. Pero también hay que seguir lidiando con las preguntas fundamentales de la transparencia periodística: ¿Cómo y hasta qué punto integrar la IA a la prensa informativa y de opinión? ¿Dónde termina la edición y dónde empieza la autoría? ¿Cuándo debe reconocerse el aporte de un editor de IA como coautor? Hay que reconocer, además, las paradojas de nuestra era: la IA nos potencia y nos amenaza, haciéndonos a todos contemporáneos y responsables de nuestro porvenir. Podemos combatirla como los luditas del siglo XIX, abrazarla como tecnoutopistas o plantearnos una resistencia inteligente: la que busca vigilar, regular y limitar sus usos más peligrosos. Pero urge hacerlo sin hipocresía ni pánicos apocalípticos y con algo de humor. Después de todo, quien esté libre de IA, que lance la primera piedra. Por si acaso, todos los guiones largos son míos.

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Por: Ismael Pérez Vigil

A la memoria de Patricia Molina Marquis, destacada periodista que supo
organizar y crear espacios de opinión. Descansa en paz, amiga. 

Inicié hace dos semanas un recorrido por el espinoso tema del “fraude electrónico”, aprovechando un discurso de Donald Trump, un informe de la CIA —aludido por el mismo Trump— y una entrevista a Elon Musk. Las tres piezas de información están referidas al tema, aunque ninguna logra probar nada. Es obvio que dichas “piezas” hay que verlas en el contexto de la campaña política interna de los EE.UU., prevista para el mes de noviembre, de cuyos resultados dependerán, seguramente, muchas cosas en ese país y en el nuestro. Y solo por eso, aunque fue un esfuerzo fútil tratar de probar el fraude electrónico, valió la pena considerarlas. 

En mi segunda entrega abordé el tema más general del “fraude electoral”, entendiendo por tal la alteración de los resultados de un evento electoral, que como dije no fue probado; sin embargo, está más que probado en nuestro país el intento −y el logro− de “desequilibrar” las condiciones objetivas de participación de los procesos electorales para favorecer a un actor determinado, el oficialismo, durante los últimos veinticinco años (Ver https://bit.ly/46dEgbp)   

Tema ampliamente tratado

No pretendo ser original, pues sobre este tema se ha escrito mucho y desde hace años; y lo han hecho con mucha propiedad varios expertos en la materia, cuyas ideas yo resumiré, con la plena conciencia de que a quienes “creen” −pues es una materia de fe− en el fraude electrónico nada los va a convencer de lo contrario; yo tampoco lo hare. Por lo tanto, yo solo procuraré explicar algunos argumentos en un lenguaje que nos sirva a todos los que “creemos” −también es una materia de fe− en la vía del voto para rescatar y consolidar la democracia.

 Establecido el punto de que en Venezuela ha habido y hay “fraude electoral” en múltiples formas, hasta ahora nadie ha podido probar que exista fraude electrónico; por lo tanto, voy a resumir en cuatro pasos −y sus argumentos− lo que en mi opinión nos permite a los ciudadanos comunes y corrientes estar seguros de contrarrestar con éxito las posibilidades del fraude electrónico: 

1. Auditorías de hardware y software

Aclaro que no tengo “fe ciega” en las máquinas de votación; es más, dije en mi artículo anterior, citado más arriba, que preferiría que no fueran necesarias. Pero en quienes sí tengo fe es en el personal de la oposición que desde hace más de veinticinco años ha evaluado, examinado y escudriñado los programas que se utilizan para almacenar y transmitir la información de las máquinas de votación. 

Es más, en 2018, cuando se produjo el cambio de empresa, del Consorcio SBC (Smartmatic + Bizta Software + CANTV) a la empresa argentina (Ex-Clé Soluciones Biométricas), que se ocupó de los últimos procesos, fue posible examinar también el hardware de las máquinas; es decir, en esa ocasión se examinó al azar una muestra estadísticamente valida de las máquinas y sus componentes físicos y no se encontró ningún elemento sospechoso; lo que nos garantiza que las maquinas arrojan un resultado electoral correcto, obviamente, si se siguen las indicaciones y protocolos diseñados por esos especialistas de la oposición tras examinar a profundidad las máquinas. En pocas palabras, esos expertos −varios y muchos− dan testimonio de que la máquina de votación −con el software debidamente auditado y la comprobación de que no ha habido alteraciones significativas de sus componentes electrónicos− registra y transmite lo que el votante seleccionó. 

2. El elector

El votante hace su selección, recoge el comprobante que emite la máquina y tiene la posibilidad de verificar que lo que dice ese comprobante refleja lo que él escogió; y si no es así, puede y debe denunciarlo. No se ha sabido de discrepancias significativas entre lo que está en esos millones de comprobantes y lo que los electores dicen que fue su voto. Por lo tanto, debemos asumir que, salvo algún “error” o descuido del votante −que puede ocurrir−, el comprobante que introduce en la “caja” disponible para ello, es reflejo fiel de su opinión. Estamos hablando de varios millones de personas que revisan su voto y verifican que lo que está en el comprobante es la selección que efectivamente hicieron. Repito, varios millones de votantes que revisan sus comprobantes. 

Hay, además, una verificación al final de la votación −que denominamos “verificación ciudadana” −, cuando se abren las “cajas de comprobantes” y se cuentan los votos por las diferentes opciones. Y estamos hablando de que se abren más del cincuenta por ciento de las “cajas de comprobantes” y se compara ese conteo con los resultados que contiene el acta emitida por cada una de las mesas. Cualquier estadístico o persona familiarizada con encuestas nos puede decir que esa cantidad o porcentaje que se revisa es una “muestra” más que representativa, pues bastaría con que se abriera un porcentaje mucho menor de las “cajas” para verificar el resultado. De nuevo, no ha habido en los años que se lleva haciendo ese procedimiento de verificación discrepancias significativas entre los “comprobantes del voto” y el acta que emite la máquina, que alteren el resultado en cada mesa. 

3. Las actas electrónicas

Esta es, en mi opinión, la prueba que ha demostrado ser la más contundente. La máquina emite un acta y transmite los resultados. Copia de esa acta −que en algunas elecciones contenía un código QR con el resumen de los resultados− se transmite al CNE para la totalización, y cada uno de los testigos puede tener acceso a una copia de esa acta, con la que se puede comprobar que las actas que se han recibido y totalizado en el CNE son las mismas que están en poder de los testigos de los partidos políticos u observadores nacionales e internacionales. 

En otras palabras, gracias a esas actas emitidas por las máquinas, recogidas por los testigos electorales y el público en general, y totalizadas por el comando que apoyó a Edmundo González Urrutia el 28 de julio de 2024, este pudo demostrar que el resultado de esa elección lo favoreció ampliamente. La prueba adicional de ello es que el CNE nunca publicó esos resultados, acta por acta, mesa por mesa, para desmentir las que presentó González Urrutia y que hoy están a resguardo en la bóveda del Banco Central de Panamá. 

Gracias al sistema de votación electrónico, pero sobre todo, gracias a haber cubierto con testigos un porcentaje muy alto de las mesas y que estos testigos recogieran las actas emitidas por las máquinas, que las entregaran de la manera dispuesta al comando de campaña, para totalizarlas, gracias a eso, repito, González Urrutia pudo demostrar que ganó ese proceso electoral y que ese triunfo no fue reconocido. 

4. Las auditorías posteriores

Al finalizar el proceso se realizan varias auditorías adicionales. La primera, que llamamos la “verificación ciudadana”, explicada más arriba, que es el conteo que se realiza de los comprobantes de votación que emite la máquina −los cuales, como también hemos visto, fueron revisados uno a uno por los votantes y depositados en la “caja de comprobantes” −. Como ya dije, esa es una comprobación de una muestra estadísticamente más que suficiente, de más del cincuenta por ciento de las “cajas”; y que se sepa, hasta ahora no ha habido discrepancias significativas entre ese conteo y las actas emitidas por las máquinas. Pero, además, se realizan posteriormente en los locales del CNE diversas auditorías, que no voy a detallar ni explicar: de las máquinas, de la trasmisión, de los cuadernos, de las huellas, etc., en un proceso en el que participan técnicos de la oposición y observadores nacionales e internacionales. Que se sepa, ninguna de esas auditorías ha arrojado ningún resultado que sea significativo como para poner en duda el proceso electrónico de votación. 

Las premisas importantes

Dicho todo lo anterior, pasemos a lo que considero que es el problema de fondo, que desde luego no es el “fraude electrónico”. Pero para conjugarlo completamente, siguiendo los pasos que resumí al máximo en los puntos anteriores, son necesarias tres premisas: la primera, desde luego, que haya elecciones; la segunda, que la gente vaya a votar; y la tercera, que se recojan y procesen la mayor cantidad de actas que sea posible. (En realidad hay otra premisa o condición, una cuarta, la más importante, que dejaré para el final). 

Fíjense que dentro de las premisas no he mencionado un CNE “imparcial” o un TSJ que no se inmiscuya y modifique los resultados electorales; desde luego es mucho mejor que estos dos organismos sean realmente neutrales e imparciales; pero, hemos votado −y ganado elecciones−, en circunstancias muy adversas y con esos dos actores en contra. Por lo tanto, evaluemos otras premisas. 

Primera premisa

La primera premisa la doy por sentada, pues paradójicamente ha sido la más “fácil”; no ha habido mayor resistencia por parte de quienes detentan el poder desde 1999 a que se realicen elecciones, al menos hasta el momento; de hecho, se han “legitimado” con ellas (nótese las comillas en “legitimado”); por eso digo que es la premisa más “fácil”. 

Se recordará, sin embargo, que hemos tenido procesos electorales en los que los opositores no hemos participado y quienes ejercían o ejercen el poder maniobraron en ellas a sus anchas, sin ninguna resistencia, se dieron el resultado que más les convenía y nuestra “ausencia” del proceso ni impidió que se llevara a cabo el mismo, ni modificó en nada la estructura del poder del país. Al menos en el corto plazo; ya vemos que a largo plazo sí ha habido consecuencias, pero ese no es el tema ahora. 

Segunda y tercera premisas

La segunda y tercera son las premisas más importantes y de ellas depende todo; si la gente no va a votar, ni siquiera hay que preocuparse por el fraude. Y lo que resulta insólito es que nosotros mismos estimulamos la falta de participación, al “argumentar” que no hay nada que hacer, pues no estamos en capacidad de impedir que nos hagan fraude o que alteren electrónicamente los resultados; como dije, ni siquiera será necesario que el fraude electoral llegue a la fase de “fraude electrónico”, como bien dice el documento de la CIA que esgrimió Donald Trump como argumento fallido de fraude en Venezuela. 

Logrado que la gente vote, el siguiente paso relevante es −de ser posible− cubrir con testigos todas las mesas o más del noventa o noventa y cinco por ciento de ellas, para recoger las actas y llevarlas −o enviarlas por el medio que sea− al punto en donde serán procesadas. Lo que ocurra después es otro tema. 

Pero sin votantes, sin testigos en las mesas que recojan y posibiliten que se procesen las actas, todo el esfuerzo será inútil; con o sin máquinas de votación, sin testigos de oposición en las mesas, los de la opción del gobierno hacen lo que más les convenga y no llegaremos a esa cuarta “premisa”, la final, la que anuncié como la más importante y que resumiré a continuación. 

La cuarta premisa

No suelo concluir con notas pesimistas mis artículos, pero sí con advertencias. Podemos participar en procesos electorales, como ya hemos hecho, en muy malas condiciones; podemos llevar gente a votar, masivamente, como ocurrió en la elección primaria de 2023 y en la elección presidencial del 28 de julio de 2024; podemos tener testigos en casi todas las mesas, que recojan las actas, que hagan llegar los resultados al punto en el que se procesarán y que se logre recuperar, físicamente, la mayoría de las actas, para ponerlas a resguardo −como están las del 28 de julio de 2024−; podemos incluso ganar la elección −y demostrarlo− con un altísimo porcentaje; pero, si logramos todo eso, como ya ha ocurrido, y no tenemos la fuerza para que se respeten los resultados electorales, todo habrá sido dolorosamente inútil. 

Conclusión

A principios del Siglo XIX el “ludismo”, surgió como estrategia del movimiento obrero contra las máquinas, en las fábricas; hoy tenemos un resurgir de un “ludismo electoral”: contra las “máquinas de votación”. No son las “máquinas de votación”, no es el “fraude electrónico” el problema de fondo; lo es desarrollar la fuerza para lograr que se respete el resultado electoral. ¿Estamos trabajando en esa dirección o estamos “minando” esa posibilidad? 

Ya hemos demostrado que tenemos los recursos y la voluntad para ganar elecciones: de gobernaciones importantes, de Asamblea Nacional, de referendos y elecciones presidenciales −a pesar de todos los fraudes electorales que describí en mi artículo anterior, citado más arriba− y también es posible evitar un “fraude electrónico”, aplicando los pasos que he mencionado en éste. 

Con la mayor unidad posible y la mayor movilización posible, se puede construir y lograr también la fuerza necesaria para que se respeten los resultados electorales. En este momento, no tenemos esa fuerza, hay que construirla. Pero, no pidamos peras al olmo, y perdonen el lugar común −aunque no parece tan obvio a algunos− y no olvidemos que ese no es un tema para tratarlo en artículos de prensa, entrevistas en programas de radio y televisión o en redes sociales. Mucho menos en cualquier “Mesa de Negociación”. Para decirlo en palabras ajenas que hemos escuchado durante este último cuarto de siglo: él que entendió, entendió. 

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1X

Autor: Patrick Boucheron

Editorial: Anagrama

Año: 2024

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Dirección: René Clément

Guion: Gore Vidal y Francis Ford Coppola

Producción: Paul Graetz

Fotografía: Marcel Grignon

Edición: Robert Lawrence

Música: Maurice Jarre

Protagonistas: Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer, Leslie Caron, Jean-Pierre Cassel, Bruno Cremer, Claude Dauphin, Alain Delon, Kirk Douglas, Pierre Dux, entre otros

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Por: Trino Márquez

El grupo político que se instaló en Miraflores en febrero de 1999 acumuló buena parte de sus galardones enarbolando la bandera de la defensa de los derechos humanos. Algunas de sus figuras más connotadas denunciaban las supuestas injusticias que cometían los cuerpos de seguridad del Estado contra quienes se oponían al Gobierno. Hugo Chávez y los demás comandantes que dirigieron la fracasada intentona del 4 de febrero de 1992 (4-F), justificaron el cuartelazo por los supuestos excesos perpetrados por las Fuerzas Armadas contra el pueblo inerme, durante el ‘Caracazo’ los días 27 y 28 de febrero de 1989. Según los cabecillas del golpe, el movimiento insurreccional había que asumirlo como una forma de lavarle el rostro a la institución castrense y recuperar la dignidad perdida por los crímenes cometidos durante aquellos días.

Este discurso grandilocuente comenzó a desdibujarse cuando Chávez empezó a dar el giro que lo llevaría a instalar un esquema autoritario que calcaba los aspectos esenciales del régimen totalitario impuesto por Fidel Castro en Cuba. Recrear el modelo de la isla en un país que había tenido una de las democracias más sólidas y longevas del continente, ejemplo en el mundo occidental, pasaba por convertir en práctica cotidiana el ataque sistemático a las instituciones y a las libertades básicas del orden democrático. Los lamentables sucesos del 11 de abril de 2002 y la posterior huelga petrolera le sirvieron a Chávez de excusa para afianzar la influencia fidelista en Venezuela. La receta del dictador isleño era simple: a la oposición pan y agua. No había que darle tregua ni espacio para que subsistiera.

Chávez ordenó el cierre de RCTV, que pasó a ser el símbolo del ataque a la libertad de expresión; el encarcelamiento arbitrario de la jueza María Lourdes Afiuni, quien se convirtió en su rehén particular, y la colonización del Poder Judicial, para subordinarlo a sus caprichos. El mensaje era categórico: estaba dispuesto a imponer un modelo represivo que le garantizara mantenerse en el poder acallando las voces disconformes.

Cuando el caudillo falleció, su heredero Nicolás Maduro, aún más sometido a la férula cubana, convirtió la represión en su principal instrumento de sobrevivencia. Sin el liderazgo, legitimidad y carisma que poseía Hugo Chávez, Maduro entendió que solo le quedaba montar un aparato que intimidara, persiguiera, encarcelara, desapareciera y asesinara a sus opositores. Era la única forma de perpetuarse en el Gobierno. A partir de 2013 se desató la furia contra todas las expresiones opositoras: partidos y dirigentes políticos, dirigentes sindicales y gremiales, líderes sociales y estudiantiles, ONG, periodistas y medios de comunicación, desde portales hasta periódicos impresos. No quedó espacio social que no se sintiese amenazado por la mano de hierro del régimen. Las instituciones que no se doblegaron optaron por la autocensura para poder sobrevivir. Venevisión y Televen constituyen buenos ejemplos.

El cerrojo armado por Nicolás Maduro a partir de 2013, se hizo aún más opresivo luego del fraude perpetrado el 28 de julio de 2024. El estruendoso fracaso en la cita electoral desató los demonios en Miraflores. El dispositivo represivo del Estado embistió contra los ciudadanos que salieron a protestar por el despojo del que habían sido objeto quienes votaron a favor del cambio en esos comicios. Las cárceles se llenaron de personas, especialmente jóvenes, cuyo único delito consistía en reclamar que se respetara su voluntad de sustituir el Gobierno por vía pacífica y electoral, tal como autoriza la Constitución. El régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello entró en su etapa más sanguinaria y despiadada. Todos los protocolos establecidos en una democracia quedaron abolidos. Para avalar los atropellos contaban con Tarek William Saab en la Fiscalía General de la República, quien permitió que ese tren descarrilado embistiera contra todo el que manifestaría algún desagrado.

Cuando los sucesos del 3 de enero, las cárceles estaban llenas de presos políticos contra quienes se habían cebado los jerarcas del régimen. Venezuela era —y probablemente sigue siendo— el país de América Latina con mayor número de detenidos por razones políticas. El tutelaje de Estados Unidos sobre el gobierno de Delcy Rodríguez ha permitido que se liberen varios centenares de privados de libertad. Lo que la nación no entiende ni acepta es que el gobierno interino no libere a todos los presos políticos de inmediato. Bastaría con una orden de la presidenta encargada, para acabar con el calvario de los centenares de ciudadanos abandonados en las mazmorras del régimen, y aliviar el sufrimiento de sus familiares. Si el régimen no emite ese dictamen es porque está utilizándolos como moneda de cambio, como escudo protector o como símbolo de un poder cada vez más reducido.

Queda muy poco del discurso sobre los derechos humanos que hace tres décadas levantaba la casta apoltronada en Miraflores. Hay que seguir presionándola para que cumpla. ¡Libertad para los presos políticos ya!

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10 meses para recuperar el voto

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La Sorpresa de mi música del día de hoy, viernes 28 de agosto de 2026, es el tema “For Once In My Life”, de Harry Connick, Jr.

Escuche también: “Libertango”, de Gary Burton

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