Por: Ismael Pérez Vigil

La sociedad civil, ese actor social y político, presente en Venezuela de manera innegable, especialmente desde 1999, se manifestó una vez más tras los terremotos del 24 de junio. Demostró nuevamente su solidaridad, su eficacia y algo sobre lo que cada vez hay menos dudas: que simples ciudadanos y Organizaciones no Gubernamentales de diversa índole, nacionales e internacionales, son más eficientes y útiles que el Estado y el gobierno para enfrentar los graves problemas del país. La anterior es, lo sé, una afirmación gruesa y grave, sobre la que hay que reflexionar a fondo.

La sociedad civil (SC) venezolana está, posiblemente, lejos aún de tener una formulación más orgánica que la haga más efectiva; se requiere para ello desarrollar una «agenda», que es lo que me propongo examinar y proponer brevemente. Para ello debe aprender a jugar o moverse de manera simultánea en varios «tableros». Los dos principales, sociales y políticos, son: lo relativo a la tragedia de Vargas y el desarrollo político del país para impulsar la transición a la democracia.

Crisis de los partidos

Para los venezolanos más jóvenes o los nacidos después de 1999, que en esa época aún eran niños, e incluso para los mayores, es bueno recordar cómo hizo aparición este actor en la vida política y social del venezolano; no obstante, no repetiré ideas de las que he escrito en múltiples ocasiones, solo destacaré algunas.

Los partidos políticos, pieza imprescindible de la democracia, sin los cuales no hay democracia, comenzaron su declive desde los años 70 del pasado siglo, cuando académicos, empresarios, periodistas, medios de comunicación social y personeros de la sociedad civil, cerraron filas al unísono en críticas a la corrupción e ineficacia de los gobiernos y sus protagonistas, los partidos políticos. No les faltó algo de razón, pero esa conducta, esos comentarios, en buena manera desmedidos, le hicieron el juego a lo que hoy sabemos se venía fraguando desde hacía algún tiempo en los cuarteles del país y trajo como consecuencia una despiadada arremetida contra las bases mismas del sistema democrático, que lo desestabilizaron y lo llevaron a sucumbir al aventurerismo golpista de 1992.

Treinta años de prédica continua contra los políticos y los partidos, permitió que Hugo Chávez Frías y la Constitución de 1999 le dieran un duro golpe a los partidos políticos, que venían sumidos en una aguda crisis, que se manifestó intensamente después de los intentos de golpes de estado de 1992 y durante las elecciones presidenciales de 1993, en las cuales Rafael Caldera llegó por segunda vez a la presidencia, prescindiendo de los partidos tradicionales, con una alianza de pequeños y algunos nuevos partidos, que a la larga demostró ser muy efímera.

Era evidente el desgaste y el descontento de la población, sobre todo la más empobrecida, que compró el «discurso» de que Venezuela era un país rico —ciertamente lo era más que ahora— y que los pobres lo eran por culpa de los políticos, los partidos y gobernantes que les habían «quitado lo que a ellos les tocaba». Sobre esa narrativa y esos elementos se construyó la candidatura y el gobierno de Hugo Chávez Frías desde 1998, cuyas secuelas y «legado» todavía hoy sufrimos.

No voy a entrar ahora a detallar esos episodios históricos, de los que se ha escrito sobradamente y doy por conocidos, solo destacaré que paralelamente a ese despropósito histórico, surgió ese nuevo actor, que se manifiesta en momentos álgidos del país y en algunos procesos electorales, el ciudadano y la sociedad civil

Surge la sociedad civil.

Ese actor político, sin ser nuevo, pues está presente a todo lo largo de nuestra historia política, pasa a ser fundamental a partir de 1999, cuando en la elección de la Asamblea Constituyente y el deslave de Vargas, que paradójicamente sucedieron el mismo día, surge para hacerse presente en la historia venezolana, de manera determinante.

Desde un punto de vista positivo, el impulso a la privatización de las empresas del estado, la descentralización administrativa, el impulso a la elección directa de los gobernadores y la elección nominal de los diputados al Congreso Nacional, entre otras políticas desarrolladas desde 1989, abrieron las puertas para la entrada en la política de este actor.

Desde un punto de vista negativo, la continua prédica antipolítica y contra los partidos políticos, de Hugo Chávez Frías, que a la vez propició que fueran solo los ciudadanos y la sociedad civil los que participaran en la elección de la Asamblea Constituyente de 1999, que él convocó y cuyos términos, parámetros y contenidos, él definió, fue también un impulso para que este actor −la sociedad civil− se manifestara, de manera decisiva.

El gobierno que se instauró en 1999, y que persiste hasta hoy, encontró así una resistencia inesperada en cantidades de grupos de la SC, quienes se opusieron tenazmente y desde un principio a sus intenciones autoritarias y totalitarias en materias educativas, económicas, políticas y de todo tipo. No siempre fueron exitosos los grupos de la SC en frustrar por completo los designios autoritarios, pero sí en retrasarlos, entorpecerlos y en lograr esa sorda resistencia al llamado, desde 2004, Socialismo del Siglo XXI; resistencia que persiste hasta nuestros días, a pesar de los «vientos revisionistas» actuales de ese modelo, hoy «tutelado» por el actual gobierno de los EE.UU.

Como ya dije en mi primer artículo (Ver https://bit.ly/4pO5JJI) esa SC tiene una agenda, en lo social y en lo político, que debe desarrollar y es la que me propongo examinar a continuación.

Agenda social

El primer elemento de esta «agenda», inconclusa, a desarrollar, o el más importante y urgente de la agenda social, es en este momento, sin duda, la asistencia a víctimas y damnificados del terremoto; dada, además, la ineficacia, lentitud y lenidad del Estado. No es la primera y única vez que la SC se manifiesta en acontecimientos similares; lo ha hecho desde 1999 en diversas ocasiones y en todo el país:

Fecha.                                Evento.                                                         Tipo.
15 – 17 dic 1999                  Tragedia de Vargas, litoral central                   Deslave e inundación
21 dic. 2001                        Sismo región andina                                       Terremoto de 5,6
11 – 13 feb. 2005                 Tragedia en Mocotíes, Mérida y Táchira         Vaguada, desborde de ríos
Nov. Dic. 2010                     Efecto de la «niña», diversos estados             Inundaciones y deslaves
25 – 26 ago. 2021                Valle del Mocotíes y varios estados                Deslave e inundaciones
8 de oct. 2022                     Tragedia de Las Tejerías                                 Desborde en Quebrada Los Patos
24 junio 2026                       Doble terremoto                                              Sismos de 7,2 y 7,5 de intensidad

Aunque se trata de eventos de naturaleza distinta, de acuerdo con los especialistas, hay patrones que se repiten:

• Actuación tardía de las autoridades y que ningún organismo del Estado venezolano, a ningún nivel, lleve un registro público, consolidado, de los desastres naturales, con cifras confiables
• Vargas 1999, Mocotíes 2005 y Las Tejerías 2022, tienen una misma causa estructural: ocupación urbana sin control, en zonas con riesgo aluvional, y en consecuencia, sin sistemas de alerta temprana a lo que se suma la falta de inversión en materia de gestión de riesgo.
• El terremoto de 2026, es cualitativamente distinto a los demás eventos de la lista −hidrometeorológicos− pero los especialistas atribuyen la magnitud del daño a la intensidad del sismo y confluencia de varias fallas: características del suelo, edificaciones deterioradas o probablemente construidas sin cumplir adecuadamente normas de construcción y falta de inversión durante más de dos décadas en infraestructura y evaluación de riesgos.

En consecuencia, una vez superada la fase de emergencia inmediata −rescate de las víctimas y la estabilización de los damnificados−, la SC debe mantener su actividad, para ayudar en el proceso de reconstrucción de Vargas y de sus vidas, a los afectados. Sin duda alguna tendrá que apoyarse en recursos propios y sobre todo en las organizaciones especializadas en esta materia de la comunidad internacional; pues dadas las experiencias previas, no creo que sea confiable esperar el apoyo del Estado en esta materia.

El segundo elemento de la «agenda» inconclusa de la SC es ocuparse de sí misma; de fortalecer vínculos entre ciudadanos y organizaciones de la SC; lo que implica desarrollar las «buenas prácticas» aprendidas en más de un cuarto de siglo, desechando aquellas que llevaron al colapso de las organizaciones políticas y abrieron el camino para la instauración de prácticas y políticas autoritarias y totalitarias, que todos conocemos y no necesito describir.

Agenda política

Pero, es en lo político en donde se nos presentan los escenarios más complejos, aunque solo mencionaré cuatro áreas, a título de ejemplo:

• La relación con los partidos políticos. Sería mezquino desconocer el papel jugado por los partidos políticos en la consolidación e integración de Venezuela, pues es a esos imperfectos partidos, sus líderes y ciudadanos, a los que debemos el desarrollo institucional, la consolidación e integración democrática del país. Igualmente, sería ingenuo ignorar la necesidad de que los partidos actualicen sus formas de organización, abandonando el esquema de partidos de masas o de cuadros leninistas; profundicen en sus principios programáticos y doctrinarios. Por eso, ahora, la tarea política de partidos y sociedad civil y los ciudadanos es fortalecer partidos, sindicatos, organizaciones gremiales y apertrecharse para lo que sería un nuevo gobierno y evitar que se retroceda a situaciones de inamovilidad política como las que tuvimos en los períodos inmediatamente anteriores a 1999. De allí la insistencia en un nuevo «pacto político y social», para salir del marasmo actual, pero sobre todo para evitar retrocesos que nos conduzcan de nuevo al punto en que nos encontramos ahora. Es importante entender, que ahora que estamos en los prolegómenos de un proceso de transición, insistir en la reestructuración de los partidos políticos, pues el salto modernizador hacia la plena democratización, históricamente, en política, solo se produce por el auge de las organizaciones políticas y el fortalecimiento de las instituciones.
• El contexto internacional. Si hablamos de un proceso de «tutela» política por parte del gobierno de los EE.UU., es bueno recordar también que los Estados Unidos no es una nación ideológicamente monolítica y que si bien hay sectores que pudieran estar satisfechos con el actual «status» político de Venezuela −que implica un «gobierno» dúctil a los dictados del actual gobierno norteamericano− hay también sectores en ese país que prefieren una relación con gobiernos plenamente democráticos, que son mejor garantía para sus inversiones. Esos son los «aliados» que debemos buscar para entrar en una relación que sea mutuamente beneficiosa para ambos países.
• Proceso interno de diálogo político. Se dialoga con quien se puede, con quien está dispuesto a que se dé un diálogo directo, respetando naturales diferencias, sean ideológicas o políticas, y por supuesto comenzando con aquellos con quienes hay más afinidad en la búsqueda del desarrollo democrático del país. Hoy, los sectores «democráticos» del país se agrupan o dispersan, según se vea, en varios «frentes», algunos muy pequeños y «ruidosos». Pero los más importantes creo que se contraen a tres y de acuerdo a lo que sería su aparente tamaño podemos distinguir: los que se agrupan alrededor de María Corina Machado; los que se agrupan alrededor de la Plataforma Unitaria y los que se agrupan alrededor del sector democrático que está en la Asamblea Nacional. Por supuesto, hay los que se diferencian de los grupos anteriores y se agrupan alrededor de alguna otra idea, causa o persona −no citaré ninguno, para no dejar fuera a nadie ni destacar alguno que no sea más que una mera “figuración” en redes sociales y que todos conocemos−; hay también un “difuso» sector exchavista, difícil de definir sus límites y ubicar sus afinidades, que supuestamente han “roto” con el gobierno instaurado en 1999, pero sin terminar de identificarse con alguno de los tres grupos democráticos descritos o manteniendo hacia ellos las mismas posiciones de rechazo y crítica que tenían cuando se desenvolvía en el sector oficial.

Sé bien las limitaciones y lo arbitrario de la clasificación anterior; pero, es solo un ejercicio inicial de para ejemplificar lo complejo de la situación con la que deben lidiar los diferentes grupos de la SC que se dedican a la actividad política; que, por cierto, esos grupos de la llamada SC tampoco son un todo homogéneo, todo lo contrario, están también bastante fragmentados y dispersos.

•   Diálogo político externo. La tarea de todos los grupos mencionados, además de lograr la mayor unidad posible, en lo inmediato es ponerse de acuerdo de cara al proceso de negociación que se inició el primero de agosto con un sector gubernamental de la Asamblea Nacional −partiendo de que el sector oficial tampoco es el dechado de unidad monolítica que aparentemente tenía hace menos de un año−; pero, quiérase o no, con todas las reservas, acuerdos o desacuerdos o animadversiones, que se tengan, esa «negociación» que se inició el 1 de agosto, es un dato político innegable.

Conclusión

Y de esta manera concluyo un esbozo y una primera aproximación a lo que podríamos llamar una «agenda» política y social de la sociedad civil venezolana.

La entrada Agenda (y 2) – Ismael Pérez Vigil se publicó primero en César Miguel Rondón.

El Estado es responsable de los desaparecidos

La entrada El Estado es responsable de los desaparecidos se publicó primero en César Miguel Rondón.

Por: Trino Márquez

El pasado 24 de julio el gobierno presidido por Delcy Rodríguez anunció que se retiraría de la Corte Penal Internacional (CPI), debido a un supuesto ‘sesgo geográfico’ de esa instancia. Ese día, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, se dirigió al secretario general de la ONU, António Guterres, para notificarle la decisión. Esa noticia trascendental ha pasado desapercibida, eclipsada por la tragedia provocada por los terremotos registrados en Caracas y La Guaira ese mismo día. Transcurrido más de un mes del desastre, conviene examinar la decisión y oponerse a que la iniciativa prospere.

El acuerdo del gobierno venezolanos no tuvo nada que ver con ninguna decisión autónoma y soberana. Fue un gesto más de subordinación a la administración de Donald Trump, quien ha mantenido una campaña permanente de descrédito contra el Tribunal de La Haya desde su primer gobierno, entre 2017 y 2021. El presidente de Estados Unidos se ha opuesto a todos los organismos internacionales creados después de finalizada la Segunda Mundial, con la finalidad de armonizar los vínculos entre las naciones. Aunque la CPI fue formalmente creada en 1998 y comenzó a operar en 2002, después de haberse aprobado el Estatuto de Roma —mucho tiempo después de culminado el conflicto bélico— puede afirmarse que forma parte del tejido que busca darle al mundo herramientas institucionales que faciliten la convivencia planetaria.

El gobierno venezolano aprovechó una declaración de Trump en la que amenazó con sacar a Estados Unidos de la CPI, para afirmar, en un nuevo acto de subordinación, que haría lo mismo. Ni siquiera Miraflores y la Casa Amarilla repararon en que la Casa Blanca no podía retirarse de una instancia jurídica a la que nunca perteneció. Estados Unidos jamás suscribió el Estatuto de Roma, condición esencial para formar parte de la CPI.

Resulta obvio que la administración de Delcy Rodríguez pretende dejar de formar parte del Tribunal de La Haya con el fin de intentar eludir las acusaciones de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión que se han formulado, o podrían formularse, contra algunos de los jerarcas más representativos del régimen instalado en 1999.

El propósito con el cual se creó la CPI fue personalizar e individualizar las responsabilidades en crímenes cómo los señalados anteriormente y, además, mantener una instancia permanente que pudiese recibir las denuncias, hacerles seguimiento, elaborar expedientes particulares y aplicar justicia basándose en investigaciones exhaustivas y confiables. Hasta el momento de la constitución de la CPI, los funcionarios civiles o militares podían refugiarse en la ‘razón de Estado’ para tratar de atenuar sus responsabilidades en la ejecución de planes de exterminio de poblaciones enteras, matanzas indiscriminadas o asesinatos selectivos. Con el Estatuto de Roma ese ardid desapareció. Nadie puede invocar la ‘obediencia debida’ para cometer delitos tipificados en el ordenamiento jurídico. La responsabilidad es individual e intransferible.

Tribunales como la CPI no les interesan a mandatarios que desprecian la democracia, la autonomía del Poder Judicial, la prensa libre e independiente, la protesta pacífica, la organización soberana de la sociedad civil y los derechos humanos. Los gobernantes autoritarios desechan las instituciones que pueden servirles de contrapeso o se encuentran en capacidad de cuestionarlos y, peor, de enjuiciarlos cuando violan las leyes y los derechos de los ciudadanos o de la comunidad.

Es verdad que la CPI no actúa con la celeridad que desean los pueblos afectados por la tortura o el terrorismo de Estado. Esta deficiencia debe ser superada para elevar su eficacia y autoridad en el plano internacional. Sin embargo, señalar sus deficiencias de ningún modo significa plantear su desaparición. Con la CPI ocurre algo similar a lo que sucede con la ONU: este foro mundial se ha burocratizado y ha perdido prestigio en el planeta. No ha servido para evitar masacres como la cometida en Gaza, para citar uno de los casos más recientes. Pero, el mundo puede depositar mayores esperanzas en la convivencia pacífica con organismos como ese —pensados para dialogar, limar asperezas y llegar a acuerdos en medio de las diferencias— que sin ellos. Esas son las lecciones dejadas por las dos guerras mundiales.

A la CPI conviene hacerla más ágil y eficiente. Sus investigaciones tienen que acelerarse. Sus magistrados solo deben obedecer al Derecho Internacional y la preservación de los derechos humanos. En síntesis, debe mejorar para ser más valorada y respetada.

En Venezuela, hay que iniciar una campaña que impida que el Gobierno alcance el objetivo de separarse de la CPI. Ya algunos prestigiosos abogados se han pronunciado en contra de ese exabrupto. Ahora, la campaña deben intensificarla las academias, las universidades, los familiares de los presos políticos, los partidos de la oposición y todos los demócratas.

Retirar a Venezuela de la Corte Penal Internacional es un crimen de lesa humanidad.

La entrada El retiro de la Corte Penal Internacional CRIMEN DE LESA HUMANIDAD – Trino Márquez se publicó primero en César Miguel Rondón.

Se va Petro, y ya empezamos a echarlo de menos. Digamos, no es que uno estuviese pendiente todo el tiempo de lo que declaraba, o escribía insomne e incontinente por X, o sus cambios de humores con el presidente del poderoso país del norte, o sus riñas con todos y cualquiera de acuerdo al talante con qué despertaba, o se había retirado a dormir. Vamos, hay que confesarlo, siempre podíamos contar con sus atrabiliarias salidas, sus malacrianzas casi que de niño bien, de esos con mayordomo y guaruras esperando a la salida de internado.

Es ahora difícil distinguir entre los tantos Petro que despacharon desde el Palacio de Nariño. Un día era un militante de Greenpeace convocando megáfono en mano a desterrar -literalmente- la industria extractiva de Colombia, del planeta y del universo de ser posible. Otro, se convertía en militante de izquierda neandertal, repitiendo consignas jurásicas, como anunciando descubrimientos arqueológicos para maravillar a la humanidad. Ah, nada como aquellas “piezas oratorias” de primer día en la Asamblea General de la ONU, creyendo hablarle a Tucidides, Herodoto, Tito Livio y Tácito, sin percatarse que en realidad, casi íngrimo, les hablaba a los jóvenes funcionarios diplomáticos de otros países que entre bostezo y bostezo toman nota, obligados a hacerlo por el ascenso en la escalera diplomática.

El núcleo de sus días se le fue en levantar polvaredas y enderezar los entuertos que esas polvaredas causaban. ¿Gobernar? Él estaba  allí para cambiar el mundo, no para la nimiedad de mejorar la situación de su país en lo que humildemente se pueda como corresponde a un servidor público,  honesto y eficiente. Pero no, se celebraba y cantaba a sí mismo en cada palabra, en cada disparo por X, que eran descontrolados y folklóricos como en un Macondo soñado por un personaje ingenuo de Lucia Berlin.

Ya lo hemos escrito en esta columna: es el síndrome del populista -de derecha o izquierda- que llega prometiendo cambios de raíz, refundaciones épicas de la nación, mas tan solo logra congelar lo bueno que esté en avance o destruir lo poco o mucho ya logrado. En el entretanto dinamitan la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, en los partidos políticos, la emprenden en contra de la élite, la casta, el enemigo exterior, todos culpables de algún trámite histórico inconfesable, que él, el ungido, se encargará de desvelar y desmontar sin piedad alguna.

Parte de su legado -paradójicamente- es una versión pretendidamente de “ultraderecha” de sí mismo (solo que vestido de vendedor de deportivos de lujo de segunda mano en Las Vegas), grandilocuente y banal, un envión más del péndulo que rige el voto de buena parte del electorado en la región, tan dispuesto a la autoflagelación y la queja, a la queja y la autoflagelación. Es pronto para desearle goodby Mr. Petro, ya ha advertido que no se va, que sigue siendo el rey (en versión mariachi colombiano) y que asumirá las riendas (de chalán de Paso Fino Colombiano) de la oposición de izquierdas y demás opciones de la constelación progresista recién derrotada. Sin pedir permiso ni hacer consultas, como Petro por su casa. (Continuará, seguramente)

La entrada Goodby Mr. Petro? – Jean Maninat se publicó primero en César Miguel Rondón.

Venezuela y Trump: el sonido de la caja registradora

La entrada Venezuela y Trump: el sonido de la caja registradora se publicó primero en César Miguel Rondón.

Calma, pide el señor Rubio. Pero esa palabra mínima, de cinco letras, se le desgrana entre los dedos como yeso viejo. Se le resbala, se le rompe, se le vuelve un deseo imposible. Venezuela no es un país que pueda regalar calma como quien ofrece un vaso de agua. Venezuela carga un portafolio de sufrimiento tan abultado que ya ni cierra: décadas de fracturas, pérdidas, sobresaltos, traiciones, simulacros, silencios impuestos y esperanzas rotas. Aquí la calma no es el inicio: sería la consecuencia de sentir que, por fin, algo empieza a moverse en la dirección correcta. Y ese algo, señor Rubio, no está ocurriendo. No todavía. No de verdad.

Por eso la palabra “calma” nos suena ajena, torpe, enclenque, casi ofensiva. Es un problema de significado y significante. Usted la pronuncia con la naturalidad de quien viene de un país donde la estabilidad es un derecho adquirido, no un milagro frágil —y como todo milagro, excepcional, improbable, caprichoso—. Pide calma desde la lógica de un sistema que funciona, a veces mal y con motores que pistonean, pero funciona; desde la convicción de que las instituciones son diques que contienen la tormenta, aunque de vez en cuando se les escape un chorro. Nosotros, en cambio, vivimos en un territorio donde los diques se rompieron hace años y donde cada día es una negociación con el caos.

Usted no es latinoamericano. Y no se lo digo en tono de reproche: se lo digo como distancia. Usted piensa con la arquitectura mental de un país donde la política es procedimiento, donde la crisis es excepcional, donde la incertidumbre se administra con comités y memorandos. Nosotros pensamos y sentimos desde un país donde la crisis es biografía pormenorizada, donde la incertidumbre es rutina agobiante, donde la política se juega en espacios subterráneos, no en salones alfombrados. Usted interpreta señales como si fueran semáforos; aquí los semáforos no pasan de ser sugerencias. Usted cree que la estabilidad es un estado natural; nosotros sabemos que la “estabilidad” es un animal que gruñe, muerde y se roba elecciones.

Por eso, señor Rubio, no podemos ofrecer calma. Porque la calma no se decreta: se siente. Y Venezuela, con su memoria llena de fracturas y su piel llena de cicatrices, no siente que las cosas vayan por buen camino. No hay señales claras, no hay indicios sólidos, no hay esa brizna de confianza que permite bajar los hombros y respirar.

Calma, pide usted, señor Rubio.
Pero la calma es un lujo que se gana, no un gesto que se exige. Y este país, que ha sobrevivido demasiado, todavía no ve el horizonte que le permita concederla.

La entrada Calma, pide Rubio – Soledad Morillo Belloso se publicó primero en César Miguel Rondón.

Venezuela es un territorio vendido, ocupado, secuestrado y tutelado. ¿Polarización entre los ciudadanos? ¿De qué? Lo único que se tiene claro y que sabemos se puede recuperar es la democracia, libertad para poder ejercer la vida sin miedo, lo de la soberanía llegará, pero para eso, gente seria que ame el país, tiempo y trabajo.

Venezuela no está dividida. Si bien el chavismo logró durante años sembrar el odio y la división en la sociedad venezolana, caracterizada por ser justo lo contrario, un pais que sabía convivir con la diferencia, con culturas que llegaron de Europa y tanto ellos se adaptaron al país, como los venezolanos adquirieron buena parte de sus costumbres, culinarias, musicales, conviviales. Había un bipartidismo que nos fue agotando, entre errores, corrupción e ineficacia, cada cinco años al poner en acción el denominado Plan de la Nación, IV República (1958-1998), ese instrumento central de planificación socioeconómica a mediano y largo plazo del Estado venezolano, elaborado y coordinado institucionalmente por CORDIPLAN (Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia), terminaban cumpliendo con un porcentaje que era masticado por los escándalos y la devaluación, sin embargo, aparentaban tener un plan para el país y un respeto por el ciudadano, cosa que Chávez sepultó al nano segundo siguiente de jurar sepultar la constitución.

Hagamos una pequeña revisión histórica de aquella polarización.

El referéndum revocatorio presidencial y la «Lista Tascón» (2004)

Tras la recolección de firmas para activar el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez, el diputado oficialista Luis Tascón hizo pública la lista con los nombres y cédulas de más de 2,4 millones de ciudadanos que firmaron la petición. Este hecho institucionalizó la discriminación política en el país: la lista fue utilizada por instituciones públicas y empresas del Estado para despedir a trabajadores o negarles trámites, contratos y programas sociales, dividiendo formalmente a la sociedad entre «escuálidos» y «patriotas».

El cierre de RCTV y las protestas estudiantiles (2007)

La decisión del gobierno de no renovar la concesión del canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV) —el más antiguo y popular del país, de tendencia crítica al chavismo— marcó un hito en la división mediática y cultural.

Yo misma estaba el día del apagón de su señal el 27 de mayo de 2007, en la sede de RCTV supimos como se apagaba la libertad de estar informado hasta un nuevo aviso, desató una masiva ola de manifestaciones liderada por el movimiento estudiantil universitario y consolidó dos bloques irreconciliables en las calles y medios: quienes defendían la medida como un acto de «soberanía mediática» y quienes la denunciaban como el fin de la libertad de expresión.

En este momento hicieron uso de la máxima: atacar redes sociales en vista que la ciudadanía desplazó su necesidad de información a twitter y facebook. Lo cual hizo que Chávez un par de años mas tarde, cree “ChavezCandanga” donde como siempre, con un abuso del uso de un léxico violento (Con el mazo Dando)  iba a manejar un país a punta de carajazos detrás de una pantalla digital. Ahí se destituía, se amenazaba y se polarizaba con el mas estudiado y certero “Plan de la Nación”.

Otro momento de gran polarización fue con las protestas antigubernamentales y «La Salida» (2014)

El llamado de un sector de la oposición a la movilización de calle bajo la consigna de «La Salida» (Leopoldo López y María Corina) derivó en meses de intensas protestas, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y barricadas («guarimbas») en las principales ciudades del país. Este ciclo dejó un saldo de más de 40 muertos, cientos de heridos y encarcelamientos masivos. La crisis expuso no solo la ruptura entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, sino también tensiones internas dentro de la propia dinámica política nacional.

Otro momento estelar fue “la final”, no era el Mundial de Fútbol, era la anulación total de la separación de poderes con la Asamblea Nacional del 2015.

Vuelven las protestas masivas en el 2017 tras la anulación de las competencias de la Asamblea Nacional de mayoría opositora por parte del Tribunal Supremo de Justicia, Venezuela vivió más de cuatro meses de protestas continuas con más de 120 fallecidos.

En medio de la violencia, el oficialismo convocó de forma unilateral una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin referéndum previo. La jornada de elección de la ANC y su posterior instalación consumaron la existencia de dos estructuras de poder paralelas y una ruptura total del consenso institucional en el país. Fin de la democracia, ahora sí, formalmente.

Un nuevo intento

Elecciones presidenciales y la mas aguda crisis de legitimidad de julio de 2024

El proceso electoral del 28 de julio de 2024 representó el colapso definitivo del arbitraje institucional frente a la división ciudadana.

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara la reelección de Nicolás Maduro sin presentar las actas desglosadas mesa por mesa, la oposición publicó las copias de las actas de escrutinio que atribuían una amplia victoria a Edmundo González Urrutia.

La discrepancia derivó en protestas inmediatas, represiones masivas, detenciones de dirigentes políticos y un desconocimiento internacional generalizado de los resultados, fijando el punto de polarización política más severo de la historia reciente del país.

Usted está aquí:

Llega el 3 de enero del 2026 y se llevan a Maduro, la parejita presidencial sale del grupo.

Entra al delirio venezolano los Estados Unidos con Trump a la cabeza (como si tuviera), pero un Marcos Rubio dando la cara -latina- con un acuerdo que implicó la supervisión estadounidense sobre los ingresos petroleros y las finanzas públicas, la apertura del sector energético a multinacionales estadounidenses (como ExxonMobil, ConocoPhillips o Halliburton) y la reanudación de vuelos comerciales. Se mantienen BP (British Petroleum, Reino Unido) y Shell (Reino Unido / Países Bajos) en materia de gas, Repsol junto a una italiana siguen en el campo del gas y del petróleo, los franceses Maurel & Prom pendientes de reactivación de pozos en el Lago de Maracaibo, en cuanto a la coexistencia de China y Rusia en el escenario venezolano junto a la presencia de Estados Unidos se explica por una combinación de deudas multimillonarias no saldadas, activos petroleros acumulados y pura realpolitik geopolítica. Liberación de presos políticos, si, pero NO TODOS.

Venezuela es un territorio vendido, ocupado, secuestrado y tutelado. ¿Polarización entre los ciudadanos? ¿De qué? Lo único que se tiene claro y que se sabe podemos recuperar es la democracia, libertad para poder ejercer la vida sin miedo, lo de la soberanía llegará, pero para eso, tiempo y trabajo.

A cambio, el Rodrigato se mantiene en el poder, con un chavismo dividido y desconfiado entre sí, un Diosdado enfurecido bajo tutela económica y geopolítica, Delcy aparenta una suerte de alineamiento pragmático con la administración Trump, finalmente, el discursito politico anti americano, anti capitalista, libre y soberano irani, chino, cubano, ruso, pasó director y sin cobrar 200 a: Yes, Mister President!

La entrada ¿Reconciliarse con quién? – Andreina Mujica se publicó primero en César Miguel Rondón.

La memoria del poder

La entrada La memoria del poder se publicó primero en César Miguel Rondón.

Por: Mibelis Acevedo Donís

Al reflexionar sobre lo ocurrido en Venezuela durante las últimas décadas, toca concluir que, en buena medida, la frustración acumulada responde a la disonancia entre la expectativa romántica y una realidad que exige abordaje pragmático, disposición a sacar máximo beneficio a lo escaso y disponible. El liderazgo opositor y la base social han oscilado repetidamente entre la esperanza del colapso mágico, el «quiebre inminente», el levantamiento popular decisivo y el rechazo a las negociaciones por considerarlas «entreguistas», no representativas del deseo e interés de las masas. Frente a esa visión, el chavismo en el poder demostró una resiliencia cimentada en el control militar y una represión sistemática que bloqueaba de antemano la vía revolucionaria tradicional, esa “toma del cielo por asalto” que asigna a la calle un poder casi numinoso. Hoy, varados en este interesante interregno al que nos trajo el 3E, podríamos decir que las circunstancias y motivaciones de los actores han variado, que se ha impuesto la lógica carnívora del realismo político, pero eso no ha menguado del todo la vocación por idealizar dinámicas que requieren menos sentimentalización, menos épica y más desempeño estratégico.

Lo cierto es que frente a esa discreta ventana de oportunidad que se abre para disolver el trastorno, será necesario volver al inevitable barro de la historia, negociaciones entre élites, concesiones dolorosas y un diseño institucional seguramente imperfecto pero proclive a la evolución. Recordar las cualidades a las que, según García Pelayo, todo político debe aspirar, resulta útil en ese sentido: saber qué se quiere, o conciencia de finalidad; saber qué se puede, o conciencia de posibilidad; saber qué hay que hacer, o conocimiento de la instrumentalidad; saber cuándo hay que hacerlo o sentido de oportunidad; saber cómo hay que hacerlo, o sentido de la razonabilidad. La “épica” que se erige en torno al liderazgo que opera en el marco de una transición, pues, está ligada a ese singular discernimiento, a la eficacia derivada de él. Lejos de gestas románticas, dichos procesos son obras de ingeniería alzadas sobre un terreno minado que toca desactivar continuamente. De allí que aceptar que el camino hacia la democracia estará lleno en nuestro caso de sombras, pactos incómodos, decisiones intervenidas por el tutelaje externo y actores moralmente cuestionables no supone capitulación a priori, al contrario; supone vencer los reduccionismos, tomarse la política con la gravedad que requiere, “enérgica doma de la propia alma” (Weber) y no mera exaltación romántica.

No perdemos de vista, claro está, la paradoja sociológica que surge a propósito de la lucha contra los autoritarismos. La impronta populista en los intentos de transición suele aparecer como reflejo de la inmadurez cívica y la dependencia histórica del mesianismo. Sociedades oprimidas, exhaustas por el abuso de poder y la percepción de injusticia, tienden a buscar la salvación en vengadores implacables, siempre polarizantes. Si bien la razón sugiere otros derroteros, el pathos lleva a anhelar un liderazgo que sea el envés del gobernante rechazado, sí, pero que al mismo tiempo comparta su fuerza avasallante, su probable carisma, la capacidad para invalidar a sus enemigos y reivindicar a quienes encarna. La mecánica de la transición obliga a entender, no obstante, que lo saludable es neutralizar esas apetencias signadas por la patología del ego, la visión de suma cero, el monopolio de la legitimidad; la incapacidad para leer al adversario, compartir el protagonismo o diferenciar la complejidad sistémica de los eventos lineales de causa-efecto. El molde de una democratización exitosa no tiene precisamente esos rasgos, no traza líneas rectas hacia la utopía, no es epopeya de un solo héroe ni mucho menos se ve favorecido por ese arquetipo. Se trata más bien de un ejercicio espinoso de reconstrucción institucional que mitiga el peso del personalismo y lo traslada al juego de equipo, a la cauta combinación entre presión, timing e idoneidad de las reformas y el acuerdo por condiciones para que los cambios se concreten.

Alimentar el mito de las transiciones como asalto frontal de un pueblo holístico que, guiado por su avatar, derriba el muro autoritario, poco o nada se ancla a la evidencia histórica, esa casuística que induce a separar el motor del volante, la chispa de la conducción. Ciertamente, la movilización ciudadana, protestas, huelgas y resistencia cívica jugaron un rol activo a la hora de generar crisis de gobernabilidad, elevar costos de la represión y quebrantar las adhesiones del bloque de poder en diversos países. Es el caso de Polonia, donde Solidarność y un carismático Walesa («no quiero, pero tengo que», solía decir) negocian con la cúpula del Partido Comunista, cediendo ante un acuerdo en principio claramente asimétrico, pero que fue germen de la gradual ocupación democrática del poder. De Sudáfrica, donde un líder tan popular como Mandela se unió a De Klerk para evitar que el país se encaminase a un baño de sangre sin ganadores, promoviendo las conversaciones de CODESA y el intercambio de justicia punitiva por verdad histórica y paz política. De Chile, donde las jornadas de protesta entre 1983 y 1986 coronan con una negociación de cara a elecciones y un reparto de cuotas de poder que lucía inaceptable para factores más intransigentes. De Portugal, donde el ímpetu revolucionario que casi desemboca en una dictadura de izquierda fue luego neutralizado por el pacto entre cúpulas militares moderadas y líderes civiles. O de Brasil, la fórmula diseñada por la propia dictadura militar, una «apertura lenta, gradual y segura», según rezaba la doctrina de Geisel y Golbery. Durante esos procesos documentados del siglo XX (la variable temporal pesa, la revolución tecnológica del siglo XXI plantea otros desafíos y dinámicas) el pueblo en la calle creó la urgencia, sí, pero no diseñó la salida.

Si nos atenemos al consenso académico sobre transiciones pactadas (O’Donnell, Schmitter), lo que podría esperarse como corolario del desgaste venezolano es el consecuente método para agilizar el cambio, la negociación cupular, la aceptación de coexistencia temporal con enclaves autoritarios. Aunque la idea luzca odiosa, toca reconocer que en los casos ya mencionados fueron las élites políticas, económicas y castrenses las que redactaron pactos, diseñaron amnistías, establecieron garantías militares, configuraron el nuevo sistema electoral. Las transiciones pactadas son, por definición, gestionadas desde el poder. En la Mesa Redonda de Polonia, los Pactos de la Moncloa en España o las negociaciones en el Centro de Convenciones de Kempton Park en Sudáfrica no fue un pueblo abstracto el que se sentó en las sillas. Allí acudieron delegados de las partes en conflicto (no siempre poseedores de legitimidad formal, pero sí de representatividad de facto) forzados por la coyuntura a dar curso al tipo de transacciones que una multitud enardecida jamás habría aprobado a mano alzada.

La transición pide, por ende, tanto ciudadanos con pies en tierra que auditan logros responsablemente, como políticos que domeñan su hambre, aptos para navegar un espacio público fragmentado reconociendo que no existe una sola «voluntad general», sino intereses contrapuestos que deben ser arbitrados mediante reglas claras. El triunfo está asociado acá no a la idea de una persona coronada por las masas en medio de un clímax heroico. La carga apunta hacia élites que, relacionadas hasta ese momento como enemigas, suscriben compromisos blindados por tecnicismos legales: la garantía de que, en lo adelante, el poder no será monopolio de un sector sino fruto del procedimiento institucional. Hablamos de decisiones profundamente pragmáticas, racionales y, desde una perspectiva moral estricta, quizás incluso insatisfactorias. Demostraciones, a la vez, del triunfo del posibilismo sobre la pureza.

La propia historia venezolana da fe de esas pautas, la perspicacia y plasticidad de los “arquitectos grises” en materia de construcción de bases funcionales para el largo plazo. Lejos de cometer el error de prolongar la patología histórica, de combatir el caudillismo con más caudillismo, la instauración de la era democrática más estable del país se logró gracias al manejo pragmático de Betancourt. A pesar de encabezar el partido con mayor arraigo popular y de su propio peso político, los errores del trienio le sirvieron para entender que la hegemonía de un solo partido o el personalismo precipitarían otro golpe militar. Prefirió el poder compartido, ceder terreno a sus rivales y crear un programa mínimo común, priorizando el diseño del naciente orden por encima del aplauso inmediato. Algo de esa razón práctica merece reivindicarse en esta hora marcada por la complejidad, en fin. El reduccionismo es una trampa propia de la inteligencia ciega, decía Morin, aquella que fragmenta la realidad, mutila el contexto, busca explicaciones unidimensionales. El principio dialógico, la capacidad intelectual para mantener unidas, interactuando en un mismo espacio, dos certezas que aparentemente se excluyen o contradicen, también resultará vital en nuestro caso.

La entrada Transiciones pactadas, «arquitectos grises» – Mibelis Acevedo Donís se publicó primero en César Miguel Rondón.