La elección de Albert Ramdin como nuevo secretario general de la OEA ha disparado el ruido de las redes dedicadas a la controversia de trincheras. No pocas lo muestran como una victoria socialista del siglo XXI. Otras especulan sobre el desdén de USA hacia la organización. Optó por no influir en la candidatura. Y lo que ha causado mayores comentarios es el tema de los dineros que aporta Norteamérica para el funcionamiento del Sistema Interamericano y sus severos recortes por Elon Musk.

Se habla, así, de un juego de ruleta, abierto a las apuestas. Que, si el canciller surinamés desafía a la Casa Blanca, su Secretaría quedará sin burócratas. Que, probablemente, los chinos pondrán allí sus recursos, pues Ramdin es un aliado de Xi Jin Ping.

La cuestión de la OEA trasvasa a esas miras cortas y sus sesgos emocionales. Obvian estas la crisis profunda del multilateralismo, que se engulle, por lo pronto, más de tres décadas, a partir de 1989. Arrastra, incluso, a Naciones Unidas, e impone una primera constatación.

El presidente Donald Trump no es enemigo del multilateralismo. Al igual que las otras potencias del mundo es consciente, sí, de la sobrevenida incapacidad de las organizaciones internacionales creadas después de la Segunda Gran Guerra del siglo XX, para conjurar los peligros y resolver sobre los exigentes desafíos que plantean la gobernabilidad y la gobernanza globales. Por lo demás, ideológicamente contaminadas como se encuentran, permanecen bajo el dominio de países con Estados cascarones, cuya representatividad es debatible.

Las 15 naciones del caribe angloparlante y holandés que mandan en la OEA suman 19,2 millones de personas. Iberoamérica, su fundadora, cuenta con 652 millones de habitantes. Y si sumamos ambas cifras, apenas alcanzan al 8% de la población mundial. La racionalidad, pues, ha de salir de su onírico sueño, por creador de monstruos.

Vayamos por partes.

El canciller surinamés es un diplomático acabado y de carrera – como todos y por razones profesionales más propenso a las zonas grises y de sincretismos – militante de un partido de centro, socialdemócrata. Trabajó con la multinacional del oro gringa. Que su gobierno haya bajado el tono dentro de la controversia regional polarizada y que converse con las satrapías gobernantes – sólo 21 países tienen democracias plenas dentro de los 165 Estados miembros de la ONU – es lo propio del manejo de candidaturas que aspiren a ser exitosas, todavía más en el marco de una OEA de extremos.

Si se trata de conocer el perfil verdadero de Ramdin, basta leer sus discursos entre 2005 y 2015, cuando ejercía como secretario general adjunto durante el período del resbaladizo José Miguel Insulza, un socialdemócrata obsecuente con las dictaduras del siglo XXI.  E Insulza, animado, debo decirlo sin ambages, por la perspectiva que le vende el fallecido presidente Jimmy Carter, sostuvo que la Carta Democrática Interamericana chocaba con los asuntos internos de los Estados. La seguridad democrática hizo aguas entonces y la OEA traicionó a sus orígenes.

Mas, si hemos de evaluar el futuro de la OEA a partir de las simpatías o alineaciones políticas de sus secretarios, el riesgo de yerro es elevado. Lo muestra el caso del grande Luis Almagro. Fue el canciller de Pepe Mujica, y este luego le criticó por su fidelidad a la Carta Democrática en sus evaluaciones sobre Venezuela. En misiva personal le ofendió con un elogio: “Luis, eres un esclavo de los principios”. Así que no nos apresuremos.

***

El canciller Ramdin no es un latinoamericano. Tampoco es un típico caribeño. Su nación, siendo la más pequeña y de menor población dentro del área continental suramericana, la formaban en sus orígenes los mismos caribes y arahuacos venezolanos. Pero la hizo suya e integró a su reino Holanda, que a la vez poseyó el Esequibo antes de traspasárselo a los ingleses.

A mediados del siglo XIX, abolida la esclavitud, los holandeses la sustituyen con inmigrantes indios y chinos. Empero, sin mengua de esta savia oriental, la mayoría de la población surinamesa es culturalmente holandesa y en los Países Bajos se forman sus élites, como Ramdin. De modo que, al Sistema Interamericano lo dirigirá, en lo sucesivo, un holandés. Y los códigos holandeses no son los nuestros, y sí son, probablemente, más próximos al racionalismo político europeo. La perspectiva de los consensos, en cabeza del recién elegido secretario de la OEA, mal puede entenderse, sin más, como una victoria de los usurpadores de Cuba, Nicaragua o Venezuela, o de sus normalizadores.

Lo predicable es lo que en 2005 declarara el mismo diplomático surinamés: “Creemos que podemos ayudar a los países a fortalecer sus gobiernos democráticos, mediante el desarrollo de la capacidad nacional de entablar un diálogo constructivo y de ayudar a los países a encontrar formas de institucionalizar la prevención de conflictos y los mecanismos de resolución dentro de sus estructuras actuales. La experiencia de la OEA en el fortalecimiento de la democracia ha permitido que la Organización actúe como facilitador y a veces como negociador, en muchas crisis políticas importantes de la región”, esgrime.

La OEA, como órgano de seguridad colectiva de las democracias posiblemente cederá, en sus narrativas. Su falta de “enforcement” es cosa anterior y del pasado. Es un cenáculo que evoca al régimen internacional de inicios del siglo XX, anterior al nacimiento de la ONU, donde se conjugaba pro-príncipe o pro-Estado. Las víctimas de aquel o de este, salvando el esfuerzo tutelar de Almagro, permanecen al costado.

Que carezca de criterio propio Ramdin, es una hipótesis delirante. Son claras sus convicciones democráticas: “Las elecciones constituyen solamente un paso hacia la estabilidad, pero el verdadero desafío, será la gobernabilidad democrática, después de las elecciones… No podemos permitir que gobernantes y partidos políticos que no estén dispuestos a aceptar el resultado de las elecciones, pongan en peligro la gobernabilidad democrática”, reza una de sus alocuciones.

Está convencido, a todo evento, de que “los valores básicos que sostienen la cultura política democrática se han desgastado debido a que las instituciones de los Estados no han sido capaces de prestar servicios básicos y de satisfacer las necesidades sociales”.

El problema central de la OEA y su nuevo secretario general residirá, antes bien, en dos aspectos que hacen directa relación, el de la crisis del multilateralismo y el del desencanto democrático. Este, el último, es el mantra vendido a Occidente por los mismos occidentales que abandonaron el catecismo de Marx, para imponernos el de Gramsci y volvernos adánicos.

En cuanto a lo primero, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, ya ha dicho recién que “el mundo se encuentra al borde del abismo y que la situación es insostenible”. Su misma organización, tras el COVID-19 quedó reducida al papel de las franquicias. Lleva el inventario funerario. Nada más.

Naciones Unidas abandonó la regla de orden público internacional impuesta tras el Holocausto, a saber, que el poder del Estado y su alegada independencia llegarían hasta el límite fijado por el respeto a la dignidad inmanente de la persona humana; lo que obligaba a resolver, en todos los asuntos controversiales, pro homine et libertatis. La OEA dejó atrás su columna vertebral, la de 1948, que le exigía ponerle “cerco sanitario” a las dictaduras en el continente. Acabemos con la hipocresía.

En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dominado por los Estados, se presentan repetidos informes sobre los crímenes de lesa humanidad que ocurren Venezuela y permanecen sin destino cierto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resuelve sobre las denuncias de violaciones en un lapso no menor a los 10 años.

En 1959, los gobiernos participantes de la OEA advirtieron, con toda seriedad, tras el derrocamiento de las primeras dictaduras militares, que la democracia no se reduce a lo electoral. Trasvasan la idea clásica que la estimaba como ingeniería para la organización del poder del Estado, y se comprometieron en el plano de lo sustantivo: a respetar la alternancia en el ejercicio del poder y asegurar la garantía de los derechos humanos y la libertad de prensa; de donde, nada novedoso es lo que medio siglo después ha prescrito la Carta Democrática de 2001: La democracia es un derecho humano de los pueblos (Véase mi libro, El derecho a la democracia, 2008).

***

Lo que dicta la experiencia, en fin, es que tras cada crisis «epocal» como la sobrevenida luego de la caída del Muro de Berlín, a la que sigue un proceso de deconstrucción cultural y política en Occidente hasta 2019, la reconstrucción del orden impone la lógica o el método de la aproximación bilateral de voluntades entre las potencias capaces de sostenerlo. En ese estadio nos encontramos. ¡No es que la OEA se acabe con la elección del secretario surinamés o por la falta de los fondos de USA! Vive su agonía o anaciclosis.

“Pero seamos francos”, ratifica Guterres. “El sistema multilateral actual es demasiado limitado en sus instrumentos y capacidades, … Necesitamos fortalecer la gobernanza global. Necesitamos enfocarnos en el futuro. Necesitamos renovar el contrato social”, admite.

He aquí, y aquí sí, los problemas o aporías que nos puede presentar el canciller de Surinam. “La cooperación multilateral es el método más obvio para responder a las amenazas que actualmente afectan la estabilidad democrática y la seguridad regional en el hemisferio occidental”, riposta. Y añade: “Muchos creen que el multilateralismo está pasando por una crisis, opinión que no comparto”. A la otra banda, rindiéndole devoción a la Carta Democrática Interamericana y al calificarla como el documento fundamental y guía del actual Sistema Interamericano, al término del camino la devalúa. “Es un programa político para una república democrática”, afirma, en línea similar a la de Insulza y Carter.

Siendo así, el nuevo secretario de la OEA apostará a los consensos, alrededor de los principios rectores de la democracia y separándose de su valor prescriptivo. He aquí la cuestión de fondo y preocupante. La Carta Democrática es jurídicamente vinculante, lo ha sentenciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha fijado más de 800 enseñanzas para su aplicación por los jueces y a la luz del control de convencionalidad que deben realizar para el dictado de sus sentencias constitucionales, civiles o penales.

Entre tanto, los órganos políticos de la OEA, a pesar de la muy empeñosa labor de Almagro y frustrándole en sus propósitos, han apelado a dicho instrumento en 12 ocasiones, sin alcanzar efectos sustantivos. La Corte privilegia a la víctima, aquellos a la soberanía de los represores.

El reordenamiento geopolítico y jurídico del mundo, agotadas las tres primeras décadas del siglo XXI, es, quiérase o no, un imperativo. Es inevitable ante el agotamiento del multilateralismo moderno. Urge superar el contrasentido que refiero en mis recientes libros sobre la cuestión democrática (Calidad de la democracia y expansión de los derechos humanos, 2018, y Relectura de la democracia, 2024), a saber, que en la medida en que se han incrementado las elecciones se debilitaron las democracias. Y en proporción igual a la inflación acusada por los derechos humanos – que alcanzan a los animales y al sexo X – la ausencia de tutela efectiva y sus violaciones graves se han incrementado, como nunca. Los jueces de Núremberg estarían escandalizados.

La entrada Más allá de la OEA – Asdrúbal Aguiar se publicó primero en César Miguel Rondón.

Gustavo Petro ha expuesto ante la OEA con elocuencia, pero sin evitar galimatías y evidentes sesgos, sus ideas sobre América Latina y la democracia. Es un político avezado a la vez que intelectualmente amoblado para la dialéctica. Apela a símbolos movilizadores de la opinión. No es un tonto.

Su discurso – al plantear la profundización en el debate sobre la democracia – muestra la transición hacia la que se abriera el socialismo del siglo XXI bajo las banderas del progresismo poblano, tras 30 años de destrucción y de divisiones sociales propulsadas y del clima de corrupción metastásica bajo los gobiernos que aquél y éste han detentado: Odebrecht en Brasil y PDVSA en Venezuela son los emblemas de dicho morbo. Pero Petro – ¿por las mismas razones tácticas que manejaran en sus momentos Fidel Castro y Hugo Chávez? – precisa que el debate sobre la renovación de la experiencia democrática ha de salvar los activos liberales, mas, aceptando que no será más la Occidental ni la de las Américas conocida. Eso sí, agrega, lejos de autoritarismos y dictaduras.

Confundiendo de modo reincidente – ¿a propósito? – a la Carta Democrática de 2001 con la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969, apunta acerca de las limitaciones actuales de la OEA, pues se habría centrado en la defensa de los derechos individuales; si bien admite que él fue beneficiario de esta cuando la Corte Interamericana le protegió una vez como le inhabilitaron políticamente en Colombia. Calla, obviamente, que el precedente que lo beneficiase fue el de Leopoldo López, cuya sentencia desconoció el régimen de Caracas.

Por vía de consecuencias, pide Pedro se amplíe el espectro de protección de los derechos y propone se incorporen los derechos de las mujeres, los relacionados con el ambiente y la Naturaleza, como los vinculados con las comunidades originarias. Y vuelve a errar.

Fuera de la confusión de textos que no le aclara a tiempo su Cancillería, ignora que la verdadera Carta Democrática – no la que él supone – consagra a la democracia como derecho de los pueblos y dejó de ser un mero mecanismo de formación del poder. Ella, después de enunciar sus elementos esenciales y componentes fundamentales (artículos 3 y 4), sucesivamente la relaciona con la eliminación de las discriminaciones de género y la protección de los pueblos indígenas y la diversidad étnica (artículo 9); la ata a los derechos laborales y exige se refuerce con el desarrollo económico, social y cultural, a saber, con la lucha contra la pobreza y el analfabetismo, el crecimiento con equidad, la preservación del medio ambiente (artículos 10 a 16).

A su vez, la Convención Americana, esa que Petro denomina “cartica” y cuyas normas esbozan los llamados derechos individuales o de primera generación, los liberales que ve de limitativos, en sus normas contiene los fundamentos para la protección de los “nuevos derechos”. Han sido adoptados protocolos adicionales, como el relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales, en vigor desde 1999, y otro sobre la abolición de la pena de muerte. Por ende, en aplicación de ese Pacto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una muy amplia jurisprudencia para la protección de los pueblos indígenas y tribales, sobre justicia transicional, derechos de las mujeres, igualdad y no discriminación, derechos ambientales y el derecho a la salud, entre otros.

La cuestión, pues, es que las dictaturas del siglo XXI, como las de Nicaragua y Venezuela o los autoritarismos constitucionales de la Bolivia de Morales-Arce o del correísmo en Ecuador, mal se avienen ante lo que la Corte de San José condena, a saber, la reelección indefinida de los gobernantes. Han protestado a la Carta Democrática buscando paralizarla y, al cabo, la reforma que de ella o de la Convención Americana pide el gobernante neogranadino – sin distinguir – a fin de que se incorpore lo que ya dicen y consta en las prescripciones de ambas, de suyo obedece al mismo propósito, condenarlas a un limbo.

El presidente de Colombia, montado sobre falsos presupuestos reclama de la OEA su ausencia de eficacia, omitiendo que ella son sus gobiernos. La señala de limitada, al no frenar las destituciones de los presidentes de Honduras, Manuel Zelaya, y del Perú, Pedro Castillo, privado de libertad sin condena judicial. No le cuestiona, empero, su incapacidad para ponerle término a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Vale, sí, la pregunta de fondo que esgrime Petro y toca a los sistemas constitucionales de Ecuador y Perú: ¿Puede o no un parlamento, sin mediar jueces, burlar la decisión soberana de un pueblo cuando elige a su presidente y los diputados, por razones políticas, buscan echarlo del poder?  No cita, sin embargo, que esa circunstancia la vive Guillermo Lasso en Ecuador.

Cree Petro, en fin, que remover las cenizas del oprobioso pasado del Cono Sur latinoamericano le dará réditos, como cuando critica al Sistema Interamericano de DDHH por no haber auxiliado a Salvador Allende en Chile, siendo que el Pacto que critica entró en vigor en 1978. El asunto es que, a la luz del medio siglo transcurrido, pueden extraerse otras conclusiones.

Los militares y violadores de derechos humanos argentinos fueron juzgados y condenados dada la proscripción de las leyes de punto final impulsada por la Comisión y la Corte Interamericanas. Y las puertas hacia la democracia fueron abiertas, como en Chile, a raíz de las decisiones adoptadas por las Fuerzas Armadas, para salvar sus fueros y disciplina. En Nicaragua y en Venezuela, antes bien, los cuerpos militares o fueron desmontados – como lo hizo el Sandinismo para transferir el poder de fuego a su insurgencia guerrillera – o se han visto destruidos o parcelados, como en Venezuela, para asegurar la permanencia de sus satrapías. Ahora, quienes desde la izquierda condenaban las leyes de punto final promueven la justicia transicional, el perdón para los crímenes de terrorismo y lesa humanidad ejecutados por los suyos, como ocurre en la Colombia del “santopetrismo”.

La entrada Petro ante la OEA – Asdrúbal Aguiar se publicó primero en César Miguel Rondón.

Reza Machiavelli en su obra Il Principe (1550) – Capítulo XVIII – que este debe sostener su palabra salvo cuando le cause daño, siempre que las circunstancias por las cuales se ha obligado a la vez subsistan. Pero dado que los hombres de ordinario no cumplen con su palabra, el Príncipe no debe ante estos sostener la suya, precisa Nicolo.

Dado el evento de Egipto durante la Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático (COP-27) en el que Emmanuel Macron se cruza de saludos con el ecocida dictador venezolano Nicolás Maduro, ¿cuál de las dos hipótesis de la enseñanza maquiavélica o acaso las dos privó o privaron en el gobernante galo, al punto de omitir y olvidar los acres insultos que aquél le dirigiese con anterioridad?  Pero cabe dar respuesta, además, a otro interrogante no menos crucial, a saber ¿qué pasó desde 2018, cuando el presidente francés recibe en el Palacio del Eliseo a los opositores venezolanos Antonio Ledezma, Julio Andrés Borges y Carlos Vecchio?

Un año después, como se sabe, a partir de enero 2019 asume como Encargado de la Presidencia de la República el diputado Juan Guaidó, dirigente del partido de Vecchio, y el mismo Macron, primero le reconoce en nota informal que hace circular desde la sede de su gobierno, esgrimiendo la legitimidad democrática del presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Hasta le expresa su apoyo decidido al Grupo de Contacto creado por la Unión Europea, para que ayudase a este en la implementación de un proceso electoral justo y verificable para que Venezuela se pudiese dar un nuevo gobernante, ante la falta de otro legítimo. Incluso le formula un ultimátum a Maduro, llegado el 26 de enero, señalándole que si en ocho (8) días no anunciaba elecciones quedaría formalmente reconocido Guaidó por los franceses.

La cuestión va a más, pues llegado el año 2020, el canciller de Maduro dirige ataques contra el gobierno francés arguyendo que su embajada en Caracas daba refugio al líder opositor Guaidó y al efecto le corta los servicios de agua y electricidad a la sede diplomática. Y lo cierto es que el 24 de enero del último año, éste y Macron se reúnen en Francia y el mandatario interino hasta firma, en su calidad, el Libro de Oro del Senado en el Palacio de Luxemburgo. “Président de transition pour mettre en ouvre un processus electoral au Venezuela”, es la fórmula sacramental que le presentan a Guaidó y que este endosa: ¿Una condición que obligaba a Francia si su destinatario la cumplía, o si faltando a su palabra liberaba a Macron de sostener la suya?

El asunto, por lo visto, no puede despacharse cómodamente ni intentando ver las cosas como uno quisiera verlas. “Todos ven lo que parece ser”, escribe el florentino. Macron, posiblemente, ve lo que quiere ver – la posibilidad de elecciones en Venezuela, así sean de utilería – o actúa según lo que cree mejor le interesa a su gobierno.

Omite, empero, la otra lección que le daría un anti-Maquiavelo como Giovanni Botero (Della ragion di Stato, Venetia, 1589), cuya obra influye en los padres fundadores venezolanos, los de la Emancipación y la Independencia. Decía, justamente, que los Estados se arruinan y desaparecen por excesos, por la corrupción, por la pérdida de reputación del Príncipe y por su crueldad con los súbditos; sin dejar de señalar como causas extrínsecas al hierro y al fuego, léase a la violencia como la que anega hoy a la Amazonia venezolana bajo el régimen del “nuevo mejor amigo” de Macron.

Sus huestes hacen de las suyas en la zona sur del Orinoco, pero prefiere este acusar al presidente Jair Bolsonaro de mentir sobre sus compromisos con el clima, mientras celebra la victoria de Lula Da Silva, para que cooperen en “los desafíos contemporáneos de nuestro planeta”. ¿Le pediría lo mismo a Maduro, el ecocida, cabría preguntarle al presidente francés?

El tácito reconocimiento que le ha dado al primero durante el encuentro “casual” tenido en Sharm-el-Sheij, de suyo significa el desconocimiento del gobierno interino de Guaidó y un grave retroceso de la comunidad internacional – Usa y Europa del oeste – sobre la cuestión del reconocimiento o no de los gobiernos.

La vieja doctrina – véase el arbitraje Tinoco (1919) – exigía como fundamento el principio de la efectividad en cuanto al ejercicio del poder de facto por quien aspira a ser reconocido; pero no es el que han hecho propio los gobiernos occidentales por atados a cláusulas democráticas, como las contenidas, en el caso de Las Américas, en la Carta Democrática Interamericana de 2001.  Además, deja Francia de lado lo elemental, que hasta parece ser descartable por los “sustitutos” de la oposición venezolana que viajaría a Paris a propósito del encuentro planteado entre Macron y los presidentes mexicano y colombiano, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, a saber, que Guaidó ocupa su interinato por mandato imperativo de la Constitución de 1999. Que lo hayan secuestrado el G-4 y el régimen parlamentario al que lo sujetaran, es irrelevante.

En Francia y en Occidente, por lo visto, ya domina la tesis perfilada por Rusia y China para la Era Nueva y esbozada como preludio de la guerra que aquella aún despliega sobre Ucrania. Macron y junto a él, entre nosotros, Maduro, la pareja Ortega-Murillo, Díaz Canel, López Obrador, Petro, Fernández, y hasta el gobernante digital salvadoreño Nayib Bukele, la han hecho propia: “Una nación puede elegir las formas y métodos de implementación de la democracia que mejor se adapten a su estado particular, basados en su sistema social y político, sus antecedentes históricos, tradiciones y características culturales únicas. Sólo corresponde al pueblo del país decidir si su Estado es democrático”, puede leerse en el texto firmado en Pekín el pasado 4 de febrero.

La OEA y el Consejo de Europa, en suma, tras los efectos de la guerra quedan como piezas de museo.

La entrada Macrón, discípulo de Putin y Xi Jinping – Asdrúbal Aguiar se publicó primero en César Miguel Rondón.

No me atrevería a afirmarlo, pues resultará hiperbólico para mis lectores. Mas presumo que las trágicas realidades que se engullen al mundo actual, aceleradas por la pandemia del Covid-19 y la guerra de agresión contra Ucrania, encuentran algún anclaje en la Venezuela de inicios del presente siglo. Aquellas cierran un ciclo (1989-2019) y marcan un quiebre «epocal» para la Humanidad.

Cuando los rumbos se nos hacen amenazantes o inciertos, lo enseña Ulises y a fin de proseguir, la mirada hacia atrás se vuelve instintiva. Así que traigo a colación las razones que animaran a los gobiernos de Libia e Irak en 1998, reunidos por Fidel Castro, para comprometer su apoyo financiero al candidato presidencial Hugo Chávez Frías. Les venía como anillo al dedo contar como aliado a la industria petrolera venezolana para sus luchas contra Estados Unidos. PDVSA, una de las más prestigiosas transnacionales del mundo, era parte de la seguridad energética de Occidente, tan icónica como lo fueran para el mundo capitalista las Torres Gemelas de Nueva York, derrumbadas en 2001.

No es casualidad que al concluir su presidencia Rómulo Betancourt, en 1964, después de haber enfrentado a las invasiones armadas del comunismo sustentado por Rusia en el Caribe, haya dicho sobre lo “fácil resulta explicar y comprender por qué Venezuela ha sido escogida como objetivo primordial por los gobernantes de La Habana para la experimentación de su política de crimen exportado. Venezuela es el principal proveedor del Occidente no comunista de la materia prima indispensable para los modernos países industrializados, en tiempos de paz y en tiempos de guerra: el petróleo”. Luego agregaría, con juicio visionario que “resulta así explicable cómo, dentro de sus esquemas de expansión latinoamericana, conceptuara Cuba que su primero y más preciado botín era Venezuela, para establecer aquí otra cabecera de puente comunista en el primer país exportador de petróleo del mundo”.

Diluidas tales referencias en el tiempo y llegado luego el instante en el que Chávez, después de superar la crisis de su frustrada renuncia del 11 de abril de 2002 ha de tropezarse con un referendo revocatorio de su mandato, que al termino le desfavorecía – a pesar del apoyo que a su pedido le otorga el mismo Castro, serán los observadores norteamericanos quienes le salven, en 2004. La cuestión petrolera fue otra vez lo determinante. La voluntad legítima del pueblo venezolano expresada en esos comicios «destituyentes» se obvió, por subalterna para los gobiernos de las Américas y europeos.

Al término de ese año, el secretario general de la OEA y expresidente de Colombia, César Gaviria, quien en yunta con el presidente Jimmy Carter y su Centro de Atlanta facilitan los célebres Acuerdos de Mayo, se muestra preocupado por la deriva totalitaria del gobernante venezolano. Le recuerda a este que puede llevar a cabo su «revolución», mientras no burle los términos de la Carta Democrática Interamericana.

Chávez había puesto en marcha La Nueva Etapa, El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución Bolivariana. Sobre su contenido escribo desde las páginas del diario El Universal, sin ser escuchado. Se trataba de otra hipérbole para la opinión de circunstancia, la dominante. Presentó aquél, asociado otra vez con La Habana y el Brasil de Lula da Silva, cuyo emisario se suma al propósito de frustrar los resultados del referendo del 15 de agosto anterior, las líneas maestras de lo que era la aspiración globalista de los causahabientes del derrumbe soviético.

– “El acercamiento a España es algo vital para nuestra revolución, para nuestro gobierno y eso puede hacerse desde la más remota alcaldía de Venezuela”, precisa Chávez. El tiempo le dará la razón.

– “Los enfrentamientos entre los fuertes debemos aprovecharlos… para nuestra estrategia. La Unión Europea, vemos que esta se consolida y eso es muy importante para nosotros, para nuestra estrategia, porque eso debilita la posición de los Estados Unidos”, agrega.

Y no se queda allí, en lo filatero, La Nueva Etapa. Muestra un esbozo de estrategia «logarítmica» por su empeño de trascender, que avanza desde antes. Es la aspiración del Foro de Sao Paulo y de su más reciente mascarón de proa, el Grupo de Puebla, como del Partido de la Izquierda Europea.

Todos a uno, a la sazón, encuentran el sólido apoyo de Naciones Unidas. Desde allí se construye la manida tesis del desencanto democrático (Informe Caputo, 2004) y la Agenda 2030 (ONU, 2015).

Pero no le basta el «negocio» al populismo autoritario emergente. Sabe que, para alcanzar el estado de ocio, lo diría Cicerón y lo entiende Chávez, lo primero es derribar los obstáculos «políticos» y culturales.

– “En las repúblicas exsoviéticas … queda una nutriente… Ahí quedó una semilla que ahora parece estar rebrotando”. “China tiene mucho dinero y quiere invertir en estos países. Vamos a invitar a esos capitales chinos. Estamos en el nuevo momento, ellos fortalecidos, nosotros fortalecidos, es el momento de ensamblar”, afirma Chávez con la perspicacia de un diablo iluminado.

Tales tiempos de lo venezolano se volvieron papeles con destino. Irrelevantes para una gran mayoría, pues el cerco de silencio al respecto, sumado a nuestra cultura de presente, lo impusieron tirios y troyanos, el régimen y la oposición partidaria.

Hoy reivindico, cuando menos, la frase que me deja entonces el Nuncio Apostólico, André Dupuy, con décadas de servicio en la diplomacia vaticana y luego de comentarle mi frustración ante la miopía colectiva: “El Norte los entregó, los dejó solos”.

Los Acuerdos Putin-Jinping sobre el Nuevo Orden Global, suscritos hace un mes, son el gran paraguas de las dictaduras del siglo XXI moldeadas hasta ayer. El «tour de force» en Ucrania es un bautizo de sangre, para dejar atrás al orden mundial que fenece, nacido en 1945: Cada localidad de Occidente habrá de labrarse, sola, su libertad o elegir a su dictadura, democráticamente. Es la regla que emerge. Es lo que hace memorable la denuncia del presidente ucraniano: “Nos dejaron solos”.

La entrada Venezuela-Ucrania: «Nos dejaron solos» – Asdrúbal Aguiar se publicó primero en César Miguel Rondón.

Desde el instante en que la OEA adopta la Carta Democrática Interamericana, en 2001, nacida de una desviación inédita hasta entonces, la de un gobernante – Alberto Fujimori, de Perú – quien contando con legitimidad de origen destruye los componentes del ejercicio democrático, hago seguimiento cuidadoso a esa y otras experiencias similares que sobrevienen en la región.

Lo relevante, más allá de las reflexiones teóricas y especulativas, políticas y jurídicas, que alcanzo a verter en distintos libros – El derecho a la democracia (2008), La democracia del siglo XXI y el final de los Estados (2009), Digesto de la democracia (2014), Calidad de la democracia y expansión de los derechos humanos (2018) – es algo todavía más grave que lo señalado o el manido desencanto sobre la democracia que revelan encuestas de opinión, no pocas contaminadas con el sesgo ideológico de sus autores.

La cuestión de fondo y que más habría de preocupar, tal y como lo aprecio, es la expansión de la mediocridad democrática.

Los llamados a reconstituir las fortalezas de la experiencia de una libertad profunda y responsable, que significa asumir a la democracia como forma de vida y estado del espíritu, como derecho totalizante del conjunto de los derechos derivados de la dignidad de la persona humana: el derecho humano a la democracia, hoy se bastan con aceptar la fatalidad del desencanto.  Y así, reducen lo democrático a una jornada personal de envite y azar o al asistencialismo que sea capaz de sosegar los encrespamientos del ánimo popular. Nada más.

Que a la democracia se la reduzca a lo instrumental como en el pasado, a método para la selección de cargos y repartición de canonjías entre quienes son profesionales de las candidaturas, o que se la imagine como algo más sustantivo y por lograr, lo cierto es que los políticos de «usa y tire», los de esta hora, lamentablemente suman sus entusiasmos a la tesis que ha conspirado contra la efectividad de la Carta Democrática, reduciéndola a decálogo de propósitos morales.

El debate sobre la democracia se ha estancado. No lo revierte el teatro o el espectáculo que cada año conmemora su día internacional, en un cenáculo que, como la ONU, lo integran una mayoría determinante de satrapías. Así ha sido desde que, a partir de 1990, el Foro de Sao Paulo decide avanzar hacia el poder por la vía electoral para quedarse en el poder y luego modificar las reglas electorales controlando, vía procesos constituyentes, a los jueces y asegurándose el “derecho humano a las reelecciones” de sus miembros.

Desde entonces sólo se habla y sólo se ocupan los observatorios internacionales de especular sobre las olas electorales, acerca de las misiones de verificación electoral, asegurar que los más – pero no todos – compitan, para “legitimar” verdaderos simulacros; incluidos los presos políticos, a quienes se les concede la libertad con la condición de que participen electoralmente. No reparan aquellos, siquiera por un instante, en ese otro dato trágico de la experiencia recorrida: Cada vez más se celebran elecciones y, en la misma medida, en igual o mayor proporción, mientras más se elige más se desinfla la experiencia democrática profunda, hasta desaparecer.

Quien se ocupe de revisar los farragosos documentos del Grupo de Puebla, de la ONU-2030, e incluso los del Gran Reinicio de Davos – desde la izquierda ahora progre y globalista hasta la derecha desregulada y globalizadora – podrá constatar que todos abordan los grandes temas de actualidad. A la vez, todos a uno obvian considerar dentro de sus agendas la cuestión democrática, dentro de la tríada que esta forma con el Estado constitucional de Derecho y la tutela efectiva de los derechos humanos. ¡Es como si hubiesen encontrado la fórmula para resolver sobre los derechos, al margen de la misma democracia y de la garantía de la ley!

El Salvador, es el ejemplo paradigmático de lo anterior, no tanto la sufriente Nicaragua; pues si acaso la pareja Ortega-Murillo le hubiese hecho caso a los señores Joseph Borrell y Rodríguez Zapatero repitiendo los pasos de Maduro en Venezuela, ningún ruido hubiese afectado a su “autoritarismo electivo”; que así califican los escribanos y académicos sibilinos del progresismo latinoamericano a estas feroces dictaduras del siglo XXI.

En suma, cuando en 1959, enfrentando a las dictaduras militares los gobiernos democráticos de la región se empeñan en tener elecciones libres y gobernantes civiles, los hombres de Estado de la época, con cabezas bien amobladas, ajenos a la tentación utilitaria, cultores de la ética democrática, mientras crean a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aclaran desde Santiago de Chile que no hay democracia sólo con elecciones. Se requiere, de modo vertebral, de su ejercicio efectivo, que es separación de poderes, proscripción en la perpetuación del poder, tutela judicial de los derechos humanos, condiciones justas y humanas de vida para el pueblo, entre otras.

En reciente fecha y enhorabuena, la Corte Interamericana de Derechos Humanos abordó con fuerza pedagógica ejemplarizante la cuestión democrática. Lo hizo a propósito de su afirmación sobre el atentado que significan las reelecciones indefinidas. Desafió, así, la abulia cómplice del Consejo Permanente de la OEA cuando de asegurar a las democracias se trata. Estimó a la Carta Democrática, sin dejar margen para la duda, de jurídicamente vinculante.

En fin o en suma, los gobiernos americanos, incluida la Cancillería europea, condenan a Nicaragua por lo ya dicho, pero se cuidan de no atropellar con igual fuerza a Venezuela; tanto como la Comisión Interamericana arrastra los pies cuando se le demanda escuchar y dar satisfacción oportuna a las denuncias de las víctimas de los “autoritarismos” imperantes en el Continente. Les exige tener paciencia, esperar que pasen los lustros y hasta una década, para no que perturben el quehacer de los artesanos de nuestra mediocridad democrática.

La entrada La mediocridad democrática – Asdrúbal Aguiar se publicó primero en César Miguel Rondón.

Los exjefes de Estado y de Gobierno del Grupo IDEA han adoptado una pedagógica resolución sobre la farsa electoral en Nicaragua – que no es un fraude, es abierta simulación electoral – bajo el nepotismo dictatorial de los Ortega-Murillo; mala copia, por grotesca, del otro nepotismo histórico suyo, el de la familia Somoza.

Ocurrió en Nicaragua, en sustancia, algo nada distinto de esa tolerancia que se traga a América Latina desde 1989, hace 30 años. Se disemina la experiencia de las “dictaduras del siglo XXI” como las califica el expresidente ecuatoriano, Osvaldo Hurtado, siendo que son, como “democracias progresistas”, el resultado de una palmaria renuncia a la libertad; mientras las élites culturales, económicas y políticas las aceptan, para expandir sus espacios o negocios, o hacer crecer sus ingresos dinerarios, lícitos o ilícitos. Pero como todo tiempo de bonanza tiene altos y bajos, al término esas dictaduras de actualidad, para sostenerse, necesitan de culpables, y los tiene a mano. Son sus socios de tropelía, también los pasivos.

La declaración de IDEA es aleccionadora, no solo crítica, y de allí su texto preciso, cuyos considerandos copio: “Habiendo advertido … sobre el desconocimiento abierto por la dictadura nicaragüense de las recomendaciones de Naciones Unidas y la Unión Europea para que retomase la senda de la democracia y la apreciación del Secretario de la OEA, en cuanto a que “Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles”; hicimos un llamado a los gobiernos democráticos de la región y al propio Grupo de Trabajo sobre Nicaragua del Consejo Permanente de la OEA, creado desde 2018, para que actuasen al efecto, en especial dadas las privaciones de libertad de los candidatos presidenciales opositores, el encarcelamiento de periodistas y el cierre de medios de comunicación social”.

Seguidamente, “habiendo señalado, a tiempo, que sumaban veintinueve (29) las personas opositoras que habían sido detenidas y con ello inhabilitadas por la dictadura para participar en las elecciones previstas, mediando el gravoso antecedente de las 328 víctimas fatales de la represión desatada por los Ortega-Murillo contra la población manifestante de 2018, reiteramos entonces que los gobiernos democráticos mal podían permanecer indiferentes ante la muy grave situación que atraviesa la señalada república centroamericana”.

Así las cosas, la declaración citada no deja de apuntar al meollo del asunto en otro considerando y en su conclusión, para prevenir sobre lo colateral: “Habiendo hecho presentes los mecanismos de defensa de la democracia que legítimamente provee el Derecho internacional, a nivel universal, y en lo regional la Carta Democrática Interamericana”, … “los gobiernos democráticos y los organismos multilaterales, llamados a adoptar las decisiones y realizar las acciones necesarias y efectivas para el sostenimiento de la seguridad democrática en la región, han de hacer un severo análisis de lo ocurrido, prevenir la repetición de dicha experiencia, tal como se aprecia, en otros Estados, como en el caso de Venezuela”, que cristalizará el venidero 21 de noviembre.

Qué culpa tiene la estaca, si el sapo salta y se estaca… y nunca deja de saltar, dice la popular estrofa.

El caso es que los gobiernos de la región no aprenden de sus errores. Viven presas de sus mitos ideológicos, de donde mal ha podido construir utopías realistas que alejen a sus pueblos del complejo colonial que cargan a cuestas. La Nicaragua de ayer, bajo Somoza y en su relación con USA y la OEA, es hoy como el cuento del sapo.

Reunida ésta a instancias del secretario de Estado norteamericano, Cyrus Vance, en 1978 propone para resolver sobre la salida de la dictadura, textualmente, (1) el cese del régimen, (2) un gobierno democrático plural entre los opositores, y (3) la realización de elección libres a la mayor brevedad. Eso sí, con la coletilla de “la No intervención”.

Si embargo, en el esfuerzo por avanzar y lograr su cometido, pues el Sandinismo, apoyado por Panamá busca quedarse con el poder total, opta la OEA por encomendarle a una delegación mediar, negociar, transar el abandono del gobierno por los Somoza, y entenderse con los sandinistas y los demás grupos opositores para armonizarlos bajo una exigencia: Mantener el somocismo, sin Somoza. Jimmy Carter auspicia la negociación entre las partes.

Esta historia, que olvidan algunos venezolanos en su amnesia mexicana, termina en tiempos de Somoza en las manos de los nicaragüenses. Es en lo que insiste la resolución de la OEA, cuidadosa de no darle tregua a algún acto de prepotencia “imperial”.

Así las cosas, el marxista FSLN al que tanto temía Estados Unidos, una de cuyas caras visibles era Daniel Ortega, tras secuestrar a ministros del régimen, sobrevenir el asesinato del editor Pedro Joaquín Chamorro, toma con las armas el Palacio Nacional y derroca a Somoza, quien huye al extranjero donde es asesinado.

Hace 42 años la comunidad internacional celebró el nacimiento de este clon cubano en el hemisferio occidental. Lo viví como diplomático, no me lo contaron. Lo grave es que, tras la caída del Muro de Berlín, el modelo comentado trasmutó. Las dictaduras «progresistas» ahora corrompen y en primera instancia inundan con sus lodos crematísticos a los amigos de la economía «libre» que poca estima tienen por la libertad y por la política; luego, los maridan con el narcotráfico y el terrorismo, con el crimen organizado transnacional, dentro de Estados que han transformado en verdaderas entidades criminales. Otro es el ecosistema del siglo que avanza.

Videla, Pinochet, al cabo se fueron del poder, pero eran militares de carrera. En algo les importaba el juego de la política.

Pasadas cuatro décadas, el desafío o el imposible es otro, a saber, negociar “políticamente” con exguerrilleros y secuestradores que operan con el negocio de las drogas, sin códigos de honor, acostumbrados a bregar con policías y sin importarles los costos en vidas.

¡La culpa no es de la estaca!

La entrada Nicaragua, ¿qué culpa tiene la estaca? – Asdrúbal Aguiar se publicó primero en César Miguel Rondón.

Por: Héctor Schamis

Leo en “14 y medio” que todavía hoy “Granma”, órgano oficial del Partido Comunista Cubano, no ha informado acerca de la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la República Democrática Alemana. Y que solo unos contados miembros de elite del partido fueron informados de aquel histórico evento. En privado, por supuesto.

He ahí un rasgo cardinal del comunismo: de todas las guerras libradas, reales y de ficción, la guerra informativa es la primera; y, me animo a decir, también es la última. En ello comparte el parentesco con otras variedades de totalitarismo. La eliminación del pluralismo en la sociedad civil comienza por homogeneizar voces y uniformar relatos. Elemento central de la dominación, tendrá éxito si al final ni siquiera existe una sociedad civil en sentido estricto.

Es que lo que el partido excluye de la deliberación no existe. Vieja técnica de subordinación, el comunismo castrista es un buen intérprete del género desde hace 62 años. Que ahora utiliza en su reciente intento de darle una segunda vida a la CELAC a través de la manipulación de la narrativa y la construcción de una realidad paralela conveniente. Similar al ejemplo de la caída del Muro de Berlín que, según el PC cubano, jamás ocurrió.

Concebida para oponerse a la influencia de Estados Unidos y Canadá en la región, sin sede ni diagrama organizacional y con propósitos difusos, CELAC se propuso ser rival y sustituta de la OEA. Como tal, no exige a sus miembros “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, [un] régimen plural de partidos, y la separación e independencia de los poderes públicos”, según estipula la Carta Democrática de la OEA, ni tampoco requiere que el pueblo cuente con “la capacidad constitucional de forzar la alternancia en el poder”, ahora citando un texto reciente de Luis Almagro.

Es decir, CELAC propone un multilateralismo hemisférico de autocracias, obviamente a la medida del castrismo y sus satélites. Lo confirma la propuesta de reemplazar a la OEA en la última reunión de México, pues el ataque a la OEA y a Almagro es requisito para legitimar esta suerte de orden multilateral de partido único; partido único de jure, como en Cuba; de facto, como en Venezuela y Nicaragua; o como proyecto, según impulsan el MAS boliviano, López Obrador en México y Fernández-Kirchner en Argentina.

De ahí la confluencia de elogios a Cuba y de críticas a Almagro, elementos centrales de la “agenda de sustitución de la OEA” desplegada en México. Así deben leerse los mitos y leyendas de rigor que siempre surgen: el relato sobre un imperialismo que solo está en los libros, la condena de un bloqueo que no existe, la solidaridad con una revolución convertida en dictadura personalista de seis décadas, y el martirio ficticio sufrido por Evo Morales.

Es que, para eso se usa la narrativa en el totalitarismo: lo que se dice desde el poder es la verdad, lo que se ignora no existe. O sea, si el Muro de Berlín todavía está en pie, no puede resultar muy difícil argumentar que Evo Morales ganó elecciones limpiamente y jamás violó la constitución para perpetuarse en el poder.
De ahí el ataque a la OEA por ser un organismo “lacayo” y a Almagro por mantener intacta la defensa de la democracia basada en elecciones transparentes y no callar ante los atropellos, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Un Secretario General así incomoda en La Habana.

Pero lo que más incomoda es que lo haga con identidad y trayectoria pública progresista, siempre promoviendo la equidad social y fortaleciendo derechos. Para quienes suenan muy de izquierda frente al micrófono, pero luego de décadas en el poder son responsables por la pauperización y la desigualdad, mientras restringen ciudadanía; es decir, eliminan derechos, eso además expone la corrupción de esta supuesta izquierda.

Para volver al comienzo, si homogeneizar voces y uniformar relatos es clave en la dominación totalitaria, disciplinar a los subalternos de otras latitudes es fundamental para proyectar ese sistema en la geografía. Así funciona el multilateralismo de autocracias. Hablemos de lacayos.

La entrada Lacayos – Héctor Schamis se publicó primero en César Miguel Rondón.

Por: Héctor Schamis

“Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

Cita obligada cada vez que se invoca aquella difusa noción de no-injerencia, supuesto principio de no-intervención, porosa línea que separa los asuntos internos de los externos. Cada vez que se recurre a todo ello, la abstención, inevitablemente el Arzobispo Desmond Tutu viene a la mente.

Se trata de la vieja falacia de la neutralidad, hoy postura habitual de los gobiernos de Fernández de Argentina y López Obrador de México. “Se abstienen” frente a las violaciones de Derechos Humanos de las dictaduras de la región. O sea, se hacen cómplices del opresor.

Así ocurre en relación a Venezuela y Nicaragua en diversos foros internacionales. En enero de 2020 Argentina y México se abstuvieron ante una resolución del Consejo Permanente de la OEA—luego aprobada—condenando del uso de la fuerza contra la Asamblea Nacional de Venezuela, cuando fuerzas militares impidieron el ingreso de Guaidó y 100 diputados al Palacio Legislativo.

También en enero de aquel año se abstuvieron ante similar declaración del Grupo de Lima. Ya en enero de 2019, México se había abstenido de firmar una declaración condenatoria de Maduro al asumir un nuevo período presidencial a través de una elección plagada de irregularidades. La cancillería mexicana justificó su abstención invocando el principio de no intervención. Fernández todavía no era presidente entonces.

En junio de 2020, a su vez, Argentina y México se abstuvieron en la resolución de la OEA, igualmente aprobada, que condenó el acoso del régimen de Maduro contra la Asamblea Nacional y otras instituciones democráticas. Concretamente, por el ilegal nombramiento de los miembros del Consejo Nacional Electoral y la ilegal designación de las directivas de los partidos Acción Democrática y Primero Justicia.

Argentina por su parte abandonó formalmente el Grupo de Lima el 24 de marzo de 2021. Ese mismo día, la Cancillería argentina retiró la demanda por crímenes de lesa humanidad contra Maduro y su cadena de mando ante la Corte Penal Internacional. La remisión del caso a la Fiscalía de la Corte la había realizado en 2018 en conjunto con Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.

Que lo anterior sirva como antecedente para comprender ahora la política exterior de Argentina y México en relación a Nicaragua. El día 15 de junio volvieron a abstenerse ante la resolución del Consejo Permanente de la OEA condenatoria de Daniel Ortega por la persecución de periodistas y adversarios políticos, estos últimos probables candidatos en las elecciones de noviembre próximo. Lo hicieron por medio de un comunicado conjunto y lo justificaron por “el principio de no intervención en asuntos internos”.

El día 22, 59 países firmaron en Ginebra una declaración conjunta en el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, condenando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Pidieron elecciones libres y la liberación inmediata de los opositores y precandidatos presidenciales detenidos en las últimas semanas. Argentina y México se abstuvieron.

El día 23 en la OEA, en ocasión de la presentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el sombrío estado de los mismos en Nicaragua, ambos países volvieron a tener una posición conjunta. La peculiaridad ahora fue que la representación diplomática mexicana habló en nombre de la República Argentina y México, los dos países, y se refirió a decisiones institucionales relativas a ambos embajadores en Nicaragua, ambos llamados a consulta.

Pues resulta que las Cancillerías de Argentina y de México no solo alinean y comunican su política exterior de manera conjunta—un hecho frecuente en bloques y agrupamientos de Estados—sino que sus representantes también hablan en foros internacionales de manera indistinta en nombre de “los gobiernos de Argentina y México”.

Y eso es inusual, no tan solo peculiar, en tanto la política exterior es un acto de Estado con rituales que deben observarse puntillosamente, pues no son meras formalidades sino también solemnes definiciones de la identidad nacional. Para eso existe una diplomacia competente, justamente. En el caso argentino dicha falencia tal vez se explique por la propia inexperiencia de su Canciller, cuya primera responsabilidad internacional es precisamente el cargo que ostenta hoy.

“Argen-Méx”, la ironía es por el Imperio Austro-Húngaro; en todo caso su versión plebeya, a este lado del Atlántico y en el siglo XXI. Último capítulo de los Habsburgos, aquel Estado tenía dos capitales, dos parlamentos y sus respectivos primeros ministros. Según el Compromiso de 1867 gobernaban con autonomía, excepto en defensa y política exterior que eran prerrogativas del emperador, Francisco José, quien además residía en Viena. A los efectos de las relaciones internacionales, fue un solo Estado hasta su disolución en 1918.

El paralelo refleja que las asimetrías de esta alianza son comparables a aquella en términos de poder estratégico, recursos materiales y simbólicos, y el profesionalismo de su cuerpo diplomático. Ello le permite al gobierno mexicano definir los términos de la “estrategia conjunta”. Ni que hablar de la relación de México con Estados Unidos. Si el gobierno de Alberto Fernández habla con Evo Morales con frecuencia, el de López Obrador lo hace con la Casa Blanca y el Departamento de Estado regularmente.

No queda claro qué busca el gobierno argentino con su obsecuencia, sumisión que exhibe asimismo en el “Grupo de Puebla”; bloque que queda en Puebla, justamente, y que a su vez expresa los intereses estratégicos del castro-chavismo. Para Argentina ello significa una verdadera abdicación de los valores históricos y los objetivos más preciados de su política exterior: los derechos humanos. ¿A cambio de qué?

En cada una de estas abstenciones, juntos invocan la “no intervención”, noción que descansa sobre una concepción arcaica de la soberanía: aquella que asume que un gobierno puede actuar a voluntad dentro de sus fronteras.

Pues no es así, los Estados tienen compromisos internacionales que deben honrar, sobre todo cuando son asumidos libre y voluntariamente. Es el caso del Sistema Interamericano, un conjunto de convenciones y tratados que obligan a los Estados parte a observar la democracia y los derechos humanos. Piénsese en simples términos contractuales: la condena equivale a una demanda por incumplimiento.

Como en todo régimen internacional—de derechos humanos, comercio, proliferación nuclear o de lo que sea—el principio de reciprocidad es fundante entre las partes. De este modo, una porción de la soberanía es cedida y transferida a dicha instancia supra-nacional. Los objetivos perseguidos—en este caso, los derechos humanos, bienes públicos indispensables—se derivan de las normas compartidas y se logran por medio de la fiscalización mutua.

La fiscalización es mutua porque la reciprocidad se expresa del lado de la oferta y del de la demanda. Por ejemplo, la CIDH visitó Argentina en 1979 para verificar los crímenes de lesa humanidad de Videla. Ello ocurrió a solicitud de la sociedad argentina y de países solidarios, México entre ellos. De ahí que los argumentos de Argentina y México de hoy requieran que se acompañen de otro en paralelo: que aquella misión de 1979 también fue una intervención en asuntos internos. Su neutralidad los pone del lado de Videla; los violadores de derechos humanos siempre invocan la no intervención.

De hecho, la intervención que México impugna hoy es la que practicaba cuando censuró a Mussolini, Franco, al Tercer Reich y al fascismo en general; la misma que produjo una histórica política de asilo; y la que condenaba a todas las dictaduras del cono sur en los setenta. Nadie le pide otra cosa a López Obrador.

Persiste la duda, por ende, si tantos sinsentidos de esta “Argen-Méx” son producto de la ignorancia o simplemente de la hipocresía, una suerte de reciprocidad fundante entre autócratas. Pues todo esto no tan solo supone elegir el lado del opresor, también implica encubrirlo.

La entrada La política exterior de “Argen-Méx” – Héctor Schamis se publicó primero en César Miguel Rondón.

Por: Ismael Pérez Vigil

Aún no están claras las perspectivas de una negociación y la oposición democrática tampoco ha asumido, de manera definitiva, una decisión política en cuanto a la participación o no en el proceso electoral del 21 de noviembre. Sin embargo, esas dos opciones −llamémoslas así, para no entrar en profundidades− ya están en discusión por parte de la oposición democrática, sin pretender igualarlas en peso e importancia.

Hay sin embargo varios peligros o amenazas de las que debemos cuidarnos. Uno, es que ya la discusión, poco a poco, se ha ido agriando, perdiendo el tono civilizado que tenía los primeros días del año y desde que se hizo evidente que el mantra de los tres puntos −cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres− pasó a la historia, como política, no sus objetivos, insisto. En cualquier caso, ya la discusión ha comenzado a adquirir el pesado y oscuro color de la intransigencia e intolerancia, que debemos evitar.

La “crítica opositora a la oposición” es lo que está a flor de piel; y en esa gama de la “crítica opositora a la oposición” nos hemos especializado en poner ilusiones en órbita y creérnoslas. Descartando, como historia, cosas como el referendo revocatorio del 2004, la “deslegitimación” que produciría la abstención en las elecciones de la Asamblea Nacional del 2005, la supuesta “victoria electoral no reclamada” en las elecciones presidenciales de 2013, el frustrado intento de revocatorio en 2016, hemos tenido ilusiones en órbita, simultáneamente o por separado muchas otras cosas. Con algunos ejemplos concretos lo vamos a entender

Tuvimos en órbita la esperanza en la OEA, con Almagro y sus discursos y proclamas, con sus esfuerzos denodados para que la invocación de la carta interamericana concluyera en la intervención externa que algunos anhelan. Luego pusimos en órbita la ilusión de que el gobierno de los EEUU, con Donald Trump al frente y su discurso de “todas las opciones están sobre la mesa” y sus marines en la retaguardia, serían los que vendrían a salvarnos. Cuando eso se fue disipando, apareció simultáneamente la mítica comunidad internacional, con más de 50 países democráticos que nos apoyan, y las esperanzas en países vecinos, como Colombia y Brasil; en el primero pasaron por la presidencia Uribe, Santos y Duque sin mayores cambios efectivos; y el Brasil de Bolsonaro, tampoco tomó iniciativas más allá de la retórica; aunque ambos países están recibiendo solidariamente a nuestros “desplazados”, que no es poca cosa. Tomaron también turno las organizaciones internacionales −como la Unión Europea y hasta la ONU− en nuestras ilusiones orbitales con que invocarían el R2P y constituirían una fuerza internacional de salvamento, cosa que tampoco ocurrió. Aparecieron después grupos ad hoc, creados para apoyarnos −como el Grupo de Lima, hoy casi en extinción− e impecables e implacables informes de grupos internacionales sobre violación de derechos humanos.

Ahora parece que es el turno de la Corte Penal Internacional (CPI), probablemente porque lo facilita la salida de ese personaje infausto de Fatou Bensouda, que a última hora sintió algo de vergüenza (¡?) y anunció “alguna” decisión −no hay nada peor que “alguna” decisión− sobre Venezuela, para el primer semestre de 2021. Me parece loable que experimentados juristas y políticos, así como brillantes y voluntariosos jóvenes abogados insistan ante este tribunal; pero si bien necesitamos su persistencia, debemos pedirles que nos hablen con sinceridad, con información precisa, que eviten crear falsas expectativas, que desembocan en desengaños, frustración y apatía.

Por ejemplo, que aclaren cosas como que hasta ahora la CPI, en el caso de Venezuela, solo ha abierto una investigación preliminar; que este tribunal no enjuicia países, gobiernos ni instituciones, sino personas; que, por lo que se ha visto hasta el momento, no juzga en ausencia −¿o me equivoco? −; que aun pudiendo hacerlo, según algunos juristas, no ha enjuiciado todavía a ningún alto funcionario en ejercicio; y que no ha abierto ningún caso contra ningún funcionario de un gobierno o ex gobierno latinoamericano.

Además, y ojalá me equivoque también, si la misión de la CPI es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad, me van a perdonar −aunque no me salvaré de los insultos− pero va a ser difícil que personajes importantes del gobierno venezolano vayan a ser acusados de alguno de esos crímenes; excepto quizás −y es un quizás un tanto fortuito− por crímenes de lesa humanidad; en todo caso dudo que la CPI, en lo inmediato, vaya a ir más lejos de lo que ya ha dicho informalmente: que algunos de los delitos presentados se pueden tipificar como delitos que pudiera considerar ese Tribunal.

Pero en todo caso, y esto es lo más importante, lo que se debe aclarar de manera muy precisa, aun suponiendo alguna decisión favorable a nosotros o en contra de la dictadura, en la CPI o en cualquier “tribunal” o instancia internacional, la pregunta siempre será la misma: ¿Quién y cómo se va a ejecutar esa decisión?

No pretendo ser pesimista, todo lo contrario, parto de la premisa que se deben abrir ante todas las cortes y tribunales, aun los nacionales, la mayor cantidad de casos posibles por violaciones de derechos humanos o cualquier delito cometido, para que quede el registro jurídico y en la memoria de los venezolanos los crímenes y delitos ocurridos en Venezuela y que eso sirva de alguna satisfacción a las víctimas, mientras se logre una justicia verdadera. Tan solo por eso son importantes los casos que se puedan abrir en la CPI, reiterando, que no se convierta, por falsa información y falsas expectativas, en una nueva frustración.

Ahora que Canadá, los Estados Unidos y la Unión Europea han emitido una declaración conjunta anunciando su disposición a revisar las sanciones sobre el régimen venezolano si hay “avances significativos” en un proceso de “negociación integral”, todos los informes que ya conocemos sobre violación de derechos humanos en Venezuela −de la OEA, de la ONU, de varias oenegés, nacionales e internacionales− un caso ante la CPI, además de un medio para obtener justicia, puede ayudar a ser un mecanismo más de presión internacional.

Sin embargo, nos sigue faltando una tarea que es de todos los venezolanos: la presión interna; pero, su coordinación y articulación es una tarea que corresponde a los partidos políticos y la sociedad civil organizada. Muchos analistas y quienes manejan encuestas, afirman que entre un 85% y un 90% de los venezolanos queremos un cambio de sistema. Los números a mí no me dan esos porcentajes, pero esperando que no se trate de un nuevo mito, hablaremos del tema en un próximo artículo.

Lea también: «Tres Líderes y Tres Artículos«; de Ismael Pérez Vigil

La entrada Corte Penal Internacional, ¿Nueva ilusión en órbita? – Ismael Pérez Vigil se publicó primero en César Miguel Rondón.