Publicado en: Blog personal
Por: Ismael Pérez Vigil
El proceso electoral del 28 de julio (28J), se llevará a cabo, querámoslo o no, y bajo la tutela o conducción del CNE, que bien sabemos cuál es su orientación y preferencia; nada hay que podamos hacer al respecto y continuar en la posición o con el discurso acerca de su falta de “neutralidad” o de “condiciones electorales” no aportará nada y probablemente solo contribuya a desmoralizar a algunos opositores, que es en realidad uno de los objetivos del gobierno. La decisión es simple, seguimos o no en la vía electoral; dado que seguimos, sabia decisión, lo que corresponde es evaluar que podemos hacer para contrarrestar esa falta de condiciones y de neutralidad del organismo electoral.
El aporte de la Primaria.
Si algo quedó claro con la celebración de la Primaria de octubre de 2023, es el rescate de la importancia de la vía electoral y del valor del voto para tomar decisiones. A pesar de los “pájaros de mal agüero” y de los malos augurios de algunos, con respecto a que no “había condiciones” para celebrar el proceso y que habría una “respuesta tibia” del electorado, los resultados demostraron lo contrario. Tan es así, que −infructuosamente− se trató de desconocer por diversas vías, no solo el resultado del proceso, sino todo el proceso en sí. El resultado es que hoy nadie niega el valor del voto como expresión de la voluntad popular y genuino legitimador del liderazgo.
Ahora bien, todos sabemos que los peligros y amenazas no han cesado y que nos espera un recorrido lleno de obstáculos y dificultades; por lo tanto, tenemos que estar preparados, dejando de lado el triunfalismo y el pesimismo −más pernicioso aun− y organizarnos, de la manera más adecuada y eficiente, para garantizar un resultado favorable al anhelo de cambio del país el 28J. Obviamente no puedo abundar en el complejo tema organizativo, no es ni apropiado ni posible; pero sí, reflexionar en algunas ideas. Sobre todo, en las dos amenazas que he mencionado, el triunfalismo y el pesimismo.
Algunas cifras.
Solemos hablar −especialmente el gobierno− de números absolutos en los procesos electorales y se llevan a porcentajes sobre el total de votantes; pero, cuando hablamos de porcentajes sobre el total de posibles electores, ese apoyo popular al actual gobierno o a su candidato, según encuestas, encuestadores y “opinadores”, es bastante escaso, apenas oscila entre el 15% y el 18%, en el mejor de los casos; mientras que el deseo de los venezolanos de que haya un cambio político en el país, al parecer remonta al 80% y el 85%. Manejando las cifras en favor del gobierno −para no ser triunfalistas− y redondeando el apoyo al gobierno y sus aliados, lo podemos abultar a un 20%, magro aún, pero ese porcentaje se puede engrosar peligrosamente, hasta el infinito, por factores políticos y numéricos.
Papel de la abstención.
Numéricamente el gobierno cuenta a su favor con la abstención electoral endémica que nos azota desde 1998 y que es un porcentaje, que ocurra lo que ocurra, no baja de 30% o un 25%, como mínimo. En realidad, esa abstención, producto del desánimo y el hartazgo de los venezolanos con la política y los partidos, no se ha demostrado que se convierte en votos para el gobierno; pero resta oportunidades a la oposición democrática. Cada vez que baja la abstención, la oposición democrática obtiene mejores resultados. Pero además el gobierno cuenta con un porcentaje similar −o peor, pues puede llegar a un tercio del padrón electoral− que no podrá ejercer el voto por diversas dificultades, entre ellas por no estar actualizado su registro electoral (RE) o porque no se facilite el voto en el exterior. Además, cuenta para reducir el porcentaje de opositores e incrementar sus propios números, con las consabidas trampas y triquiñuelas que bien sabemos que se suelen hacer para dificultar, desaparecer o aparecer votos. No insistiré en todas ellas, me concentraré en una sola, el desconocimiento del valor del voto.
La desestimación del voto.
Fue este un gobierno que siempre basó su “legitimación” en procesos electorales, hasta que estos dejaron de favorecerlo o comenzó a mermar el número de sus simpatizantes. Incluso, desde el primer proceso electoral que se realizó después del triunfo de Hugo Chávez en 1998, la desestimación del voto, por diversas vías, se convirtió en parte de la política electoral del gobierno. A los primeros abusos en la utilización de recursos del Estado, para promover sus candidatos y objetivos electorales, le siguió la intimidación “velada” con elaboración de “listas” de opositores; las afirmaciones acerca del desconocimiento del secreto del voto, que es una forma de intimidación; luego, las amenazas ocultas o abiertas a empleados públicos; las amenazas a la población de escasos recursos de privación de ventajas y beneficios; el lenguaje con frases de altos funcionarios, militares y exmilitares, tales como enfrentar a la oposición “rodilla en tierra”; hasta llegar a la intimidación abierta, la inhabilitación política, la persecución y el apresamiento o exilio de opositores. La desestimación del voto, tuvo episodios extremos y “memorables”, preludio de lo que pudiéramos esperar de ahora en adelante, si no estamos prevenidos.
Episodios extremos.
El primer episodio extremo ocurrió en 2017, cuando se desconocieron los resultados de las elecciones de gobernador en el Estado Bolívar, mediante la anulación de los resultados que arrojaron las actas electrónicas de las máquinas de votación, y su reemplazo por actas manuales, despojando así del triunfo al candidato opositor y dándoselo al candidato del gobierno.
El segundo episodio lo vivimos en 2021, en las elecciones del gobernador del Estado Barinas, cuando inhabilitaron al ganador opositor y ordenaron repetir el proceso electoral, tras inhabilitar también a otros dos candidatos; afortunadamente, prevaleció el ánimo unitario de la oposición, que fue capaz de seleccionar un candidato, y la decisión del pueblo barinés para que ese candidato resultara triunfante en las elecciones convocadas en enero de 2022. Lo ocurrido después con ese candidato en posesión de su cargo, es otro tema.
El tercer episodio lo vivimos recientemente, cuando se desconoció sin razón justificada la inscripción de partidos políticos opositores, se inhabilitó a dirigentes políticos, se inhabilitó a la candidata ganadora de la Elección Primaria de 2023, se impidió la inscripción de una candidata seleccionada unánimemente por la oposición democrática y la candidata inhabilitada y se impidió a diversas personas, sin ningún tipo de explicación, que pudieran inscribirse como candidatos en sustitución de la candidata inhabilitada; y por supuesto, la masiva violación del derecho al voto al privar con una implementación ineficaz e insuficiente la actualización del RE, que privó de la posibilidad de inscribirse en él a millones de venezolanos, dentro y sobre todo fuera del país.
Podríamos seguir narrando acontecimientos similares, pero los citados son ejemplos suficientemente demostrativos de esta política del gobierno en contra del valor del voto.
¿Qué hacer?
Más importante es resaltar en este momento las acciones que se pueden emprender para contrarrestar esta política. Una, la más importante, es sin duda la organización y adiestramiento de testigos electorales que vigilen todos los centros y mesas de votación del país, el próximo 28J. No abundaré al respecto, es un tema largo y no es susceptible de ser abordado públicamente y en estos espacios tan limitados. Por el momento me concentraré en el tema de la abstención, cuya reducción debe ser uno de los objetivos estratégicos de la oposición democrática. No me refiero a abandonar la política de la abstención, que es un objetivo ya logrado; me refiero a reducir el número de los abstencionistas que dejarían de concurrir a las urnas el 28J.
Las cifras de la abstención.
Según el RE preliminar, dado a conocer por el CNE, contamos con 21.402.220 venezolanos que podrán votar en las elecciones del 28J; a esa cifra debemos restar un porcentaje de los que no votarán por estar en el exterior, que conservadoramente se estima en 4,5 millones; y también restar un porcentaje de abstención endémica, que siempre ocurre en las elecciones, incluidas las presidenciales; lo que nos dejaría unos 12,7 millones de votantes, de los 21 millones originales. Especulemos con estas cifras y con base en encuestas y resultados electorales en elecciones presidenciales; si como algunos dicen el gobierno y sus aliados tienen un techo de 5,3 millones de electores, nos quedan 7,4 millones de votos a conquistar.
Papel de las estrategias.
Pero si lo vemos desde otra perspectiva, la de las estrategias de cada sector, las cosas pueden ser diferentes. Sí es cierto que la estrategia del gobierno es restar votos a la oposición y desanimar a sus seguidores, cada punto porcentual que logre de su objetivo significa para la oposición una merma de unos 60 mil votos, sobre una base de 5,7 millones, que como mínimo, se atribuyen a la oposición. Contando con que es difícil que los electores que pierde un sector, pasen al otro, eso implicaría que tendrían que restar al sector opositor, aproximadamente, un 5% de sus electores, para que se igualen las cifras y más de un 6% para ganar la elección. ¿Será eso factible?
Del otro lado, la estrategia de la oposición no es restar seguidores al sector del gobierno, sino reducir la abstención y lograr votos de los supuestos electores no definidos. Eso significa que por cada punto que se reduce la abstención e indefinidos, se incrementa el número de votantes en 70 mil y suponemos que la mayoría de abstencionistas y no definidos que decidan votar, posiblemente, lo harían por un cambio político; es decir, por la oposición democrática. Por lo tanto, un descenso de la abstención e indefinidos de un 5% o un 6%, le daría a la oposición democrática una victoria segura y contundente en el proceso electoral del 28J. Allí debe estar afianzada la estrategia opositora: reducir la abstención y el número de indefinidos.
Conclusión.
Hay que concentrarse en luchar contra la abstención endémica y la indiferencia y en argumentar a favor del “secreto del voto”; ambos son mensajes, objetivos políticos, claros, efectivos, que pueden y deben ser desarrollados por los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y cada ciudadano, de manera individual, en el medio en el que se desenvuelve. El secreto del voto y como protegerlo, será el tema de mi próxima entrega.
