Publicado en: NTN24
Por: Héctor Schamis
Desde la propia imposición de sanciones a Venezuela se escuchan argumentos en favor del levantamiento de las mismas. Sus voceros son verdaderos activistas sociales del tema. Supuestamente independientes, lo predican con un discurso altruista: dicen que dichas sanciones explican la grave crisis económica, social y humanitaria que afecta al país, con su consiguiente impacto migratorio. El éxodo de 8 millones de personas representa el 22% de la población del país.
Sin embargo, la relación causal invocada es espuria. Hace ya un tiempo que investigaciones de economistas independientes en instituciones de prestigio—por ejemplo, Dany Bahar, Sebastián Bustos, José Ramón Morales y Miguel Ángel Santos en un trabajo de Brookings Institution—habían calculado que el 80-90% del deterioro económico del país es anterior a la implementación de sanciones.
De hecho, al concluir 2018, cuando todavía no habían entrado en vigencia la mayoría de las restricciones comerciales, las importaciones de medicamentos habían caído 96% en relación a 2012 y las de alimentos más de 70%. Dicho estudio también documenta el derrumbe de la producción petrolera y del producto, así como el incremento de la mortalidad infantil, entre otras desdichas, todo ello con anterioridad a las sanciones de Estados Unidos. La emigración masiva, a su vez, comenzó en 2014.
El argumento que la crisis humanitaria es producto de las sanciones implica, entonces, un razonamiento contra fáctico: que, de no existir sanciones, el uso de dichos recursos redundaría en beneficio de los venezolanos. Ello no sólo es falso, también es una burla a las víctimas de un régimen que ante cada decisión política siempre ha elegido el sufrimiento del pueblo y el saqueo de los recursos del país. Los centros de tortura, la persecución de disidentes y la corrupción chavista, cuya magnitud obliga a medirla en porcentajes del producto, no guardan relación con las sanciones comerciales.
Esta lógica argumental también omite que el éxodo es un fenómeno multi-causal. No es sólo la penuria económica, también la criminalidad, la ausencia de libertades política, las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, entre otros, explican la emigración masiva. Estos últimos factores son decisión y responsabilidad exclusiva de la dictadura en el poder, no del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ente emisor de las sanciones comerciales.
Curiosamente, los activistas anti-sanciones también eluden distinguir entre las sanciones al país, básicamente a PDVSA, y las sanciones a individuos: cuentas bancarias en paraísos fiscales, barcos, aviones, departamentos, casas, y hasta caballos de carrera propiedad de jerarcas del régimen. De eso trata el congelamiento de los activos de la nomenclatura chavista en el exterior.
Es legítimo debatir sobre la efectividad y la capacidad de disuasión futura de las sanciones comerciales y/o financieras a un Estado transgresor, hoy a Venezuela, así como ayer al Apartheid sudafricano, a la dictadura de Pinochet y al régimen fundamentalista iraní. Lo que no es legítimo es subsumir bajo la misma categoría de sanciones las acciones punitivas para con actos de corrupción de funcionarios.
Por supuesto que esta posición coincide con los objetivos del régimen: el levantamiento de sanciones a PDVSA y a ellos mismos. De manera recurrente, sobre eso han coincidido políticos de pseudo-oposición, Henri Falcon, por ejemplo; traders de deuda venezolana, cuyo supuesto altruismo resulta dudoso en virtud de sus intereses; y grupos siempre deseosos de “acercar posiciones”, pues “Venezuela es una sociedad dividida”.
Lo cual es muy cierto, sólo que ahora se sabe que esa división es 70-30 y, aún así, la minoría posee los recursos de la coerción, que usa a discreción mientras la mayoría solo tiene la palabra y el voto. La convergencia de dichos grupos hacia dicho argumento se repite cada vez que la dictadura de Maduro ha enfrentado una crisis política y necesitado un barniz de legitimidad.
Por lo general ello ocurre por algún fraude electoral, por la represión que afecta su imagen, o por la incertidumbre asociada a posibles cambios en la política exterior de Estados Unidos. O por todos los anteriores al mismo tiempo, como ahora, lo cual ha precipitado el absurdo mensaje a la próxima Administración Trump que aliviar sanciones reducirá el flujo migratorio, otra relación causal no probada y probablemente espuria.
Sucede que la Administración Biden ya ha levantado sanciones parciales a la explotación petrolera, sólo hay que leer los informes de Chevron y de Repsol sobre sus operaciones en Venezuela, y también otorgo perdón a Alex Saab, pieza clave en la arquitectura criminal chavista. Lavador y traficante, procesado por sobornos y alojado en una cárcel de Florida, fue intercambiado por 36 presos, muchos sin cargos, o sea rehenes. Ello a cambio de la promesa de elecciones libres, justas y transparentes.
Pues Maduro agradeció el gesto con un obsceno fraude electoral el 28 de julio y una despiadada represión a partir del 29 de julio, con las consabidas torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y ahora también encarcelamiento de niños; o sea, terrorismo de Estado. La única pregunta que los promotores de seguir levantando sanciones deben responder es si desean que Maduro deje el poder o que continúe en el poder.
