Derrocado Maduro, la legitimidad no puede ser sustituida: el país tiene un presidente electo reconocido mundialmente y la transición debe ser venezolana y tutelada, no gestionada, por EE.UU.
Por: ABC
La captura de Maduro por fuerzas especiales de EE.UU. no cierra el drama venezolano, sino que abre una fase aún más delicada. Cortada la cabeza del narco-Estado, lo que está en juego no es solo el castigo a un dictador, sino la legitimidad del proceso que debe sustituirlo. Y en ese punto conviene decirlo sin rodeos: la transición democrática de Venezuela debe estar liderada por los venezolanos, no administrada desde Washington como si el país fuera una colonia. Venezuela tiene un presidente electo. Se llama Edmundo González. Ganó unas elecciones que le fueron robadas mediante fraude, coacción y violencia institucional. Negar ahora esa legitimidad -o diluirla en fórmulas transitorias tuteladas desde el exterior- supondría cometer un segundo atropello democrático, esta vez con el pretexto del orden y la estabilidad.
Las declaraciones del Trump, anunciando que EE.UU. «gobernará Venezuela hasta que se ponga a otro de los venezolanos», son políticamente torpes y estratégicamente peligrosas. No porque Washington no tenga un papel que desempeñar –lo tiene, y será decisivo–, sino porque confunden tutela con sustitución, apoyo con apropiación. El lenguaje importa. Y hablar de gobernar un país ajeno activa reflejos históricos que Iberoamérica conoce demasiado bien: virreinatos, Estados títere, administraciones coloniales con otro nombre.
La historia reciente ofrece demasiados ejemplos de cómo empiezan estas fórmulas y de cómo terminan. La caída de un dictador no legitima automáticamente cualquier política del día después. Menos aún cuando ese diseño parece responder a la mentalidad transaccional de Trump y está concebido sin los actores que sostuvieron la resistencia democrática desde dentro y pagaron el precio más alto. Más grave todavía es la disposición, implícita en esas palabras, a dialogar con los restos del régimen. Con los arquitectos del narco-Estado. Con quienes hicieron posible que Venezuela se convirtiera en un santuario del crimen organizado, el narcotráfico y que provocaron el exilio de siete millones de personas. No hay transición democrática posible pactando con ellos. Eso no es pragmatismo: es blanqueamiento. Y suele acabar consolidando lo que se pretendía desmantelar. La intervención de Trump dejó, además, un mensaje inquietante: su planteamiento beneficia objetivamente a la cúpula chavista superviviente, en particular a figuras como Delcy Rodríguez y su entorno, que aspiran a reciclarse como interlocutores inevitables del nuevo orden. Es el viejo truco de las dictaduras: caer hacia arriba, sobrevivir en la negociación lo que no se pudo sostener en las urnas.
Frente a ese riesgo, la comunidad internacional debe reafirmar una línea roja elemental: la legitimidad política está en manos de la oposición democrática, no de los restos del aparato chavista. Y esa oposición tiene hoy dos referentes claros. El primero, institucional: González, presidente electo. El segundo, político y moral: Machado, cuya valentía y constancia han sostenido la resistencia democrática cuando muchos preferían mirar hacia otro lado. Resulta desafortunado que Trump haya cuestionado el apoyo interno hacia la premio Nobel de la Paz, trofeo que él quería para sí. Es al revés: sin su liderazgo no habría habido victoria electoral, ni movilización ciudadana, ni aislamiento final del régimen. Desautorizarla desde fuera solo debilita a quienes han asumido los mayores riesgos dentro del país.
EE.UU debe impulsar y proteger -no dirigir- la transición. Garantizar seguridad, exigir elecciones limpias, apoyar la reconstrucción institucional, facilitar el retorno de los exiliados y la liberación de los presos políticos. No gestionar directamente el poder, no repartir cargos, no diseñar un reparto de recursos. Mucho menos insinuar que el objetivo final es asegurar el control del petróleo venezolano, como quedó imprudentemente esbozado en la intervención presidencial. Venezuela no necesita un nuevo amo. Necesita soberanía democrática, algo incompatible con administraciones provisionales impuestas, con negociaciones opacas con los restos del régimen o con discursos que reducen la libertad de un país al reparto de sus recursos. La comunidad internacional –y especialmente EE.UU.– debe entender que su autoridad moral termina donde empieza la voluntad de los venezolanos. La caída de Maduro es una victoria contra la barbarie, pero no legitima cualquier desenlace. El único final aceptable no admite atajos: que el poder vuelva a quien lo ganó, que los cómplices del narco-Estado respondan ante la Justicia y que Venezuela decida su futuro sin intermediarios interesados. Todo lo demás no sería una transición democrática, sino otro fraude, esta vez cometido en nombre del orden.
