Publicado en: El Confidencial
Por: Beatriz Becerra
Núremberg no es una película histórica al uso. No reconstruye el pasado para clausurarlo, al contrario. Lo hace para cuestionar el presente. Y su mayor virtud no está en el relato de los juicios celebrados en 1945, sino en el poderoso triángulo que articula la historia.
El mariscal del Reich Hermann Göring, el fiscal Robert H. Jackson y el psiquiatra Douglas Kelley son los tres vectores de una poderosa advertencia política, y, a la vez, la encarnación de tres impulsos radicalmente humanos: el narcisismo del poder absoluto, la aspiración última de justicia y la necesidad de comprender lo inconcebible.
Göring no aparece como un fanático desquiciado, sino como un dirigente astuto, carismático. Convencido de su propia excepcionalidad, seguro de su propio relato de inevitabilidad histórica.
Su estrategia ante el tribunal no es negar los crímenes, sino normalizar el abuso de poder a través de la relativización de hechos incontrovertibles. Ese es el rasgo más inquietante del autoritarismo: no necesita ocultar la realidad, le basta con deformarla hasta volverla tolerable.
Frente a él, Jackson encarna una idea radical entonces y aún incómoda hoy: que existen crímenes que ningún Estado puede legitimar y ninguna jerarquía puede excusar. Que el poder puede y debe rendir cuentas.
Ese principio se convirtió con el paso de los años en el fundamento del derecho penal internacional moderno. Y el Tribunal Militar Internacional de Núremberg sentó las bases para consolidar los conceptos de crímenes contra la humanidad, genocidio y responsabilidad penal individual sin inmunidad por razón de cargo.
Kelley, el psiquiatra, ocupa el espacio más incómodo. Busca comprender como hombres funcionales y racionales participan en atrocidades. No como ejercicio académico, ni siquiera como material de inteligencia para el juicio, sino como herramienta de prevención.
Entender cómo individuos aparentemente normales participan en sistemas criminales es una condición necesaria para evitar su repetición.
Es imposible ver Núremberg sin pensar en la Venezuela actual.
Durante décadas hemos visto cómo el régimen chavista ha utilizado estrategias que Göring reconocería sin dificultad: negación sistemática de los hechos, construcción de enemigos internos, manipulación del lenguaje, victimismo institucional, permanente elusión de responsabilidad. Todo es culpa de otros: de sanciones, de conspiraciones, del imperialismo, del pasado, del exterior…
La deriva autoritaria del Estado venezolano, documentada por múltiples organismos internacionales, se ha traducido en un patrón sistemático de represión, exclusión política y violaciones de derechos humanos, que ha abolido cualquier atisbo de seguridad jurídica en el país.
En ese contexto, la justicia internacional emerge como mecanismo necesario para articular la rendición de cuentas. La investigación que lleva adelante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela representa, en términos jurídicos e históricos, esa continuidad de lo que Núremberg inauguró: la idea de que el abuso de poder no se extingue por la simple voluntad de los gobernantes.
Desde su admisión en 2018, la investigación de la Fiscalía de la CPI contra altos funcionarios del régimen venezolano ha reunido miles de testimonios y una monumental evidencia documental de violaciones graves de derechos humanos (ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas), y ha avanzado en la identificación de patrones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El cierre de la oficina de la CPI en Caracas, por falta de cooperación efectiva de los sucesivos gobiernos ilegítimos de Nicolás Maduro desde 2019, subraya las tensiones entre soberanía estatal y obligaciones internacionales. Pese a todo, la investigación permanece activa.
Venezuela necesita hoy, más que nunca, la lección de Jackson: sin justicia no hay futuro democrático posible. No basta con informes, resoluciones o declaraciones internacionales si no se traducen en mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La justicia no es un gesto simbólico. Es una arquitectura que se construye con verdad, memoria y responsabilidad individual.
Pero también necesitamos la lección de Kelley. Porque ningún sistema autoritario se sostiene solo desde arriba. Requiere complicidades, silencios, normalizaciones. Es imprescindible comprender cómo una sociedad puede adaptarse a lo inaceptable para evitar repetirlo.
La degradación democrática rara vez llega de golpe, avanza por habituación: primero se tolera el abuso ajeno, luego se justifica y, finalmente, se asume como inevitable. La justicia puede ser lenta, incompleta, incluso frustrante, pero, cuando renunciamos a ella, lo que queda es el ensordecedor vacío triunfante de la impunidad.
80 años después, sigue vigente ese principio que vertebra y concluye Núremberg: se juzgan los hechos, y los hechos existen, aunque se nieguen.
También hoy. También en Venezuela.
