El día de hoy, les comparto la entrevista que el realicé a la economista Rosana Sosa García:
CMR: La cifra de ciento cincuenta mil, ciento setenta mil millones de dólares que se maneja como stock de referencia para la reestructuración de la deuda venezolana no representa lo que Venezuela en realidad debe. Representa lo que Venezuela tendría que depurar, clasificar y auditar antes de saber cuánto debe realmente. Una fracción significativa de esa deuda es jurídicamente ilegítima y negociar sobre ella sin corrección previa no es una decisión neutral. Es introducir en el corazón del proceso el producto de los mismos esquemas de corrupción que lo hacen tan complejo. Esta es la tesis que maneja en el documento «La deuda contaminada no es deuda exigible», la economista Rosana Sosa García, Partner Consultant en RISCOF en España, economista de la Universidad Central de Venezuela con máster en Gestión de Riesgos y Antiblanqueo de Capitales en España.Lo vamos a hacer con la experta Rosana Sosa García. Rosana, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del día de hoy. Gracias por estar con nosotros.
RSG: Gracias a ti. Encantada de estar aquí.
CMR: A ver, ¿qué llamamos deuda contaminada, Rosana, en primer lugar?
RSG: Ok. En principio, tal como lo has expuesto, esta deuda, esta cifra está sobreestimada porque si tú haces una correlación entre la deuda, los papeles de la deuda venezolana y las sentencias por blanqueo de dinero que se emiten por triangulación cambiaria, desde el dos mil cuatro hasta el dos mil catorce, hay un porcentaje superior al sesenta por ciento de deuda contaminada. Ahora yo voy a explicarle a los oyentes qué es una deuda contaminada. A partir del dos mil tres se hicieron emisiones de deuda que se podían comprar en bolívares. Esto era un instrumento para el gasto público, pero que se distorsionó y se convirtió en un mecanismo de arbitraje financiero corrupto donde todos aquellos que tenían acceso al dólar preferencial podían hacer estas operaciones de bolívar-dólar, comprar con bolívares artificialmente baratos estos papeles, venderlos en el mercado paralelo y obtener una ganancia exponencial. La brecha llegó a situarse en un mil por ciento. Entonces, ese arbitraje era el apetito de todos los lobistas alrededor del régimen —y los no lobistas también—, aquellos empresarios que también se beneficiaron de estar en el circuito del poder económico y político de Venezuela, y se convirtió en el esquema que desangró las finanzas públicas, que destruyó PDVSA. Nosotros hicimos un trabajo, Boris Hackerman y yo, y solamente desde el dos mil tres hasta el dos mil quince, con estadísticas publicadas del propio Banco Central, se perdieron más de quinientos ochenta y seis mil millones de dólares. Entonces, esa es una deuda contaminada. Afortunadamente, esta deuda ya ha sido parte de todos los esquemas de corrupción y hay sentencias. Solamente en el estado de Florida hay seis sentencias. La de la enfermera de Chávez y el esposo: quince años de prisión. Y lo que está implícito en este entramado de corrupción son esquemas cambiarios con el uso de los bonos venezolanos. Con lo cual, lo que yo estoy diciendo no es una especulación. Está probado en hechos judiciales, no solamente en Estados Unidos, sino en más de veinte países. De hecho, cinco bancos suizos han sido cerrados por este ilícito. Otro de los esquemas en los que se usaron títulos de la deuda pública es para abrir empresas offshore en entramados de corrupción en Panamá, por ejemplo, y aparecen estos títulos valores en los Papeles de Panamá. Entonces hay mucho precedente judicial para determinar que esta deuda es ilícita, y toda deuda ilícita que respalda un ilícito financiero —bajo la triangulación cambiaria o bajo un entramado de oficinas offshore— no es exigible. El tenedor no puede reclamar el pago de ese dinero. Y hay que limpiarla, hay que depurarla, hay que auditarla.
CMR: La deuda entonces es muy por debajo, a tu entender, de esos ciento cincuenta, ciento setenta mil millones.
RSG: Muy por debajo. Mira, si tú haces una correlación —que la puede hacer cualquier estudiante de economía de primer semestre y con información pública— de los ilícitos financieros declarados en sentencia y lo correlacionas con la estratificación de los bonos de la deuda, encuentras que desde el dos mil cuatro hasta el dos mil catorce más del sesenta por ciento de esa deuda es deuda ilegítima, es deuda contaminada. Entonces el importe de la deuda que se está manejando, de ochenta y cinco mil millones, realmente con esos datos está por debajo de treinta y ocho mil millones. Con lo cual hay una quita legal. Hay que depurar la deuda antes de comenzar el proceso.
CMR: Rosana, ¿qué pasa si no se hace la depuración? ¿Cuál es el objetivo ulterior de todo esto?
RSG: Hay algo que es muy importante decir: ¿quién es el único facultado para hacer la depuración? Porque por ahí, en principio quiero desmentir la falsedad de la cifra, no sé si por acción u omisión. Cuando escucho economistas que dicen que la deuda es legal, yo me estremezco. No, la deuda no es legal, la deuda hay que depurarla. Hay mucha deuda contaminada. Eso por un lado. Segundo, también escucho economistas diciendo que se va a contratar a la Big Four o a KPMG para hacer la auditoría. No se puede. KPMG fue la empresa auditora que respaldó todo el proceso de Rafael Ramírez. Es donde ocurren la mayor cantidad de los ilícitos financieros. KPMG firmó esos documentos y los respaldó. Yo no puedo poner a KPMG a cubrir una auditoría otra vez. Y el resto de las Big Four, no tengo elementos de juicio, pero tampoco. ¿Por qué? Porque los únicos organismos que tienen la base de datos estadísticas para depurar la deuda contaminada en el entramado de estos veinte países donde están corriendo sentencias estos ilícitos financieros, es el Grupo Egmont, asociado al GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional encargado de prevenir el lavado de dinero.
CMR: Perdón, explica por favor, a beneficio de nuestra audiencia, qué es el Grupo Egmont y el GAFI, de qué depende.
RSG: El GAFI es como el árbitro —por así decirlo— del sistema financiero internacional, que tiene como objeto evitar el lavado de dinero en los países. Tiene circuitos en América Latina, hay un GAFI de América Latina, con la encomienda de velar por esa acción jurídica y a nivel de finanzas internacionales. Nosotros estamos en la lista gris del GAFI. Eso quiere decir que Venezuela es un país de alto riesgo. Estamos en esa lista desde el veinticuatro de junio del dos mil veinticuatro. El Grupo Egmont es el grupo que agrupa las ciento setenta y seis agencias de inteligencia a nivel mundial y que tiene una base de datos encriptada con todos esos entramados y todos los flujos financieros de los entramados. Y para una auditoría se necesita llegar al beneficiario último. Yo he escuchado decir que hay que certificar la legitimidad de origen; no: hay que certificar cuál es el último beneficiario de esa deuda.
CMR: Rosana, a ver, si se ha apelado a KPMG, ¿puedo sospechar alguna intención oculta en buscar al mismo que certificó el inconveniente previamente?
RSG: Eso es una duda razonable, te diría un abogado. ¿Por qué no se ha buscado al GAFI? ¿Por qué no se le ha tocado la puerta? No lo sé. Hay mucha incoherencia, porque el lema es atacar los grupos irregulares, el narcotráfico, la corrupción sistémica —porque el caso de Venezuela es inédito, es una corrupción sistémica—. Mi propuesta es disruptiva porque nunca se habría hecho un proceso de reestructuración con apoyo o colaboración del GAFI, pero es que es la única manera. Porque cualquier auditoría no tiene la base de datos encriptada que tiene el Grupo Egmont. El Grupo Egmont abarca ciento setenta y seis países y la interrelación de esa información es vital para depurar esa deuda en Venezuela. Solamente ellos están capacitados para tener esa información y depurar la deuda.
CMR: Rosana, vamos a detenernos un momento en algunos casos donde tú has tenido participación directa. Mencionaste el caso de la tristemente famosa enfermera de Hugo Chávez, su esposo. Está también el caso del capitán Andrade y hay otros más. Explícanos esos casos para que podamos tenerlos a manera de ejemplo de lo que estamos hablando.
RSG: Bueno, sí. A mí me tocó ir a la Audiencia Nacional a defender un estudio en el que demuestro la triangulación cambiaria como delito financiero. La Unidad de Delincuencia Financiera en España tenía levantado todo el mapa del ilícito, pero faltaba un economista responsable que explicara cómo una trama de bolívar-dólar puede generar unos ingresos irregulares de triangulación cambiaria escondidos sobre un decreto presidencial —que es el decreto del control de cambio—. A partir de allí se cerró el expediente y pudieron extraditar a la enfermera de Chávez y a su esposo. En los Estados Unidos ya estaban activos los expedientes de blanqueo de dinero de estos dos personajes y la sentencia fue de quince años a cada uno.
CMR: ¿El caso Andrade, el famoso capitán Andrade?
RSG: También. Es exactamente el mismo esquema. Incluso este esquema es por el cual está siendo imputado el señor Rafael Gorrín, porque el señor Andrade fue tesorero y facilitaba —a través de soborno— participar en esa triangulación. Era cómplice activo, y por eso ellos mismos se declararon culpables y aceptaron que habían hecho eso.
CMR: Te voy a citar, Rosana. Has escrito esto: «Si hay una lucha declarada contra el narcotráfico, si hay capturas y extradiciones de cabecillas de organizaciones criminales, esa lucha no puede detenerse en la frontera del sistema financiero. El dinero del crimen tiene que seguirse hasta donde llegue. Y en este caso hay indicios documentados de que llegó hasta instrumentos de deuda soberana venezolana.» ¿Podrías ahondar en esto, por favor?
RSG: Sí, es así. Porque no podemos separar el narcotráfico de los flujos financieros ilícitos. Al final, es para eso que trabajan los narcotraficantes y todas las redes de corrupción: es por dinero. Entonces, si tú quieres limpiar la casa —para decirlo en un lenguaje que nos entienda todo el mundo—, tienes que comenzar por limpiar las finanzas y evitar que esos flujos financieros reingresen a los activos de la República. Tú no puedes plantear un proceso de reestructuración de deuda sin depurarla, porque lo que estarías haciendo es blanqueando deuda contaminada y ayudando a promover los ilícitos ya registrados y sentenciados. Eso es una contradicción absolutamente incoherente, y aplica a cualquier activo de la República. Los esfuerzos que valoramos de los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico tienen que ampliarse e incorporar al GAFI y al derecho internacional en materia de antilavado, para trabajar conjuntamente y limpiar los flujos financieros ilegales en la economía venezolana. Por eso es que en febrero recibimos un documento del GAFI diciendo que Venezuela no estaba en capacidad de emitir un dictamen acerca de cuál es el beneficiario final de cualquier flujo financiero de origen opaco. Con lo cual, Venezuela, en este momento, dictaminado por el GAFI en febrero del dos mil veintiséis, estructuralmente no es capaz de tener datos que puedan soportar una reestructuración de deuda. No los tiene. Lo dijo el GAFI en febrero —busquen la resolución—. Entonces, si tenemos ese vacío estructural en materia de data financiera, hay que tercerizarlo con los instrumentos internacionales destinados a eso.
CMR: (pregunta de oyente) El Sensato: «Señorita Sosa, ¿cómo hacen los países a quienes se les adeuda? ¿Y qué responsabilidad tienen en esa deuda ilícita? ¿Qué podrían hacer esos países ante tal situación?»
(Breve corte técnico. Se pierde momentáneamente la señal de Rosana.)
CMR: ¿Estás con nosotros otra vez, Rosana?
RSG: Sí, perdón. Adelante, adelante. Repítame la pregunta, que no la escuché.
CMR: ¿Cómo hacen los países a quienes se les adeuda y qué responsabilidad tienen en esa deuda ilícita? ¿Qué podrían hacer esos países ante tal situación?
RSG: Lo primero que tienen que hacer ellos mismos es promover la depuración para formar parte de la categoría uno, que es la deuda limpia, porque a la categoría uno sí se les va a pagar —porque se comprueba que es lícita—. Lo primero que tienen que hacer es parar esta reestructuración y exigir una depuración, una auditoría monitoreada por el Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina. Hay otra cosa muy importante: si por casualidad avanzara este proceso y la OFAC diera luz verde a que se negocie la deuda, va a ser ilíquida en el Euroclear y en todo el sistema financiero internacional. No va a ser líquido ese canje porque hay una alerta roja sobre Venezuela. Se va a congelar, se va a bloquear la liquidez, y el país entraría en otro default. Y por historia económica, tendríamos que esperar como mínimo cinco años para recuperar la confianza en los mercados internacionales, con todas las implicaciones que eso tiene para Venezuela.
CMR: En este momento puntual, cuando estamos a mediados del mes de junio, ¿cuál es la situación? ¿Quién tiene la salida?
RSG: Esa es una buena pregunta. Yo creo que si nosotros estamos tutelados por la administración de los Estados Unidos —el Tesoro americano, Marco Rubio y toda esa gente que realmente quiere el bienestar para Venezuela—, el llamado de atención es a ellos. Ellos son los que tienen que intervenir en generar una estructura que garantice la auditoría financiera tutelada por los organismos destinados a impedir y prevenir el blanqueo de dinero y el lavado de capitales. Esta información es pública, la tiene cualquiera. Ellos están en capacidad de hacerlo y además de generar una orden internacional para proteger los activos de Venezuela.
CMR: Rosana, la diferencia es abismal. Te hablo de ciento cincuenta mil millones, ciento setenta mil millones, pero tú nos has dicho en un estimado conservador que hablaríamos de treinta y ocho mil millones.
RSG: Sí, bueno, hay una cosa importante que decir. Metodológicamente, esa cifra de ciento cincuenta o ciento setenta mil millones ya de por sí está mal concebida, porque tú no puedes mezclar peras con manzanas. Ahí tienes muchas estratificaciones de deuda distintas: tienes laudos arbitrales, tienes deuda bilateral, tienes deuda con los multilaterales. Sumarla es un error metodológico. Yo estoy hablando de la porción de bonos, que son ochenta y cinco mil millones, y haciendo esa correlación —quitando la deuda contaminada— me quedan treinta y ocho mil millones. Y yo no tengo la base de datos encriptada, porque yo no formo parte de una agencia de inteligencia. O sea que con la base de datos encriptada eso se puede reducir a la mitad.
CMR: ¿A la mitad de treinta y ocho?
RSG: Sí, los bonos. Porque, te repito, desde el punto de vista legal la República no tiene por qué pagar una deuda contaminada. Es ilegítima. No es un título exigible. Es confiscable, no exigible.
CMR: ¿Y cuáles son los intereses entonces, Rosana, que se están mezclando en esto? Porque estamos hablando de algo descarado, ¿no?
RSG: Es descarado y es grotesco. Me encomiendo a Dios porque me estoy arriesgando en decir esto; lamentablemente, ningún colega lo dice. Afortunadamente, la Academia Nacional de Ciencias Económicas emitió un comunicado —para mí no lo suficientemente contundente—, pero es muy grave la situación, es alarmante. Porque los riesgos de entrar en un default, para los tenedores de los bonos, es que se va a juntar la deuda contaminada con la deuda limpia y se va a paralizar el proceso, se bloquea. Pero la historia económica demuestra que esa paralización genera más rendimiento exponencial para esos tenedores y esos fondos buitre. ¿Por qué? Porque ellos esperan, y después se les paga —como pasó en Argentina— con excedente que a veces supera el cuatrocientos por ciento. Entonces a ellos les conviene el bloqueo, porque exponencialmente cuando liquiden esa deuda, después de cinco años de paralización, los tribunales les van a dar la razón. Y esa deuda se puede hacer exponencial si el proceso se hace sin auditoría. Porque la auditoría que yo estoy proponiendo hace más legítimo el canje. Es, de hecho, la única vía para hacerlo legítimo. Porque la ley de Nueva York te exige transparencia. Entonces es un bono que no vas a poder liquidar ni en Londres ni en Frankfurt porque no ha sido transparente. Los deudores que tienen deuda limpia pueden impugnar porque se les bloqueó el pago.
CMR: Hay deudores de buena fe.
RSG: Exacto. Pero lo que hoy se intenta pagar son los que no son de buena fe, que son la mayoría. La serie del dos mil cuatro al dos mil catorce —insisto para que todo el mundo la busque, es un ejercicio que puede hacer cualquier persona— está contaminada.
CMR: (pregunta de oyente) «¿Cómo es posible que no se había hablado de esto antes? ¿Cómo quedan los contralores de la República? ¿Cuáles son las consecuencias para los ciudadanos venezolanos?»
RSG: Qué buena pregunta. Felicito a la persona. La primera parte también me la hago yo misma: ¿cómo es posible que nadie esté hablando de esto? (breve corte) La primera parte es algo que lo pensé mucho antes de aparecer públicamente. Pero como nadie lo hacía, dije: tengo un deber moral con el país. Yo soy parte de ese éxodo masivo, forzado, que ha sufrido, que ha padecido. Yo enterré a mi madre sola. O sea, respeten el dolor de los venezolanos. Desde esa motivación tengo la responsabilidad moral de decirlo.
CMR: ¿Y qué pasa con los contralores? ¿Cómo quedan los venezolanos ante todo esto?
RSG: La pregunta de los contralores no lo sé, porque va a depender de la capacidad y de la conciencia de cada uno para hacer su trabajo. Y en un sistema judicial tan viciado, tan corrupto como el venezolano, todos tienen un precio. Entonces es muy difícil mantener la integridad moral para ejercer la acción de contraloría. La última parte de la pregunta es la más grave, y esa es la motivación por la que yo me dirijo al país y a la sociedad civil para que defiendan los intereses de Venezuela. En un proceso que avance esta reestructuración, y con la alta probabilidad de declarar un bloqueo por no haber depurado la deuda contaminada, se pueden embargar los activos de la República, y además el país entraría en una especie de limbo jurídico en el que no puede acceder a los mercados financieros internacionales. Entonces se paraliza el país, se congela, y cualquier gobierno democrático que venga no va a poder hacer nada para mejorar las condiciones económicas de Venezuela. No hay programa económico que sea creíble frente a un nuevo default de la deuda venezolana. Estaríamos congelados a más miseria, a más éxodo, a más pobreza, a más ausencia de servicios públicos, a cero inversión en el sector petrolero.
CMR: Rosana, te agradezco inmensamente estos minutos en la mañana de hoy. Ha sido una conversación extraordinaria, muy importante y reveladora. Muchísimas gracias. Cuídate mucho, Rosana. Un fuerte abrazo.
RSG: Un fuerte abrazo.
