Publicado en: Blog personal
Por: Ismael Pérez Vigil
Disipado el pernicioso efecto del Referendo Revocatorio de 2004, RR2004, de no participar en procesos electorales, al menos temporalmente, y tras el favorable efecto del resultado del Referendo de Reforma Constitucional de 2007, la oposición recobró impulso organizativo para fortalecer su “unidad” y se dispuso a participar en nuevas contiendas electorales, siendo la primera las elecciones regionales de 2008 y después el Referendo de Enmienda Constitucional de 2009 y las elecciones parlamentarias de 2010.
Elecciones regionales de 2008
Estas elecciones fueron convocadas para el 23 de noviembre de 2008, para elegir gobernadores de estados, alcaldes y legisladores estatales. Participaron en esta elección más de 17 mil candidatos, de 59 partidos nacionales y 236 partidos regionales, más 491 “grupos de electores”. El país contaba en ese entonces con un poco más de 23 millones de habitantes de los cuales 16,8 millones estaban registrados para votar y lo hicieron un poco más de 11 millones para un porcentaje de participación del 65 %; lo que es lo mismo que decir un 35 % de abstención, que aunque fue el más bajo históricamente para una elección de este tipo, ese porcentaje de abstención ya casi “endémica”, que se sitúa históricamente y siempre cerca del 35%.
Con las cifras anteriores, los resultados fueron los siguientes:
- De 22 gobernaciones, el PSUV y sus aliados, obtuvieron 17 y la Mesa de la Unidad, MUD, obtuvo 5
- En cuanto a Alcaldías Municipales y Metropolitanas de las 328, el oficialismo obtuvo 266 (81%); la oposición 55 (16,7%) y otros: 7 (2,1%); las Metropolitanas se repartieron, la del Alto Apure la obtuvo el oficialismo y la Alcaldía Mayor de Caracas, la oposición.
- En resumen, entre Gobernaciones y Alcaldías, el oficialismo obtuvo 283 cargos, la oposición 60 y otros 7.
La diferencia entre el total de votos obtenidos por el oficialismo −53,1%− y la obtención del 80,6% de los cargos (283/350) se explica por diversas causas:
- el sistema electoral, pues gana quien tenga la mayor cantidad de votos y en gobernaciones y alcaldías, por ser cargos nominales, no hay posibilidad de repartos proporcionales.
- la distribución demográfica y la disparidad de tamaño de los municipios; la oposición obtiene su mayor volumen de votos en grandes centros urbanos y municipios muy poblados, cuyo número de alcaldías es menor que el de los centros semiurbanos, rurales y pequeños, que es el grueso de los municipios, pero con menor población, que es donde domina el oficialismo; por ejemplo, un municipio con 10 mil habitantes cuenta como una alcaldía, igual que otro que tiene 800 mil habitantes.
- las diferencias políticas locales, que si bien no es el factor numéricamente más importante, es el más significativo desde el punto de vista de la estrategia de “unidad opositora”; por ejemplo, en los municipios: San Francisco (Estado Zulia), San Felipe (Estado Yaracuy), Caroní / Ciudad Guayana (Estado Bolívar), Puerto Cabello y Guacara (Estado Carabobo) y Vargas (Estado La Guaira), no fue posible lograr un acuerdo unitario de la oposición en torno a un candidato único, y ello llevó al triunfo de los candidatos del oficialismo.
Otros signos
Además de los factores mencionados, sugestionado o “escarmentado” el gobierno por la derrota sufrida en el Referendo de Reforma Constitucional de 2007, en las elecciones regionales del 2008 se presentaron dos signos peculiares de la política venezolana, que afectarían de allí en adelante. El primer signo es la amenaza de violencia, de guerra −formulada por el propio Chávez Frías−, en caso de que los candidatos oficiales perdieran gobernaciones y alcaldías; y el segundo signo, el fenómeno de las “inhabilitaciones” de candidatos, que es también una manera de “eliminar”, prácticamente de manera física, contendientes opositores al sector oficialista.
Inhabilitaciones
Con base en la Ley Orgánica de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el Contralor General de la República −en esa época Clodosbaldo Russián (1939-2011)− y por razones administrativas, reales o inventadas, en 2008 se eliminó de la contienda electoral a más de 200 candidatos que podrían poner en peligro la opción de los candidatos del gobierno. Fueron víctimas de la inhabilitación dirigentes políticos que habían sido o eran gobernadores de estado, alcaldes, diputados a la Asamblea Nacional, candidatos presidenciales o posibles candidatos presidenciales de oposición, que hubieren ocupado cargos de elección popular. Por su parte, en una acción similar, la Sala Electoral del TSJ con diversos argumentos eliminaba también de la carrera electoral a candidatos a diferentes cargos; como bien sabemos, esos “subterfugios” y mecanismos para eliminar candidatos opositores persisten hasta el día de hoy.
Las inhabilitaciones que se comenzaron a aplicar desde 2008 −y que persisten hasta hoy− son de diverso tipo:
- Administrativas por parte de la Contraloría General de la República, sin que exista una sentencia judicial firme, como establece la Constitución.
- Judicialización e intervención de partidos políticos, con decisiones de la Sala Constitucional del TSJ que despoja las directivas legítimas de los partidos opositores (Acción Democrática, Primero Justicia, COPEI, Voluntad Popular, etcétera), para favorecer a grupos ad hoc cercanos al gobierno.
- Sentencias de la Sala Electoral y Sala Constitucional del TSJ, que despoja de inmunidad a parlamentarios o los desincorpora de sus cargos, incluso retroactivamente a candidatos opositores ganadores −recuérdese los casos de los diputados de Amazonas en 2015 y la elección del Gobernador de Barinas en 2021.
- Persecución judicial de candidatos, alcaldes y diputados, incluso electos o en el ejercicio de sus cargos.
- Filtros y bloqueos en el sistema del CNE para impedir validación de candidatos o criterios de residencia para descalificarlos.
- Inhabilitación, por diversas razones, de posibles candidatos opositores.
Los anteriores “subterfugios” para impedir y perjudicar candidatos opositores −y algunos del propio bando−, no son las únicas ilegalidades a las que apela el gobierno; una semana después de las elecciones regionales de 2008, el gobierno volvió a la carga con el tema de mantener su hegemonía y control del país y retomó el tema de la Reforma Constitucional que había mantenido en el “congelador” en 2008, posiblemente esperando un triunfo electoral que borrara la derrota anterior. De esa manera en 2009 fuimos al sexto referendo de la historia venezolana desde 1999, en esa ocasión para resolver el tema que realmente le interesaba a Chávez Frías y que en 2007 no pudo resolver, la reelección presidencial indefinida.
Nueva Reforma Constitucional
La derrota sufrida por el gobierno, y particularmente Chávez Frías, en la propuesta de Reforma Constitucional de 2007, no se quedó allí y por otras vías el gobierno de Chávez Frías fue logrando mediante otras leyes −o simplemente abuso de poder− lo que no pudo obtener con la frustrada reforma: ciudades comunales, cambios en las FFAA, control del BCV, control y eliminación de medios de comunicación, y un largo etcétera. Pero, la “joya de la corona”, la “reelección presidencial indefinida” era una “espina en el costado” de Chávez Frías, que él personalmente necesitaba resolver y de ser posible, “electoralmente”, que era la forma usual en la que “legitimaba” su peculiar autocracia.
Frente a la derrota, inesperada, del 2007 el propio Chávez Frías tuvo una primera y moderada reacción y en la misma noche en que se anunciaron los resultados, en cadena nacional de medios de comunicación, aceptó el resultado y simplemente advirtió a la oposición: “… sepan administrar su victoria… midan bien la matemática de esa victoria… yo esa victoria pírrica no la hubiera querido…la propuesta sigue viva”; y en efecto, un par de días más tarde, en otra intervención en compañía del Alto Mando Militar, tuvo otra intervención en la cual cambió su tono y reveló su verdadera intención, acompañada con algunas de sus “escatológicas” expresiones: “… sepan administrar su victoria… es una victoria de m…” Esa no era solamente una frase “escatológica”, cuando Chávez Frías dijo que el resultado de la victoria opositora en el Referendo de Reforma de 2007 era: “…una victoria de m…”, nos estaba cambiando la historia y no nos dimos cuenta, al menos no de inmediato. Veamos.
Como quiera que la Constitución establece que: “La iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional.” (Art. 345), el tema fue despachado alegando que en esta oportunidad no se trataba de una “reforma”, sino de una “enmienda”, y que no era una iniciativa presentada por el Presidente, sino por la propia Asamblea Nacional y de esta manera no se “incumplía” la Constitución. Fue presentada entonces como una “enmienda” y −buscando apoyo y vencer resistencias− se incluyó en la misma a todos los cargos de elección popular. Era también la manera de obligar a su militancia, al PSUV, a involucrarse en la campaña y que no ocurriera el proceso de abstención del 2007, que le costó la Reforma Constitucional.
Demás está decir que esa interpretación, en un galimatías y enrevesado lenguaje, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, emitió una sentencia −la Nº 53 del 3 de febrero de 2009 (ver https://tinyurl.com/5a6zbwpj)− en la que decidió que la limitación constitucional citada del mencionado artículo 345, aplicaba al mecanismo de “Reforma”, pero no al de “Enmienda”, permitiendo de esta manera volver a someter el tema a la consulta popular; y el CNE así lo hizo en el referendo del 15 de febrero de 2009.
La enmienda
La pregunta, igualmente enrevesada y demagógica como las del RR2007, sometida a los electores fue:
“¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de la República, tramitada por la Asamblea Nacional, que amplía los derechos políticos del pueblo con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana, en ejercicio de un cargo de elección popular, pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo por el tiempo establecido constitucionalmente dependiendo su posible elección exclusivamente del voto popular?”
Para una población nacional estimada en poco más de 23 millones de venezolanos, con 16,7 millones registrados para votar y 11,7 millones de electores que en definitiva lo hicimos, el “SÍ” obtuvo 6,3 millones de votos (54,6%), el “NO”: 5,1 millones (45,1%), con una participación del 69,9% de los electores, lo que equivale a un 30% de abstención. Como ya he dicho, un 30 o 35% de los electores del país no se mueve por ninguna elección o referendo. Y de esta manera, el 27% de los venezolanos nos impuso a los 17 millones restantes la “reelección indefinida” del Presidente de la República. Algunos dirán que esas son las reglas del juego, ciertamente; pero, no deja de ser importante tomar en cuenta ese dato, a la hora de proclamarse como la “gran mayoría” del país.
Elecciones Parlamentarias de 2010
A pesar de la derrota electoral de 2008, pero con un incremento de la votación del 12,4%, en tan solo tres meses −entre las “elecciones regionales” de noviembre 2008 y el “referendo de la enmienda constitucional” en febrero de 2009−, la oposición tenía motivos para pensar que el abandono de la estrategia de “no participar” electoralmente daba resultados y por ello se preparó y afrontó las elecciones parlamentarias de 2010. En efecto, el domingo 26 de septiembre de 2010 se llevaron a cabo las “elecciones parlamentarias”, que, como veremos, fueron significativas en muchos sentidos.
En representación de 28,9 millones de venezolanos, de los 17,7 millones de registrados para votar, lo hicimos 11,0 millones, para una participación del 66,4%, que ha sido una de las más altas para este tipo de elección, solo superada por el 74,1% de la elección parlamentaria de 2015. El bloque oficialista con 5,4 millones de votos (48,13%), obtuvo 98 diputados; mientras que la MUD, con 5,3 millones de votos (47,22%) obtuvo 65 diputados. Patria para Todos, disidente del bloque oficialista, desde el intento de reforma Constitucional de 2007, con 353 mil votos (3,1%) obtuvo 2 diputados. En un primer cálculo, estas cifras significan para el oficialismo un descalabro de más del 40%, con respecto a la elección parlamentaria anterior; pero, obviamente esto se explica por la falta de participación de la oposición en aquella elección de 2005.
Sobrerrepresentación
En la elección parlamentaria de 2010, el PSUV con el 48,1% de los votos obtuvo el 59,4% de los cargos; la oposición democrática con apenas 0,9% votos menos que el PSUV, solo obtuvo 65 diputados (menos del 40% de los cargos). Patria para Todos, quien fuera aliado del gobierno en ocasiones anteriores y esta vez se presentó como fuerza independiente, obtuvo el 3,14% de los votos y dos diputados.
Además del evidente abuso en los recursos del sector público por parte de la campaña oficialista −que Chávez Frías asumió como un reto personal− y además de las amenazas de violencia si el resultado no favorecía a los diputados apoyados por el gobierno, esa “sobrerrepresentación” −como algunos analistas la han denominado−, se explica por la reforma en 2009 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) −modificada por la Asamblea Nacional de 2005, absolutamente controlada por el gobierno−, que favoreció la representación de los circuitos electorales “rurales” o de amplio dominio del PSUV, en detrimento de los circuitos urbanos −de Caracas, Zulia, Lara, Carabobo, y otros− más poblados y que por ser más “castigados” por las deficiencias de los servicios públicos −racionamientos eléctricos y otros− y las dificultades económicas que se comenzaban a manifestar en el país, votaron más por la oposición y los disidentes del oficialismo.
Además de lo anterior, desde el punto de vista organizativo, en junio de 2009 se consolidó la alianza opositora como Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que como ya he dicho (ver https://bit.ly/4xz0Ma8) ha sido la alianza opositora más larga y exitosa que ha tenido el país
Conclusión
Según la propia MUD −sin otra fuente que nos permita verificar, dado el cierre de la página web del CNE− en las elecciones parlamentarias de 2010, la alianza opositora logró presentar candidatos unitarios, por consenso, en el 87% de los circuitos electorales del país y en el 13% restantes, se logró mediante elecciones primarias que se llevaron a cabo en abril de 2010.
En esta cruzada de luchar contra el olvido, de contar lo que nos ha pasado y lo que hemos vivido, volveré en la próxima entrega con un “inciso” en los relatos electorales, con el tema de las “elecciones primarias” que se han efectuado en el país, junto con algunas consideraciones acerca de las características de la elección presidencial de 2012, última en la que participó Chávez Frías.
