Existe una propuesta para celebrar las elecciones en Venezuela el 24 de julio de 2027. Quien principalmente está a favor agrega una exigencia elemental: que el proceso pueda evaluarse. ¿Qué condiciones electorales se han garantizado?
Publicado en: La Gaceta
Por: Beatriz Becerra
María Corina Machado ha puesto fecha a la pregunta que demasiados actores internacionales parecen preferir dejar abierta: ¿cuándo podrán los venezolanos elegir libremente a quien los gobierne? La dirigente opositora, premio Nobel de la Paz, propone celebrar elecciones presidenciales el 24 de julio de 2027 y reconoce diferencias con Donald Trump sobre el ritmo de la transición. No cuestiona que exista un proceso en marcha; cuestiona que avance con la lentitud que, a su juicio, lo mantiene innecesariamente lejos de su desenlace democrático.
La discrepancia importa mucho más de lo que sugiere una discusión de calendario. Porque la brújula no ha cambiado: Venezuela tiene que recuperar la libertad. Y fijar una fecha no es una formalidad administrativa, sino una manera de determinar el rumbo, establecer la velocidad y trazar un itinerario con hitos, responsabilidades y tareas concretas. Una transición que no permite medir sus avances corre el riesgo de convertirse en una promesa que siempre admite una nueva prórroga.
La Administración estadounidense ha defendido una secuencia de tres etapas: estabilización, recuperación económica y convocatoria electoral. Marco Rubio ha presentado ese esquema como una vía para conducir el país hacia una nueva situación. El problema aparece cuando la secuencia se interpreta como una sucesión de compartimentos estancos, como si primero hubiera que garantizar la estabilidad, después recuperar la economía y, solo cuando quienes administran el proceso lo consideren oportuno, devolver a los ciudadanos la capacidad de decidir.
La estabilidad no es un fin suficiente si descansa sobre la exclusión política. La recuperación económica difícilmente será sólida sin seguridad jurídica, instituciones confiables y transparencia en la gestión de los recursos públicos. Y las elecciones no pueden concebirse como el premio que se entrega al final de una transición tutelada, sino como el mecanismo mediante el cual se restituye la soberanía popular.
Venezuela ya habló en las urnas en 2024. El mandato democrático expresado entonces no puede desaparecer de la conversación porque hayan cambiado las circunstancias geopolíticas o porque los interlocutores internacionales consideren más conveniente administrar el presente que resolver la cuestión de la legitimidad. El control efectivo de las instituciones, la capacidad de ejercer el poder y el reconocimiento exterior son realidades relevantes, pero ninguna sustituye por sí sola al derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes.
La propuesta de Machado introduce, además, una exigencia elemental: que el proceso pueda evaluarse. ¿Qué condiciones electorales se han garantizado? ¿Qué instituciones se han reformado? ¿Qué ocurre con los presos políticos, la libertad de prensa y los derechos de quienes discrepan del poder? ¿Qué garantías tienen los dirigentes opositores para regresar, organizarse y participar sin temor a la persecución? ¿Quién supervisa los ingresos petroleros y con qué mecanismos de transparencia? Son preguntas que no pueden quedar relegadas mientras se negocia el futuro del país.
La discusión sobre los plazos adquiere una dimensión especialmente reveladora cuando se observa dónde está María Corina Machado. El 10 de octubre, mientras Panamá atendía las consecuencias del terremoto que había sacudido el país, la dirigente venezolana acudió a un centro de acopio en Ciudad de Panamá para respaldar la recogida de ayuda para los damnificados. La escena tenía una paradoja difícil de ignorar: en junio, cuando los terremotos golpearon Venezuela y ella quiso regresar para acompañar a sus compatriotas, denunció que el cierre del espacio aéreo le impedía hacerlo. Desde entonces permanece fuera de su país, buscando la manera de volver.
No es una anécdota al margen de la política. Poder regresar al propio país, participar en su reconstrucción y ejercer los derechos civiles sin depender de la voluntad de quienes controlan las instituciones forma parte de la libertad que se pretende recuperar. Machado sostiene que el régimen de Delcy Rodríguez teme su presencia en Venezuela y asegura que no ha dejado de intentar el regreso. Por ahora, no existe confirmación suficiente para afirmar que las restricciones que lo han impedido hayan sido formalmente revocadas. Esa incertidumbre es, precisamente, parte del problema: una transición que aspire a ser creíble debe ofrecer garantías comprobables, no limitarse a declaraciones de buenas intenciones.
Todo esto sucede un año después de que el Nobel de la Paz reconociera la lucha de Machado y situara internacionalmente la causa democrática venezolana en un lugar de especial relevancia. Desde entonces han cambiado las circunstancias, las relaciones de poder y las prioridades de Washington, pero el reconocimiento internacional no ha devuelto a los venezolanos la capacidad de decidir su futuro. Tampoco ha evitado que la interlocución sobre la transición se desarrolle sin la participación directa de Machado y de Edmundo González Urrutia, pese al significado político de su liderazgo y del mandato electoral de 2024.
Donald Trump puede considerar que la estabilidad exige prudencia, negociación y tiempo. Es legítimo discutir los procedimientos y las condiciones necesarias para evitar que una transición fracase. Lo que no resulta aceptable es que la prudencia se convierta en aplazamiento indefinido, que los intereses estratégicos desplacen la voluntad de los ciudadanos o que la gestión de los recursos petroleros se sustraiga a la transparencia que se exige a cualquier futuro Gobierno democrático.
La propia Machado ha reclamado claridad sobre esos ingresos, conscientes de que la recuperación de Venezuela no puede descansar únicamente en acuerdos económicos ni en la tutela de una potencia extranjera. La prosperidad necesita instituciones legítimas, y la estabilidad duradera necesita ciudadanos que reconozcan como propio el poder que los gobierna. Sin esa conexión, cualquier arreglo corre el riesgo de resolver las urgencias de los actores que negocian mientras perpetúa la incertidumbre de quienes esperan.
Porque una transición no se mide por el tiempo que permanece abierta, sino por la distancia que consigue recorrer hacia la democracia. Y la libertad de Venezuela no puede seguir siendo la última etapa de un itinerario cuyo calendario deciden quienes todavía no han devuelto a los venezolanos el derecho a elegir.
