El secretario de Estado de EE UU debe buscar una transferencia negociada que produzca un gobierno legítimo y estable. Esto alinearía su ambición política con el interés de los venezolanos
Por: Boris Muñoz
Las elecciones de medio término de 2026 serán recordadas no solo por el arrase demócrata y la paliza al Partido Republicano y a Donald Trump, sino por las consecuencias que tendrán para los aspirantes a suceder al líder MAGA. Los comentaristas se han apresurado a sentenciar al principal aspirante, el vicepresidente J. D. Vance, asegurando que su cercanía con Trump y su entorno familiar lo ha quemado como potencial candidato republicano. Vance ha tratado de desmarcarse atribuyendo la derrota a la guerra con Irán, pero sin cargar contra quien la decidió.
El otro gran contendiente republicano es (hasta nuevo aviso) el secretario de Estado Marco Rubio. Hace unos días marcó distancia frente a Trump y el discurso MAGA poniéndose del lado de los inmigrantes legales, a sabiendas de que cuenta con mejor percepción pública que su probable rival. Pero un tibio distanciamiento tampoco le asegura una ruta a la presidencia: Vance carga ya la cruz de la proximidad con Trump; Rubio carga con la cruz de la política exterior. Si quiere llegar a la presidencia, necesita algo más convincente que haber sobrevivido a ella.
Venezuela es una de sus apuestas más claras. Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, Rubio emergió como el estratega principal de la transición venezolana. Su plan de las tres fases —estabilización, recuperación económica y transición política— ha preservado una preocupante jerarquía: la estabilidad y los negocios primero; la democracia, después, si acaso. Los venezolanos esperan un cambio de régimen a la brevedad posible y no en 2028 o 2029. Rubio también tiene razones para mirar el calendario y sentir presión: una transición indefinida difícilmente será una credencial presidencial.
La derrota republicana no obliga a Trump a acelerar ese proceso. Todavía dispone de amplio margen en política exterior. Pero sí aumenta el incentivo de Rubio para obtener un resultado propio, antes de que la disputa por la sucesión domine la agenda y convierta cada decisión en una prueba de lealtad.
En ese contexto, cobran mayor importancia sus últimas declaraciones. El 9 de noviembre manifestó su confianza en que la transición está avanzando y reafirmó una hoja de ruta: un nuevo Tribunal Supremo de Justicia a mediados de diciembre, un nuevo Consejo Nacional Electoral poco después y, una vez constituidos ambos, la declaración de vacancia presidencial. Según expuso, esa declaración abriría un plazo de seis meses para celebrar elecciones. No es una fecha precisa, pero sí un parámetro que permitirá exigir cuentas.
Mientras tanto, en Caracas, Dinorah Figuera, la jefa de la delegación opositora que negocia con el gobierno de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, ha vinculado la renovación del TSJ y del CNE con la promesa de elecciones justas. No hay que saber leer señales de humo para entender que Figuera le está diciendo a los venezolanos que está oyendo el clamor por el cambio y que la mesa también lo escucha. Ahora debe demostrarlo.
Renovar esas instituciones es indispensable, pero cambiar sus integrantes no basta para cambiar sus prácticas. La restitución de los derechos políticos —incluido el levantamiento de las inhabilitaciones que impiden competir a María Corina Machado y otros dirigentes— no debería quedar para un después indefinido. Es esencial para hacer creíble una elección y daría al proceso político credibilidad e impulso.
Ese paso necesita un correlato político que todavía no está presente. Machado y su movimiento, Vente Venezuela, no están representados en la mesa de negociación. Esta ausencia es un asunto que toca directamente a Marco Rubio, quien tarde o temprano tendrá que vincular a Machado a las decisiones políticas de peso si aspira a que la transición sea la puerta a la reconciliación. Su incorporación no resolvería todas las diferencias opositoras, pero su ausencia —aun si fuera lo que ella prefiere— compromete la legitimidad del acuerdo que se busca construir.
Aunque lo que más desean muchos venezolanos es un cambio de régimen, es indispensable negociar también las condiciones de la ruta que comienza el día después.
Ese diálogo no empezaría de cero ni sustituiría la negociación actual, sino que ampliaría su alcance. En el pasado, las conversaciones buscaban principalmente arrancar concesiones al poder chavista. Ahora deben preparar una transferencia del poder y establecer el reparto de garantías, obligaciones y responsabilidades para cada actor. Eso incluye investigar y juzgar los crímenes, reparar a las víctimas y permitir que el chavismo pueda competir como una fuerza democrática si acepta plenamente las reglas de ese juego. La responsabilidad penal no puede diluirse en una reconciliación de cartón piedra; tampoco puede convertirse la identidad política chavista en un estigma, en un delito.
Ese será un nudo que habrá que desenredar si el objetivo de largo plazo es reconstruir a Venezuela con paz y estabilidad.
Marco Rubio podría desempeñar en esto un papel axial. No es un mediador neutral. Washington tiene demasiados intereses y demasiada influencia para fingir equidistancia. Su tarea consistiría más bien en emplear esa influencia para acercar a actores que durante casi treinta años se han antagonizado y combatido sin conseguir excluirse o aniquilarse de manera definitiva.
Pero para que esto suceda, Rubio tiene que maniobrar entre agendas divergentes: la de Trump y sus amigotes, la de los hermanos Rodríguez y los intereses que los acompañan, la de Machado, la de la sociedad civil, la de la oposición negociadora y la suya propia. No necesita reconciliar todos esos intereses, pero sí hacerle ver a cada parte involucrada en un acuerdo qué puede ganar y qué perdería si lo hace fracasar.
Para lograrlo, lo mejor que puede hacer es arremangarse la camisa y guardar el control remoto con el que ha pretendido conducir la transición. Participar de lleno significa negociar la incorporación de Machado, comprometer a los Rodríguez con garantías verificables de transferencia del poder y competencia política y acordar cómo se reconocerá y ejecutará el resultado.
El jefe de Rubio nunca ha sido un político con visión de largo plazo, salvo cuando se trata de promover sus propios intereses, como erigir arcos de triunfo rotulados con el apellido Trump en letras doradas. Pero, si bien aún cuenta con amplia latitud en política exterior, Trump es hoy un líder debilitado. Eso no libera a Rubio, pero le da una razón adicional para defender una política cuyo rendimiento no dependa exclusivamente de los negocios y las preferencias de su jefe.
Los Rodríguez tienen incentivos para prolongar su permanencia en el poder; Machado y la oposición, para convertir su respaldo ciudadano en poder efectivo; y Trump, para preservar un arreglo que sirva a sus intereses. Rubio puede buscar algo distinto: una transferencia negociada que produzca un gobierno legítimo y estable. Esto alinearía su ambición política con el interés de los venezolanos.
La oportunidad existe, pero falta convertir la secuencia institucional trazada en compromisos garantizados por el gobierno estadounidense y cuyo incumplimiento acarreará consecuencias. Rubio no necesita romper con Trump para intentarlo, pero sí tomar distancia de la idea de que estabilizar Venezuela basta. Si quiere presentar la transición como un logro propio, tendrá que negociar personalmente sus condiciones y blindar el acuerdo para que sea duradero. Ese sería un éxito mayor y más trascendente que administrar el virreinato.

