Por: Jean Maninat
En su largo e intenso peregrinar hacia la consolidación del autoritarismo en el país, los jerarcas del socialismo del siglo XXI se han ido deshaciendo en el camino de los principios que sustentan la democracia; los mismos que en su momento le permitieron a su líder espiritual llegar al poder por la vía electoral, después de haber dirigido una cruenta aventura golpista. En un movimiento envolvente y progresivo fueron cerrando las llaves que oxigenaban la independencia de los poderes públicos, para así transformar al Legislativo, al Judicial y al Electoral, en simples taquillas donde se tramitan, de forma expedita y eficiente, las órdenes que bajan de Miraflores. A punto estuvieron de uniformar a sus más altos representantes, fuesen estos diputados, magistrados, o rectores electorales, al obligarlos a portar una banda tricolor en el brazo que los identificaban como miembros de la nomenclatura gobernante.
Pronto la hostilidad contra los medios de información dio paso a una soterrada, pero persistente, presión para desembarcar a los comunicadores sociales críticos mientras se trataba de atarles las manos y taponarles las bocas, a los que iban quedando en sus puestos de trabajo. Se inició, entonces, un movimiento de resistencia para mantener los espacios de información independientes y salvaguardarlos, hasta donde fuera posible, de esa especie de Pacman comunicacional hambriento de estaciones de radio, televisoras y periódicos, en que ha trasmutado la elite roja y económicamente poderosa que gobierna. La lucha por preservar los espacios de información independientes ha sido intensa y sigue en pie bajo diversas modalidades. Los comunicadores sociales que la han llevado y la siguen llevando a cabo, merecen todo nuestro respeto. La Misión Micrófono Apagado siempre goteará por algún lado gracias a ellos.
Ahora los jerarcas rojos se quieren desembarazar de cualquier impedimento legal que pueda ser un obstáculo para realizar la persecución selectiva de líderes de la oposición con la que vienen amenazando desde hace un buen tiempo. Anuncian una Ley Habilitante que podría convertirse en una patente de corso para lograr esos fines. Pero gracias a la presencia de los diputados de oposición en la Asamblea Nacional (AN), no han podido tramitarla por la vía constitucional como correspondería. Sin embargo, todo indica que insistirían por los caminos verdes. Este único dato debería servir de alerta frente a quienes alientan a sotto serrucho la abstención electoral. De haber persistido en el espejismo bobalicón del 2005, ya hoy tendríamos una Ley Habilitante aprobada y haciendo de las suyas… y una vez más estaríamos ocupados en la autoflagelación.
Al gobierno le quedaba por resolver su animadversión hacia todo tipo de mecanismos de protección de los Derechos Humanos (DDHH). Por eso le cayó tan bien que el 10 de septiembre pasado entrara en vigor la denuncia que hiciera el gobierno del difunto presidente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Supone que con esta medida logrará escapar al escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y podrá hacer de las suyas sin nadie que le pida rendir cuentas a nivel regional.
Es sin duda, un mandarriazo más para seguir debilitando lo que queda del basamento de la institucionalidad democrática y una buena tonelada de cemento para seguir pavimentando su recorrido autoritario. Las eventuales víctimas de violaciones de los derechos humanos en Venezuela no contarán, de la misma manera, con los mecanismos de protección del sistema interamericano ante los cuales acudir para hacer valer sus derechos humanos.
Sin embargo, los casos de la jueza María Lourdes Afiuni, el comisario Iván Simonovis, el periodista Leocenis García y tantos otros, seguirán su curso en la CIDH por haber sido presentados antes de la puesta en vigor de la denuncia. Por eso hay que redoblar la campaña a favor de su libertad.
Quedará para los historiadores escribir el triste relato acerca de cómo un grupo de activistas que en su juventud hizo de los DDHH su más preciada bandera de lucha, una vez en el poder se empeñó en desmantelar las instituciones creadas para protegerlas.
El abandono de los DDHH es una etapa más en el itinerario despótico del régimen. Pero también constituye otra grieta en la máscara amable con la que sus jerarcas se presentan ante el mundo. Más temprano que tarde tendrán que dar la cara como tantos otros que la escondieron y fracasaron.
Al final, la ruta autoritaria suele estar congestionada de bicicletas caídas.
@jeanmaninat
