Comunicado: «El caso Tal Cual»
Nosotros, Teodoro Petkoff, Francisco Layrisse, Manuel Puyana y Juan Antonio Golía, venezolanos, denunciamos que el ciudadano Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de la República de Venezuela, en uso y abuso de su poder, manipulando el sistema judicial, nos ha acusado penalmente, en nuestro carácter de directores del diario TalCual, por la supuesta difamación agravada de la cual habría sido objeto, a raíz de un artículo de opinión publicado en este diario el 17/1/2014, suscrito por un articulista independiente, quien le atribuye una frase que Cabello niega haber dicho, la cual reza: “Si no les gusta la inseguridad váyanse”.
Según la apoderada de Cabello, los directores hemos actuado “con la intención consciente de difamar”, y, “la intensión (sic) de dañar la reputación y decoro que caracteriza” (al denunciante). Asienta además que nosotros nos hacemos “eco de tales divulgaciones, así como permitir dicha publicación sin la debida revisión de la veracidad de la misma”, lo cual sugiere la existencia de una censura previa, expresamente prohibida en nuestra Constitución.
Más allá del fondo del asunto, el demandar penalmente a los directores de un diario por el contenido de un artículo de opinión suscrito por un articulista independiente, constituye un acontecimiento inédito que pone de manifiesto la censura a la libertad de expresión a la que estamos sometidos en Venezuela, política de Estado que se ha manifestado en este régimen totalitario a través de distintos mecanismos: cierre de medios de comunicación, compra de medios, leyes inconstitucionales de control de la información, presiones fiscales, falta de papel para los periódicos, multas y acosos de todo tipo, y en el caso específico, persiguiendo penalmente a los directores del diario TalCual, ajenos por completo al supuesto delito cometido, con penas de prisión de hasta cuatro años.
Cabe destacar que la jueza que conoce del asunto, nos ha impuesto medidas cautelares gravosas e ilegítimas, que incluyen la prohibición de salida del país y un régimen de presentación cada ocho días, sin que exista razón alguna para ello, ya que, amén de la naturaleza del supuesto delito, uno de los requisitos para dictar estas medidas es que exista una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad. Ello se traduce en un elemento adicional que pone de manifiesto cómo el poder judicial está al servicio de un régimen opresor de los derechos humanos universales.
Alertamos a la opinión pública, así como a los organismos competentes, nacionales e internacionales, sobre esta grave situación, la cual es una prueba más, insistimos, de la falta del estado de derecho de un país inmerso en una pérdida acelerada y progresiva de los valores democráticos más elementales.
Caracas, 6 de Marzo de 2014
