Una nueva Asamblea Nacional, con renovada correlación de fuerzas, tiene un serio compromiso con el país, siendo
así que se trata del poder que tiene en sus manos la responsabilidad de la representación popular, con la encomienda de dictar normas generales para regir la vida ciudadana, cuya efectiva aplicación define el Estado de Derecho, gobierno de las leyes y no de los hombres. Pero, además, la Asamblea ejerce el control sobre el gobierno y la administración pública Nacional como exigencia de la necesaria limitación en un sistema presidencialista proclive al abuso del poder.
Estas funciones, disminuidas o anuladas en un escenario legislativo de control mayoritario por el oficialismo, deben ser rescatadas y efectivamente ejercidas, además de constituirse el Parlamento, efectivamente, en el más legitimo representante de la voluntad popular, no simplemente mayoritaria, sino plural y respetuosa de todas las tendencias que se mueven en la colectividad. Aunque esto no lo compartan muchos, como dice Ferrajoli, la regla máxima de la convivencia social no es que se debe decidir sobre todo por mayoría, sino que no se puede decidir sobre todo ni siquiera por mayoría.
En los últimos años, estas funciones del Poder Legislativo han sido desvirtuadas, renunciando la Asamblea a sus tareas de legislar, recurriendo a la vía excepcional de las leyes habilitantes, que han dejado en manos del Ejecutivo la facultad de dictar decretos-leyes, inclusive en materias que le están absolutamente vedadas, como la normativa penal, quedando en manos del Presidente la libertad de los ciudadanos, lo cual es absolutamente inaceptable en un Estado de Derecho y de Justicia.
Por otra parte, la tarea de control de la Asamblea se ha visto totalmente disminuida y ha sido prácticamente inexistente, ante la solidaridad automática con las actuaciones del Ejecutivo, sencillamente ratificadas sin objeción alguna.
Sin duda, después de amargas y duras experiencias que llegaron hasta el extremo de no participar en elecciones de la Asamblea o del desconocimiento de la voluntad popular por la exclusión arbitraria de diputados, en franca violación a la inmunidad parlamentaria que en otras épocas fue respetada a tal punto que su proclamación tuvo el efecto de un indulto popular, hemos tomado conciencia de la importancia del Poder Legislativo, el cual se debe constituir en factor fundamental para la estabilidad democrática, en garantía de respeto al pensamiento plural y elemento que ponga límites al ejercicio abusivo del poder, en beneficio de toda la colectividad.
La nueva Asamblea tiene muchos retos y compromisos. Entre los más importantes: velar y hacer lo más serios y eficaces esfuerzos por contribuir a sentar las bases de un sistema judicial realmente autónomo e independiente, entre otras cosas, a través de la depuración de los procedimientos para designar al Tribunal Supremo de Justicia, la precisión de los requisitos para ser magistrado y las limitaciones de normas que han excedido las previsiones de la Constitución; controlar el uso de los recursos públicos; iniciar y llevar a cabo investigaciones objetivas e imparciales que conduzcan, en definitiva, al rescate de los dineros públicos desaparecidos y que den lugar a los procesos que deben llevarse a cabo en los tribunales ordinarios; legislar sobre la descentralización de las prisiones, mandato constitucional que abrirá el camino hacia la verdadera reforma penitenciaria; y algo que constituye una exigencia colectiva, en aras de la reconciliación, como lo es dictar, de inmediato, como prioridad, una Ley de Amnistía que ponga fin a la injusta prisión, persecución y exilio de un numeroso grupo de venezolanos cuyo único “delito” ha sido disentir y su condición de activistas políticos, hoy imputados, acusados o condenados sin fundamento alguno, ni en los hechos ni en el derecho.
Una nueva Asamblea, que también podrá decidir sobre los restantes poderes públicos, sin duda contribuirá a recordar la advertencia severa del Libertador: “Huid del país donde un solo hombre ejerza todos los poderes: es un país de esclavos”.
aas@arteagasanchez.com
Un comentario
La nueva asamblea, tiene que pedir la renuncia a todos los magistrados que nombren los ineptos diputados salientes. y a su vez nombrar a una persona con la trayectoria como la del Dr. Alberto Arteaga Sánchez