Carlos Oteyza, en su documental sobre Carlos Andrés Pérez, a mi
juicio, consiguió su cometido: traer a la pantalla, en planos bien logrados y entrevistas acertadas y puntuales, la controvertida personalidad y la obra de un Presidente que muchos, inútilmente, pretenden sepultar bajo el entramado de la corrupción, siendo así que la verdad se resiste a quedar oculta y aflora por cualquier vericueto cuando se cierra la vía principal.
De los gobiernos de la democracia, los políticos procuran ignorar a CAP; y su propio partido y amigos han contribuido a sembrar dudas y a incrementar las sombras de su actuación, ignorando sus logros.
En lo personal, me siento en la libertad de hablar del hombre que conocí, caído en desgracia, golpeado –no abatido– por las circunstancias y ante la realidad de una “muerte” que lo tomó por sorpresa, indefenso por la alevosa embestida de la justicia que no era el desenlace previsible para un luchador político. Superadas dos intentonas militares, el golpe judicial lo encontró desconcertado, sin el recurso a una respuesta coherente, lógica y jurídica ante la confabulación y el linchamiento revestido de aparente legalidad.
Sus aciertos de la nacionalización petrolera, de la integración andina y de la descentralización que tomó cuerpo en la elección de los gobernadores, encontraron la respuesta amplificada de los errores en que pudo incurrir en el primer y segundo mandato.
Sus propios colaboradores y amigos resaltan tímidamente, a mi juicio, sus logros políticos y sus cualidades personales, en tanto que sus adversarios reconocen, con lealtad, el talante democrático de un hombre que, a diferencia de muchos copartícipes de nuestra vida pública, no conoció la mezquindad, ni el resentimiento, ni el odio que vaticinó como signo de la realidad que vivimos, con la elección de un vengador.
El documental de Oteyza, con la intencionalidad de su autor, no hace juicios de valor, los cuales deja al espectador, iniciada la obra su propia vida que, en definitiva, es producto de la recreación de los hechos y personajes con las propias vivencias, carencias y expectativas que conforman las realidades y experiencias individuales y colectivas.
A mí, en particular, aunque el guión solo apuntó al epílogo de la tragedia de CAP, me parece importante destacar la mención final, en letra pequeña, pero de gran significación: un Presidente en ejercicio, acusado de corrupción, destituido, linchado políticamente en intento idóneo de aniquilarlo moralmente, fue condenado, no por haberse apropiado de dineros públicos en su propio beneficio o de otros, sino por haber enviado una misión policial a Nicaragua para proteger a la presidenta electa Violeta Chamorro, en incuestionable y transparente defensa del sistema democrático.
CAP, en verdad, asumió su responsabilidad; se sometió a un juicio injusto, caricatura de proceso debido; fue destituido sin que hubiese falta absoluta, sino la más típica falta temporal, como lo es un proceso en el que –se supone– se presume la inocencia; fue condenado con la actuación de poderes confabulados en su contra, con la reserva de conciencia de hombres y mujeres que participaron en el injusto veredicto; fue hecho preso en una cárcel pública y luego en su residencia, hasta cumplir exactamente la pena impuesta; y, finalmente, no satisfecha “la justicia”, una vez más, quedó sometido a un nuevo juicio que lo mantuvo en forzado exilio hasta su muerte.
Con CAP no funcionaron los poderes, como suele decirse; no se demostró su enriquecimiento personal; y, lo más grave, se sentó el nefasto precedente de la utilización de la justicia penal como instrumento de venganza política.
Sin duda, el golpe mortal de la emboscada judicial obedeció a los odios sobre los cuales él alerta al final del documental, sentimientos que no guiaron sus acciones, pero que, a pesar de su falsa creencia, no abandonaron a los que se unieron en el plan de su muerte política, justificada por el pretendido bien de la democracia, a la cual sirvió CAP con el ejemplo de su sometimiento incondicional a la institucionalidad, a pesar de las manifiestas y evidentes muestras de injusticia, de parcialidad y de sesgo político que rodearon la farsa de un sedicente proceso penal que quedó inserto entre los atropellos más descarados al Estado de Derecho en Venezuela.
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