Publicado en El País
El régimen de Nicolás Maduro ha decretado la muerte civil de Teodoro Petkoff. Un juez sumiso, a las órdenes de Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y señalado capo del narcomilitar cartel de Los Soles, ha fallado que una de las mentes más vivas, lúcidas y políticamente creativas de nuestra América no está capacitada para representarse a sí misma ni en lo privado ni en lo público.
Para llegar a tal extremo la “revolución bolivariana” comenzó enjuiciando por difamación al editor y director del diario opositor Tal Cual. Petkoff se hizo acreedor, en 2015, al premio Ortega y Gasset que anualmente otorga EL PAÍS. Ya en 2012, Petkoff había ganado el premio María Moors Cabot de la Universidad de Columbia, el más antiguo reconocimiento en la industria periodística mundial.
El juez de Cabello impuso al político y periodista infamantes medidas cautelares que obligaban a Petkoff a un régimen de presentación semanal ante el tribunal y la prohibición de salir del país. Anciano, y estando muy disminuida su salud, este régimen ha significado para él ni más ni menos que una prisión domiciliaria. Ordenar a un juez venal el encauzamiento de un opositor por delitos contra el honor y pedir, además de una condena a prisión, “reparaciones morales” que, de llegar a ofrecerse ya no serían tales, sino un abyecto lamer de botas, ha sido el recurso favorito de los actuales autoritarismos populistas latinoamericanos.
Hace cuatro años, Diosdado Cabello dijo sentirse difamado por un artículo de opinión, firmado por un olvidado exministro chavista y publicado en Tal Cual, que atribuía a Cabello una declaración que no había hecho. El diario ya había sido objeto de siete demandas judiciales, incoadas por caimacanes del Gobierno chavista. Todas esas demandas enfrentaban la llamada doctrina Sullivan, universalmente adoptada desde que hace más de 50 años, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos falló contra un funcionario, un sádico jefe de policía sureño tan ofendido en su dudoso honor como Diosdado Cabello.
La doctrina Sullivan consagra la despenalización de los llamados delitos contra el honor de un funcionario y los remite a la jurisdicción civil. La norma se incorporó, poco a poco, a las leyes de muchos países del mundo y de casi todos los países de nuestra América, hasta que nos anegó la última oleada autoritaria populista y la norma comenzó a ser ignorada. Clarence Darrow, célebre penalista estadounidense, dejó dicho que el honor es como la felicidad: algo muy difícil de describir para fines legales. Sin embargo, ha resultado muy útil como coartada para pretender amordazar “legalmente” voces insumisas.
Hace poco, luego de dos inesperadas visitas al hogar de los Petkoff hechas por el juez, dos psiquiatras forenses y guardias nacionales armados hasta los dientes, el periodista fue declarado mentalmente incapaz de afrontar el juicio y sus derechos jurídicos puestos en manos de un tutor. Ver al valeroso Petkoff, en el ocaso de una vida ejemplar, lamer las botas de Diosdado Cabello, tal como éste solía lamer las de Hugo Chávez, era el deseo nunca cumplido del segundo capo, después del general Hugo Carvajal, del cartel narcomilitar.
La medida, de abolengo soviético, no solo deja en claro, si aún hiciese falta, que el régimen de Maduro es una dictadura pura y dura, sino que no hace nada por “devolverle” honra alguna al narcotraficante. Ella no es más que una cínica pantomima leguleya con que la dictadura busca disfrazar de legalidad sus crímenes. Declararlo demente e incapaz en forma tan cobarde solo añade una distinción más al insumergible intelectual y luchador llamado Teodoro Petkoff.
