Publicado en: Semanario Quinto Día
Por: Mario Villegas
En la antigua democracia representativa, el privilegio de la inmunidad parlamentaria tuvo como sus principales usuarios y beneficiarios a los diputados y senadores de la izquierda venezolana.
Ese fuero parlamentario hizo posible que muchos y destacados legisladores investigaran a fondo, y denunciaran públicamente muchos casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, cometidos por los gobiernos de Acción Democrática y Copei. También permitió que parlamentarios en ejercicio protegieran e impidieran la detención o lograran la libertad de dirigentes políticos y sociales, amenazados o reprimidos, y encarcelados por los cuerpos de seguridad del Estado.
Las investigaciones y denuncias que, siendo diputado, pudo efectuar José Vicente Rangel a propósito del horrendo asesinato de Alberto Lovera y otros crímenes durante la cruenta década de los 60, las hizo precisamente protegido por la inviolabilidad de su fuero parlamentario.
En las décadas finales de la llamada Cuarta República, en ejercicio de la función parlamentaria y amparados por la inmunidad, los legisladores nacionales podían penetrar a las sedes policiales, recintos carcelarios, centros hospitalarios y despachos públicos de distinta naturaleza, por cuyos jerarcas eran atendidos y en el desarrollo de alguna inspección o investigación, el trámite de alguna liberación o la gestión de algún otro objetivo de interés público.
El acceso de los representantes populares a las penitenciarías y demás centros de reclusión era frecuente. Investidos de inmunidad, ingresaban incluso a espacios recónditos, vedados al común.
Para muestra, un botón. En una ocasión, siendo diputado al Congreso y en uso de su fuero parlamentario, mi hermano Vladimir penetró hasta los sótanos de la antigua Disip y, para su sorpresa, en uno de esos diminutos calabozos de castigo, conocidos como “tigritos”, encontró recluido nada menos que a Nicolás Maduro, quien años más tarde sería el Presidente de la República y quien ahora pretende ser el verdugo y sepulturero de la inmunidad parlamentaria.
El muy apreciado amigo David Nieves, uno de los antiguos compañeros de Maduro en la vieja Liga Socialista, fue un notable beneficiario de la inmunidad parlamentaria. Preso en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez por su presunta participación en un grave delito, el secuestro del industrial norteamericano William Frank Niehous, pudo ser candidateado al Congreso en 1978 y, al resultar elegido por cociente nacional, debió ser puesto en libertad. Fue directo de un calabozo a la Cámara de Diputados.
Por cierto, la democrática figura de los parlamentarios por cociente nacional fue erradicada de la legislación electoral por el chavismo, al liquidar la necesaria y muy justa representación proporcional de las minorías.
Otro personaje viviente ligado al chavismo que en su momento se favoreció de la inmunidad emanada de su elección es el secretario general de Patria Para Todos, Rafael Uzcátegui, quien para 1993 se encontraba preso desde años atrás, acusado de presuntos delitos cometidos en su accionar guerrillero. La Causa R lo postuló a diputado por Caracas, como suplente de mi hermano Vladimir, y ambos ganaron la curul. Tras juramentarse como diputado principal, mi hermano se desincorporó para dar paso a su compañero preso, quien debió ser liberado inmediatamente por el gobierno y juramentado en el Congreso sin dilación.
Sobre el uso legítimo de la inmunidad parlamentaria en otros tiempos hay historias a montón. También de su indebido aprovechamiento, que es la excepción. Pero el balance de esta institución parlamentaria de origen y vigencia internacional, es absolutamente positivo como instrumento para la protección de quienes representan la voluntad popular.
Ya desde hace años, la gobernante cúpula roja-rojita ha venido desconociendo y burlando la investidura de los legisladores y su correspondiente fuero. Tanto, que han pretendido limitarlos al recinto físico de la Asamblea Nacional y, aunque parezca risible, prácticamente al diputado sentado en su curul.
Ahora, a propósito del juicio que se quiere intentar contra el primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, la neodictadura da la estocada final a la inmunidad parlamentaria, al pasar olímpicamente por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo texto otorga a la AN la exclusiva facultad de levantar o no la inmunidad de cualquiera de sus integrantes. Según el artículo 200 de la Carta Magna vigente, no hay otro poder ni presunto suprapoder que pueda atribuirse esa facultad y, muy por el contrario, asigna responsabilidad penal a quien quiera que lo haga y viole la inmunidad parlamentaria.
mariovillegas100@gmail.com
