Publicado en El Nacional
Aunque parezca mentira, después de ocupar el primer puesto entre los países más violentos, víctima de la más despiadada hiperinflación, con índices de desnutrición que nos colocan entre los más desasistidos del orbe, con las reservas más grandes de petróleo, con una Constitución que “garantiza a plenitud los derechos humanos”, habiendo sido Venezuela uno de los primeros países que abolió la pena de muerte en el universo y el abanderado en la ratificación y aprobación legislativa del Estatuto de Roma el 13 de diciembre de 2000, suscrito en 1998, llegamos también a la vergonzosa y preocupante posición de ocupar la atención del máximo tribunal del mundo que conoce de los crímenes más horrendos contra la humanidad: la Corte Penal Internacional.
La fiscal ante esa Corte, en una breve y contundente alocución, sencillamente y con claridad, anunció que había acordado un examen preliminar con relación al contenido de la terrorífica denuncia de atropellos, muertes, tratos crueles, uso criminal de la fuerza del Estado y violencia contra los ciudadanos por parte del poder en los últimos años y con motivo especial de la respuesta armada a la protesta ciudadana.
Esa Fiscalía no inicia este procedimiento por motivaciones políticas; no ha habido cabildeo para que coloquen esa denuncia en los puestos de arriba de la vergonzosa lista de casos pendientes; ni ahora el asunto quedará archivado por intereses personales o motivaciones subalternas.
Sencillamente, los hechos escandalosos de violencia, la persecución implacable de las ideas, la reclusión en las mazmorras del régimen, la persecución de los adversarios y los operativos macabros de “liberación del pueblo” nos han llevado a la actuación de una fiscal que se apega al mandato de las normas.
No se trata de condenar sin juicio, sin investigación y sin pruebas; no se trata de ordenar una indagación sobre la verdad de lo ocurrido por razones políticas y órdenes de arriba; no se trata de presumir la culpabilidad ni de apresar sin elementos fundados de convicción sobre los hechos y sus presuntos responsables.
Se trata, simplemente, aunque nos parezca extraño, de comenzar un proceso penal evaluando la seriedad y veracidad de las denuncias que han llegado a conocimiento de la fiscal, que ameritan ser revisadas, examinadas y valoradas para determinar si se debe abrir o no una investigación, sin presumir culpabilidad, ni dictar, de una vez, medidas de privación de libertad que se constituyen en sentencias condenatorias.
La Corte Penal Internacional no tiene carteles permanentes que anuncien que no hay despacho, ni es ocupada por jueces elegidos por sus credenciales políticas. Es un tribunal que nació y se abre camino para establecer la verdad sobre los hechos o crímenes más graves que afectan la dignidad y la conciencia de los pueblos del mundo y que no pueden quedar cubiertos por el manto de la impunidad.
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