Publicado en: El Nacional
Por: Alberto Arteaga
El papa Francisco, hace algunos días, ha hecho pública su declaración de modificar el catecismo de la Iglesia Católica, cuyo texto de 1992 dejaba abierta la posibilidad de admitir la pena de muerte en circunstancias extremas o hechos excepcionales de particular gravedad.
Ya el cardenal Ratzinger había planteado la necesidad de revisar la materia conforme a la doctrina de la Evangelium Vitae de Juan Pablo II.
La Iglesia Católica –en su permanente reflexión, comprometida con los valores y derechos humanos, en defensa de la vida, contra cualquier manifestación de amenaza o puesta en peligro de la dignidad del hombre– ha rectificado la posición sostenida por grandes pensadores como San Agustín o Santo Tomás, quienes defendieron la pena capital como última o extrema ratio para defender a la sociedad y en aras del bien común, por la exigencia de amputar un miembro que no tiene curación, pero que podría contaminar a los demás o por el pretendido efecto disuasivo, de intimidación o de advertencia eficaz para que otros no incurran en graves delitos.
Todos estos argumentos ceden ante el respeto y preservación de la dignidad del ser humano, de la cual no se puede despojar sin más a quien ha cometido un delito por más atroz que este sea. El bien común no puede dejar a un lado la dignidad de la persona y la pena capital, aun por la denominada vindicta pública, es venganza y no justicia.
Por lo demás, la pena de muerte carece de toda utilidad, por cuanto no surte efecto alguno su amenaza en los hechos de mayor atrocidad en los cuales el delincuente actúa en situaciones de alto compromiso emocional o franca perturbación; además, la justicia humana es altamente desconfiable y proclive a errores y, sin duda, la historia y el recuento de su aplicación deja en claro que los ajusticiados han sido el producto de una sociedad que los impulsó al delito y no les dio la oportunidad de convertirse en hombres útiles.
Como se ha dicho, tal vez el mayor argumento contra la pena de muerte es que no hay ningún argumento a su favor. Pero, aparte de las disquisiciones formales, el respeto a la vida y a la dignidad del ser humano hace patente hoy el más enérgico rechazo a su aplicación.
Finalmente, no cabe concluir esta nota sin la acertada observación ya formulada en 2014 por el propio Francisco sobre la práctica de muchos Estados que “quitan la vida no solo con la pena de muerte y con las guerras”, sino encubiertos “bajo la sombra de los poderes estatales”, siendo las ejecuciones extrajudiciales “homicidios deliberados cometidos por algunos Estados o por sus agentes, que a menudo se hacen pasar como enfrentamientos con delincuentes o son presentados como consecuencias no deseadas del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para hacer aplicar la ley” (Discurso del 23-10-2014).
