Por: Ismael Pérez Vigil
A la memoria de Teodoro Petkoff, político integro a tiempo completo.
El problema no es el 10 de enero, el problema es el 11 de enero de 2019 pues ese día amaneceremos con nuevo período constitucional, de acuerdo al artículo 231 de la Constitución, pero sin presidente de la República legítimo, pues de juramentarse el día 10 de enero el que fue electo el 20 de mayo de 2018, este no cuenta con el reconocimiento de la mayoría de los venezolanos y de buena parte de la comunidad internacional.
No vamos a repetir los argumentos esgrimidos por los cuales se consideró ilegítimo el aludido proceso electoral del 20 de mayo, en el cual ni siquiera participó la mayoría opositora del país. Baste recordar que su convocatoria por un organismo a su vez ilegítimo, como la Asamblea Nacional Constituyente, lo vició de nulidad al usurpar competencias legales exclusivas del Poder Electoral; además de otra serie de anormalidades y violaciones de forma y fondo a la legislación electoral nacional e internacional.
¿Qué pasará entonces a partir del 11 de enero de 2019? ¿Qué irán a hacer los países que negaron su reconocimiento al gobierno surgido de las elecciones del 20 de mayo? ¿Romperán relaciones diplomáticas con un Gobierno que no reconocen? ¿Retirarán sus embajadores y cuerpo diplomático acreditado en el país? ¿Interrumpirán las relaciones económicas y comerciales hasta que se regularice la situación en Venezuela?, la verdad es que es una gran incógnita, de la cual nadie habla muy claramente. Desde ahora, se abre una gran incertidumbre a ser despejada, de la que también internamente urge hablar.
Solamente un gobierno, el de España, por boca de su ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, se ha referido al tema, al señalar recientemente que Nicolás Maduro, “…hasta el 10 de enero tiene la legitimidad de unas elecciones que nosotros reconocemos, pero el 10 de enero se le acaba ese mandato, y empieza un mandato en base a unas elecciones que no reconocemos… este señor a partir del 10 de enero no es un representante político”. No agregó mucho más el ministro Borrell, ni señaló que acciones tomará el Gobierno Español, pero al menos de manera cruda puso el tema sobre la mesa: el gobierno de Venezuela tiene fecha de vencimiento, el 10 de enero de 2019 se acaba el mandato legítimo del presidente venezolano.
Lo cierto es que la magia no operará. Con esperar la fecha del 10 de enero de 2019 y decir que el presidente electo es ilegítimo, no es suficiente. Para hacer efectivo políticamente, para que no se convierta en una desesperanzadora ficción más, ese éxito que reclaman muchos de haber desconocido masivamente el evento del 20 de mayo, se deben emprender tareas ciudadanas, se debe hacer trabajo y acciones políticas desde ahora, pues si bien lo que hará la comunidad internacional es una incógnita, lo que podemos hacer los venezolanos que adversamos a la dictadura, interna e internacionalmente, es otra cosa y solo depende de nosotros.
Las organizaciones políticas, sean partidos o de la sociedad civil, emprenderán las acciones de calle que estén a su alcance; pero, además de eso, internamente debe haber un rechazo general y notorio de las instituciones democráticas del país a que se juramente un presidente que no es legítimo y que ha sido desconocido interna e internacionalmente.
Desde ahora se deben producir pronunciamientos personales de líderes de opinión, de analistas políticos, pero sobre todo de las instituciones democráticas que quedan en el país; es decir: las Academias, los Colegios Profesionales, los gremios sindicales democráticos, las asociaciones de profesores y educadores, las federaciones de centros universitarios y los universitarios en general, las iglesias y confesiones religiosas; en fin, todos las instituciones democráticas deben manifestar, por los medios que puedan y tenga a la mano, su rechazo a la violación del orden democrático que supone que tome posesión del nuevo periodo constitucional un presidente electo en las condiciones en que fue electo el actual.
Internacionalmente, millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar el país por culpa de este régimen de oprobio, también ellos deben manifestarse, de manera organizada, sistemática y contundente. Es momento de ver acciones en el exterior, en donde hay más seguridad personal y jurídica, de todos aquellos que claman por la desobediencia civil, la resistencia activa, la protesta ciudadana, desde ahora y hasta la fecha señalada del 10 de enero, cuando se consumaría la usurpación inconstitucional de la presidencia de la República.
Los venezolanos en el exterior, en grupos o individualmente, podrían enviar cartas, comunicaciones de cualquier tipo, a las organizaciones políticas, a los congresos o parlamentos, tomar contacto con parlamentarios, con autoridades locales y regionales del lugar donde residen, explicando la violación constitucional que se está perpetrando en Venezuela desde el 20 de mayo de 2018 y que tendría su momento culminante el 10 de enero de 2019; y el día del evento, manifestar frente a las embajadas y consulados de Venezuela, o en sitios públicos, rechazando lo que ocurre en el país y explicando cómo se pretende usurpar de manera ilegítima la presidencia de la República.
Los eventos que giran en torno a la ilegítima juramentación del 10 de enero, son una magnífica oportunidad para poner en práctica todas esas ideas de resistencia y desobediencia civil cuyas predicas hemos estado viendo por meses y años. Lo que suceda en Venezuela antes y a partir del 11 de enero solo depende de lo que seamos capaces de construir y activar nosotros, los venezolanos dentro y fuera del país, que levantará el apoyo de la comunidad internacional además de su decidido desconocimiento al actual gobierno.
El gobierno tiene fecha de vencimiento y nosotros un plan de acciones y trabajo que acordar y cumplir.
