Publicado en: Blog personal
Por: Ismael Pérez Vigil
El objetivo del Gobierno es mantener el poder y para ello despliega con fuerza su estrategia. A nivel internacional es claro que busca romper el cerco al que está sometido; al darse cuenta que las negociaciones internacionales y los procesos de dialogo –en Oslo y República Dominicana– no le servirían para ese propósito, canceló esos procesos de negociación y diálogo y reforzó sus lazos con Rusia, China, Irán, Turquía, Cuba y otros aliados, ofreciéndoles recursos minerales y buscando apoyo de ellos para encarar algunos problemas. Pero es en lo interno en donde queremos hacer énfasis, pues es lo que más nos afecta.
Por supuesto el régimen mantiene su política de represión e intimidación, buscando estrechar el control del país. La pandemia de la Covid19 le ha servido para este propósito y de paso, para retrasar el impacto de otros problemas que lo agobian: la falta de gasolina, la escasez de recursos para continuar su política demagógica de importaciones y distribución de alimentos y otros. El instrumento fundamental es apenas una variante del mismo de siempre: la intimidación, no solo hacia la población en general, contra periodistas y medios, contra organizaciones políticas y políticos, ahora también contra médicos y personal sanitario.
Pero una de sus metas fundamentales es lograr el pleno control de las instituciones, que perdió en el año 2015, cuando la AN pasó a ser dominada por la oposición. Un primer intento, fracasado, fue la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en un proceso electoral tan burdo e ilegítimo, cuyos resultados nunca se publicaron y que nunca logró el apoyo de la comunidad internacional. Después de tres años, arrinconada en el Palacio Legislativo, es muy poco lo que se sabe de la ANC y mucho menos de la constitución que estaría elaborando; apenas ha aprobado algunas leyes, para lo cual no tiene facultades legales, por lo que son totalmente ilegítimas; y una convocatoria, igualmente ilegal, de un proceso electoral presidencial, adelantado para mayo de 2018, en el cual no participó la oposición y que condujo al desconocimiento internacional del presidente electo en esos comicios.
En enero de este año el Gobierno hizo otro intento, igualmente fallido, al tratar con un grupo de parlamentarios, acusados y sancionados por corrupción por sus propios partidos, de arrebatar la directiva de la AN. Esa maniobra fue rechazada unánimemente por la oposición democrática e igualmente por la comunidad internacional y para lo único que sirvió fue como excusa para terminar de despojar a la legitima AN de su edificio sede. Cambió entonces su táctica y decidió concentrar sus esfuerzos en unas elecciones parlamentarias que le permitan reconquistar el poder de la AN que tuvo hasta diciembre de 2015.
El Gobierno juega allí varias cartas que buscan evadir errores cometidos en el pasado y que le restaron legitimidad. Primero la designación de un CNE afecto a su causa. Esa maniobra le fue facilitada por algunos de los integrantes de la Mesa de Dialogo, la llamada “mesita”, quienes solicitaron la intervención del TSJ para designar al CNE. La designación del CNE de esta forma está en contra del expreso mandato constitucional, que establece que debe ser realizada por la AN (Art. 296); pero, durante este régimen, establecido en 1999 por Hugo Chávez Frías, solamente en el año 2006 el CNE fue designado por la AN y todos sabemos que se trataba de una asamblea completamente dominada por el régimen, a través del PSUV, pues la oposición se abstuvo de participar en las elecciones parlamentarias del año 2005.
Designado ahora de esta forma, con un cierto viso de legalidad –al menos de una legalidad que fácilmente puede “avalar” su obsecuente Tribunal Supremo– el CNE convoca las elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre de este año, pues según se desprende de la Constitución y del Estatuto que rige la Transición a la Democracia –aprobado por la AN el 5 de febrero de 2019–, en este año se deben celebrar esas elecciones. De esta manera, el Gobierno evita cometer el error de 2018, cuando convocó un írrito proceso de elección presidencial, al que no concurrió la mayoría opositora, cuyos fraudes fueron denunciados por algunos de los candidatos y partidos que sí concurrieron al proceso y que finalmente fue desconocido por la comunidad internacional. Obviamente busca el Gobierno evitar un nuevo desconocimiento.
Por otra parte, el Gobierno, que conoce perfectamente a su oposición, a la que le tiene tomado el pulso, sabe que esta convocatoria será rechazada por la mayoría opositora, al haber sido realizada por un CNE designado por el TSJ, sin las “condiciones electorales” a las que la oposición aspira. “Con este CNE, no” y “No hay condiciones para votar”, se han constituido en un nuevo mantra, pese a que, como hemos dicho, los últimos CNE que hemos tenido han sido designados por el TSJ o de manera irregular y “condiciones electorales” apropiadas, justas, imparciales, nunca las hemos tenido, menos aún desde 1999.
De varias maneras, que describiré a continuación, el Gobierno se asegura que todo salga según lo planeado con sus aliados de la “mesita” y se asegura a la vez, resultados electorales favorables; por supuesto, ésta no es una lista exhaustiva:
Primero, con las ventajas que le proporciona estar en el poder y usar indebidamente los recursos del estado, podrá movilizar sus tres millones de votantes y se asegura una muy escasa participación opositora, que se dispersará votando por las opciones que le ofrezca la llamada “mesita”, que de alguna forma son también votos para el régimen. Incluso no necesitará hacer mayores trampas para asegurarse 2/3 o la mayoría de la AN.
Segundo, se asegura controlar la “oposición” que pueda tener, no solo con la dócil “mesita”, que comparte su estrategia de desmotivar a la oposición mayoritaria, sino también tomando el control de los principales partidos opositores (AD, PJ y VP, por el momento), despojándolos de sus colores, símbolos y directivas y obligándolos a participar del proceso electoral que está convocando.
Tercero, definiendo unas reglas de juego totalmente amañadas a sus intereses, como las que hemos ido viendo; por ejemplo: el corto periodo de tiempo para actualizar el Registro Electoral y el escaso y disperso número de centros de registro para hacerlo; o la decisión de incrementar el número de diputados en un 66%, con base en un desconocido incremento de la población y unos cálculos por circunscripción electoral –para determinar el número de diputados– cuyos criterios de cálculo se desconocen y hacen sospechar que no se trata más que un acuerdo de conveniencia con sus socios de la llamada “mesita” para incrementar el número de cargos burocráticos a ser repartidos.
Cuarto, intensificando la continua persecución que mantiene contra los líderes políticos y el ensañamiento contra los disidentes de sus propias filas –como el caso reciente de Nicmer Evans– que veremos cómo arrecian en los próximos meses.
Quinto, por si fuera poco todo lo anterior, las amenazas no cesan; como las proferidas por el Ministro de la Defensa, el pasado 5 de julio, cuya única intención –a pesar de sus aclaratorias posteriores– fue la de desmoralizar a los opositores democráticos de participar en un proceso electoral, en la que no tendrían ninguna oportunidad de salir victoriosos pues “… nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela”.
Continuaremos la próxima semana con la estrategia en marcha de la oposición democrática.
Lea también: «Renovación de los partidos (2)«, de Ismael Pérez Vigil
