¿Por cuáles delitos puede Nicolás Maduro ser juzgado en el Tribunal de La Haya? – Juan Francisco Alonso

Publicado en ALnavio

Por: Juan Francisco Alonso

La decisión de Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General removida por la Asamblea Nacional Constituyente, de presentar una demanda por “delitos de lesa humanidad” contra el mandatario de Venezuela y cuatro altos oficiales militares no fue algo sobrevenido, sino bien pensado y meditado. Así lo prueba el extenso documento que terminó llevando a la corte el pasado 15 de noviembre y al que ALnavío tuvo acceso.

Foto: EFE

Mucho antes de que la Asamblea Nacional Constituyente la despojara del cargo de Fiscal General de la República y de que la Guardia Nacional le impidiera ingresar al que fue su despacho durante casi una década, Luisa Ortega Díaz venía estudiando la posibilidad de presentar ante la Corte Penal Internacional una denuncia por delitos de “lesa humanidad” contra el presidente Nicolás Maduro y varios miembros de su Gobierno.

Casi tres meses después de su cuestionada destitución, la ahora disidente del chavismo dio el paso, sin precedentes hasta ahora. ¿En qué se sustenta esta acción? ¿Cuáles son las razones por las cuales cree que el mandatario venezolano debe terminar como el exvicepresidente del Congo, Jean Pierre Bemba, condenado por crímenes contra los Derechos Humanos? La jurista guariqueña expuso tres motivos en su extensa querella, de 495 páginas de extensión, a la cual tuvo acceso el diario ALnavío.

El primero, es que los delitos que están ocurriendo en Venezuela son “sistemáticos y generalizados”, pues denunció que “no se tratan de actos individuales, aislados o aleatorios, sino de actos múltiples con una gran cantidad de víctimas. Miles de personas han muerto, decenas de miles de personas han sido torturadas y detenidas ilegal y arbitrariamente, centenares de miles de personas son perseguidas y también objeto de otros actos inhumanos”.

Así se cumple, a juicio de Ortega Díaz y sus colaboradores, el primer extremo previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma, el cual creó el juzgado internacional y que establece que “se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; desaparición forzada de personas; el crimen de ´apartheid´ y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Cinco delitos de lesa humanidad

De acuerdo a Ortega Díaz, de los 11 delitos que el artículo 7 del Estatuto considera como de “lesa humanidad” el mandatario y sus ministros de la Defensa e Interior, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López; y el excomandante de la Guardia Nacional Antonio Benavides, han planificado y ordenado cinco. Esta es la segunda razón.

La Fiscal General en el exilio, en su demanda, informó a la Corte de La Haya que en Venezuela “existe una política oficial de asesinatos sistemáticos de personas, que son ordenados y ejecutados desde el ejercicio del Poder Público” para crear “un Estado de Terror” y así asegurar “el mantenimiento en el poder por parte de quienes actualmente lo detentan”.

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