Por: Carlos Tablante
Como ya se esperaba, hace algunas horas fue publicada la acusación de EEUU contra Raúl Gorrín Belisario por lavado de dinero y corrupción en el extranjero. Las medidas anunciadas contra el propietario de Globovisión, Seguros La Vitalicia y Banco Plaza incluyen la confiscación de millonarias propiedades inmobiliarias en Florida y Nueva York.
Lo dijimos en nuestro libro Estado Delincuente en 2013 y más recientemente en El Gran Saqueo (2015). También en CuentasClarasDigital.org hemos estado informando sobre el caso.
Esta primera acusación que se le hace a Gorrín está relacionada con la trama corrupta en la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) por la cual se convirtió en socio y testaferro del tesorero Alejandro Andrade, la cual continuó con Claudia Díaz Guillén y luego con Carlos Erik Malpica Flores, que lo sucedieron en el cargo. Otro caso similar es el de los 1.200 millones de dólares de Pdvsa, trama develada en Miami conocida como Operación Fuga de Dinero (Money Flight), en la que también estarían involucrados los hijos de Cilia Flores.
Creo útil transcribir textualmente una cita de un capítulo del libro El Gran Saqueo (2015) que explica el negocio que resulta de obtener dólares baratos del Estado venezolano para luego venderlos en el mercado negro de la divisa: “Conseguir dólares a la tasa preferencial de Bs. 6,3 se ha convertido en una de las prioridades de los venezolanos, ya que cambiarlos luego en el mercado negro o paralelo proporciona ganancias que ningún otro negocio otorga. Por ejemplo: comprar US$ 1.000 a Bs. 6,3 y vender luego solo US$ 14 a Bs. 450 ( junio de 2015), paga los Bs. 6.300 utilizados para comprar los dólares iniciales y deja un beneficio de Bs. 443.700. Es lo que se denomina ganancia por diferencial cambiario”. Continúa El Gran Saqueo: “Desde 2003 hasta la fecha, son numerosos y variados los métodos utilizados por individuos, empresas nacionales y extranjeras, instituciones privadas y públicas para acceder a dólares preferenciales, la mayoría procesos ilegales y otros en la frontera entre lo lícito y lo ilícito”.
A pesar de las gravísimas denuncias realizadas ante la Asamblea Nacional por parte de los diputados Ismael León y Freddy Superlano sobre el caso Gorrín, Conatel, Sudeaseg, Sudeban, el Ministerio Público y las autoridades judiciales se han mantenido pasivas, con un silencio cómplice. El daño causado al patrimonio público necesita una respuesta contundente para evitar que la corrupción y la impunidad se sigan adueñando del país.
Al mismo tiempo, la Ley de Recuperación y Extinción de Dominio de Bienes relacionados con la Corrupción que actualmente discute la AN deberá aclarar el destino de los medios de comunicación que como Globovisión, Últimas Noticias y El Universal fueron adquiridos con dinero proveniente de las redes de corrupción que están siendo denunciadas e investigadas.
