Publicado en: El Pitazo
Por: Grisha Susej Vera y Nataly Angulo
Venezuela destinó desde 2006 más de USD 2.000 millones a través de los convenios de cooperación a mejorar la situación eléctrica en países del Caribe y Bolivia. Además, el chavismo envió USD 11.000 millones en barriles de petróleo para la generación eléctrica en Cuba, según cálculos de El Pitazo. Mientras, Venezuela se sumía en los apagones y postergó su propio sistema al abandono y la corrupción.
Sonia Villalobos pasa la mitad del día sin electricidad, algunas veces son más horas y otras menos. Así se vive en Zulia, el histórico estado petrolero de Venezuela y el primero en tener servicio eléctrico comercial, antecedentes que en nada le valieron para evitar ser hoy el más golpeado por los apagones. Los cortes de suministro son recurrentes desde hace un año y medio allí, pero la situación se agravó a partir del 7 de marzo cuando colapsó la hidroeléctrica de Guri, corazón del sistema que produce 70 por ciento de la energía consumida en el país.
Los zulianos como Villalobos viven sin posibilidad de programarse. Los cortes no tienen horario en una región con temperaturas de entre 38 y 40 grados centígrados todo el año. Mitigar el calor con aires acondicionados y ventiladores no es posible en la mitad del día y, en muchos casos, ni siquiera en la madrugada. A los médicos en ocasiones les toca terminar operaciones con linternas de celulares, a los maestros, dar clases fuera de las aulas y a los usuarios de teléfonos móviles, esperar por el retorno de la señal que se bloquea con cada interrupción del suministro de energía.
Del último apagón nacional, ocurrido el 22 de julio, Villalobos se enteró a las 6:00 pm. Pensaba que era otro de los cortes habituales, pero se trataba de la cuarta ocasión de 2019 en la que ocurría una interrupción prolongada que abarcaba una gran porción del territorio nacional. “Gracias a Dios, no tengo comida en la nevera”, pensó la administradora de 56 años, cuando confirmó el alcance de la falla.
La frase suena contradictoria en Venezuela, donde hay niños que mueren de hambre y familias que comen una vez al día. Pero en Zulia, el último estado en recuperar el servicio eléctrico luego de los apagones generales, es reflejo de alivio. Los zulianos suelen perder alimentos por las fallas del servicio, lo que les ha obligado a acortar las limitadas compras para no desperdiciar comida, una pérdida inaceptable para ellos en el contexto de la hiperinflación venezolana.
Tras casi una década de la declaración de la emergencia eléctrica, decretada por el fallecido presidente Hugo Chávez el 8 de febrero de 2010, la oscuridad solo ha avanzado. Ocho años antes del decreto los especialistas encargados del sector advirtieron que era necesario aumentar la generación térmica y culminar los proyectos hidroeléctricos que estaban iniciados para que la oferta de megavatios se mantuviera por encima de la demanda nacional. Las inversiones en mantenimiento y en nuevos proyectos, sin embargo, no se ejecutaron a la altura de las necesidades y en 2008 los apagones se intensificaron: una veintena de ellos han tenido escala nacional incluido el de marzo pasado, que marcó un hito por su duración de cinco días y porque el país se apagó prácticamente completo.
Mientras Venezuela en esos años se sumía en las penumbras, los gobiernos de Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro ayudaban con millonarios recursos públicos a iluminar 12 países del continente con gobiernos aliados del chavismo gracias a convenios de cooperación petrolera. Así lo estableció una investigación de El Pitazo, realizada en alianza con el International Center for Journalists y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas.
La ayuda entregada consistió principalmente en financiamientos para combustible, para subsidios al servicio y para el desarrollo de infraestructura. Ello ocurrió en una época de un boom de precios de hidrocarburos que hizo parecer a los gobernantes venezolanos que el maná jamás acabaría para la industria petrolera estatal. Expertos consultados afirman que si se hubiese empleado correctamente el dinero enviado al exterior no hubiese existido la crisis eléctrica.
“Con los USD 13.000 millones financiados afuera, si se hubiesen invertido bien aquí, desde 2008 hasta la actualidad, Venezuela no hubiera padecido de apagones de ninguna clase”, comenta el consultor internacional José Aguilar.
Oscuridad en casa, luz en la calle
Los gobiernos de Chávez y Maduro destinaron en 20 años más de USD 105.000 millones para el sector eléctrico nacional, según un estudio de Aguilar. El monto es un indicador de un gigantesco despilfarro para el experto, quien considera que con USD 18.000 millones hubiera bastado para tener un sistema capaz de atender la demanda: “No se puede hablar de desinversión, sino de mala inversión, de ausencia de cultura de mantenimiento y de costos elevados por la corrupción”.
Más de 65 por ciento de los USD 105.000 millones rastreados por Aguilar se gastaron después de decretada la emergencia eléctrica, que permitió hacer contratos al margen de la Ley de Contrataciones Públicas. Bajo ese marco, en la gestión de la crisis se profundizaron los negocios con sobreprecios, la falta de mantenimiento de los equipos y los retardos en los proyectos estratégicos. Algunos casos conectados con el área incluso han sido denunciados en tribunales fuera de Venezuela.
“Había interés de originar la crisis para salir a comprar en situación de emergencia todo, para despilfarrar el dinero”, piensa Miguel Lara, quien ocupó la gerencia de la Oficina de Planificación de Sistemas Interconectados hasta 2004 y fue el responsable de presentar las alertas sobre el déficit de generación eléctrica que se experimentaría en los años siguientes. Maduro y sus voceros, sin embargo, han atribuido las fallas a repetidos sabotajes y no a una millonaria dilapidación de fondos como la documentada por Aguilar.
Las cuentas del consultor no incluyen un aspecto clave: los financiamientos de aproximadamente USD 13.000 millones que canalizó Venezuela en la década para fines eléctricos en otros países, de acuerdo con cálculos elaborados para este trabajo. Los principales beneficiarios de esos flujos fueron Cuba y Nicaragua, con los gobiernos de Fidel y Raúl Castro y Daniel Ortega respectivamente. La lista incluye también a Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales además de islas caribeñas donde Chávez y Maduro se propusieron expandir su influencia política: Haití, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Jamaica, Granada, Guyana y Antigua y Barbuda.
El inventario elaborado para este reportaje permitió identificar con documentos oficiales 22 obras de infraestructura tasadas en aproximadamente USD 823 millones y subsidios de casi USD 1.200 millones sin incluir los que se han dado a Cuba, el aliado más privilegiado, pero con el cual impera una relación especialmente opaca con respecto a los usos brindados a la cooperación venezolana.
Según cómputos realizados por El Pitazo con asesoría de Nelson Hernández, energista miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, Cuba ha usado para generación eléctrica no menos de USD 11.000 millones de más de 30.000 en petróleo que se le entregó con facilidades desde 2006.
El dato se obtuvo con la aplicación de un modelo de cálculo basado en informaciones sobre exportaciones de crudo y precios del mercado de Petróleos de Venezuela y sobre demanda, formas de producción y eficiencia del sistema eléctrico del Centro de Gestión y Desarrollo de Energía de Cuba y de la Unión Eléctrica Cubana, entre otras variables.
En Cuba se quemaron entre 2006 y 2014 un aproximado 136,5 millones de barriles para producir electricidad. La cifra es equivalente a casi la mitad de los 281 millones de barriles que Venezuela le despachó en el mismo período en el marco de la cooperación. El Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la Energía de Cuba calcula que al año el país eroga “más de USD 3.000 millones en importación de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica y transporte”, aunque no se aclara cuánto de ese dinero se distribuye en cada reglón.
La dependencia de suministros externos se relaciona con el alto contenido de azufre del petróleo extraído de la isla. Ello impide su uso en plantas que además son antiguas y tienen bajos niveles de eficiencia. En los años 90, Cuba empezó a usar su petróleo para generar electricidad, pero la baja calidad de la materia prima “causó daños en la infraestructura de generación”, según se apunta en la revista científica Tecnología Química.
En el año 2000, con la llegada de Chávez al poder, Fidel Castro encontró una salida a sus problemas con la firma de un convenio integral de cooperación energética, en el que se estableció el compromiso de que Venezuela suministraría 53.000 barriles diarios. Con los años la cantidad aumentó. El promedio enviado a Cuba entre 2006 y 2016 fue de 95.755 barriles diarios. En ese período, Cuba produjo solo 61.700 barriles diarios.
La plataforma surgida del último de los acuerdos mencionados estuvo caracterizada por la discrecionalidad, poca transparencia y la falta de controles en el manejo de los recursos públicos, según #Petrofraude, una investigación periodística en la que participó El Pitazo en alianza con cuatro medios latinoamericanos incluido Connectas. El mayor ejemplo de ello ocurrió en Haití donde se ha denunciado la desviación de más de dos millardos de dólares originados en Venezuela a través de Petrocaribe para la reconstrucción de infraestructura después del terremoto de 2010 acabaron desviados.
Desde 2015 se han disminuido los envíos de combustible de Venezuela a Cuba y esto se ha traducido en recortes en la asignación para la generación eléctrica, publicó Reuters. Desde abril de 2019 hay nuevos racionamientos en Cuba lo que coincidió con las sanciones aplicadas por Estados Unidos a barcos y compañías que transportan combustible venezolano a Cuba.
En los convenios firmados por Castro y Chávez, se establecía la posibilidad de que los cubanos ofrecieran servicios profesionales como contraprestación del petróleo vendido. De los médicos y entrenadores se habló más, pero los cubanos también participaron como consultores en procesos de contratación eléctrica. En investigaciones precedentes se ha establecido que hubo triangulaciones en los negocios asociados a esa faceta de la cooperación.
Los desembolsos para los aliados regionales iniciaron a principios de 2007 cuando ya en Venezuela se avecinaba la crisis. Nicaragua fue la primera en sacar provecho con dos plantas de generación distribuida procedentes de Cuba. Ortega recién había regresado a la presidencia con una campaña en la que prometió superar los racionamientos diarios de 12 horas que afectaban su país. “Realmente estas plantas iban para Venezuela, pero en su solidaridad, decidieron que vinieran a Nicaragua y, sin mayores discusiones… Después veremos cómo nos arreglamos”, dijo el sandinista el 18 de abril de 2007 cuando inauguraron las plantas Hugo Chávez, como la llamaron en agradecimiento al mandatario venezolano.
Luego de 14 meses de entregados los sistemas a Nicaragua, ocurrió el primer gran apagón en Venezuela. Fue de los pocos eventos en los que Chávez asumió responsabilidad. “En tres meses incrementaremos la producción de energía. (…) Estamos trabajando para que no vuelva a ocurrir”, afirmó en una alocución el mismo día del hecho, sucedido el 28 de abril de 2008. La bitácora de labores no incluyó mejorar el control del dinero invertido dentro del país, pero tampoco detener las contribuciones para sistemas eléctricos foráneos.
Los aportes a terceros países se hicieron en el marco de convenios bilaterales y de otros multilaterales como el de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el de Petrocaribe, el cual se consolidó como el principal paraguas de cooperación energética. El espíritu común era ofrecer facilidades en las ventas petroleras para que los beneficiados liberaran recursos para obras y programas con sentido social.
La plataforma surgida del último de los acuerdos mencionados estuvo caracterizada por la discrecionalidad, poca transparencia y la falta de controles en el manejo de los recursos públicos, según #Petrofraude, una investigación periodística en la que participó El Pitazo en alianza con cuatro medios latinoamericanos incluido Connectas. El mayor ejemplo de ello ocurrió en Haití donde se ha denunciado la desviación de más de USD 2.000 millones originados en Venezuela a través de Petrocaribe para la reconstrucción de infraestructura después del terremoto de 2010 acabaron desviados.
Petrocaribe cumplió su quinto aniversario justo el mismo año cuando se declaró la emergencia eléctrica. Chávez dio un discurso en el que elogió el acuerdo con una metáfora que hoy tiene resonancia particular: “Muchos países habrían tenido que apagar las luces y tal vez ser declarados en quiebra hace algún tiempo, si no hubiera sido por Petrocaribe”. Paradójicamente fue en Venezuela donde las luces se apagaron mientras fluía ayuda para iluminar a otras naciones del continente.
“Y que fortuna le deis”
Solo en 2010, con la emergencia declarada, el gobierno de Chávez financió en Haití la construcción de la red eléctrica de Trou du Nord, Terrier Rouge, Fort Liberté y Chevry y la instalación de las plantas de Gonaives, Cabo Haitiano y Carrefour cuyos 20 motores también se calibraron a cuenta venezolana.
También auspició la ampliación de capacidad de almacenamiento de combustible de la planta de generación eléctrica Need Must en San Cristóbal y Nieves, la instalación de la planta termoeléctrica de Entre Ríos en Bolivia y el subsidio al Programa de Soberanía Energética de Nicaragua. El catálogo de la contribución es mucho más amplio.
Nada más en el país centroamericano gobernado por Ortega el gobierno venezolano financió entre 2007 y 2012 la instalación de 12 plantas de generación que según datos del Instituto Nicaragüense de Energía producen 336 megavatios equivalentes a 70 por ciento de su capacidad. Es un aprovechamiento envidiable en comparación con la realidad venezolana del presente. En los estados Zulia y Carabobo, por ejemplo, hay 20 plantas que producen casi la misma energía: 355 megavatios que apenas representan cinco por ciento de su potencial, de acuerdo con un informe confidencial de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) al que se tuvo acceso para este trabajo.
Otro contraste bien pudiera trazarse con el caso de la planta termoeléctrica de Entre Ríos en Bolivia, que fue inaugurada el 22 de julio de 2010. Tiene capacidad de 100 megavatios y su estreno fue el primer paso de un proyecto de mayor alcance con el cual el gobierno de Evo Morales espera exportar electricidad en 2020. La planta fue financiada con dinero venezolano a través de Ende Andina, una corporación mixta creada en 2007 entre la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia, que tiene 60 por ciento de las acciones, y Pdvsa, que posee 40 por ciento. Las empresas contratadas para levantar la termoeléctrica, que costó USD 86 millones, fueron la alemana Siemens y la española TSK, reconocidas firmas dedicadas a fabricar e instalar turbinas.
Cuando esas empresas culminaban el proyecto de Entre Ríos, en Venezuela comenzaban a concederse obras estratégicas a compañías sin experiencia. Un caso emblemático ocurrió con Derwick Associates, que recibió entre 2009 y 2010 la adjudicación de 12 proyectos por USD 2.100 millones y uno de cuyos accionistas es investigado por lavado de dinero en Estados Unidos en conexión con Pdvsa.
De las 22 unidades termoeléctricas instaladas por Derwick Associates, solo funcionan cuatro con una generación conjunta de 111 megavatios, apenas 10,9 por ciento de la capacidad instalada. Es una metáfora que ilustra el panorama del resto del país: la red de generación térmica produce solamente 1.630 megavatios de los 19.095 instalados, según reportes de agosto pasado de Corpoelec.
Con los USD 2.000 millones en cooperación que se destinaron a Bolivia y a los países de Centroamérica y el Caribe sin incluir Cuba, se hubiese podido invertir en el mantenimiento del sistema eléctrico venezolano: USD 1.200 millones para el parque térmico instalado hasta entonces y USD 800 millones para terminar la represa de Macagua, asegura Aguilar. Si se hubiesen invertido en generación, explica el experto, se hubiesen instalado 3.500 megavatios térmicos en diferentes plantas del país.
Los montos empleados por Corpoelec para obras de menor alcance, sin embargo, son muy superiores con respecto a los cálculos presentados por los expertos. Basta examinar el caso de la Planta Termoeléctrica de Occidente, ubicada en Bachaquero, Zulia. Fue presupuestada en USD 2.884 millones para generar 500 megavatios, de acuerdo con un informe de la empresa estatal fechado en marzo de 2013. El documento detalla que en la planta se había ejecutado 48 por ciento del presupuesto mientras el avance físico de la obra era de 37 por ciento.
Cuando a los expertos se les consulta qué sería posible con una disponibilidad que además incluyera los USD 11.000 millones usados por Cuba para generación eléctrica, las respuestas saltan aún más lejos. Aguilar estima que con ese dinero, invertido a partir de 2008, se podía cubrir el mantenimiento del sistema eléctrico venezolano hasta 2019. Además, se hubiesen construido tres plantas térmicas de ciclos combinado de 600 megavatios cada una, la unidad 6 de Planta Centro y se hubiese instalado una cuarta línea a la Red Troncal de Transmisión de 800 kilovoltios para sacar más energía de Guri hacia el país.
El Gobierno de Chávez presupuestó casi la mitad de ese dinero en 2008 solo para modernizar Guri (USD 989.000.000), que en agosto mantenía ocho de sus 20 turbinas paradas; rehabilitar Macagua (USD 338.350.000), que también tenía ocho unidades fuera de servicio; instalar 10 unidades de 205 megavatios en Tocoma (USD 3.679.900.000), ninguna entró en funcionamiento, e instalar la unidad 6 de 600 megavatios en Planta Centro, que generaba 216 megavatios en agosto de este año.
El Pitazo solicitó, a través de una comunicación escrita, una entrevista con el ministro de Energía Eléctrica, Freddy Brito Maestre, sobre las inversiones realizadas por el Estado en el sistema eléctrico venezolano desde 2008. Hasta la fecha de publicación de este reportaje la comunicación no había sido contestada.
Manejos bajo lupa
Con el resto de los países se estableció también que se podía cancelar no solo con dinero sino con bienes y servicios parte de los créditos petroleros. Petrocaribe, por ejemplo, funciona con ese modelo. Se entrega crudo pagadero a 25 años con tasas de interés menores de 2,5 por ciento y la posibilidad de abonar a cuenta en especies.
Las contraprestaciones recibidas por Venezuela hasta la fecha no han permitido recuperar lo prestado: en la mayoría de los casos las deudas con países beneficiados fueron condonadas o renegociadas por la mitad de su valor o pagadas con productos y servicios que no eran tan valiosos como el crudo entregado, según estableció #Petrofraude.
En otros el dinero quedó comprometido en una maraña como ocurrió en territorio haitiano. Allí la Empresa de Electricidad de Haití empleó más de USD 437 millones del Fondo Petrocaribe entre 2009 y 2016 para gastos corrientes como compra de combustible, movilización de equipos, operación, mantenimiento y alquiler de tanques.
El dinero tenía que ser pagado de vuelta a la Oficina de Monetización de la Ayuda Extranjera, pero ello no había sucedido, según una auditoría de la Cámara del Senado de 2017. La mayor parte de la deuda correspondía al funcionamiento de tres plantas donadas por Venezuela y para ello se emplearon recursos que fueron cargados como deudas aunque debían usarse para otros fines de subsidio eléctrico.
La instancia igualmente descubrió sobreprecios de entre 100 y 400 por ciento en todos los contratos otorgados desde 2012 a 12 empresas para instalar 7.499 luminarias solares. Una de las compañías que vendió con sobreprecio es del actual presidente de Haití, Jovenel Moïse, que para el momento, en el año 2013, no estaba en el juego político. Moïse firmó un contrato para la instalación de 65 luminarias solares en dos comunas, Savanette y Mont-Organisé, en representación de la Compañía Haitiana de Energía S.A. El contrato fue por USD 116.058. La investigación parlamentaria estimó 105,3 por ciento de sobreprecio.
En otra auditoría parlamentaria, se menciona una contratación sin licitación para el mantenimiento de plantas eléctricas que fueron donadas por Venezuela. El proyecto se trabajó de manera tripartita: En este acuerdo Haití puso la tierra, Venezuela los equipos y Cuba la mano de obra. La auditoría señala que el mantenimiento que le correspondía al socio cubano, pasó a manos de una empresa coreana con sede en República Dominicana, sin que se cumplieran las formalidades debidas.
La orden, de acuerdo con los parlamentarios, fue tomada desde Venezuela. La investigación haitiana recibió bajo anonimato un punto de cuenta donde Asdrúbal Chávez, presidente de PDV Caribe, le indicaba a Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo, la selección de la empresa. En esa compañía coreana, terminó trabajando uno de los altos responsables de la Empresa de Electricidad de Haití.
Las irregularidades no son exclusivas de los acuerdos con Haití. Entre las denuncias en Guyana, destaca la empresa estatal de electricidad: Guyana Power and Light (GPL). La compañía recibió USD 115 millones del Fondo de Petrocaribe sin acuerdo o contrato. Este monto debía ser pagado a los agricultores que exportaban arroz a Venezuela para compensar la deuda. El destino de los fondos cambió sin justificación o acuerdo formal. Actualmente, la Unidad Especial contra el Crimen Organizado (SOCU por sus siglas en inglés) de la Fuerza de Policía de Guyana investiga qué pasó con el caso en ese país.
Son solo ejemplos de cómo se gestionaron los USD 13.000 millones en cooperación en materia eléctrica enviados fuera de las fronteras. Hoy los megavatios en el país son tan escasos como las medicinas y los alimentos, pero hacen falta para evitar que se apague Venezuela.
Esos megavatios le quitarían la angustia a Sonia Villalobos: “Quiero que los apagones terminen. Tengo miedo cada vez que se me va la luz porque no sé si es un apagón nacional o es sólo aquí. Ya no compro casi comida, máximo para tres días porque es un pecado que se dañe por no tener luz cuando aquí hay mucha gente que pasa hambre”. Como muchos venezolanos, no deja de pensar que la gestión eléctrica de los últimos 13 años se puede resumir en refrán que tiene un sabor amargo hoy: “Han sido luz para la calle y oscuridad para la casa”.
