Publicado en: Punto de Corte
Por: Sebastiana Barráez
Ni los más altos jefes militares pueden ocultar la crisis que se vive en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay un nivel generalizado de desmoralización. Mientras la situación económica, que está golpeando ferozmente a la sociedad civil, igual lo está haciendo en el mundo militar.
Tradicionalmente los militares salen en dos turnos de permiso navideño o fin de año. En estos momentos aún están esperando un gran número de militares profesionales que no se presentaron después de haber terminado sus vacaciones navideñas, mucho menos los de fin de año.
No hay ni siquiera el temor de ser declarados desertores y convertirse así en militares solicitados, legalmente hablando. No teníamos tradición en la Fuerza Armada de deserciones masivas, como las que se han incrementado en los tres últimos años, luego que gran cantidad de militares solicitaran la baja y no haya sido procesada.
Hay algunos oficiales que apenas salieron de permiso ya tenían la maleta lista para pasar la frontera; ni siquiera el decreto recientemente impuesto de que todo militar debe notificar su salida del país, frenó a quienes estaban decididos a marcharse del país.
Lo más grave está ocurriendo con los oficiales. La tropa por su parte tiene la ventaja de manifestar que se quieren ir y se van, mientras que los oficiales deben esperar que se les conceda la baja.
Hay comandantes que ni siquiera se preocupan de ubicar a quienes no se presentan, como ocurría anteriormente.
He ahí el caso del primer teniente Juan Carlos Granado Marín, que desertó y mandó a su esposa a que se presentara a su comando del Táchira, perteneciente a la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Andes, para que informara que él recogió sus pertenencias y ya está fuera del país. El comando envió a un oficial a la casa de Granado, lo llamaron por teléfono y le enviaron mensajes de texto, pero el hombre no respondió.
También resulta significativa la Orden Administrativa N° 43393 emitida el 21 de diciembre 2018 por el Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), M/G Richard Jesús López Vargas. En el aparte quinto destaca que “como consecuencia de los trámites administrativos, realizados en beneficio del interés del personal de Tropa Profesional, que se encuentra en estado difuso y colectivo, dentro de la Fuerza armada nacional Bolivariana, y a pesar del llamado reiterado y constante para que cada uno de los involucrados en dicha situación normalicen su condición legal que, hasta la presente fecha, presentan varios efectivos militares, haciendo caso omiso al llamamiento de sus comandantes naturales, en cualquiera de sus niveles, quienes a través de los medios idóneos, para que se reintegren de nuevo a las filas de esta institución castrense, se desprende que tal escenario ha creado un ambiente de desobediencia e indisciplina, afectando con esta conducta el interés jurídico del patrimonio público del Estado, siendo víctima, por estar vinculado al devengar los sueldos y otros beneficios económicos, garantizados mediante el presupuesto del fisco Nacional que viene siendo la planificacón fiscal del país”.
En el punto sexto, dice que “partiendo de la manifestación de voluntad tácita o sobreentendida de parte de determinados efectivos militares (Tropa Profesional) de la Guardia Nacional Bolivariana, que decidieron de forma voluntaria y unilateral no regresar a las Unidades o dependencias a las cuales se encuentran adscritos, inobservando el cumplimiento de sus deberes y compromisos con el desarrollo de la misión otorgada…”.
Es así como el alto oficial ordena la separación de la Fuerza armada Nacional Bolivariana a 4 mil 309 sargentos pertenecientes a la Tropa Profesional de la GNB, de los cuales mil 302 son sargentos de primera, 2 mil 791 son sargentos de segunda, 189 sargento mayor de tercera, 19 sargento mayor de segunda, tres sargentos ayudantes y dos sargentos supervisores.
LLEGÓ EL LOBO
No es casual que el Gobierno Nacional haya tratado recientemente de resaltar a la Milicia Bolivariana, con actos y muchos mensajes a través de los medios oficialistas. La situación interna en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es alarmante. El quiebre moral es grave. Hay temor en la institución castrense.
No hay capacidad de respuesta ni siquiera ante las protestas que se dan en el país, porque a la desmoralización de las tropas, hay que añadirle la imposibilidad de sostener la logística en los cuarteles venezolanos. No tiene el Gobierno cómo enfrentar a los manifestantes, porque no cuentan ni con bombas lacrimógenas suficientes para poder frenar el avance de una manifestación masiva.
Al Gobierno lo ha beneficiado las profundas diferencias entre el liderazgo existente en la Oposición. Pero fundamentalmente que las protestas han dejado de ser masivas y más bien son atomizadas y focalizadas. No tiene el Gobierno cómo enfrentar las protestas, ni siquiera con el reforzamiento que le dieron en años anteriores a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Ese componente, que fue decisivo al enfrentar las guarimbas del 2015 y subsiguientes, está en este momento atravesando por un quiebre en las bases fundamentales de la FANB, como son la subordinación, la obediencia y la disciplina.
En estos momentos en el país las protestas ya ni siquiera son enfrentadas y las pocas que lo son no lo resultan de manera exitosa para la Fuerza Armada o los cuerpos policiales.
Hay enfrentamientos internos entre sectores de la Guardia Nacional y el Ejército por el control del poder, que conlleva al control económico, como ocurre en los sectores fronterizos. Y aunque no se hacen públicos, algunos de esos enfrentamientos han llegado a la opinión pública; así ocurrió en tres episodios sucesivos ocurridos en Táchira. Dos de ellos en los más importantes puntos de control de quizá toda esa frontera occidental: en La Pedrera (donde la carretera llamada Troncal 5 o Los Llanos, se encuentra en una Y, que desde Táchira lo lleva hacia Apure y Barinas). La otra es la de Peracal, quizá la más rentable alcabala que tiene la Guardia Nacional en todo el país, porque los funcionarios pagan para ser asignados a Peracal y a los pocos meses de estar ahí logran rápida y sustancial mejora económica.
El tercer suceso ocurrió en la zona norte del Táchira, cuando la Guardia y el Ejército libraron enfrentamientos que los llevó incluso a apuntarse con sus armas, algunos terminaron detenidos o cambiados de los puntos de control.
Lo que sí ha reforzado el Gobierno son las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, que le ha permitido desmantelar grupos rebeldes, apagar intentos de rebelión e incluso silenciar las manifestaciones de molestia existentes entre militares. Pero eso solo disfraza y controla el malestar, no lo enfrenta ni lo soluciona.
Aunque desde el Ejecutivo Nacional haya existido toda la voluntad para tratar de satisfacer a civiles y militares con los millones de perniles, prometidos por Nicolás Maduro, la incapacidad para cumplir la promesa, evidencia que el Gobierno perdió la capacidad de control, que ya no le es posible satisfacer una promesa populista, como tampoco puede hacer que la Fuerza Armada cumpla con expulsar o enfrentar a los grupos guerrilleros y paramilitares que se han ido apropiando del territorio.
Si bien es cierto que el Ministerio del Interior y Justicia ha emitido decretos para tratar de impedirles a los civiles portar armas legalmente, los grupos irregulares, incluso los mal llamados colectivos, no solo están armados, sino que exhiben armas de guerra que deben ser monopolio de la Fuerza Armada.
El hecho de que la guerrilla colombiana instale alcabalas, algunas permanentes, de este a oeste de Venezuela, y a metros de donde se encuentran puntos de control de los militares venezolanos, como ocurre en el Catatumbo del Zulia o en el municipio Sifontes de Bolívar, habla del nivel de vulnerabilidad que tiene nuestra Fuerza Armada.
