Publicado en: ABC
Por: Víctor de Abreu
El capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo murió mientras era torturado por miembros de la Inteligencia chavista que actuaban con pleno conocimiento de Nicolás Maduro. La autopsia realizada al cadáver del militar reveló que la causa de su muerte fue «un edema cerebral severo debido a la insuficiencia respiratoria aguda producida por la rabdomiólisis por politraumatismo generalizado» (la rabdomiólisis es un síntoma que presentan las víctimas de terremotos, bombardeos y derrumbes de edificio), y «tiene entre sus causas el aplastamiento», según explicó la abogada de derechos humanos, Rocío San Miguel.
Cortesía: ABC
Todo apunta a que Acosta Arévalo recibió una brutal paliza que le provocó la muerte. Los hallazgos médicos filtrados por el director de actuación procesal del Ministerio Público en el exilio, Zair Mundaray, evidencian que el capitán de corbeta tenía fracturadas «dieciséis costillas, el tabique nasal y un pie; excoriaciones en hombros, codos y rodillas; hematomas en los abductores, lesiones similares a latigazos en la espalda y signos de pequeñas quemaduras en ambos pies, que se presumen de electrocución». Todos estos tratos crueles e inhumanos le fueron aplicados mientras estaba bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Fuentes militares conocedoras del caso revelaron a ABC que el mayor Alexander Gramko Arteaga, director de Asuntos Especiales del Dgcim, «es el ejecutor de las operaciones de tortura y procedimientos especiales» y que bajo su mando se realizan las «desapariciones forzadas y ejecuciones contra los militares enemigos del régimen». Según esta fuente, en Gramko recayó la orden de torturar que acabó con la vida del capitán el pasado sábado por orden de Maduro. «La dirección de asuntos especiales no hace nada sin que Nicolás Maduro lo autorice, fue creada para hacer trabajos única y específicamente para el presidente». Codo con codo con Gramko, el jefe de contrainteligencia de la Guardia de Honor, Asdrúbal Brito Hernández (ascendido recientemente a número uno por Maduro), también participó en las torturas.
Centros clandestinos
El mayor Gramko Arteaga tiene además a su cargo centros clandestinos llamados «casas seguras» para torturar y hacer desaparecer a la disidencia del régimen. Entre las que citó se encuentra: una casa cerca de la plaza de Chacao, en San Bernardino «es una base», otra en Fuerte Sorocaima en La Mariposa y subiendo hacia terrazas del Ávila, cerca de la sede del Dgcim en Boleíta en Caracas.
La triste historia de Acosta comenzó el 21 de junio cuando funcionarios del Dgcim y del Sebin se llevaron detenidos a siete personas, entre militares y policías, activos y en retiro. Los cuerpos de inteligencia del Estado habían detenido a dos coroneles retirados, un general de brigada de la Aviación, un capitán de corbeta de la Armada (Rafael Acosta Arévalo), un teniente coronel del Ejército y dos comisarios retirados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Tras seis días en paradero desconocido, el fiscal general, Tarek William Saab, acusó a tres de ellos -incluido el capitán Acosta- de incurrir en «los delitos de terrorismo, conspiración y traición a la patria». La versión del Gobierno presupone que los inculpados estaban preparando un golpe de Estado que «incluía la muerte de Maduro y Diosdado Cabello».
«Acosta Arévalo murió por no saber más», explican las fuentes a las que ha tenido acceso ABC. Cuentan que desde el inicio todo fue cruel porque habías funcionarios retirados que no representaban «ninguna amenaza». Además, agregó que fue el coronel Pedro Luis Pérez Silén, encargado del destacamento de Guatire, el infiltrado del Gobierno en las reuniones que se estaban llevando a cabo con los siete militares. Pérez Silén fue quien grabó la reunión y se la dio al régimen para ganar su confianza y sus favores.«Los torturaron tanto porque los detenidos no sabían nada. Lo que habían hablado ya estaba grabado en el vídeo», explican estos militares al tiempo que aseguran que los otros seis funcionarios también están en estado crítico y que aparecerán cuando ya se hayan recuperado físicamente. «Aquí en Venezuela el que tiene poder es el que demuestra ser el malo, el más inhumano, el verdugo y Gramko se muestra como el más malo».
Waleska Pérez temía por la integridad de su esposo, Acosta. Un día antes de su muerte dijo que fue presentado en Tribunales al que llegó en silla de ruedas mostrando graves signos de tortura. «No hablaba solo pedía auxilio a su abogado», dijo Pérez. «Lo torturaron mucho. Tanto que lo torturaron, que lo mataron».
Los ejecutores
La lista de torturadores del régimen es larga. El principal responsable es el mayor general Iván Hernández Dala, director del Dgcim y, al mismo tiempo, jefe de la guardia de honor presidencial. Dala dirige el órgano represor más brutal de todo el país, que como ha revelado ABC son asesorados por los cubanos. Cumple instrucciones directas de Maduro y es uno de los militares más cercanos a él. Ha sido señalado ya ante organismos internacionales como violador de los derechos humanos.
El coronel Hannover Guerrero, responsable de la sede del Dgcim en Boleíta (Caracas), es también ejecutor de torturas y de falsificar los expedientes contra los detenidos en sus instalaciones. Luseph Barrios Olivares, jefe de la unidad especial, es el encargado de la casa de tortura ubicada en La Mariposa. Y Rafael Franco Quintero, jefe de inteligencia militar, ha sido señalado por la abogada venezolana, Tamara Suju, de ser cómplice «de los peores crímenes de lesa humanidad, entre ellos la tortura y violencia sexual a detenidos».
Rafael Blanco Marrero, Néstor Blanco Hurtado y Abel Angola García también engrosan la lista. Suju ha denunciado a todos estos cómplices del régimen ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad que no prescriben.
Al conocerse la noticia del asesinato de Acosta Arévalo, el Gobierno de Venezuela ordenó inmediatamente la detención de dos funcionarios del Dgcim, señalados como autores del Homicidio. El abogado del capitán, Alonso Medina Roa, aseguró que el régimen «lo pretende calificar el delito de homicidio, ignorando la legislación contra la tortura».
El presidente interino, Juan Guaidó, dijo por su cuenta de Twitter: «No hay palabras para definir este abominable hecho. Familia militar no están solos, habrá justicia. Dictadura asesina, criminal y torturadora esto no quedará así». Con la muerte del capitán Acosta suman ya cuatro los presos políticos asesinados bajo la custodia de Maduro: el concejal de Caracas, Fernando Albán; el piloto de la aviación civil venezolana, Rodolfo González y el concejal, Carlos Andrés García.
