Publicado en El Mercurio
Por: José Miguel Vivanco – Tamara Taraciuk Broner
El Grupo de Lima -coalición de 11 gobiernos latinoamericanos y Canadá- se reunirá hoy en Santiago, para examinar la situación en Venezuela.
Tras su primer encuentro en Lima en agosto, en una contundente declaración, el grupo condenó la embestida al orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Manifestaron que no reconocerían la Asamblea Constituyente (un invento del gobierno para arrebatarle facultades legislativas al Parlamento de mayoría opositora), se comprometieron a suspender la transferencia de armas a Venezuela y condenaron que el gobierno se niegue a aceptar asistencia internacional humanitaria.
Ese mes, algunos miembros del Grupo de Lima -que integran el bloque comercial Mercosur- suspendieron a Venezuela, alegando una «ruptura del (…) orden constitucional» en dicho país.
Sin embargo, salvo Canadá, los miembros del Grupo de Lima no han adoptado sanciones individuales contra funcionarios venezolanos implicados en graves violaciones de derechos humanos. Tales sanciones no tendrían un impacto negativo en la población venezolana, que sufre una brutal escasez de alimentos y medicinas.
La Unión Europea sancionó ayer a siete altos funcionarios venezolanos con restricciones de ingreso y congelamiento de bienes en Europa. Estados Unidos, desde la época del gobierno de Obama hasta ahora, está aplicando sanciones similares a decenas de funcionarios venezolanos.
Durante el último año, el gobierno ha recurrido a la fuerza brutal, incluyendo torturas, contra opositores. En las calles, el uso desproporcionado de la fuerza provocó decenas de muertes, cientos de heridos y miles de detenciones. Agentes de inteligencia torturan a los detenidos con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras tácticas perversas. Más de 750 civiles han sido procesados en la justicia militar.
Estos crímenes no fueron casos aislados ni el resultado de excesos por parte de oficiales abusivos. De hecho, miembros de distintas fuerzas de seguridad cometieron reiteradamente abusos generalizados en múltiples lugares del país durante varios meses. La evidencia demuestra que se trata de prácticas sistemáticas de las fuerzas de seguridad.
En septiembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó que «es posible que se hayan cometido delitos de lesa humanidad» en Venezuela, e instó a que se llevara a cabo una investigación internacional. Desde hace más de una década, el gobierno venezolano no coopera con ningún organismo internacional de derechos humanos.
Y en el plano interno, no hay ninguna posibilidad de hacer justicia para las miles de víctimas debido a que el Poder Judicial no tiene la más mínima independencia y, en los hechos, es un instrumento que garantiza la impunidad de estos delitos.
Organizaciones de derechos humanos han solicitado a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación preliminar sobre estos crímenes. Venezuela ratificó el tratado de la CPI, tribunal de última instancia para violaciones graves de derechos humanos -incluyendo crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad-, con jurisdicción para actuar cuando las autoridades nacionales no cumplen con su obligación de investigar y juzgar. La competencia de la CPI -que se limita a las circunstancias y delitos mencionados- puede activarse cuando un Estado solicita la apertura de un caso a la fiscalía. La fiscalía analiza detenidamente la información que recibe para establecer si corresponde llevar a cabo una investigación penal.
Dado el grotesco deterioro de la situación en Venezuela, los representantes del Grupo de Lima reunidos en Santiago deberían sumarse a la imposición de sanciones de visas y congelamiento de bienes a los más altos funcionarios del régimen. Estas sanciones deberían aplicarse a aquellos que, en tareas civiles, militares y judiciales, son responsables por las violaciones de derechos humanos sistemáticas que se cometen en el país. Asimismo, el Grupo de Lima debería evaluar la contribución que podrían hacer las máximas instancias internacionales de derechos humanos como las descritas en este artículo, para que los responsables sean llevados ante la justicia y así intentar evitar una degradación aún mayor en Venezuela.
José Miguel Vivanco es director para las Américas de Human Rights Watch y Tamara Taraciuk Broner es investigadora sénior para las Américas y cubre Venezuela para la organización.
