Por: Human Rights Watch
Asesinatos, desapariciones y reclutamiento de niños quedan impunes
Grupos armados han cometido abusos aberrantes contra civiles colombianos y venezolanos en su disputa por el control territorial en el Catatumbo, en el noreste de Colombia, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.
Cortesía: Human Rights Watch
Grupos armados han cometido abusos aberrantes contra civiles colombianos y venezolanos en su disputa por el control territorial en el Catatumbo, en el noreste de Colombia, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.
El informe de 69 páginas, “La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia”, documenta asesinatos, desapariciones, crímenes de violencia sexual, reclutamiento de niños como soldados y desplazamiento forzado cometidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y un grupo que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los grupos armados intentan controlar a la población a través de amenazas, incluso contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Varios de ellos han sido asesinados. Las víctimas de estos aberrantes abusos incluyen a venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria en su país.
“Mientras los grupos armados se disputan el vacío que dejaron las FARC en el Catatumbo, cientos de civiles han quedado en el medio de un conflicto brutal”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los venezolanos en el Catatumbo están atrapados en una encrucijada entre la guerra en Colombia y la desesperación por salir de la emergencia humanitaria en su país”.
La violencia y los abusos han aumentado en el Catatumbo desde que las FARC se desmovilizaron en 2017 como parte de su acuerdo de paz con el gobierno. Las autoridades colombianas no han tomado medidas adecuadas para cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a la población civil y asegurar que las víctimas reciban justicia.
En abril de 2019, Human Rights Watch adelantó una investigación en terreno en el Catatumbo. En total, recogimos testimonios de más de 80 personas, incluidas víctimas y familiares de víctimas, líderes sociales, representantes eclesiásticos, funcionarios de derechos humanos, autoridades locales, funcionarios judiciales y miembros de organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en la zona.
Human Rights Watch también tuvo acceso a informes y estadísticas oficiales, publicaciones de organizaciones no gubernamentales e internacionales, y testimonios tomados por funcionarios públicos a aproximadamente 500 víctimas de abusos cometidos por grupos armados. Es altamente probable que la cantidad total de casos sea incluso mayor a la registrada por las autoridades, debido al temor de las víctimas a sufrir represalias de grupos armados si denuncian los abusos y al temor de las víctimas venezolanas a ser deportadas.
“Los que están en el conflicto no están sufriendo lo que nosotros, como campesinos…, estamos sufriendo”, dijo a Human Rights Watch un maestro de escuela rural que perdió un pie cuando una mina antipersonal explotó a pocos metros de su escuela. “Nosotros somos los que estamos pagando un conflicto que iniciaron ellos”.
Los escasos controles migratorios y la posibilidad de trabajos mejor pagos atraen a los venezolanos a la zona fronteriza del Catatumbo. Al menos 25.000 venezolanos viven en esta región, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Varios venezolanos vulnerables y a menudo indocumentados han sido víctimas de desplazamiento forzado, asesinato y reclutamiento de menores por parte de grupos armados.
En el Catatumbo, más de 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares desde 2017, la mayoría durante 2018, según estadísticas gubernamentales. Muchos han sufrido abusos que constituyen desplazamiento forzado con arreglo al derecho internacional humanitario. Muchos civiles debieron desplazarse luego de que grupos armados los amenazaran tras acusarlos de haber cooperado con otros grupos armados o con el gobierno. Otros han huido tras haber sido amenazados por negarse a unirse a un grupo armado.
OCHA reportó que 109 personas que consideraba civiles fueron asesinadas por grupos armados en el Catatumbo en 2018. Los grupos armados han asesinado a nueve defensores de derechos humanos en la zona desde 2017, según la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
“Los líderes sociales desempeñan un rol fundamental al ser la voz víctimas de graves vulneraciones y abusos y contribuir a instaurar el estado de derecho en zonas remotas de Colombia”, expresó Vivanco. “El gobierno colombiano debería redoblar sus esfuerzos para protegerlos y asegurarse de que los responsables de estos homicidios rindan cuentas ante la justicia”.
Los grupos armados en el Catatumbo también han cometido secuestros, desapariciones y crímenes sexuales.
Los grupos han obligado, con amenazas, a niños de apenas 12 años a sumarse a sus filas. En algunos casos los niños se unieron a los grupos por promesas de dinero. Human Rights Watch tuvo acceso a testimonios sobre una decena de casos de familias que se desplazaron después de que un grupo armado intentara reclutar a uno de sus hijos o amenazara con hacerlo.
Los grupos armados también han sembrado minas antipersonales en zonas rurales del Catatumbo, donde las FARC habían usado minas en el pasado. Cuatro personas han muerto y 65 resultaron heridas debido a minas terrestres antipersonales en el Catatumbo desde 2017.
Hasta el momento, las autoridades colombianas no han logrado que se investiguen y castiguen los abusos cometidos por grupos armados. Hasta abril de 2019, la Fiscalía tenía más de 770 procesos por homicidios cometidos en el Catatumbo desde 2017. Por estos casos, había 61 condenas. Solo dos miembros de grupos armados fueron imputados de homicidio, según la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía no ha imputado a nadie por amenazas, reclutamiento de menores o desapariciones cometidas en el Catatumbo desde 2017. Dos miembros de grupos armados han sido imputados por desplazamiento forzado, pero ninguno ha sido condenado, y hay más de 480 procesos abiertos por este delito.
La asistencia a los desplazados, contemplada en el derecho colombiano, ha sido lenta e insuficiente, según actores humanitarios en la región. Cientos de civiles han vivido en albergues temporarios improvisados por las comunidades. Algunos albergues no tenían muebles ni agua corriente. Las autoridades tampoco han abordado adecuadamente los riesgos y amenazas a los derechos humanos identificados por la Defensoría del Pueblo en sus “alertas tempranas”.
En octubre de 2018, el gobierno colombiano creó una Fuerza de Despliegue Rápido con el fin de llevar 5.600 militares más al Catatumbo. Residentes, funcionarios de derechos humanos y actores humanitarios han denunciado comportamientos abusivos por parte de la fuerza pública en la zona. Los soldados acusan a los civiles de ser cómplices de guerrillas y los interrogan en retenes militares. Estas situaciones exponen a los civiles a represalias por parte de grupos armados. En abril de 2019, un soldado mató a un exmiembro de las FARC desmovilizado.
Para cumplir con sus obligaciones conforme al derecho internacional y al derecho colombiano, las autoridades colombianas deberían adoptar estrategias de seguridad respetuosas de los derechos humanos que estén destinadas a proteger a la población civil. También deberían aumentar los esfuerzos y capacidades para investigar abusos cometidos por grupos armados y procurar obtener asistencia internacional para los desplazados. Asimismo, el gobierno debería llevar a cabo una evaluación exhaustiva para determinar el número de venezolanos que viven en el Catatumbo y sus necesidades, y asegurarse de que todos los venezolanos puedan trabajar legalmente en Colombia, incluso en zonas más seguras del país.
“Las medidas del gobierno para aumentar la presencia de la fuerza pública en el Catatumbo deben estar acompañadas de acciones más integrales para proteger y defender los derechos de los campesinos y venezolanos que viven allí”, expresó Vivanco. “Estas medidas deberían incluir aumentar las capacidades para adelantar investigaciones penales y redoblar la asistencia humanitaria para las víctimas”.
Ver abajo más información sobre casos documentados por Human Rights Watch.
Beatriz (seudónimo) fue violada en julio de 2017. Ese día, estaba trabajando como cocinera en una finca en la que también trabajaba su marido. Alrededor de las 5 p. m., un grupo de hombres uniformados y con los rostros tapados con pasamontañas se presentó preguntando a los gritos “por qué hijueputas” no se habían ido si habían sido “advertidos”. Preguntaron si había otras personas en la finca. El esposo de López dijo que no para proteger a los otros trabajadores.
Los guerrilleros enviaron a hombres a comprobar si esto era cierto. Cuatro de ellos, que tenían el emblema del ELN, se quedaron. Dos de ellos violaron a López mientras los otros obligaban a su esposo a mirar. López perdió el conocimiento y se despertó dos horas más tarde en brazos de su esposo. Huyeron a una ciudad cercana. López recién denunció el incidente a principios de 2019 debido a la vergüenza y el trauma psicológico que sufría.
Dalila (seudónimo) vive entre dos riscos montañosos donde operan grupos armados. Suele haber combates entre ellos, según indicó a las autoridades, y las paredes de su casa están cubiertas de orificios de balas. A comienzos de 2018, tres hombres se presentaron en su casa. Estaban armados y usaban uniformes, pero Dalila indicó que no sabía a qué grupo pertenecían. Le dijeron que iban a llevarse a sus hijos mayores, que tenían 17 y 14 años. Dalila les dijo que antes tendrían que matarla. Los hombres le ordenaron que se fuera. Dalila envió a sus dos hijos a otro municipio donde vivía su hermana. Regresó a su tierra para vender sus animales y huyó a una ciudad cercana.
Alejandro Rodríguez (seudónimo), de 34 años, es maestro en una escuela primaria rural del Catatumbo. Cerca de la 1 p.m. del 5 de febrero de 2019, Rodríguez salió a buscar una pelota que un alumno había pateado fuera del predio de la escuela, aproximadamente a 15 metros de donde estaban jugando. Rodríguez pisó algo que explotó. Nos dijo que se trató de una mina antipersonal. Los vecinos lo ayudaron a llegar a la ciudad más cercana, a varias horas de distancia. Rodríguez perdió un pie.
Cuando lo entrevistamos en abril, dijo que nadie del gobierno había visitado la zona en los dos meses posteriores al incidente para revisar si había otras minas cerca de la escuela. Rodríguez se había mudado a una zona urbana para recibir tratamiento médico. Según contó, en su comunidad rural oía disparos casi todos los días y los niños tenían miedo de ir a la escuela.
Henry Pérez Ramírez, un líder comunitario de 46 años, salió para hacer un recorrido de sus cultivos en la mañana del 26 de enero de 2016 y no regresó, contó su esposa, Elibeth Murcia Castro. Un hombre le dijo que, algunos días antes, había escuchado a Pérez Ramírez hablar por teléfono con un miembro de las FARC. El miembro de las FARC le hizo preguntas sobre dónde operaba la fuerza pública colombiana y le pidió reunirse el 26 de enero.
Murcia Castro dijo que Pérez Ramírez había recibido antes amenazas del miembro de las FARC. Ella y su familia lo buscaron desesperadamente y presentaron denuncias ante autoridades judiciales y la Defensoría del Pueblo, pero todavía se desconoce su paradero. “Lo que más quiero es encontrarlo”, nos dijo. “No [estar] así como [uno] está, con una incertidumbre, sin saber donde esté, cómo esté, si está vivo, si está muerto”.
Enrique Pérez (seudónimo), de 14 años, llegó con su madre al Catatumbo en febrero de 2019. Se fueron del estado Trujillo en Venezuela porque, según dijo, sus padres ya no podían dar de comer a la familia adecuadamente. Algunos días, solo tenían para una comida, y a veces solo comían día por medio. En Venezuela estudiaba, pero abandonó la escuela para trabajar en las plantaciones de coca, bajo un sol abrazador. En ocasiones, los venezolanos trabajan solo por un plato de comida, señaló. Contó a Human Rights Watch que trabaja con menores de edad colombianos y venezolanos, algunos de apenas ocho años, y que le encantaría volver a la escuela, pero ahora tiene que trabajar.
