Publicado en Human Rights Watch
Pronunciamiento conjunto del Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch
Más de 5.300 personas han sido detenidas en el contexto de manifestaciones masivas contra el gobierno en Venezuela desde abril, según cifras del Foro Penal Venezolano, una red de abogados que brindan asistencia legal ad honórem a personas detenidas en todo el país. Al 22 de agosto, cerca de 1.000 personas seguían encarceladas.
Los detenidos arbitrariamente por razones políticas incluyen más de 640 personas que fueron sentenciadas, están siendo procesadas, o cuentan con una orden judicial de prisión preventiva (a quienes el Foro Penal Venezolano llama “presos políticos”); personas que todavía no han sido llevadas ante un juez; al menos 19 personas a favor de quienes se han dictado órdenes judiciales de liberación pero no son puestas en libertad por agentes de inteligencia; y más de 100 personas que tienen órdenes judiciales de liberación bajo fianza pero cuyo procesamiento viene siendo demorado por largos períodos por funcionarios judiciales.
La libertad bajo fianza en Venezuela no requiere consignar dinero ante un tribunal. El derecho venezolano permite que la justicia libere a personas que van a ser procesadas penalmente si presentan un fiador que puede asegurar al juez que el detenido comparecerá ante el tribunal durante el proceso. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha sido demorada indebidamente por funcionarios judiciales, y estas personas han quedado detenidas arbitrariamente por períodos de incluso varios meses. La continuidad de la detención de estas personas luego de que se dispusiera su liberación es un acto arbitrario e ilegítimo según el derecho internacional de los derechos humanos.
A continuación se presentan algunos relatos de abogados que brindaron asistencia legal a personas que estaban o siguen estando detenidas arbitrariamente, en razón de que la orden judicial que disponía su liberación bajo fianza se ignoró durante semanas:
El 13 de abril, miembros de pandillas armadas partidarias del gobierno llamadas “colectivos” detuvieron a Alberto Brito y Maribel Ilarraza en incidentes separados en Caracas; Brito salía de su vivienda, mientras que Ilarraza regresaba a casa luego de una jornada de trabajo. Ambos fueron entregados a la Guardia Nacional Bolivariana, después a miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y nuevamente a la Guardia Nacional Bolivariana. Los dos detenidos fueron finalmente llevados juntos ante el mismo tribunal en Caracas, donde un juez los acusó de “instigación a delinquir” y “detentación de sustancias incendiarias” durante una manifestación contra el gobierno. El juez impuso la libertad bajo fianza a Brito y autorizó la liberación de Ilarraza sin fiador, pero solicitó que prestara caución juratoria de que se presentaría ante el tribunal. Sin embargo, desde entonces el tribunal no ha tramitado la documentación que la abogada de Brito e Ilarraza presentó en sus casos. Siguen detenidos.
El 19 de mayo, agentes del CICPC detuvieron a Yusmari Cañizalez, Haydee Brusco y Caride Malavé —madre, hija y nieta, respectivamente—en su vivienda en el estado de Miranda. Un informe policial al cual tuvo acceso su abogado indicaba que habían sido detenidas en flagrancia mientras estaban saqueando una tienda de juguetes en la zona. El 21 de mayo, las tres fueron llevadas ante un tribunal en Los Teques y acusadas de “aprovechamiento de las cosas provenientes del delito”. El juez dispuso su libertad condicional luego de que presentaran fiadores. Aunque el abogado afirma que presentó toda la documentación pertinente ese mismo día, Cañizalez fue liberada el 7 de julio —50 días después de la detención— mientras que Malavé y Brusco permanecieron encarceladas 72 días, hasta el 29 de julio.
El 25 de mayo, la policía del estado de Aragua detuvo al estudiante Walter José Yepez Vargas, de 19 años, mientras se retiraba de una manifestación. El 27 de mayo, fue llevado ante un juez. Aunque el fiscal presente en la audiencia no presentó cargos contra Yepez por ningún delito, el juez lo imputó por obstrucción y daños en la vía pública, y dispuso que fuera liberado bajo fianza una vez que presentara seis fiadores. Sin embargo, la justicia rechazó los garantes propuestos por Yepez por distintos motivos, incluyendo en un caso que la persona había indicado un número de teléfono celular en vez de una línea fija. Cuarenta días después, ante la creciente presión pública, un tribunal dispuso su libertad sin fiadores.
El 20 de julio, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron al estudiante y músico Francisco Gamboa, que estaba dentro de la vivienda de un familiar en Mérida. El 23 de julio, Gamboa fue llevado ante un tribunal y acusado de instigación pública a delinquir. El juez autorizó su liberación bajo fianza, luego de que presentó un fiador. El abogado de Becerra presentó la documentación pertinente para su liberación ese mismo día, así como documentos adicionales que había solicitado el tribunal, pero Becerra siguió detenido 27 días, hasta el 15 de agosto.
El 22 de julio, Ferney Becerra Pérez, un vigilante, fue llevado ante un tribunal penal en Mérida, dos días después de haber sido detenido por miembros de la Policía Nacional Bolivariana mientras comía una hamburguesa en un puesto callejero. Aunque el fiscal no presentó cargos contra Becerra por ningún delito y pidió su liberación, el juez igualmente le imputó el delito de instigación pública y dispuso que fuera liberado recién después de presentar dos fiadores ante el tribunal. El abogado defensor de Becerra presentó la documentación para que fuera puesto en libertad, pero permaneció detenido 26 días, hasta el 14 de agosto.
El 27 de julio, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron al violinista Wuilly Arteaga, que se ha convertido en un símbolo de la protesta pacífica en Venezuela, durante una manifestación en Caracas contra la intención del gobierno de convocar a una Asamblea Constituyente. El 30 de julio, Arteaga fue llevado ante un tribunal de la justicia penal ordinaria, pero ni a su familia ni al abogado les dijeron cuándo se celebró la audiencia, a pesar de que lo habían visto llegar al tribunal y estaban esperando fuera para recibir información de las autoridades acerca de qué tribunal tomaría el caso. Más tarde, su abogado supo a través de un funcionario judicial que el tribunal asignaría a Arteaga un defensor público y que el Ministerio Público lo había acusado de detentación de sustancias incendiarias, incitación pública a delinquir y agavillamiento. En esa audiencia, el tribunal dispuso que fuera liberado a condición de que presentara un fiador.
Cuando su abogado finalmente accedió al expediente, presentó la documentación para la fianza, pero Arteaga nunca fue puesto en libertad. Tribunal recién permitió que Arteaga fuera liberado el 15 de agosto, luego de que su caso tuvo amplia repercusión internacional y su liberación fue pedida pública y formalmente por Tarek William Saab, el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente oficialista. Miembros de la Guardia Nacional condujeron a Arteaga en un vehículo hasta la Plaza Altamira en Caracas y lo dejaron allí, sin informar a sus abogados ni familiares sobre la liberación. Arteaga debe presentarse personalmente ante el tribunal a diario y no puede participar en manifestaciones.
