Publicado en: The New York Times
La noticia debía haber sido la excarcelación y suspensión de juicio a 110 presos y perseguidos políticos venezolanos. Sus historias tan trágicas como sorprendentes. O también: la insólita confesión que ha hecho involuntariamente Nicolás Maduro y su gobierno al reconocer que usan la policía y los militares como fuerzas criminales para secuestrar a ciudadanos inocentes. Pero no. Todo esto siguió de largo con demasiada rapidez y, nuevamente, dio paso a la misma noticia de siempre: la condición caníbal del liderazgo opositor venezolano.
Cuando faltan apenas tres meses para las elecciones parlamentarias en las que se elegirá una nueva Asamblea Nacional (AN) en Venezuela, la dirigencia que adversa al chavismo parece estar en su peor momento. Arrinconados y aislados, no dejan sin embargo de mantenerse en continuo enfrentamiento interno. El problema no es que no estén de acuerdo. El problema es que ni siquiera son capaces de debatir y resolver sus diferencias. Siguen creyendo que la solución es hundir al otro, no dejan de golpearse entre todos, mientras irremediablemente el nivel del agua sigue subiendo.
En 2010, la periodista venezolana Mirtha Rivero publicó La rebelión de los náufragos, un libro que registraba las peleas entre las élites y los errores políticos que llevaron al triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998 y a la destrucción de la democracia en Venezuela. Dos décadas después, el liderazgo opositor parece no haber aprendido la lección.
Es suficientemente difícil luchar contra un régimen que tiene un proyecto totalitario y que ejerce la violencia y la censura sin ningún pudor. Pero llevar adelante esta lucha de forma dispersa, en conflicto continúo con los aliados naturales, es un plan suicida para la oposición.
Es lo que hizo Juan Guaidó cuando, siendo leal a los planes personales de Leopoldo López y no a su cargo como presidente de la AN y del gobierno interino, apoyó el fallido amago de sublevación del 30 de abril de 2019 o se vio relacionado con el intento chapucero de invasión al país de este año. Es lo que ha hecho María Corina Machado, la mayor influencer de la derecha nacional en las redes sociales, quien alimenta la fantasía infantil de que Nicolás Maduro no ha caído por la falta de voluntad de los otros dirigentes. Uno de sus aportes a la política del país es la descalificación permanente del liderazgo opositor. Y es lo que hizo también Henrique Capriles —excandidato a la presidencia y exgobernador del estado de Miranda— esta semana, cuando le tocaba proponer un regreso a la política, explicar la excarcelación de los disidentes y hablar sobre una posible participación en las próximas elecciones. Sin embargo, dedicó la mayor parte del tiempo a tratar de solventar sus propios resentimientos y a desacreditar a sus aliados.
Se devoran con ansia y desespero, nutriéndose en su largo historial de heridas mutuas, y relegando siempre la realidad a un segundo plano.
Pero la realidad también existe. Y en el contexto de la pandemia es todavía más urgente y aterradora. Todo esto tendría que estar en juego a la hora de analizar y diseñar un plan de acción política opositora en el país. Es necesario asumir que el mantra de Juan Guaidó se deshizo, no funcionó, fue derrotado. Nicolás Maduro continúa usurpando la presidencia. El gobierno de transición es casi un holograma. Nada ha cambiado en el panorama electoral.
Hace unas semanas, en este mismo espacio, escribí sobre la condición legítima, constitucional, de las próximas elecciones parlamentarias; sobre el “fraude preventivo” que ya había organizado el chavismo; y sobre la necesidad que tenía la oposición y la comunidad internacional de diseñar nuevas estrategias. Pero el debate que se ha abierto en estos días no tiene argumentos sobre la mesa sino una fiesta de acusaciones, reclamos e insultos.
La propuesta de Juan Guaidó y de los partidos y organizaciones que lo apoyan es no participar en las elecciones y, como lo establece la constitución, una vez finalizada la vigencia de la actual Asamblea Nacional, el 5 de enero de 2021, tratar de sobrevivir bajo la figura de la continuidad del parlamento hasta que Maduro deje la presidencia. Es una apuesta con muchos riesgos, que deja un amplio margen a la ilegalidad, que pone en aprietos a una parte de la comunidad internacional, y que —obviamente— no será respetada ni por las instituciones ni por la Fuerza Armada, ambas controladas por el chavismo.
Henrique Capriles ha propuesto otra posibilidad: tratar de aprovechar políticamente las elecciones, aun sabiendo que es un proceso desigual y tramposo, aun aceptando que esta alternativa, también, forma parte de una estrategia del chavismo para tratar de alcanzar la legitimidad internacional perdida. Las excarcelaciones de esta semana responden a esta línea. Es un hecho que nadie puede criticar y que —además— representa un costo importante para el régimen. Los dramáticos testimonios de Antonia Turbay, Rubén González o Gilbert Caro, por nombrar solo algunos, son otra prueba indiscutible de la discrecionalidad de la justicia y de la violación de los derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro.
La propuesta de Capriles, que apela a la idea de que para cambiar el juego hay que estar dentro del juego, pretende crear un nuevo espacio de negociación, que destrabe la pugna política interna, que priorice la tragedia de la población y que —por tanto— también abra la posibilidad de incorporar en el debate el tema de la pandemia y de un posible retraso de los comicios. Pero igualmente es una propuesta frágil y con varios peligros. El chavismo tiene un largo expediente de utilización de las negociaciones para ganar tiempo y de incumplimiento de los acuerdos en el último momento. Esto, sin duda, pesa mucho a la hora de pactar nuevas condiciones electorales, más aún en un sistema plagado de irregularidades, diseñado para impedir una elección equilibrada y transparente. A estas alturas, ni siquiera hay información oficial sobre la manera en que se realizará el escrutinio, el conteo, la transmisión y totalización de los votos.
Frente a estas dos posturas, los llamados radicales, que son una minoría estridente, insisten de forma pasmosa en la ilusión inmediatista: la intervención extranjera. Elliott Abrams, representante de Estados Unidos para Venezuela, en una entrevista esta semana, apeló a Gabriel García Márquez y derrumbó con una frase todos los fantasmas invasores al decir que algunos miembros de la oposición viven “en un realismo mágico” y están “haciendo un llamado a un plan B” que no cree “que sea una respuesta sensata a lo que la gente necesita”.
Todo se puede debatir. Y es necesario que se haga. Pero no en términos de un moralismo superficial que divide la historia en leales y traidores. La política es impura por definición.
En el fondo, el dilema entre votar o no votar esconde una disyuntiva previa que tiene que ver con la unidad y con la falta de un proyecto articulado de la oposición. Votar o no votar es intrascendente si no existe un plan de acción común que vaya más allá del hecho electoral. La experiencia como votantes, en las pasadas elecciones parlamentarias de 2015, nos enseñó que —aun ganando— se puede perder. El chavismo despojó a los diputados de su poder y terminó de socavar la institucionalidad del país. Esa conciencia colectiva es aún más paralizante que las innumerables condiciones adversas del sistema electoral. No hacen falta náufragos peleándose entre sí sino líderes con un plan, articulados a los problemas de las mayorías; políticos que sepan qué hacer después de una victoria o de una derrota.
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