Publicado en: El Español
Por: Beatriz Becerra
El 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro usurpó por primera vez la autoridad de la Presidencia de Venezuela. La Asamblea Nacional declaró a esa elección como inexistente, y más de cincuenta países desconocieron la elección presidencial en Venezuela del 20 de mayo de 2018, al considerar que ésta violó los estándares internacionales más básicos de integridad electoral.
Pero ahí ha seguido: seis años, ¡seis años más! de una narcotiranía corrupta que ha arruinado un país riquísimo, ha dinamitado sus instituciones democráticas y ha exacerbado la represión violenta de las libertades. El bravo pueblo venezolano lleva más de una década enfrentando una crisis humanitaria, económica y política sin precedentes, siendo víctima de la incompetencia y la represión sistemática de un régimen que ha atentado de forma permanente contra sus derechos fundamentales, obligando a un tercio de la población a abandonar su tierra natal en un éxodo masivo sin parangón.
Ayer, 10 de enero de 2025, comenzó un nuevo período presidencial. Ese día, como manda la Constitución venezolana, el presidente electo debe tomar posesión mediante juramento prestado ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, Nicolás Maduro no es presidente electo, pues su autoproclamación como vencedor no ha venido avalada por las actas electorales oficiales, pues, bien al contrario, lo que éstas han certificado es la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia por un 70%.
Es, por tanto, irrelevante el modo a través del cual Nicolás Maduro decida “juramentarse” como presidente, pues, al no ser presidente electo, no puede asumir la Presidencia de la República mediante juramento. La continuación de Maduro en el ejercicio de la Presidencia es, por tanto, un caso de usurpación de autoridad, a resultas de lo cual todas las actuaciones del Poder Ejecutivo Nacional, a partir de ese día, deberán tenerse por inexistentes, de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. En sentido estricto, el problema a partir de este 10 de enero de 2025, como lo fue tras el 10 de enero de 2019, es el ejercicio de la Presidencia por quien no tiene cualidad para ello. Al fin y al cabo, se trata de apropiarse ilegal y violentamente de lo que no es suyo: Maduro con Venezuela como Putin con Ucrania.
Hay algo sustancialmente distinto respecto a 2019: nunca antes el régimen chavista se había encontrado en una posición tan débil como la que está hoy, y por razones objetivas comprobables. Están solos: el país los detesta y han ido perdiendo los apoyos que les quedaban en la comunidad internacional, porque se dejaron el último atisbo de legitimidad tras la incontestable victoria electoral de Edmundo González. Lo único que le queda al régimen es su capacidad represiva, cada día más mermada, porque Policía, Fuerzas Armadas y jueces están tan cansados, hartos y desesperados como el resto de venezolanos. Sólo había que verlos en acción (o más bien inacción) el 9 de enero. La propia detención violenta de María Corina que ella misma ha explicado, su efímero secuestro y los vídeos que le obligaron a grabar son una clara evidencia de ello.
Cómo estará la tiranía de apurada que Maduro ha impedido la entrada a periodistas y ha adelantado más de una hora esa pantomima de juramentación que visibiliza su (nuevo) intento de secuestrar la Presidencia de Venezuela. El ilegítimo, usurpador, criminal Maduro, investigado por la Corte Penal Internacional, estaba prácticamente solo en la farsa. Ya no le acompañan ni sus antiguos aliados de Colombia, Brasil o México. Le quedan Cuba y Nicaragua. Sólo dictadores flanquean a dictadores. Cuando Jorge Rodríguez le impuso ayer la banda tricolor, lo primero que hizo fue anunciar que reformará la Constitución promulgada por Hugo Chávez en 1999. Ya estaba tardando: el fin último no es sino anular cualquier garantía previa y perpetuar un régimen criminal.
Una hora antes del comienzo de la jura de Maduro, el régimen chavista ordenó suspender los vuelos entre Colombia y Venezuela, así como cerrar la frontera terrestre hasta el lunes. Que Edmundo González no entrara en Caracas no ha sido una sorpresa para nadie. Los expresidentes acompañantes se fueron retirando. Cuando María Corina Machado confirmó, en su esperada comunicación de anoche, que el presidente electo aún no podía volver si quería preservar su integridad, el país entero tuvo que asumir que, a pesar de todo, el 10 de enero no era el día.
La UE, Reino Unido, EEUU y Canadá han aprobado nuevas sanciones contra Venezuela y no reconocen la legitimidad de Maduro. Las medidas más relevantes, sin duda, las estadounidenses: 25 millones de dólares, el máximo posible, como recompensa por la captura de Maduro y Diosdado Cabello por narcoterrorismo, y 15 millones de dólares más por el arresto del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, además de otras nuevas restricciones de visado contra quienes han facilitado el ascenso al poder del chavismo y a otros oficiales responsables de la represión. El aún secretario de Estado, Antony Blinken, ha afirmado públicamente que EEUU está preparado para apoyar una vuelta a la democracia en Venezuela. ¿Cabrá esperar más concreción a partir del 20 de enero, a la vista de las entusiastas declaraciones (“¡que los luchadores por la libertad Edmundo González y Corina Machado se mantengan vivos y a salvo!”) del nuevo presidente Trump?
Nuestra Unión Europea sigue absurda, injustificablemente instalada en la negación. No reconozco al perdedor en lugar de sí reconozco al ganador. ¿A quién le sirve el no reconocimiento a un dictador? ¿A un (por dos veces) usurpador? Estaría bueno que lo reconociera. A quien tiene que reconocer es al vencedor de las elecciones del 28 de julio, una victoria certificada por actas oficiales reconocidas unánimemente por instancias de primer nivel. Es obsceno, cobarde y mezquino.
Y aún lo es más por la excusa de seguir la línea del gobierno español. Un gobierno en el que conviven cómodamente los admiradores de Maduro, un gobierno que acaba de reconocer oficialmente por primera vez la existencia de presos políticos en Venezuela. Mi duda es si será para seguir ofreciéndole a Maduro quitárselos de encima con el servicio de outplacement de la agencia de Zapatero.
Josep Borrell denuncia ahora “la espiral autoritaria y el enfrentamiento civil provocado por un régimen sin legitimidad democrática”. Pero no hay que olvidar que fue cómplice del inicio de esta deriva, cuando, siendo ministro de Exteriores, impulsó el perverso proceso de diálogo propiciado por Zapatero para dar oxígeno al régimen tras la farsa electoral de 2018, e incrustó con calzador la creación del infame Grupo Internacional de Contacto que dinamitó cualquier posibilidad de acorralar al dictador. El silencio de su sucesora, Kaja Kallas, es aún más atronador en semejantes circunstancia. Ha mandado este viernes a la portavoz de Exteriores a pedir, no se me desmayen, una “transición pacífica e inclusiva”. Que cesen las detenciones arbitrarias y que se asegure la liberación incondicional de los presos políticos. Lo mismito que en estos últimos diez años. Solo el Parlamento Europeo y su presidenta, Roberta Metsola, se mantienen a la altura: “Devuelvan Venezuela a su pueblo. Maduro debería estar ante la justicia y no jurando ilegítimamente. La libertad debe prevalecer. Venezuela será libre”.
Con claridad y coraje, María Corina afirmó anoche, cuando volvió a hablar directamente a los venezolanos, que Maduro no podrá gobernar a la fuerza a una Venezuela que decidió ser libre. Y que es hora de hacer lo que sea necesario.
Yo suscribo ambas cosas, pero no nos engañemos: lo que ha pasado puede volver a pasar. ¿Seis años más de una dictadura choteándose de los deeply concerns, de las condenas internacionales, de las reclamaciones de respeto a los derechos humanos, de las sanciones a sus funcionarios? ¿Seis años de manifestación en manifestación, de preso en preso, de premio en premio, de resolución en resolución? Perfectamente posible. Lo único que puede marcar la diferencia es contar o no con fuerza armada internacional puesta a disposición del presidente legítimo, Edmundo González Urrutia, y de su líder política, María Corina Machado. Porque Venezuela ya no puede más.
