Por: José Miguel Vivancos y Tamara Taraciuk Broner
Si el presidente Nicolás Maduro avanza con las elecciones del 30 de julio para imponer una Asamblea Constituyente, habrá creado las condiciones para perpetuarse en el poder en detrimento de la democracia y los derechos humanos del pueblo venezolano.
Maduro ha justificado que Venezuela necesita la Asamblea Constituyente para restablecer la “paz”. Lo que Venezuela necesita es terminar con la represión, liberar a los presos políticos, llevar ante la justicia a los responsables de abusos, celebrar elecciones libres y justas, restablecer la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional, y permitir que ingrese asistencia humanitaria internacional. La Asamblea Constituyente es, por el contrario, la fórmula para instaurar un régimen totalitario que debe ser detenido antes de que sea demasiado tarde.
En vez de organizar un referéndum para preguntarles a los venezolanos si aprobaban su plan –tal como, según juristas, lo exige la constitución–, Maduro convocó a una Asamblea Constituyente mediante un decreto presidencial, con el apoyo de su obsecuente Tribunal Supremo. En una consulta popular organizada por la oposición el 16 de julio, más de siete millones de personas se atrevieron a formar largas filas y exponerse a la represión precisamente para oponerse a la propuesta de Maduro.
Sin embargo, mucho más grave que la falta de legitimidad de origen es que la Asamblea Constituyente tendría amplísimos poderes, definidos de manera sumamente imprecisa. El decreto de Maduro dice, por ejemplo, que la Asamblea Constituyente es una iniciativa para “contener la escalada de violencia política” a través de “una reorganización del Estado, que recupere el principio constitucional de cooperación entre los poderes públicos”. Esta cita casi orwelliana deja en evidencia que el gobierno busca el avasallamiento definitivo de la independencia de la Asamblea Nacional, con mayoría opositora, y del Ministerio Público, hoy crítico del gobierno.
Otro objetivo propuesto, afirmó Maduro con total descaro, es “la ampliación de las competencias del Sistema de Justicia, para erradicar la impunidad” de “delitos contra la Patria”, el “terrorismo” y la “injerencia extranjera”. También busca proteger a Venezuela del “intervencionismo extranjero”.
Los vastos poderes que el decreto de Maduro le concede por tiempo indefinido a la Asamblea Constituyente permitirían la adopción de medidas que van mucho más allá que redactar una constitución. La Constituyente podría:
- Cerrar la Asamblea Nacional. El decreto de Maduro indica que la Asamblea Constituyente empezará a reunirse 72 horas después de que sean elegidos sus miembros, dentro del edificio donde hoy sesiona la Asamblea Nacional. Hay motivos de sobra para temer que esto implique no sólo desplazar a la Asamblea Nacional, sino además cerrarla.
- Eliminar la inmunidad parlamentaria. En un país donde hay más de 400 presos políticos y la justicia militar ha procesado a más de 460 civiles, muchos de ellos por traición a la patria o rebelión, esta medida facilitaría que Maduro implemente el “Plan Especial de Justicia de Emergencia” que anunció el 18 de julio. Este plan, que sería ejecutado por el Tribunal Supremo, tribunales militares, la policía y una vicefiscal general nombrada por el Tribunal Supremo violando la constitución, se propone “la búsqueda y captura de todos [los] conspiradores” y la imposición del “castigo ejemplar”.
- Destituir a la fiscal general. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que solía apoyar al gobierno, desde fines de marzo ha demostrado tener la voluntad y capacidad de exigir que el gobierno de Maduro rinda cuentas por sus abusos y tácticas antidemocráticas. Eso es precisamente lo que la Asamblea Constituyente querría impedir.
- Suspender las elecciones por tiempo indefinido. Las elecciones de gobernadores, que la constitución exigía fueran hechas en 2016, están programadas para diciembre de 2017. En 2017 deberían celebrarse también elecciones de alcaldes. Los comicios presidenciales deberían llevarse a cabo en 2018.
Esto no es mera especulación. El poderoso político chavista Diosdado Cabello, candidato a la Asamblea Constituyente, ya ha prometido allanar la inmunidad parlamentaria y destituir a la fiscal general. Dado que la oposición política ha decidido no participar en las elecciones del 30 de julio en señal de protesta, nadie dentro de la Asamblea Constituyente se opondrá a ninguna de estas medidas.
La oposición venezolana ha llamado esta semana a un paro nacional de dos días, al cual se adhirieron varios sindicatos, y a una manifestación masiva el viernes. Para que la presión en las calles sea exitosa, debe contar con el apoyo explícito de gobiernos democráticos de la región y de Europa que deberían redoblar la presión sobre el gobierno venezolano. Este es el momento no solo de impulsar estrategias diplomáticas multilaterales vigorosas, sino además de, por ejemplo, aplicar sanciones dirigidas contra autoridades civiles y militares venezolanas implicadas en graves violaciones de derechos humanos.
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José Miguel Vivanco es director para las Américas y Tamara Taraciuk Broner es investigadora sénior de Human Rights Watch.
