Publicado en: El Espectador
Por: Andrés Hoyos
La palabra del título describe la vida institucional colombiana. Piense el lector en la constante mezcla de zozobra y desasosiego que le invade cuando enciende un televisor, oye radio o lee un periódico en Colombia. Los últimos días, con todo y botellas saborizadas con cianuro que matan arquitectos inocentes, son prueba fehaciente de ello.
¿Qué conclusiones son inevitables tras la muerte de Pizano padre e hijo? Que tenemos una Fiscalía que funciona mal y está en manos de un personaje indeseable, quien muy posiblemente está violando la ley en este mismo instante. ¿Y eso? Pues porque tenemos un Congreso que ha sido incapaz de poner en cintura a quienes ocupan ese puesto, varias veces caído en manos indeseables, y porque tenemos unas altas cortes que han fallado en ocasiones cruciales, como cuando se quiso instituir un tribunal de aforados para vigilar a los fiscales y altos magistrados, y la Corte Constitucional, de forma vergonzosa, lo impidió. ¿Qué más se puede concluir? Que tenemos grandes empresarios que piensan primero que todo, segundo que todo y tercero que todo en sus propios intereses. Sálveme esa platica, señor Martínez, y de resto que siga el incendio.
No voy a relatar por enésima vez los pormenores del reciente escándalo, aunque sí debo enfatizar en que se necesitan medidas urgentes. Por ejemplo, la prensa debe indagar hasta el fondo por la validez de las acusaciones contra el difunto Jorge Enrique Pizano por la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas, pues existe la grave sospecha de que la Fiscalía abusa de unas investigaciones, como esa, para afectar de carambola a otras cuando no las puede afectar de frente. Por allá te tengo que dejar en paz, mi amigo, pero por acá te voy a joder impunemente. Y por todo lo que se oye, el caso contra Luis Fernando Andrade también hay que examinarlo con sumo cuidado. Huele a trastada de NHM para bajar la presión del caso Odebrecht sobre él mismo y su antiguo cliente, el Grupo Aval. Montealegre usaba el mismo método. ¿O sea que la Fiscalía puede ensañarse contra ciertos denunciantes incómodos y no tiene manera de evitar que delitos de grandes proporciones, como el de Interbolsa, queden impunes por prescripción? Es indignante.
Nuestra precariedad nos dice que hay candidatos, incluso buenos, pero no partidos; que hay elecciones, pero en muchas zonas del país benefician sobre todo a los tramposos; que hay talento individual, pero pocos equipos; que hay creatividad, pero falta ambición. La precariedad en últimas echa raíz en nosotros, los ciudadanos. La mayoría no entiende que tiene que pagar impuestos, que tiene que vigilar cómo se gastan, que debe pedir que le rindan cuentas.
Dicho lo anterior, debo concluir con una nota de cauto optimismo. Por allá en 1984, cuando todo empezó a empeorar en cascada para Colombia, nuestra precariedad era mucho mayor que la de hoy. No había una Fuerza Pública capaz de contener las variadas amenazas que nos acechaban, cualquier juez o periodista que tan siquiera pensara en investigar o meter en cintura a los malos era amenazado o asesinado. Sí, en algo se ha avanzado, aunque el ritmo ha sido exasperantemente lento. No sobra recordar con Tocqueville que el cambio y el progreso son muy peligrosos cuando van con demasiada lentitud.
Otra conclusión es ineludible y positiva: Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro se llevaron a la tumba la futura candidatura presidencial de Néstor Humberto Martínez. Por fortuna. Eso también se lo debemos agradecer.
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