Publicado en: Frontera Viva
Por: Tulio Hernández
Es un fenómeno político, por demás interesante. Y ha ocurrido en pocos días. En esta semana que concluyó —no por casualidad Domingo de Resurrección—, prácticamente todos los gobiernos y gobernantes de Suramérica han cuestionado abiertamente la negativa del régimen militarista venezolano a realizar elecciones libres.
Digo que es interesante porque el cuestionamiento abierto al régimen de facto venezolano lo han hecho, por igual, en una especie de acto coral pluralista, gobiernos de lo que todavía se conoce como derecha e izquierda.
Liberales radicales, como el presidido por Javier Milei en Argentina. O de izquierdas exguerrilleras marxistas, como el presidido por Gustavo Petro en Colombia. Viejos aliados de Hugo Chávez, como el gobierno de Lula da Silva y el PT en Brasil. Nuevos opositores, como el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador. Líderes antimperialistas asociados al Foro de São Paulo, como Pepe Mujica. Otros que cuentan con el apoyo del “Imperio”, como Bernardo Arévalo en Guatemala. Y lo que resulta aún más interesante, líderes de la nueva izquierda, como Gabriel Boric, que desde hace meses viene fustigando la violatoria de derechos humanos que oficia impunemente el gobierno de facto venezolano. Todos han coincidido en cuestionar abierta y púbicamente la operación mediante la cual este régimen, violando las normas mínimas de la democracia, ha vuelto a impedir que la mayoría que quisiera regresar a la democracia exprese su opinión libremente.
Los voy a enumerar para que todos los lectores se imaginen nuestro mapa, que comienza en el calor del Caribe y termina en la fría Patagonia. ¿Quiénes se han pronunciado contra la arbitrariedad que significa impedir que la persona elegida en elecciones primarias, por más de dos millones de personas, para ser la candidata de la resistencia democrática, pueda participar en las elecciones? Se los cuento en orden de cercanía geográfica.
Uno, Colombia. Dos, Brasil. Tres, Ecuador. Cuatro, Perú. Cinco, Argentina. Seis, Uruguay. Siete, Paraguay. Ocho, Chile. Y en el centro, solitario, el único que no ha hablado, el país sin salida al mar llamado Bolivia.
¿Por qué este consenso en estos tiempos inusuales en una América Latina cada vez más fragmentada? Pues porque en esta ocasión, el gobierno de Nicolás Maduro ha ido muy lejos y los demás gobiernos de la región, independientemente de sus posturas ideológicas, se han sentido obligados a desmarcarse de aquello que luce como una arbitrariedad, que es la negativa a permitir elecciones libres, una de las condiciones básicas para que exista democracia.
Es una verdadera inflexión, especialmente porque las declaraciones de Petro, Lula y Mujica ponen fin —por lo menos en este round— a la que había sido una suerte de solidaridad mecánica de los liderazgos de izquierda con el gobierno venezolano, y reactiva una mayoría de gobiernos críticos hacia Venezuela, después de la disolución del grupo de Lima, que jugó un papel clave en el desconocimiento de la legitimidad del mandato de Maduro, luego de las anteriores elecciones presidenciales.
Esta nueva mayoría de países críticos pone en escena la posibilidad de que, de nuevo, de realizarse las elecciones del 28 de julio, muchos países vuelvan a desconocer la legitimidad de la que sería la tercera presidencia de Maduro como producto, no solo de la inhabilitación de María Corina Machado y el bloqueo de la inscripción de Corina Yoris, sino del impedimento a que los venezolanos en el extranjero podamos votar masivamente y a que se realice el registro de los nuevos votantes como legítimamente corresponde.
Pero la reacción del gobierno dista mucho de atender diplomáticamente estos cuestionamientos internacionales. Por el contrario, las respuestas han tenido como carácter común un tono absolutamente arrogante, como llamar injerencia burda las críticas de la Cancillería colombiana, o incluso despectivas y soeces, como la frase de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe oficialista de las negociaciones de Barbados, en la que les pide a Lula, Petro y Mujica que “se metan sus opiniones por donde les quepan”.
Estas respuestas, junto al incremento de la represión, encarcelamiento y persecución contra miembros del comando electoral de la candidata Machado; el encarcelamiento de Rocío San Miguel, presidente de la oenegé Control Ciudadano; el acoso contra la sede de la embajada de Argentina, donde ha buscado asilo un grupo de los perseguidos; son señales de que el régimen ha decidido quitarse aún más el antifaz democrático al que de vez en cuando recurre, y vuelva a quedarse solo con el apoyo explícito de naciones no democráticas como Cuba, Nicaragua y China.
Lo interesante es que la candidata María Corina Machado no ceja en el empeño de que se le reconozca su candidatura, mantiene vivo su liderazgo de la resistencia democrática, convoca activamente el apoyo internacional e insiste en mantener el espíritu unitario.
El tono de las comunicaciones de los gobiernos vecinos contrasta con la beligerancia del régimen venezolano. El comunicado oficial de la Cancillería colombiana, reseñado en el diario El Tiempo el pasado 26 de abril, explica tajantemente, sin ambigüedades, haciendo mención específica a la Plataforma Unitaria Democrática y al Movimiento Vente Venezuela: “Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos en ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales“. Y luego agrega que dichas irregularidades “podrían afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral”. Mano suave, pero firme, en el ejercicio diplomático.
