Publicado en: La Razón
Por: Rafael Rojas
El año pasado, con el colega Vanni Pettinà del Colmex, coordinamos un volumen de análisis compactos sobre los principales estallidos sociales de América Latina y el Caribe, entre 2017 y 2019. El libro se titula América Latina. Del estallido social a la implosión económica y sanitaria (Crítica) y aborda los casos de Venezuela y Colombia, Brasil y Argentina, Chile y Perú, Ecuador y Bolivia, Puerto Rico y Haití.
Aunque al momento en que compilamos el volumen no se habían producido las protestas populares masivas de los últimos días, incluimos una pieza de la académica Ailynn Torres Santana sobre Cuba. Torres sostenía que la sociedad civil cubana mostraba la emergencia de un activismo joven y plural, articulado especialmente en torno a las demandas feministas, antirracistas, ambientalistas, de las comunidades LGTBIQ y de los colectivos contra el maltrato animal.
Lo que hemos visto en Cuba da la razón a aquel volumen. El activismo de esos colectivos se ha intensificado y ha atravesado proyectos que presionan las instituciones y las leyes a favor de mayores libertades públicas, como el Movimiento San Isidro y el 27-N. Algunas acciones de esos movimientos han logrado cierto respaldo popular en barrios de La Habana. Grupos opositores en ciudades del interior de la isla también han ganado apoyo de la ciudadanía.
Lo sucedido en los últimos días difícilmente pueda interpretarse como una acción concebida y liderada por la oposición, el exilio o el nuevo activismo cívico. Las imágenes en Facebook e Instagram hablan de manifestaciones mayoritariamente pacíficas, espontáneas y horizontales, en una treintena de pueblos y ciudades. Es cierto que hemos visto a muchos jóvenes en La Habana, Santa Clara, Cienfuegos, Camagüey o Santiago, pero también vimos una población generacionalmente diversa en las plazas de varios pueblos de la periferia de la capital.
La dimensión del estallido ha sido tal que el gobierno ha reaccionado erráticamente. Primero algunos funcionarios dijeron que se trataba de personas que pacíficamente salían a las calles a corear “no tenemos miedo”, pero que la “contrarrevolución” manipulaba los videos. Luego, después de las palabras del presidente Miguel Díaz Canel, en que optó por la narrativa del “golpe blando”, cambiaron de versión y apelaron a la criminalización de la protesta: los manifestantes eran “vándalos”, “delincuentes” y “criminales”.
Por la composición social de las protestas y sus principales consignas es evidente que se trata de un amplio sector de la población, de acceso limitado a medicinas y alimentos, afectado por cortes de electricidad, pero que también resiente la falta de libertades públicas y la represión sistemática. Quienes han salido a las calles son damnificados de la crisis económica, sanitaria y política en Cuba. Una crisis causada por el reforzamiento de sanciones de Estados Unidos, pero también por la ineficacia y el autoritarismo del gobierno.
