Por: Human Rights Watch
Detenidos en instalaciones de los servicios de inteligencia
Los servicios de inteligencia de Venezuela deberían liberar inmediatamente a Gregory Hinds, de 32 años, y Geraldine Chacón, de 24, ambos directores de la organización no gubernamental venezolana Embajadores Comunitarios, señaló hoy Human Rights Watch. Los dos están detenidos a pesar de contar con una boleta de excarcelación que dispuso su liberación. Human Rights Watch analizó el expediente judicial y no encontró pruebas que los impliquen en la comisión de ningún delito.
“Hinds y Chacón se encuentran detenidos arbitrariamente por los servicios de inteligencia de Venezuela y deberían ser inmediatamente liberados”, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Los líderes regionales y europeos deberían ejercer fuerte presión sobre el gobierno de Maduro para que permita que actores independientes, incluidos representantes de la Iglesia católica de Venezuela, visiten a personas detenidas en el Helicoide para constatar su estado de salud y su integridad física”.
Hinds y Chacón se encuentran presos desde hace más de tres meses y medio. El 16 de mayo de 2018, varios detenidos en el Helicoide, un centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas donde hay muchos presos políticos, llevaron a cabo una protesta pacífica. Los presos contaron a sus familiares que se atrincheraron en un sector de los pabellones y pidieron la mediación de voces independientes, incluida la Iglesia católica. Entre otras cuestiones, quienes participaron en la protesta pidieron que se liberara a detenidos que cuentan con boleta de excarcelación, como Hinds y Chacón.
Luego de que las autoridades sofocaran la protesta, el 18 de mayo un grupo de 18 mujeres, entre ellas Chacón, iniciaron una huelga de hambre. Las mujeres habrían sido objeto de una exhaustiva requisa por agentes del SEBIN, que las obligaron a desvestirse, según una fuente confiable. Chacón todavía se estaría negando a recibir alimentos. Las autoridades no han brindado información sobre la situación de estos u otros detenidos desde la protesta.
Agentes del SEBIN arrestaron a Hinds el 31 de enero en la sede de Embajadores Comunitarios tras afirmar que tenían que entrevistarlo en el marco de una investigación en curso sobre esa organización. Embajadores Comunitarios brinda capacitación a jóvenes de bajos recursos para que participen en un modelo de Naciones Unidas.
Los agentes del SEBIN no presentaron órdenes judiciales de registro de las oficinas ni de detención, indicó la abogada de Hinds. Le pidieron a Hinds que condujera hasta la sede del SEBIN para una entrevista, según él le informó posteriormente a un juez, y él cumplió con lo que le indicaron. Nunca regresó a su casa.
El 1 de febrero, a la 1:30 a.m., un grupo de agentes del SEBIN se presentó en la vivienda de Chacón y su madre les permitió que ingresaran. Los agentes dijeron a Chacón que necesitaban entrevistarla, según ella manifestó ante el juez en la audiencia, y le aseguraron que regresaría en unas pocas horas. Desde entonces, se encuentra detenida.
Los abogados de Hinds y Chacón solamente han podido verlos durante la audiencia ante el tribunal. La primera audiencia de ambos se postergó del 2 al 5 de febrero. Nunca se ha permitido que los familiares los visitaran.
Agentes del SEBIN también fueron a las viviendas de otros directores de Embajadores Comunitarios, pero no los encontraron allí. Desde entonces, seis han huido del país.
En la audiencia de Hinds y Chacón que tuvo lugar el 5 de febrero, el Ministerio Público los acusó de “agavillamiento” e “incitación pública” a delinquir. El informe de inteligencia que dio origen a las acusaciones indicaba que Embajadores Comunitarios “capta a jóvenes para aprovecharse de su situación de bajos recursos” y “los financi[a] con dinero en efectivo, alimentación, alojamiento [y] vestimenta” aportados por “dirigentes políticos de oposición, organizaciones no gubernamentales, así como también empresas transnacionales opuestas al gobierno”. El informe de inteligencia señalaba que su objetivo era “crear focos de violencia”. Chacón indicó que agentes del SEBIN le habían preguntado si conocía a la líder opositora María Corina Machado.
El informe de inteligencia, que Human Rights Watch revisó, supuestamente se basa en datos aportados por un informante no identificado, denominado una “fuente viva de información”.
Según el documento, este informante acusó a Embajadores Comunitarios de tener nexos con un miembro de la organización no gubernamental Corazón Valiente, que presta servicios a jóvenes de sectores desfavorecidos. Este miembro de Corazón Valiente había sido detenido días antes, y había mencionado en su perfil de Facebook que colaboraba con Embajadores Comunitarios.
El informe de inteligencia se refiere a Corazón Valiente como “una organización terrorista” que pretende desestabilizar a Venezuela con el apoyo de Estados Unidos. El poderoso político oficialista Diosdado Cabello realizó señalamientos similares el 24 de enero en su programa de televisión.
La única prueba adicional que citó el Ministerio Público contra Hinds y Chacón fueron informes del SEBIN sobre su detención y fotografías de sus teléfonos celulares, que se confiscaron al momento de la detención. El juez dispuso que permanecieran detenidos hasta que presentaran la documentación exigida para ser liberados bajo fianza. Algunos días después, Hinds y Chacón presentaron esa documentación, pero no fueron liberados.
El 2 de abril, un juez venezolano ordenó al SEBIN que liberara a Hinds y Chacón, dado que el Ministerio Público no había presentado cargos formales en el plazo de 45 días, conforme lo exige el derecho venezolano cuando hay personas presuntamente implicadas en delitos y se encuentran detenidas. El juez dispuso que Hinds y Chacón debían presentarse ante el tribunal cada 15 días y no podían salir de Venezuela. Sin embargo, los agentes de inteligencia se han negado a liberarlos. La abogada de Hinds dijo a Human Rights Watch que los funcionarios afirmaron en un primer momento que el “sistema” no funcionaba y no podían “recibir” los oficios judiciales. Más tarde, aseveraron no haber recibido “órdenes de arriba” para procesar los oficios.
