Sólo la liberación de todos los presos políticos de Venezuela sería la prueba tangible de que puede haber un cambio real en el rumbo institucional del país.
Publicado en: El Español
Por: Beatriz Becerra
Con el mundo en convulsión tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la elección de su mano derecha, Delcy Rodríguez, como inmediata interlocutora de Trump, hay un hecho incontrovertible que emerge por encima de cualquier otro cuestionamiento: la existencia de presos políticos en Venezuela es un desafío central de derechos humanos y de legitimidad democrática.
Organizaciones de defensa de derechos humanos como Foro Penal han documentado más de 860 personas detenidas por motivos políticos en el país, en un contexto de detenciones arbitrarias, torturas y violaciones sistemáticas de garantías procesales.
La definición de «preso político» no es ideológica ni partidaria: es una categoría que proviene de estándares internacionales de derechos humanos, y su presencia indica una distorsión estructural del orden democrático.
No hay visos de democracia plena ni posibilidad alguna de credibilidad internacional en un sistema que mantiene presos a sus adversarios por motivos políticos.
Aceptar que en 2026 Venezuela mantenga a cientos de presos por motivos políticos es aceptar que la democracia puede existir con presos políticos. Y ese es un oxímoron inasumible: sólo en una dictadura (o en estados altamente autocráticos) existen presos políticos como instrumento de represión.
Por tanto, sólo la liberación de la totalidad de estos presos sería la prueba tangible de que puede haber un cambio real en el rumbo institucional venezolano.
El Gobierno de España acaba de pedir a Caracas, de soslayo y con la boca pequeña de una nota verbal, la liberación de presos políticos españoles. A estas alturas, tras tantos años de incomprensible silencio, pedir la liberación sólo de presos españoles es insuficiente.
España tiene una oportunidad estratégica para poner a prueba su retórica sobre democracia y derechos humanos exigiendo de forma clara e inequívoca la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela, incluidos los cerca de una veintena de ciudadanos españoles allí detenidos.
Entre ellos, no puedo dejar de recordar a Rocío San Miguel, española. Abogada, defensora de derechos humanos y presidenta de Control Ciudadano, fue detenida en febrero de 2024 y recluida en El Helicoide bajo acusaciones políticamente motivadas, sin acceso a defensa letrada y sometida a condiciones que organizaciones internacionales han catalogado como tortura y desaparición forzada.
Si España exige esa liberación completa de los presos políticos en Venezuela, no sólo estaría respaldando una demanda legítima de derechos humanos, sino que estaría obligando a sus críticos internos y a gobiernos aliados de Europa y del resto del mundo a posicionarse sin ambigüedad frente a un tema de verdad democrático.
Además, María Corina Machado ha insistido públicamente en que la liberación de los presos políticos es el primer paso hacia una transición democrática real, porque no se puede hablar de transición sin garantizar la libertad de los detenidos por motivos políticos y la restauración de sus derechos civiles y políticos.
Al mismo tiempo, ha señalado directamente a Delcy Rodríguez como una figura central de la persecución y represión política, calificándola de «arquitecta de la tortura, persecución y corrupción».
Este tipo de acusaciones, formuladas con nombre y apellido, no son retórica de calle. Se inscriben en un contexto documentado por ONG y organismos internacionales de derechos humanos que han denunciado torturas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso en centros como El Helicoide, Tocorón y otros recintos penitenciarios.
Un argumento frecuente en círculos diplomáticos es que la exigencia de liberar a todos los presos políticos podría ser «impráctica» o «prematura» sin garantías de reciprocidad.
Pero esto ignora la realidad. La liberación de presos políticos no es un favor unilateral: es la eliminación de un obstáculo legal y moral para la normalización democrática.
Además, exigir su liberación no se contrapone a otros objetivos diplomáticos (como la estabilidad regional o la cooperación económica) sino que los fortalece, porque una reconciliación política sostenible requiere liberar a quienes han sido víctimas del abuso de poder.
No descubro nada si digo que la comunidad internacional está dividida. Mientras Estados Unidos impulsa todo un abanico de presiones de carácter transaccional, otros gobiernos han expresado preocupaciones por el respeto al Derecho internacional frente a intervenciones externas.
Pero, en este debate polarizado, los presos políticos son un irrechazable punto de acuerdo entre democracias diversas, desde la Unión Europea hasta gobiernos de Iberoamérica que han declarado que el régimen venezolano ha incurrido en prácticas autocráticas.
Si España lidera un frente diplomático claro exigiendo la liberación de todos los presos políticos como condición de cualquier proceso de normalización bilateral con Venezuela, pondrá a prueba a aliados y adversarios por igual, obligándolos a definirse en favor de principios democráticos universales.
Hacer de esta exigencia una política exterior central (incluida la protección de los ciudadanos españoles allí detenidos) es la acción estratégica, unificadora, de mayor impacto para España en el marco de su defensa de los derechos humanos y su credibilidad democrática, no sólo en Venezuela, sino en todo el mundo.
Porque no se trata sólo de un gesto o un «detalle» político. Es el termómetro de la democracia en el país y de la coherencia internacional de quienes dicen defenderla.
