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El General Vladimir Padrino López, el militar de más alta jerarquía en la actualidad, es parte activa y fundamental del régimen. Quién va a dudarlo. El General es pieza clave en un régimen de muy notorio carácter militar. Leo en Aporrea.org: “Padrino López: El pueblo aprobó el Presupuesto 2017 para alimentar las misiones sociales”. Dice alimentar, supongo, porque como está al frente de la fracasada Gran Misión Abastecimiento Seguro y Soberano, se acostumbró al verbo. Pero insiste, siguiendo el discurso oficial del régimen, en que fue el pueblo el que aprobó el presupuesto. «El presidente Nicolás Maduro el día de ayer envió el presupuesto al Tribunal Supremo de Justicia, pero lo aprobó realmente el pueblo en asamblea para seguir alimentando las misiones sociales, porque más del 70 por ciento de ese presupuesto va a la inversión social, para la educación de nuestros niños y niñas, para nuestros hospitales». Cinismo cruel e inaceptable cuando todos sabemos que nuestros hospitales están por el suelo. Además, el General se arriesga en asuntos económicos: “Ya comenzamos a romper el modelo rentista, más del 80% de ese presupuesto es por recaudación tributaria, y el resto por ingreso petrolero. Para la educación, para nuestros hospitales», reitera el General con el latiguillo aprendido.
Resulta, Padrino López, que no lo aprobó el pueblo. “Los dineros públicos son del pueblo venezolano. El presidente de la república no es sino el administrador. Quien organiza el gasto público y asigna la suma es el pueblo a través de sus representantes en la Asamblea Nacional, a través de sus electores. Aquí lo que está en juego es la estructura de un estado democrático”. Esta cita, que deja en ridículo a Padrino López, es del ex magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, Román Duque Corredor. Él, junto a un grupo de destacados juristas, presentó lo que constituye un gran bloque de repudio al TSJ por obedecer al Plan de la Patria y no a la Constitución: “Frente al derecho que se ha instaurado en Venezuela por unos magistrados ilegítimos y usurpadores, nos declaramos en rebeldía para defender la Constitución y no el Plan de la Patria por el que se ha regido la Sala Constitucional para conducir al gobierno por el canal rápido del régimen tiránico y autoritario”, afirmó el ex magistrado.
En el acto también participó otro destacado jurista, el doctor Alberto Arteaga Sánchez, quien explicó que “la gravedad del acto presidencial de aprobación del presupuesto del próximo año va más allá de los delitos de salvaguarda y se ubica en el rango de hechos equivalentes a los de lesa humanidad (…) El reproche es mucho más grande que la referencia de artículos, estamos ante verdaderos crímenes de lesa Constitución. Hay una violación flagrante de la carta magna. No tenemos ni la independencia de los poderes para que aquí se haga efectivamente justicia, pero los hechos son de una gravedad tal que no tiene precedentes en la historia política venezolana. Aquí hay una apropiación criminal de los dineros públicos y eso es más grave que la malversación de fondos; no se trata de una situación normal ni de un hecho nimio”.
Lo que ocurre, pues, es algo sumamente grave. Y al estar al margen de la Constitución, al proceder al margen de la Constitución, todo el régimen se vuelve inconstitucional. Está al margen de la ley. La situación ya ha llegado a un punto demasiado peligroso para toda la vida constitucional y democrática del país.
