La revolución gobierna por el retrovisor

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  El Poder Moral lo integran: La Contraloría, la Fiscalía del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Como saben desde la muerte del Contralor General de la República, Clodosbaldo Russian, no hay un nuevo contralor, sigue allí Adelina González como contralora encargada, interina. Ella no tiene el rango, por ejemplo, de la señora Luisa Ortega Díaz o de la señora  Gabriela Ramírez, la Defensora del Pueblo, pero por lo visto ha hecho su trabajo.

  Hoy el gran titular de primera página del diario El Universal se ocupa de algunos informes de la Contraloría: “Paralizadas  1.235 obras de Barrio Adentro II”.  La Contraloría General de la República en su informe de gestión, señala que esos trabajos debieron finalizar en un máximo de tres meses. “No se han concluido debido al atraso de la entrega de los recursos por parte del Ministerio de Salud”. El despacho de la contralora Adelina González, resaltó que las fallas en el control interno dieron al traste con los objetivos del programa.
En otras áreas la Contraloría también registró irregularidades. Por ejemplo, en materia carcelaria se señala que la ausencia de planos obligó a paralizar la construcción de la comunidad penitenciaria del estado Barinas, a tan sólo cinco días de haber iniciado la obra. Todo esto, luego de haber suscrito el contrato para realizar los trabajos.

  Imagínese usted el grado de piratería y desorden con que se trabaja en el estado Barinas. Resulta que usted viene, firma el contrato para que se construya esta comunidad penitenciaria, es decir una nueva cárcel, es una manera eufemística de decirlo, así como ya no hay presos sino privados de libertad. Resulta que comienzan la obra y tienen que pararla a los cinco días  “porque se perdieron los planos” ¿Cómo que se perdieron los planos? ¿Y los reales, los reales también se perdieron?.

  Otra información, también en la primera página de El Universal, más insólita inclusive, “El Hospital Vargas tiene cuatro años de atraso”.  Remodelar el centro asistencial ha tomado más tiempo que los tres años en los que se construyó a finales del siglo XIX.

  Es decir, a finales del siglo XIX, en mil ochocientos y tantos, cuando los mecanismos y las condiciones para construir eran, por supuesto, más limitadas y precarias que hoy en día, el Hospital Vargas lo hicieron en tres años.  En remodelarlo ya tienen cuatro años y no está listo. ¿Y los reales?

  Dice la Contraloría en su informe, según  cita El Universal: Hay incongruencias en obras e inversiones.(En el caso del Hospital Vargas).

  En páginas interiores de este mismo diario, en una pequeña crónica del reportaje de Pedro Pablo Peñaloza, leemos: El organismo que interinamente dirige Adelina González urge a complementar, actualizar y resguardar la documentación de los expedientes de los contratos de obras que ejecute el INAVI,  para ajustarse a lo estipulado en las leyes de la República Bolivariana.

  Con la firma de José Luis Carrillo el diario Últimas Noticias también  se ocupa del tema: “Hay indisciplina en el manejo de los recursos”. En la primera página de este diario, más en su estilo: “La Contraloría General de República halló bochinche administrativo”. Falta planificación en el manejo de los recursos.

  Por eso los recursos se terminan perdiendo.

  Esto contrasta con el caso de Gabriela  Ramírez y Luisa Ortega Díaz, a quienes por cierto, vemos muy sonreídas en el diario Tal Cual de hoy. También les acompaña Diosdado Cabello que igual sonríe,  ¡Qué raro! ¿No?, porque este señor no gusta hacerlo. “Tribunal Supremo de Justicia y Fiscalía copados por retardo procesal“, dice la nota que acompaña la fotografía. El Ministerio Público solo produjo 71.188 acusaciones de 867.004 casos, lo que representa apenas el 8,21%.  Los casos de la “cuarta república” superados ampliamente por las violaciones a los derechos humanos en el 2011.

   Debería darle vergüenza,  darle pena señora Luisa Ortega Díaz.

  Seguimos leyendo de Tal Cual: El informe del Ministerio Público presentado por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz ante la Asamblea Nacional,  refleja que la dirección de Derechos Fundamentales recibió 8.813 denuncias durante el año 2011,  por casos de violaciones de derechos humanos cometidos por funcionarios del estado venezolano. No obstante, el texto no detalla cantidad de funcionarios implicados, estatus de los casos, instancias a las que pertenecen, ni el tipo de delito. Esos más de 8 mil casos denunciados en tan sólo un año del gobierno de Hugo Chávez, contrasta con los “104 expedientes y más de 150 víctimas” que registra el documento a la Comisión Especial que investiga “los miles de homicidios, torturas y desapariciones forzadas de muchos venezolano”. -cita textual- entre el 1958 y el 1998.

  Porque pareciera en algunos casos, que el régimen, la revolución, solo gobierna por el retrovisor.