Publicado en: El Universal
Por: Francisco Olivares
No es fácil deslastrarse del conflicto ideológico cuando se tiene ante sí y ante el mundo una tarea en la cual se debe cumplir con la responsabilidad de defender a una sociedad que es víctima sistemática de violaciones a los derechos humanos.
Es la compleja misión que le ha tocado a Michelle Bachelet desde que fue seleccionada para ocupar el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Un cargo que le exige velar por esos derechos en el mundo pero que sus decisiones no son individuales, sino que están regidas por actuaciones del equipo profesional especializado de la organización que no son maleables a partir de alianzas políticas o ideológicas.
El conflicto es más profundo en Bachelet por ser una mujer socialista que sufrió en carne propia los graves crímenes de una dictadura del general Augusto Pinochet, quien a la par de establecer una gobierno liberal para reconstruir la devastada economía chilena entre los años 1973 y 1990, provocó el asesinato de unos 3 mil disidentes, desapariciones, torturas y sus prisioneros sumaron unos 80 mil disidentes.
Pero los tiempos de las dictaduras militares de derecha en América Latina dieron paso a otras fórmulas más sutiles de control político y autocracias promovidas desde Cuba y el Foro de Sao Paulo que en la última década alcanzaron la presidencia por la vía electoral en varios países del continente, pero que en Venezuela, con Hugo Chávez, alcanzaron su máxima expresión con el sello de Socialismo del Siglo XXI.
El dilema para la líder chilena es tener ahora que enfrentarse a un régimen de casi la misma estatura en violación de derechos humanos, semejante a los que vivió en su propio país; pero esta vez los protagonistas son aquellos que representaron sus propias ideas socialistas. Aquellas que han pregonado la igualdad entre los seres humanos y la protección de los oprimidos.
Pero esos socialistas, han intentado perpetuarse en el poder cambiando constituciones, han demolido instituciones y han combatido la libertad de expresión. Pero lo más destacado en el continente es que sus presidentes han sido los máximos exponentes de una corrupción sin límites como son los casos de Cristina Kirchner, Lula Da Silva, Chávez, Daniel Ortega y ahora Nicolás Maduro cuya lista de casos de corrupción ya la tienen en sus manos los miembros del equipo técnico de Bachelet.
El caso venezolano en esta era de neodictaduras se escapa de toda comparación porque ha combinado la destrucción económica, la corrupción, el militarismo y el crimen organizado con la violación de los derechos humanos. En este último renglón, Venezuela se acerca a la cifra chilena con más de 15.014 presos políticos acumulados desde 2014 (Foro Penal). En cuanto a los fallecidos resulta imposible determinar su totalidad a manos del régimen pero las cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia nos refleja que en 2018 fueron asesinadas a manos de los cuerpos de seguridad 7.523 venezolanos, lo que deja muy atrás a las ejecuciones de Pinochet en 17 años. A ello habría que sumarle la desconocida cifra de muertes por falta de alimentos y medicinas que diariamente mueren en centros de salud, a las puertas de los hospitales en sus propias viviendas al resignarse a la muerte antes de padecer la odisea de buscar la cura en un hospital.
Es muy difícil que la ONU termine con el drama venezolano, pero sin duda, este organismo, la Unión Europea, Grupo de Lima, EEUU, Canadá, Suiza y todas las ONG que están dando su aporte a favor de un cambio en Venezuela, suman a la titánica tarea que están haciendo los venezolanos para recuperar a su país y su democracia.
