Por: Luis Ugalde
Autorizados juristas han demostrado de manera rotunda la monstruosidad de la “Ley constitucional” llamada “Antibloqueo”, inventada para desestatizar, desnacionalizar y privatizar. ¿Por qué la cúpula “revolucionaria” renuncia a su economía socialista que ofreció como modelo para entrar al paraíso, sin pobreza ni injusticias, con el pueblo montado en la carroza del triunfo?
Solución orwelliana. Encontraron una solución al acertijo: llamar “antibloqueo” revolucionario a ese antisocialismo privatizador y jugando con un neolenguaje orwelliano (que llama vida a la muerte y amor al odio) presentan como arma eficaz contra el bloqueo imperial lo que es una vergonzosa e irresponsable capitulación “revolucionaria”. Como el Estado arruinado no tiene una locha para invertir, urge traer capital de donde sea y como sea para sobrevivir en el poder. Para eso se han inventado esta ley anticonstitucional para vender a escondidas todos los activos nacionales, sin controles institucionales y sin ninguna transparencia.
La Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales en documento contundente y categórico dice que esta decisión ni es ley, ni es constitucional, sino una descarada proclamación del poder dictatorial que autoriza “desaplicar” los arbitrarios decretos y leyes socialistas estatizadores, que eran el orgullo de la “revolución”. Esta monstruosidad anticonstitucional tiene como objeto aferrarse al poder como sea y evitar la caída final del régimen.
El Paraíso perdido y su laberinto. La revolución socialista que ofrecía el poder para los pobres fue una promesa, una intención, una ilusión de paraíso. Veinte años después no cuentan los deseos sino los resultados, y estos son de muerte y de huida del país. Ahora lo único sensato es reconocer la dramática realidad de la familia venezolana que sobrevive sin luz, sin agua, sin electricidad, cocinando a leña, sin escuela, sin servicios de salud, sin trabajo y sin ingresos. Con una dictadura armada que usurpa la soberanía de la sociedad, sin esperanza y sin libertad ni estado democrático.
Para salir de esto es imprescindible el cambio del modelo que nos ha traído la ruina. El primer paso es reconocer nuestra terrible realidad. El segundo abrir una negociación seria y efectiva – nacional e internacional – que, de manera responsable, transparente y con garantías jurídicas confiables proceda a desestatizar tantas empresas que se arruinaron en manos del Estado. La industria petrolera es la primera que necesita inversión y emprendimiento privado en toda su cadena, desde la extracción hasta la distribución, pasando por el procesamiento y la refinación. Pero con institucionalidad y transparencia. Según los entendidos, en Venezuela necesitamos un verdadero aguacero de inversiones, no inferior a los 100.000.000.000 $ (cien mil millones de dólares) en la primera etapa. Pero no basta hacer rogativas para que venga esa lluvia, ni ocurrirá en el actual marco político y con un Ejecutivo que miente diciendo que estamos muy bien y que ya hemos salido de la hiperinflación. ¿A quién van a engañar con 2.000 % de inflación en 2020 y el dólar sobre 1.000.000 de bolívares en enero próximo? El multimillonario refinanciamiento de la deuda y esa enorme inversión que necesitamos, solo serán posibles con un cambio de sistema, con un nuevo marco político y jurídico y un proyecto de reconstrucción descarnadamente realista y no hecho para engañar a bobos y traficar a escondidas con delincuentes. El régimen no tiene futuro.
Aspiraciones y producción de logros. Empecemos el cambio lo más civilizadamente posible negociando los otros pasos para la transición, e iniciar el nuevo año poniendo los cimientos para la reconstrucción, incluyendo a toda la sociedad, excepto los que se excluyen aferrados a su conducta delincuencial. Por supuesto, es imprescindible que los gobiernos democráticos levanten las sanciones y colaboren efectivamente en la reconstrucción del país. Pero ello no se dará sin abrir de veras la puerta a la transición democrática. Nada de juego orwelliano de palabras. Renacer de la sociedad civil con apertura al reto productivo de miles de empresas y de todos los servicios públicos.
Fueron y son legítimas las aspiraciones de la población que hace 22 años dieron el triunfo a Chávez. Todo el pueblo tiene derecho a una vida digna con oportunidades y con instituciones libres y democráticas, pero fue lamentable el camino mesiánico-militar, de economía sin libre iniciativa productora y un gobierno dictatorial dedicado a la expropiación y reparto de la supuesta “infinita” renta petrolera.
Durante un siglo (1920 a 2020) el Estado petrolero modeló la sociedad venezolana con sus logros y deformaciones; al final prevalecieron estas últimas y el Estado repartidor quebró y arruinó su base petrolera. En consecuencia, es la sociedad civil la que tiene que modelar el nuevo Estado y de ella nacerá la nueva política. Este renacer profundo requiere tiempo y sobre todo una elevación de la productividad política ciudadana y de la productividad económica de bienes y servicios. Esta reconstrucción es mucho más que el “milagro alemán”, en su tiempo y circunstancia, y no se consigue con juego de palabras, ni complicidad de delincuentes, sino sumando y multiplicando voluntades y colaboradores nacionales e internacionales.
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