Por: Pedro Palma
Ante el desborde inflacionario que padecemos, es muy válido que nos
preguntemos cómo se puede atacar y abatir ese flagelo que tanto daño está causando a los venezolanos. La respuesta la podemos conseguir indagando qué hicieron otros países de la región para doblegar los graves problemas inflacionarios que padecieron hasta años recientes, varios de ellos mucho más graves que el nuestro. Lo primero fue imponer disciplina fiscal y monetaria, eliminando la práctica de incurrir en situaciones de exceso de gastos sobre ingresos que obligaban a los gobiernos a endeudarse masivamente, y eventualmente a acudir al prestamista de última instancia, es decir, al banco central, para que financiara los enormes déficits a través de la creación recurrente y creciente de dinero inorgánico, lo cual se traducía en grandes y sostenidas expansiones de la oferta monetaria.
Eso se logró a través de la imposición de limitaciones al gasto público, del control efectivo del uso de los recursos, de esfuerzos para incrementar la eficiencia del gasto, y del desarrollo de estructuras eficientes de recaudación tributaria. Paralelamente, se instauró y respetó la autonomía de los bancos centrales, organismos que no solo volvían a tener la potestad de negarse a financiar gasto público deficitario, sino que establecían metas anuales de inflación, y se les daba la autoridad para establecer acciones e implementar políticas orientadas al logro de esos objetivos.
Otra gran acción se centró en el estímulo de la oferta a través de incentivos a la inversión reproductiva, con lo que se busca no solo incrementar la cantidad de bienes y servicios que se producen o prestan, sino también diversificar la producción con el fin de ampliar la gama de productos que se ofrece. Ese objetivo lo han logrado a través de incentivos financieros, fiscales y de otra índole, así como a través de la preservación del Estado de Derecho y la independencia de los poderes públicos, fundamental para la generación de confianza. Esa mayor inversión también ha permitido la modernización de las fábricas y de los centros de prestación de servicios, haciéndolos más eficientes y productivos, lo cual redunda en una reducción de sus costos medios y en un incremento de la producción y de la productividad. Esto, a su vez, se traduce en una mayor competitividad y en una moderación de los precios. Esa mayor inversión no solo debe centrarse en el capital físico, sino también en el humano, ya que sin personas preparadas y bien formadas es muy poco lo que se puede avanzar en el logro de esa necesaria mayor eficiencia productiva.
También fue clave el desmantelamiento de los excesivos controles y regulaciones, que impedían el funcionamiento racional de los mercados y la óptima asignación de los recursos. La imposición de controles de precios que no toman en consideración la evolución de los costos, las limitaciones al acceso de divisas a través de controles cambiarios, las obligaciones acerca de los productos y volúmenes que se pueden producir y la imposición de otros controles distorsionadores, lo que generan son limitaciones de la oferta y, consecuentemente, presiones alcistas de los precios.
De la lectura anterior puede inferirse que lo que está sucediendo en Venezuela es algo diametralmente opuesto a lo que debe hacerse para abatir la inflación. El descomunal y creciente déficit público, su financiamiento masivo por el BCV con dinero inorgánico, el hostigamiento gubernamental a la actividad económica privada, la imposición de controles desproporcionados de precios, de producción y de otra índole, la imposibilidad de acceder a las divisas, las enormes deudas acumuladas con los proveedores externos, la supina ineficiencia de las empresas manejadas por el Estado, y las limitaciones para importar, lo que nos indican es que, mientras las cosas sigan así, lo que tendremos es una altísima y creciente inflación. Insólito que nos neguemos a aprender de las exitosas experiencias de nuestros vecinos.
