Publicado en Alnavio
La implacable operación de venganza política contra Luisa Ortega Díaz y el chavismo disidente está en marcha. Sus ejecutores son Diosdado Cabello y Tarek William Saab, hasta hace poco enemigos personales, ahora aliados circunstanciales. En pocas horas la Fiscal General y su pareja, el diputado chavista Germán Ferrer, han sido señalados, acusados y buscados por la policía política.
La prueba de que uno de los motivos para convocar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) era sacar del juego a la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se evidenció este miércoles en la tarde en Caracas con la persecución judicial y policial emprendida contra ella y su entorno personal. También demuestra que la élite del poder chavista tiene más temor a las disidencias internas que a la propia oposición.
Luisa Ortega Díaz y su pareja, el diputado del denominado chavismo disidente Germán Ferrer, fueron señalados, acusados y buscados por la policía política en cuestión de horas. Previamente se han dictado medidas contra sus bienes y prohibición de salida del país.
Las acusaciones, que incluyen graves señalamientos por corrupción, fueron presentadas por varios diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), encabezados por el vicepresidente de esa organización, Diosdado Cabello, y Tarek William Saab, anterior Defensor del Pueblo y ahora designado por la ANC como como nuevo Fiscal General en reemplazo de Ortega Díaz. Sustitución que tanto la oposición venezolana como la comunidad democrática consideran ilegal.
Ortega Díaz, que hasta ahora había sido titular del Ministerio Público venezolano y que todavía el año pasado era una de las piezas claves de la estructura de poder del régimen, es objeto en estos momentos no solo de la persecución policial, sino además de una campaña pública de desprestigio. Sus antiguos camaradas “descubren” su deshonestidad.
Así, la implacable operación de venganza política contra Luisa Ortega Díaz y el chavismo disidente está en marcha. Sus ejecutores, Diosdado Cabello y Tarek William Saab, hoy aliados contra una enemiga común, estuvieron en los últimos años de Hugo Chávez duramente enfrentados, hasta el punto de la enemistad personal, en una disputa que evidencia cómo funciona el juego del poder en el régimen chavista.
Desde los inicios del movimiento Saab fue uno de los cuadros políticos favoritos y más leales a Chávez, hasta que su paso por la Gobernación del estado Anzoátegui (en el oriente del país) enfrió su relación con el líder y desprestigió su figura pública. Para 2012 había caído en desgracia ante el comandante-presidente. Diosdado Cabello, por entonces presidente de la Asamblea Nacional, intrigaba sin ningún disimulo en su contra. Incluso se vanagloriaba abiertamente de ello ante diputados opositores.
El fallecimiento de Chávez salvó la carrera política de Saab (un caso similar es el de la excanciller y presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez). En diciembre de 2014 Nicolás Maduro rescató a Saab del ostracismo para designarlo Defensor del Pueblopor parte de la Asamblea Nacional, entonces de mayoría chavista.
Cabello, presidente todavía del Poder Legislativo, en retaliación apoyó y consiguió la reelección de Luisa Ortega como Fiscal General, a quien Maduro y su esposa Cilia Flores pretendían sacar de la escena.
Como Fiscal General, Luisa Ortega Díaz fue pieza clave, junto con el entonces ministro del Interior de Maduro, el general Miguel Rodríguez Torres, de la represión e imputación de los autores de las protestas del año 2014, destacando los dirigentes opositores Antonio Ledezma, Alcalde Mayor de Caracas, y el fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López.
Maduro sacó del Gobierno a Rodríguez Torres (hoy en la disidencia) pero Ortega Díaz se transformó con el tiempo en un grave obstáculo.
El verdugo del chavismo
Por su parte, Diosdado Cabello ha venido cumpliendo desde hace años el papel de verdugo del chavismo. Ese rol de disciplinar las disidencias internas lo lleva a cabo con placer nada disimulado.
Su “víctima” más famosa fue el radical diputado chavista Luis Tascón, cuyo nombre pasó a la historia por una infame lista usada para la persecución política de los funcionarios del Estado que firmaron para activar el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez de 2004. Pero en febrero de 2008 Tascón denunció un presunto sobreprecio en la adquisición de unidades de transporte público. La acusación implicaba a José David Cabello, hermano de Diosdado Cabello. Este señaló al denunciante de “agente de la CIA”, “instrumento del imperio” y de “falsa izquierda”.
A continuación Tascón fue el primero expulsado del PSUV, en una de las jornadas de su Congreso Fundacional, “por falta de disciplina”. ¿La denuncia? Evidentemente nunca se investigó.
Toda esta historia de intrigas, venganzas personales, odios y facturas políticas acumuladas es un ejemplo de la concepción del poder que se tiene en el chavismo. Extremadamente hábil para el ejercicio crudo del poder, pero sin ningún sentido de construcción de país.
Mientras los jerarcas del PSUV ajustan las cuentas pendientes entre ellos no han perdido el tiempo para destituir y dictar órdenes de captura contra los alcaldes opositores Ramón Muchacho y David Smolansky, de los municipios Chacao y El Hatillo respectivamente (ubicados al este del área metropolitana de Caracas), y de paso profieren más amenazas, incluso contra los que se han presentado como candidatos a las elecciones a gobernadores anunciadas para el próximo mes de octubre.
Al tiempo que la ANC y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sirven como instrumentos de las retaliaciones políticas, la economía venezolana sigue desmoronándose con la secuela de miles de venezolanos (los que pueden) saliendo del país.
