Publicado en: Politika UCAB
Por: Trino Márquez
El juicio que la Cámara de Representantes de Estados Unidos le sigue a Donald Trump por su participación en los sucesos del 6 de enero de 2021 –cuando el Congreso, en un acto ritual, convalidaría el triunfo de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020- demuestra de forma inequívoca que el expresidente, además de inventar la descabellada tesis del fraude, no hizo nada para evitar que los grupos sediciosos movilizados ese día asaltaran el Capitolio. Al contrario, los alentó.
A lo largo del juicio se han emitido declaraciones y pronunciado testimonios de agentes policiales y colaboradores inmediatos de Trump, quienes le advirtieron los peligros de fomentar, sin ningún tipo de pruebas, la especie del fraude, que el mandatario había tramado incluso antes de que se realizaran los comicios. Le alertaron que esas denuncias infundadas ponían en tela de juicio la legitimidad del sistema electoral, uno de los pilares más sólidos sobre los cuales se levanta la democracia norteamericana. Le rebatieron una y otra vez sus prejuicios. Su propia hija Ivanka, el secretario de Justicia Bill Barr y el vicepresidente Mike Pence, trataron de disuadirlo de sus desvaríos. Sin embargo, ninguno de los sensatos consejos de su entorno más cercano logró cambiar la opinión del tozudo personaje, empeñado en aferrarse a la Casa Blanca como si se tratase de una de sus propiedades inmobiliarias. En el juicio también surgieron las declaraciones de la joven y brillante politóloga Cassidy Hutchinson, quien aportó datos precisos sobre el comportamiento pendenciero de Trump el día de la invasión.
Ha quedado evidenciado que el expresidente sabía que en la concentración participarían personas armadas dispuestas a incursionar en las instalaciones del Congreso, violando las normas impuestas por los cuerpos de seguridad. Entre los grupos que intervendrían estaban los Proud Boys, conocidos por su belicosidad supremacista.
Las evidencias de la complicidad de Trump con la turba resultan aplastantes. Las conclusiones son obvias: Donald Trump promovió un golpe de Estado para desconocer la victoria incuestionable de Joe Biden y mantenerse de forma ilegítima en el poder.
Ahora se encuentra en manos de la Cámara de Representantes y del Senado actuar frente al desenfreno del exmandatario. Su condena política tendría que ser el paso previo para que luego actúen los órganos jurisdiccionales. Por su investidura, la condena debería ser competencia de la Corte Suprema de Justicia.
Trump puso en peligro la validez de la consulta popular, universal y secreta, la democracia y el Estado de derecho en la nación más poderosa e importante de la Tierra. Lo que sucede en Estados Unidos afecta a todos los demás países del Occidente democrático. Castigar delitos de semejante magnitud, como el perpetrado por Trump, resulta especialmente importante en las condiciones actuales de la democracia en el planeta. En gran parte del mundo se han entronizado regímenes autoritarios. Las naciones con elecciones libres, transparentes y competitivas son cada vez más escasas. Lo que predominan son farsas electorales. Consultas bufas para legitimar modelos autoritarios y tiranías oprobiosas. En esos esquemas hegemónicos, los órganos legislativos (Parlamento) y los tribunales (Poder Judicial) actúan como comparsa de las autocracias que aspiran a eternizarse en el poder.
En Estados Unidos en noviembre de 2020 hubo una elección presidencial como las de costumbre: diáfana. Con la participación de un porcentaje significativo de ciudadanos a través del voto por correo, como es la costumbre. Quien perdió en la urnas fue el mandatario aspirante a la reelección (son los candidatos opositores quienes suelen cantar fraude). Ese perdedor promovió disturbios de falanges fanatizadas, envenenadas por una versión distorsionada de lo ocurrido en los comicios de noviembre, que él mismo había fraguado y divulgado a través de su amplia red de conexiones.
Para el mundo democrático sería nefasto que Donald Trump salga ileso luego de la flagrancia de los delitos cometidos. Ya no se trata de lo que sucede en el recinto cerrado donde los representantes del Partido Demócrata y del Partido Republicano han seguido el juicio. El mundo entero fue testigo de su comportamiento a las afueras de la Casa Blanca ese 6 de enero. Todos pudimos constatar en las imágenes de CNN y otros canales cómo se expresaba de ese héroe fortuito que vino a ser Mike Pence, de quien pedía la cabeza por haberse negado a actuar como cómplice en el desconocimiento del triunfo de Joe Biden y de la Constitución.
El señor Trump aspira a ser de nuevo el candidato republicano para los futuros comicios presidenciales. La sociedad norteamericana está tan desajustada que podría obtener la victoria y convertirse de nuevo en Presidente. Sería inaceptable no sancionarlo debido a que es un hombre poderoso y popular. Esos no son los criterios que guían la labor de la Justicia.
El castigo mínimo que Trump debería recibir es que no pueda volver a ejercer ningún cargo público el resto de sus días. En Venezuela sabemos muy bien lo que significa dejar impune, o indultar, a un felón que se ha levantado contra la democracia. Tenemos un cuarto de siglo padeciéndolo.
