Por: Jean Maninat
Entre los intersticios de las protestas pacíficas estudiantiles, de la justa
indignación de tanta gente en la calle por la calamitosa acción gubernamental, y de las fumarolas tóxicas que dejan las guarimbas: empieza a colarse el añoso discurso antielectoral -con nuevos ropajes- insomne en su cometido de convocar desalientos, ahora a nombre de una supuesta superioridad moral y la pretensión de representar la Dignidad, así con mayúscula, nacional.
El libreto es conocido; se repite cada vez que se quiere quebrar -que no optimizar- un liderazgo establecido, cuartear los logros acumulados a partir de enlodar las reputaciones de quienes han contribuido -con mayor o menor acierto- a hacerlos posibles. Se escoge a un grupo humano, digamos «los políticos», se le pega una estrella amarilla en el pecho, «de la MUD», y se le endilga toda clase de motivos inconfesables, de planes siniestros para desviar el cauce bondadoso que los acusadores habrían trazado para bien de la causa común en cuestión. Pero no basta con destruir una sigla, hace falta personificar, apuntar el dedo acusador hacia un nombre y apellido, intentar sacrificar en la pira redentora a un líder de carne y hueso con labrados éxitos y sacrificios en su haber: Henrique Capriles.
De allí en adelante es descoser y torcer. Se pretende la vocería -intelectual y política- de los estudiantes, se determina el sentido histórico de sus luchas, se dicta quienes son sus amigos y sus enemigos dentro de la oposición, y cabalgando sobre su esfuerzo y su lucha, se retoma el quehacer de sembrar la desconfianza en el ejercicio político y la posibilidad de avanzar electoralmente. Poco importa si ellos mismos se han encargado de dejar claro el objetivo de su empeño y la autonomía de su acción. Si algo han demostrado los estudiantes es que no necesitan quien los interprete y piense por ellos.
Ahora resulta que, para algunos, vislumbrar una eventual salida electoral y trabajar por ella -en las actuales circunstancias- sería una prueba de ingenuidad, en el mejor de los casos; o de traición a las luchas pacíficas de los últimos meses y a las víctimas de la represión gubernamental, en el más abyecto de los argumentos. Es el mismo ardid de quienes en la vieja, viejísima ultraizquierda, denunciaban las desviaciones electoralistas porque distraían de la «verdadera» empresa revolucionaria: la lucha de clases.
(Sin embargo, todo parece indicar que los aguerridos habitantes de los municipios de San Diego y San Cristóbal están dispuestos a derrotar al gobierno central, una vez más, con el CNE que le pongan enfrente. ¿Qué dirán los detractores de la opción electoral?).
Es obvio que el objetivo de contar con un árbitro electoral imparcial es fundamental para lograr la regeneración democrática de la sociedad. Pero sin la presión electoral para avanzar en esa dirección sería aún más difícil alcanzarlo. Los logros obtenidos -nada deleznables- en los diversos comicios en que se ha participado, y la respuesta inconstitucional del régimen persiguiendo a quienes han sido electos en la oposición, indican que el esfuerzo electoral -aún en circunstancias de abierto ventajismo oficialista- es un potente instrumento para la oposición que le hace mella al gobierno. Las diputaciones, los municipios y las gobernaciones obtenidas, no han sido una concesión graciosa de los jerarcas del régimen. Por eso, en cuanto pueden, quieren anular arbitrariamente la voluntad popular que les ha sido adversa, en base a desafueros a dedazo limpio.
Quienes han sido apartados a la fuerza de sus cargos de representación, y quienes todavía los ejercen, saben que son producto del esfuerzo democrático de los que los eligieron en condiciones sumamente difíciles. Ese denuedo no debería ser estacionado, o postergado a una etapa ulterior de la contienda democrática. La lucha electoral requiere preparación, aún con una pistola en la cabeza, y convendría no borrarla de la carta de navegación opositora.
Las protestas pacíficas populares, el diálogo efectivo y los votos, son los proyectiles democráticos con los que cuenta la oposición. Mal se haría en desarmarla electoralmente, tal como se hizo en el 2005.
@jeanmaninat
