Publicado en: Semanario Quinto Día
Por: Mario Villegas
Solo la demagogia, provenga de quien provenga, puede justificar que en Venezuela se siga regalando la gasolina. No solo porque es indispensable racionalizar sus precios para avanzar hacia la recuperación y una futura autosustentabilidad de la producción de combustibles por parte de la industria petrolera, sino también para impedir las jugosas y gigantescas corruptelas del contrabando de extracción que florece al amparo de un absurdo económico tal vez único en el mundo. Lo que aquí se regala, al pasar la línea fronteriza cuesta miles y miles de dólares que finalmente van a parar a los bolsillos de malandros de cuello rojo y de verde oliva.
Aumentar el precio de la gasolina luce necesario, aunque no como una medida aislada sino en el marco de un serio programa de estabilización de la economía. Pero las medidas que anunció el gobierno parecen no ir al fondo del problema, pues constituyen variantes dentro del mismo modelo súper intervencionista y depredador que ha regido hasta ahora. Para nada se toca el corrosivo y corruptivo control de cambios, ni el desquiciado régimen de controles de precios, cuyas prolongadas vigencias arruinan a miles de empresas y condenan al desempleo a grandes masas de trabajadores.
Está cantado que el gobierno va a aumentar significativamente el precio de la gasolina. El solo hecho de que entre en vigencia un nuevo cono monetario que suprime cinco ceros a nuestro signo monetario, ya de por sí anuncia un brinco sideral en el precio del combustible.
¿Cuál será en definitiva el nivel que alcance ese precio?, aún no se sabe. Pero lo que sí resulta más que obvio es que el gobierno no puede pretender fijar un sistema de precios equivalente o cercano al nivel internacional promedio. ¿Cómo puede costar un solo litro de gasolina cerca de medio dólar norteamericano cuando el salario mínimo nacional no llega ni a tres dólares por mes? Nadie que en Venezuela viva de un salario por elevado que sea estaría en capacidad de llenar el tanque de su automóvil a los precios internacionales, ni siquiera a los precios de los países que circundan al nuestro.
Las declaraciones de voceros oficiales, comenzando por el propio presidente Nicolás Maduro, dan cuenta de una pestilente maniobra, dirigida a manipular una vez más a los sectores más vulnerables de la población y a extorsionar y doblegar a quienes le adversan políticamente o le son indiferentes. Aquel que ose no registrar su vehículo en un censo automotor paralelo al del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y no sacar el denominado “Carnet de la Patria”, inconstitucionalmente paralelo a la cédula de identidad venezolana, no será beneficiario de un precio preferencial para la gasolina y deberá costearla a precios internacionales. ¡Tamaña inmundicia!
De acuerdo con el artículo 12 de la Constitución, las riquezas mineras y de hidrocarburos pertenecen a la República y son de dominio público, lo que significa que todos los venezolanos somos sus copropietarios. Y el artículo 21 de la misma Carta Magna establece que no se permitirán discriminaciones que tengan por objeto o resultado menoscabar el goce o ejercicio de los derechos y libertades de cualquier persona.
Si nos atenemos a la ley, ningún ciudadano venezolano puede ser excluido del derecho de comprar la gasolina al precio que la paga quien tenga ese carnet de claro signo político. Una cosa es que, por ejemplo, se aplique un impuesto energético especial a los automóviles de lujo, con la cual uno podría estar de acuerdo, y otra que se venda combustible a precios internacionales a quienes no tengan el “Carnet de la Patria”. ¿Si un ricachón, un boliburgués o un enchufado se sacan el fulano carnet podrán comprar gasolina más barata? ¿A qué racional lógica responde semejante dislate?
Se acabó la ilusión de que todos somos iguales y de que “el petróleo es nuestro”.
Se trata, en verdad, de una rastrera operación política que discrimina claramente a una importante porción de venezolanos que pasaremos a ser extranjeros en nuestro propio país. Quienes nos resistimos a doblegarnos frente a semejante obligación inconstitucional, seremos una suerte de diáspora interna, de venezolanos que aun viviendo en nuestro propio territorio y aunque paguemos el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, y todos los demás impuestos nacionales y municipales, no tendremos derecho a alimentos y ahora a gasolina si no los pagamos a precios como si viviéramos en otro país.
