Por: Alberto Arteaga Sánchez
Cuando se está en el poder, el rechazo a la crítica es frontal y
decidido, en la absurda pretensión de impedir cualquier comunicación que pueda afectar de alguna manera la imagen del Jefe Supremo.
Hay libertad de expresión para quien manda, en forma tal que su lenguaje y sus discursos, por más ofensivos que puedan aparecer, como lo ha señalado una decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, ante una denuncia contra el presidente Chávez por instigación al odio, sentenció que sus expresiones duras, descarnadas y de franca instigación a la violencia, como “en el supuesto que esta minoría fascista logre llenar de violencia las calles les pasaremos por encima”… “y no quedaría piedra sobre piedra de esta apátrida oligarquía”, debían ser interpretadas a la luz de la libertad de expresión de ideas y pensamientos “válida no solo para informaciones o las ideas acogidas con favor y consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que pudieran considerarse como chocantes e inquietantes”, añadiendo en alguno de sus párrafos que “en el campo de la semántica el significado de las palabras no resulta siempre igual al contenido que le da quien expresa sus ideas”.
Al contrario, el Ministerio Público, en su acusación contra Leopoldo López, hace referencia al ethos discursivo que posee este dirigente político “que domina e incide sobre el ethos de sus destinatarios”, de manera que todo lo que les diga “ejercería una fuerte influencia, no solo en su manera de pensar sino en las potenciales acciones que los destinatarios puedan realizar”.
Por lo expresado, surge la obvia conclusión: no puede censurarse al gobierno ni a sus representantes, que gozan de “inmunidad” y son “inviolables” en su libertad para expresarse; pero, por el contrario, incluso cuando se citan fuentes autorizadas que, en todo caso, asumen la autoría, en ejercicio legítimo del derecho a informar sobre asuntos de interés concernientes a personas públicas del gobierno, corren el peligro de ser objeto de acciones y amenazas judiciales.
Ante esta intolerable situación no quedaría otra salida, a los fines de precaver persecuciones y el inminente peligro para libertad, en aras de la “seguridad”, que el silencio informativo sobre cualquier tema o asunto que tenga que ver con el poder y quienes lo ejercen.
A esto se pretende llegar por las más diversas vías, que van desde la abierta censura o eliminación de crónicas indeseables, hasta el cambio de línea editorial por la compra-venta de medios, pasando por las restricciones económicas, los procesos penales contra editores, usuarios de redes sociales y portales informativos o el más descarado silencio que viola uno de los derechos más preciados de una sociedad democrática, como lo es el derecho a la información, ni siquiera susceptible de ser suspendido en estados de excepción, según el artículo 337 de la Constitución.
Es cierto que la libertad tiene riesgos y puede producir abusos que deben ser corregidos, pero ello en nada es comparable a los riesgos y peligros del silencio informativo, cómplice, en todos los tiempos, de los más abominables atropellos a la dignidad humana.
