Publicado en: Blog personal
Por: Ismael Pérez Vigil
Desconozco lo que están haciendo internamente los partidos por desarrollar sus estrategias y por tratar de renovarse o mantenerse a flote en esta difícil contingencia que estamos atravesando –en cualquier caso, este tampoco sería el espacio para ventilar esa actividad– por lo tanto en el análisis del despliegue de la estrategia de la llamada oposición democrática me limitaré a lo que cualquier ciudadano común puede observar por los signos externos y la actuación de los principales líderes opositores.
Me referiré a la oposición democrática, la que se desgrana o desangra en tres fracciones –encabezadas por Juan Guido, Henrique Capriles y M.C. Machado, respectivamente– y que solo a efectos de este análisis las consideraré en “pie de igualdad”, cosa que dista mucho de ser cierta, a tenor de encuestas y resultados electorales; como es evidente excluyo de mi análisis a la llamada “mesita” –que no considero realmente una opción opositora que busque la salida del régimen– y excluyo también a los chavistas no maduristas, que se han diseminado en algunas de las opciones señaladas.
Comienzo por la opción que encabeza Henrique Capriles Radonsky, que en esencia plantea aplazar el proceso electoral, pero participando en el mismo, luchando por lograr mejores condiciones y dejando abierta la posibilidad de retirar sus candidatos y no concurrir a la votación el 6D sí no se logra un cambio en las condiciones electorales.
Esta es la estrategia opositora más fácil de desarrollar, pues la mecánica electoral es algo bien conocido –sobre todo por los partidos políticos– y sobre la que hay vasta experiencia, de éxitos y fracasos, en más de 35 procesos electorales durante estos 21 oprobiosos años. La tarea, aunque no trivial, es: escoger los candidatos, inscribirlos, organizar los comandos de campaña, recorrer el país con los candidatos, organizar los testigos para cubrir –por lo menos– el 90 o 95% de las mesas, garantizar que todos los testigos acudan a todo lo largo del proceso de votación, hasta que los resultados se envíen a los comandos y a los centros de totalización del CNE, y esperar los resultados de la auditorias en el cincuenta y pico por ciento de las mesas, para asegurar la fidelidad de esos resultados.
La mecánica política, sin embargo, ya no es tan simple. Aunque se “participe” en el proceso y no se vote el 6D, lo que está planteado con esta estrategia es movilizar a la gente, de una manera segura, para hacer planteamientos políticos, críticas y ofertas; entre los planteamientos estarían los de solicitar un proceso con unas condiciones electorales mínimas –por ejemplo: transparencia, habilitación de todos los partidos y candidatos, observación nacional e internacional, no utilización de recursos del estado en la campaña y otras similares– que, de no darse, de no lograrse para una fecha determinada, se denunciaría el proceso y se retirarían los candidatos. Se habría logrado así el efecto de participación y movilización y la decisión de retirar los candidatos serviría para denunciar internacionalmente el proceso una vez más y tratar de recuperar posiciones para una negociación política. De llegar al final, al día de la votación, esperemos que exista alguna opción –que no tiene por qué revelarse ahora a viva voz– para resolver el eterno dilema: ¿Qué hacer si el régimen hace fraude o peor aún, sin hacerlo, desconoce el resultado electoral y busca cualquier estratagema jurídica para ello, apoyada naturalmente en su fuerza militar?
Por su parte, la estrategia liderizada por Maria Corina Machado (MCM), plantea que la solución a la crisis provendrá, dicho más o menos en sus palabras, de la intervención de una fuerza extranjera, multifacética, conformada por una coalición internacional que despliegue una Operación de Paz y Estabilización en Venezuela (OPE); habla igualmente de invocar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución que permite “…el empleo de misiones militares … extranjeras en el país”; de invocar el principio de la “Responsabilidad para Proteger (R2P)” suscrito por las Naciones Unidas y en la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, (TIAR); todo ello para lograr “… salir de Maduro y su régimen en el plazo más corto posible a través de una operación nacional e internacional que lo logre…”.
Aparte de otras consideraciones, que ya he expuesto y no repetiré, (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2020/09/12/la-carta-de-maria-corina-machado/), siempre me ha parecido que la propuesta de MCM tiene dos debilidades intrínsecas. Una, es que no nos dice mucho de la vía interna, de cómo lograr esa parte de lo que denomina la “operación nacional”; y dos, que su estrategia descansa excesivamente en terceros, no en la acción que ella o los venezolanos podamos desplegar.
Invocar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución, que dependería de la AN y no de las fuerzas que moviliza MCM, no es lo único que se necesita para la creación de una fuerza extranjera multilateral, y esto último no es algo que se resuelve levantando el teléfono y llamando al presidente de los Estados Unidos o de alguno de los países vecinos. Invocar el principio R2P, tampoco es algo simple –como veremos en detalle cuando hablemos de la estrategia de Guaidó– o que dependa de los esfuerzos que podamos hacer en el país; lo mismo podemos decir de invocar el TIAR, con el agravante de que ya se ha intentado esa vía y ha sido negada en la última reunión de la OEA en diciembre de 2019 y rechazada por la mayoría de los países de América Latina.
En síntesis, la estrategia de MCM depende excesivamente de factores o decisiones que ni ella ni nadie en el país controla, por más que se alegue que el trabajo político consiste en hacer “intentos o gestiones” para lograr esa fuerza extranjera multilateral, con base en el TIAR o en el R2P.
Veamos por último la estrategia de la fracción que se congrega en torno a Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y el G4, que la dejamos para el final por el insospechado giro que ha tenido la última semana. Como es sabido la estrategia de este grupo se bifurca en dos vías; en lo interno la no participación electoral el 6D y la organización de una consulta popular; en lo internacional, que creo que es su carta fundamental y más fuerte, pretende continuar el proceso para que la comunidad internacional mantenga la presión sobre el régimen venezolano que lo obligue a una negociación de una salida política a la crisis.
La vía interna, debemos decirlo, no ha tenido mayores avances tras la propuesta de Juan Guaidó hace un par de semanas. Nada se ha dicho acerca de qué hacer para evitar esa mortífera inmovilidad que acompaña a todas las abstenciones –aunque no la llamen de esa manera– y hasta ahora la única propuesta de acción inmediata se concreta en realizar una “consulta popular” que se pretende tenga carácter vinculante, con base en los artículos 70 y 71 de la Constitución Nacional, y sobre la cual tampoco se ha dicho mucho.
La vía internacional, también prácticamente adormecida, sin nuevas ideas ni propuestas de acción, recibió sin embargo un impulso inesperado con la publicación del informe sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela que dio a conocer la Misión Internacional Independiente designada por las Naciones Unidas y que se refuerza esta semana que concluye, con la presentación oral del informe de Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Tras el anuncio de la referida Misión, el presidente Juan Guaidó ha renovado los esfuerzos sobre la comunidad internacional, para que esta a su vez mantenga la presión sobre el régimen venezolano, que lo lleve a suspender o aplazar el proceso electoral y buscar una vía de negociación, que abra la posibilidad de un Gobierno Transitorio y un nuevo proceso electoral, que incluya elecciones amplias y libres, observadas internacionalmente, en un periodo corto de tiempo.
En ese contexto, el presidente Guaidó, con base en el mencionado informe de la Misión Internacional Independiente, en una intervención dirigida a la Asamblea General de la ONU, solicitó “…alinear los esfuerzos de asistencia internacional para restablecer la soberanía efectiva en Venezuela, y proteger a la población civil desarmada, ante la comisión sistemática y reiterada de crímenes de lesa humanidad a manos del régimen dictatorial que usurpa la presidencia de Venezuela”. Naturalmente, sin que el presidente Guaidó lo dijera expresamente, a todos nos saltó de manera inmediata, la idea de que se trataba de una invocación al principio de responsabilidad de proteger (R2P) de la ONU; sí esa era la intención, no lo sé, pero así fue recogido en las redes sociales y en muchos medios de comunicación.
Ahora es sano advertir, antes de que se generen falsas expectativas, que hasta el momento la decisión de aplicar el R2P ha dependido del Consejo de Seguridad, en donde tienen capacidad de veto Rusia y China –aunque algunos señalan que, al ser una solicitud directa del representante de un gobierno legítimo, no se sometería al referido Consejo–. Además, también hay que considerar que hasta el momento los países –tanto de la ONU, como del TIAR– que podrían formar parte de una “fuerza interventora” que actué en Venezuela, han declarado que no apoyan esa opción. En todo caso, se puede decir que se cumplió el “tramite” que algunos solicitaban de invocar el R2P, que dudo que pase a una fase de acción. Si nada ocurre no faltara quienes digan que se invocó “muy tarde”.
Estas son las opciones que nos presenta una oposición dividida, que sin que hagamos un fetiche de la unidad, ninguna de las tres fracciones pareciera estar haciendo nada por lograrla; la unidad —y mantenerla— dada la naturaleza del régimen que enfrentamos, creo que es un valor estratégico, no un mero instrumento y, aun como instrumento, creo que es más importante que los demás que están sobre el tapete: votar, abstenerse o una consulta popular. El de la “unidad” es un tema pendiente, por encarar más a fondo.
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