Por: Alberto Barrera Tyszka
Esto de que un gobierno que lleva 14 años en el poder anuncie, de pronto, que necesita «poderes especiales» para combatir la corrupción, suena a peyotazo, a tripa, a juma, a tremenda trona, camarada. Un gobierno no puede declararse en emergencia en contra del gobierno. Es demasiado ridículo, escandalosamente incoherente. Un delirio, un disparate para el récord Guinnes. Es como si de pronto, en la televisión, apareciera el Presidente denunciando que la oposición ha hecho un desastre en el Ministerio de Finanzas, no da pie con bola en el Ministerio de Agricultura, no está administrando bien la crisis de la salud pública, no termina de construir las viviendas prometidas y ha implementado un plan de seguridad en el que han muerto demasiados ciudadanos inocentes. Nada tiene sentido. El absurdo se ha convertido en una ideología.
Por eso esta cruzada persecutoria que repentinamente han desatado parece, por momentos, una pésima película de ciencia ficción. Ningún efecto especial queda a salvo. Las costuras son obvias. Todo resulta desproporcionado, artificial.
Yo no sé si Primero Justicia ha cometido o no delitos de peculado. Hubiera esperado, eso sí, que en el acto de inscripción de la candidatura de Carlos Ocariz no estuviera Juan Carlos Caldera, así, como si nada, como si la historia no tuviera consecuencias. Pero de ahí a sentenciar que ese partido es una organización criminal y montar un espectáculo estridente hay una distancia abismal, un agujero donde caben completos los 14 años de este proceso.
Esa jerga grandilocuente que insiste en hablar de la «mafia amarilla», del «capo» o del «zar» del «cartel de la derecha», se desinfla con tan solo recordar la prudencia, el silencio cómplice o la opacidad, que mantuvo este gobierno ante las confesiones de Walid Makled en Colombia. Cuando el narcotraficante comprometió a varios altos funcionarios, a quienes aseguró haberles dado fuertes sumas de dinero, ¿qué hizo el chavismo? ¿Qué exigió y gritó airadamente, entonces, el diputado Pedro Carreño? Nada.
Impidieron el debate. Decidieron que era mejor mirar para otro lado.
La dirigencia chavista no tiene ninguna autoridad para cuestionar o acusar a alguien de corrupto. Mucho menos para montar un show de cacería. Han hecho un monumento colosal al fariseísmo, a la hipocresía. Son los paladines de la doble moral. Los venezolanos hubiéramos preferido que todos los diputados oficialistas se pintaran las uñas en vez de negarse, en su momento, a discutir abiertamente en la Asamblea Nacional sobre el caso de Pdval. Estamos hablando de un hecho de corrupción que dejó más de 130.000 toneladas de comida dañada ¿Qué dijo el poder en ese entonces? Cilia Flores afirmó que se trataba de un sabotaje mediático ¿Qué ha pasado luego? Hasta ahora, solo hay 3 detenidos ¿Y cuántos años lleva demorada la investigación parlamentaria? ¿Por qué todavía no hay un informe? ¿Cómo pueden invocar la pobreza y el hambre para luego quedarse callados ante algo así? Ellos son responsable de ese silencio podrido.
A los venezolanos nos hubiera gustado más que todos los diputados chavistas se pusieran faldas y ligueros en vez de negarnos un debate transparente y serio sobre el caso Antonini, o sobre Aponte Aponte o sobre el audio de Mario Silva. Hubiera sido más ético, más corajudo, más masculino. Hubiera sido, también, mucho más decente.
Pero no lo hicieron. Nunca lo han hecho. Después de 14 años de silencio, ahora se rasgan las camisas rojas, cacarean, pretenden convertir la justicia en un espectáculo electoral.
Esta semana, desde Petare, Maduro llamó a una «reacción nacional de conciencia» en contra de la corrupción. Pero lo hizo en cadena nacional, en un acto oficial, acompañado por dos candidatos chavistas a las próximas elecciones. Es decir que usó tiempo y bienes públicos para favorecer a su partido. En un acto de corrupción llamó a luchar en contra de la corrupción. Las conciencias también se prostituyen.
