Por: Asdrúbal Aguiar
En la perspectiva de quien analice la cuestión venezolana desde el ángulo de su calendario electoral presidencial, que vencería el 28 de julio, día onomástico del fallecido Hugo Chávez Frías, o de quien, a la manera de Manuel Rosales, hombre con rostro de mármol, se inscribe como candidatura en el último minuto para salvar “su” tarjeta sin haber participado en elecciones primarias, la corrección política les dirá que votar o no es un derecho político personal, así no se pueda elegir. Se repetirán, a sí, que se trata de un acto de libertad dentro de un orden que, incluso siendo deficiente como el venezolano, les facilita realizar comicios y con ello la experiencia de la democracia, así sea falsificada.
Creerán, además, que algo cambiará esta vez, cualitativamente, con relación a las elecciones presidenciales de 2018 – internacionalmente desconocidas y en las que se abstuvo la mayoría electoral para no hacerle comparsa a Nicolás Maduro. Podrán argumentar y de hecho lo hacen que, las de ahora, sin que sean cabalmente democráticas, cumplirán con el ritual de los Acuerdos de Barbados. Así, dejarán satisfechos a los observadores internacionales y facilitarán que se le levanten las sanciones económicas impuestas al mismo Maduro y sus colaboradores, pues la sufre Venezuela y podrán los venezolanos recuperar su bienestar.
No es casual que Eduardo Fernández, quien se inmola ante el país para defender a la democracia tras el golpe de Chávez Frías contra Carlos Andrés Pérez, esta vez y antes de viajar al extranjero proponga un “pacto de Estado” con los causahabientes de aquél. No le arredra que sean responsables de la comisión crímenes de lesa humanidad, dado que lo importante, se comentará para sus adentros, es que los venezolanos podamos «vivir bien», a despecho de no tener una «vida buena», es decir, virtuosa.
Me pregunto y pregunto si ¿son válidas estas perspectivas? Trillamos con una dictadura que no es tal y que tampoco es una tiranía o autocracia absolutista, menos militarista por no ser institucional como si lo fueron las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano. Estamos en presencia de un «despotismo iletrado», genuino y zorruno. Y preciso el término para evitar los equívocos. El despotismo expresa la relación entre el patrón y sus esclavos cuyo ejercicio de dominio desafía códigos, leyes y costumbres, sean políticas o morales e incluso las relativas a la decencia humana.
Maduro no solo ha despedazado a la república y su Fuerza Armada, haciendo de ambas una caricatura y a esta incapaz de revertirle su estatus quo. Ha desmaterializado al orden constitucional militar-cívico de 1999. Lo que es más grave, ha pulverizado a la nación que formamos los mortales nacidos en territorio venezolano, en diáspora y víctimas del castigo de ostracismo que se nos impuso para sobrevivir.
Al pueblo venezolano, que no a las élites políticas y empresariales funcionales al mencionado despotismo, se les ha irrogado un severo daño antropológico, en lo familiar, en lo individual y como sociedad. Son datos objetivos y de la experiencia, pero se omiten en los análisis de la cuestión venezolana.
Se insiste, aviesamente, en los paralelismos con las transiciones de países cuyos órdenes constitucionales de facto o segregacionistas se sostenían sin adulterárselos. Eran inhumanos, pues conjugaban a favor del Estado o el dictador. Pero el despotismo es, antes bien, el reino de la arbitrariedad y el asalto, todavía más en un contexto de deconstrucción ética y cultural, característico del actual y declinante Occidente; que, al paso, lo aderezan las revoluciones que deslocalizan y cultivan la instantaneidad, en el marco de una naciente religión pagana, el «dataísmo», que reduce a número y a consumo a su feligresía.
¿Puede ejercitarse la ciudadanía, pregunto entonces, salvo que se sufra de una severa distopía o trastorno cognitivo en el marco de una república imaginaria como la venezolana, donde hay ausencia de nación por deconstruida y migrante? Su contexto casi que recrea – permítaseme la metáfora – la escena de nuestros indígenas a la llegada de los adelantados españoles durante la conquista. Vagamos como nómades por selvas posmodernas sin una Torá a cuestas, sin ataduras ni amarras de afecto que nos aproximen, anegados por la tristeza en soledad, signados, sí, por los enconos y la desconfianza, con padres y hermanos separados en lo interno y sus integrantes en procesión, que mejor se miran en el infierno de Darién.
Existen premisas en esta historia que se ha engullido a dos generaciones y media (1989-2019) y cuyos hitos vertebrales deben ser revisitados para un verdadero juicio sobre las posibilidades de la reconstrucción de Venezuela; sobre todo para la cabal comprensión de lo que emerge como inédito con María Corina Machado, sin que se la descontextualice o se la vea como una pieza más de recambio político.
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La trama construida por Fidel Castro a partir de 1989, en vísperas del derrumbe comunista, es esencial a fin de ponderar sin errores de perspectiva y también para desnudar las desviaciones profundas que ocurren sea en el “gobierno” de Maduro, sea en la oposición que le acompaña a lo largo de su tiempo y les emparenta en un marco de progresiva banalización del mal radical; léase, la reconocida tendencia a buscar comprender y racionalizar al punto de justificar, sin disculpar, lo ocurrido en el pasado revolucionario venezolano a partir de 1999, en infierno dantesco. Los documentos son aleccionadores.
Castro anunció que la desaparición soviética y del modelo marxista en modo alguno le significaría el abandono de su condición de déspota caribeño, de suyo asociado al crimen transnacional del narcotráfico. Es una máxima de la experiencia. En 1990, junto a Lula da Silva forma el Foro de Sao Paulo cuyos propósitos este los ratifica en México al año siguiente, predicando el abandono de las armas e ir hacia la conquista del poder a través de los votos; y la decisión de modificar los sistemas electorales para que sus miembros permanezcan en el ejercicio del poder una vez conquistado. Desde entonces, cuidando estos objetivos Fidel y Lula se ocupan de auspiciar – con asistencia de profesores españoles de Valencia, parteros del partido Podemos quienes hacen lecciones en La Habana – el desmantelamiento de las constituciones históricas, democráticas y liberales hispanoamericanas.
El Foro y su sucesor intelectual, el conocido Grupo de Puebla, bautizados como socialistas del siglo XXI se rebautizan de «progresistas» 30 años más tarde en una suerte de ficción ideológica que deja de lado al Capital de Marx. Asumen, tácticamente, el catecismo de Antonio Gramsci al objeto de blindar sus narrativas mediante la prostitución de los valores judeocristianos e intentar derrotar a Occidente en las arenas de la liquidez moral.
Se impone, de tal forma, una suerte de «neoconstitucionalismo» culturalmente disolvente, de forja de identidades al detal y deconstructivas de lo nacional, como de concentración totalitaria del poder. El modelo o esquema es validado por Naciones Unidas de manos de Dante Caputo en 2004, sosteniéndose por el PNUD el argumento del «desencanto democrático» y la promesa de avanzar hacia un «círculo virtuoso».
A aquellos profesores los contrata desde antes Julián Isaías Rodríguez Díaz, vicepresidente de la Constituyente venezolana de 1999, quienes prosiguen con su zaga retórica deconstructiva – ¿neomarxista? – en Bolivia (2006) y Ecuador (2007-2008).
El Foro, en igual orden concreta una alerta a los suyos que después renueva el Grupo de Puebla esgrimiendo la tesis del Lawfare o la judicialización de la política. Sostienen que al término se les perseguirá acusándoseles de colusión con el narcotráfico y el lavado de dineros. De allí que, al ras con lo indicado, se empeñen en salvar y lavarle los rostros a Rafael Correa, Cristina Kirchner, Evo Morales y al propio Lula, patriarca del Lava Jato, cuyos actos de corrupción sistemática y generalizada provocan la caída de varios gobiernos democráticos; a otros los contaminan, sujetándoles, y hasta causan el suicidio de un expresidente. La Venezuela de Chávez, como dato de interés e importante, inaugura su maridaje con el narcoterrorismo colombiano en agosto de 1999, otorgándole por escrito un «modus vivendi».
Lo veraz del LawFare es, sin embargo, todo lo contrario, y cabe no olvidarlo con vistas a lo actual. Con la Constitución a la mano y para hacerle decir lo que no dice – recreando regímenes de la mentira que «legalizan la ilegalidad» a discreción, lo primero que hacen los déspotas del Foro es avanzar hacia el control total y el forjamiento de una Justicia políticamente sirviente e instrumental; misma que le facilitará a Chávez hacer elegir a Maduro inconstitucionalmente, como su sucesor; la que le acepta como constitucional, siendo aviesamente inconstitucional, la reforma que ha lugar en 2009 para establecer la reelección perpetua como derecho y la que luego acaba con la Asamblea Nacional electa en 2015.
Desde el Tribunal Supremo de Justicia venezolano es desmontada la soberanía popular y son cercados los 112 representantes opositores que ocupan curules virtuales, mientras le autoriza al déspota de Maduro legislar por decreto desde 2016. Las causas se simulan, como la que en el presente ha inhabilitado sin expediente a María Corina Machado. Y el Lawfare se cruza con las FakeNews, en tiempos de gobernanza de redes y para hacer ver que todo ocurre con sujeción al Estado de Derecho, mera simulación.
Cabe señalar, en esta apresurada y apretada relectura, que el gobierno virtual parlamentario de Juan Guaidó, que contara con amplio reconocimiento internacional y le acuna Estados Unidos a partir de 2019 luego de desconocer la OEA la primera reelección de Maduro dura hasta que aquél decide enterrarlo. La inhumación se la impone como tarea a los partidos de la titulada Unidad y desde antes les compromete en unas negociaciones protegidas por López Obrador, aceptándose la observación rusa. Las reaniman Petro-Macron-Lula-Fernández y son las mismas que desembocan en Barbados, antecedidas por los «acuerdos secretos» de Catar.
La consideración constitucional, a todas estas, es puesta de lado. Eso lo aceptan los propios autores de la llamada Transición Democrática. Sostener el control de los activos y dineros de Venezuela para restárselos al despotismo y usarlo la Casa Blanca como carta propia de negociación, pero con finalidades distintas a la democratización del país, termina siendo el desiderátum para todos los participantes. Sus víctimas, los venezolanos, que marchan sin destino cierto, adentro y fuera del territorio nacional.
El objetivo de la libertad – no sólo para Venezuela – se posterga y se le subordina, como ahora, a intereses geopolíticos definidos por la Administración Biden y su Consejo de Seguridad Nacional, a saber, la estabilización regional de los autoritarismos – he allí el caso de Nayib Bukele, en El Salvador – y el mantenimiento con éstos de relaciones prácticas efectivas, alianzas petroleras y financieras o sobre drogas, y para contener el fenómeno de las migraciones. La guía o astrolabio que se impone es la Agenda ONU-2030, una clonación de los documentos del Foro de Sao Paulo que retoma el Grupo de Puebla, y en la que no cuentan como tareas la democracia o el Estado constitucional y de Derecho.
¿No es esto mismo, como salida arbitraria e impuesta, que no alcanza a conjurar el anhelo colectivo de libertad, la que patentaran como modelo, previamente, los europeos y los canadienses, conocido con el nombre de Acuerdos para el Diálogo Político y la Cooperación (ADPC)? Cuba y Nicaragua, y de modo similar El Salvador, son sus actuales beneficiarios.
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A la luz de lo explicado y de este traumático recorrido de disolución que ya frisa 25 años en Venezuela, resulta en un craso y peligroso error el obviar que La Habana y el socialismo-progresista del siglo XXI, que asumieron el camino de la democracia para vaciarla de contenido y que participan del capitalismo salvaje no competitivo, apalancándose con «tecnologías de eliminación» (TdE) digital, forjaron, deliberadamente, el engaño de la república imaginaria y los espacios de recreación teatral electoral, como una suerte de mundo paralelo y útil para distraer y relajar las tensiones políticas, mientras han avanzado en la deconstrucción total de lo institucional y lo social; y ese mundo, justamente, ha sido territorio fértil para la cristalización y afirmación de los despotismos, pues al mismo se le redujo al voto y a la transacción sobre.
Ha sido la forma encontrada para mantener ocupadas a las élites partidistas que, finalizando el siglo XX, se acostumbraron al manejo de sus partidos como agencias administradoras de cuotas de poder y munidos de tácticas postizas – no más las convicciones, menos las ideologías o la retórica moral; tanto que, como se prueba recién, las tarjetas de partido y sus afiliaciones se cambian e intercambian según el ritmo de lo circunstancial y se privilegian, lo ha hecho Rosales, por encima de lo que haya expresado la voluntad popular.
Y esta cuestión o comportamiento cabe entenderla en el caso de Venezuela a la luz del daño antropológico sufrido por sus habitantes y cuya experiencia podemos verla en el espejo de quienes predican – como “demócratas” a la vez que feligreses del modelo chino – la idea del «vivir bien», ajena a las enseñanzas de nuestros Padres Fundadores: Libres como debemos serlo, decía Vicente Salias sobre el patriotismo esperado de los venezolanos, adelantándose a los liberales gaditanos de 1812.
No es que quienes así se comportan hoy sufran del síndrome de Estocolmo bajo el despotismo reinante. Es que, a lo largo de las tres décadas transcurridas entre 1989 – fecha del trágico Caracazo y final de la república de «Puntofijo» y el 2019 – hasta cuando ocurre la pandemia del COVID, los sobrevenidos dueños de los partidos venezolanos terminaron alineados con la tesis progresista del relativismo; esa que renovaron la propia China y Rusia en la antesala de la agresión a Ucrania.
Desde Beijing les exigieron a los países occidentales construir democracias al detal, si aspiraban a tener paz, y abandonar por vía de efectos los principios de la moral universal; esos que, por causa del Holocausto, aún integran el patrimonio intelectual de Naciones Unidas. “Sí, por un trágico oscurecimiento de la conciencia colectiva, el escepticismo y el relativismo ético llegaran a cancelarse los principios fundamentales de la ley moral natural, el mismo ordenamiento democrático quedaría radicalmente herido en sus fundamentos”, lo advirtió Joseph A. Ratzinger, el Papa Emérito fallecido, el 5 de octubre de 2007. Es lo que ocurre. Ni más, ni menos.
Volvamos, para ir finalizando, al título de la posible resurrección de Venezuela que encabeza a estas consideraciones, pues creo y sostengo a pie juntillas que los venezolanos, sobrepasando a quienes los han explotado y esquilmado durante las recientes décadas, han inaugurado un proceso de reflexión íntima e individual y de movilización de voluntades en el que el ejercicio electoral es visto como mera etapa o circunstancia de lucha. No lo ven de agonal, pues conocen y saben del desenlace de las elecciones presidenciales de 2018, cuando se inicia el calvario del despotismo madurista y su aislamiento internacional.
Aquí debo subrayar que, el pueblo venezolano, lleno de angustias por las carencias de orden humanitario a las que sobrepone su dolor por el desarraigo y al constatar a la «venezolanidad en dispersión» – pasada la aventura “revolucionaria bolivariana” como gran engaño, habiéndose acostumbrado a vivir en libertad entre 1959 y 1999, siente, desde lo más hondo de su corazón, que ha vuelto a encontrar un rostro sin máscara, no un Mesías, que le interpreta auténticamente. Lo está internalizando. Y vuelvo a lo metafórico, pues lo imagino como al hijo que anda en busca de su madre y vuelve a ella para que le proteja ante el desamparo y el atropello, rogándole, luego de aproximársele a su regazo, le devuelta al útero para que se suceda otro parto, en una hora menos aciaga que la actual. No es huida, como cabe advertirlo. Es procura de lealtad en el acompañamiento.
Ese es significado estético del fenómeno inédito e intransferible de María Corina Machado, mujer y madre, tras el tiempo gastado en el que una consigna sin alma – la Unidad – secuestrara a la nación para sumarse a la inhumana tesis «cesarista» que mira al pueblo como impreparado para el bien de la libertad y urgido de tutela; y ello, ciertamente, le ha hecho cómoda al despotismo de Maduro su entronización.
Es esa la igual empatía que a la par revela Corina Yoris, como madre y abuela, quien mirando a los ojos del pueblo le anima para que luche por sí mismo bajo el ícono de la excelencia como bandera y propósito de vida; como desafío de cara al despotismo que le ha condenado, le ha irrespetado en su dignidad y degradado el valor de la educación y el trabajo como vías legítimas para la realización en bienestar.
Treinta años le duró a Venezuela concretar su democracia civil (1928-1959), derrotando al gendarme necesario. Otros treinta años se tomó su desarrollo y agotamiento, como democracia de partidos (1959-1989). La deconstrucción y el «quiebre epocal» corrientes, como sino o fatalidad que ha retardado por treinta años más nuestro ingreso de ciudadanos al siglo XXI y como en los siglos precedentes de nuestra historia institucional (1830 y1935), hemos de tomarlo como signo de esperanza cierta (1989-2019).
Es el de las «Corinas», en suma, un hecho de hondo calado ético y antropológico, que traspasa a la mismas. Hará historia, probablemente. Sus activos mal pueden intercambiarse como si fuesen objetos, o votos que se reparten a conveniencia entre los oficiantes del narcisismo político venezolano y sobre las mesas del azar diplomático. Se ha iniciado otro ciclo en Venezuela, como lo creo y lo veo, que llena de terror a sus destructores y al globalismo.
